Ley de Arizona
La inmigración es potestad federal
La jueza Susan Bolton rechazó varios artículos de una polémica norma que convertía en delito el no portar documentación migratoria y, en esa condición, trabajar o solicitar empleo. Y habilitaba a la policía estatal a detener a personas sospechadas de ser indocumentados.
jueves, 29 de julio de 2010
Una jueza federal estadounidense bloqueó ayer las partes controversiales de una polémica ley anti inmigrantes de Arizona, que había sido impugnada por el gobierno de Barack Obama, un día antes de su entrada en vigencia.
La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entrará en vigor hoy sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.
La jueza federal de Phoenix, Arizona, Susan Bolton, ordenó bloquear las partes controversiales hasta tanto haya una decisión sobre el fondo del asunto, al señalar que el Gobierno estadounidense "probablemente tenga éxito" en demostrar que la ley abarca terreno ya cubierto por leyes federales.
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones en contra.
Al introducir su demanda, una de las siete contra la SB1070 que estudia la jueza Bolton, el gobierno de Obama afirmó que las políticas migratorias son potestad exclusiva del gobierno federal.
Bolton suspendió la disposición de la ley que requería a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país sin documentos migratorios, en este estado fronterizo con México donde viven unos dos millones de hispanos.
Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.
La jueza también bloqueó las disposiciones de la ley, promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que convertía en crimen el no portar documentos migratorios y o que inmigrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.
El gobierno de Obama se apresuró en calificar la decisión de "acertada", señaló una portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior afirmó que el Gobierno "velará por el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en Arizona y en todo el país de manera sensata y eficaz", dijo el vocero Matt Chandler.
La SB1070, que había desatado numerosas protestas en su contra a pesar de que según sondeos recientes la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la polémica legislación, fue recibida con agrado por activistas.
"El sistema judicial fue obligado a intervenir e imponer supervisión adulta en respuesta al comportamiento irresponsable y divisivo" de las autoridades de Arizona, indicó en un comunicado el director de la organización America's Voice, Frank Sherry.
Las protestas continuarán porque "hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", advirtió Paulina González, portavoz de la organización "We Are All Arizona" (Todos Somos Arizona).
Satisfacción
Las expresiones de satisfacción se comenzaron a escuchar en América Latina, doce de cuyos países, liderados por México, se adhirieron a las impugnaciones judiciales contra la ley SB1070.
El gobierno de Honduras se dijo "contentísimo", según señaló el vicecanciller Alden Rivera, y el congreso mexicano celebró que hayan sido suspendidas de la ley las disposiciones que "promovían la intolerancia".
El legislador demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria, afirmó que ahora "el Gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir".
A pesar de que Obama ha defendido una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los 11 millones de indocumentados, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.
Congresistas republicanos por Arizona, entre ellos el influyente John McCain, criticaron la decisión contra la Ley de Arizona y exigieron al Gobierno reforzar la seguridad fronteriza.
Mientras, los estadounidenses, que enfrentan el peor clima económico en décadas, muestran su desconfianza ante la migración: un sondeo de la firma Gallup mostró el martes que un 45% de ellos considera que la inmigración debe disminuirse, contra un 17% que aboga por incrementarla. Agencia AFP y AP
Fuente: Los Andes Online
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