UNLP: con Aeroespacial a la cabeza, Ingeniería registró un récord de inscriptos

De cara al ciclo lectivo 2024, un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La cifra representa un incremento del 32%, tomando como referencia las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes. A partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

Rossana Di Domenicantonio, secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, afirmó que Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año “explotó” de inscriptos. Cabe recordar que a partir del año 2020 la carrera cambió de denominación – anteriormente era Aeronáutica – y de un promedio de tan sólo 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos. En el 2022 el estudiante David Williams se convirtió en el primer egresado de Ingeniería Aeroespacial, mientras que este año se graduó la primera mujer, Valentina Marletta.

“Es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”, mencionó.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería" (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

La secretaria señaló, asimismo, que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. En el caso de esta última -anteriormente Ingeniería Electricista- se inscribieron este año 64 alumnos. Es importante resaltar que el 21 de diciembre pasado egresaron de la Facultad los primeros 4 ingenieros en Energía Eléctrica del país. Tanto estos profesionales como otros jóvenes recibidos en los últimos años son muy requeridos por empresas e instituciones de diferentes provincias argentinas.

En el caso de Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes. Este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

Desde la Secretaría Académica de Ingeniería se indicó que el plan “se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería”. Además, “se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”.

Ingeniería Industrial también es muy elegida por los ingresantes. Los profesionales que egresan de dicha carrera tienen la formación necesaria para desempeñarse en diversas industrias.

Cursada intensiva de verano

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario. La materia se dicta durante enero y febrero. Las clases son presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Di Domenicantonio recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

La profesora recalcó que “la Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”.

https://www.impulsobaires.com.ar/nota/312347/unlp-con-aeroespacial-a-la-cabeza-ingenieria-registro-un-record-de-inscriptos/

La Universidad Nacional de La Plata, con récord de inscriptos en Ingenierías

En total, 2020 alumnos se inscribieron en las 13 carreras de la Facultad. Ingeniería Aeroespacial lidera el ránking y marca un nuevo año con crecimiento sostenido.

La UNLP, con récord de inscriptos en las ingenierías.

Un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar en alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un incremento del 32% respecto a las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década y dejando a la carrera de Ingeniería Aeroespacial como la más requerida.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes y a partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

“La carrera de ingeniería Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año explotó de inscriptos”, afirmó la secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, Rossana Di Domenicantonio, la cual de un promedio de 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos.

En ese sentido, se detalló que “es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería” (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

Aeroespacial

A su vez, se destacó que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. Mientras que Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes y este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

“El plan se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería. Además, se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”, se precisó.

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario.

La materia se dicta durante enero y febrero con clases presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Se recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

“La Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”, recalcó Di Domenicantonio. (Télam)

https://periferia.com.ar/Desplazamientos/la-universidad-nacional-de-la-plata-con-record-de-inscriptos-en-ingenierias/

¿"Todo lo que hace el sector público lo hace mal"? La historia de ARSAT e INVAP, empresas de vanguardia y rentables

Con el lanzamiento de ARSAT-1, Argentina se convirtió en uno de los únicos ¡ocho! países del mundo capaces de diseñar y construir sus propios satélites. La empresa estatal INVAP exporta reactores nucleares a Australia, Holanda y Arabia Saudita. Para defender algo hay que quererlo y para quererlo hay que conocerlo.

Por Claudio Cormick y Valeria Edelsztein

Foto: ARSAT

Cuando apretó el botón y el satélite partió, la ingeniera electrónica Ana Caumo giró, levantó su pulgar y miró a cámara. Aunque todo un país estaba pendiente del despegue, viéndolo por televisión, su familia sintió que ese gesto estaba dedicado a ellos. Reunidos con camisetas de Argentina y la emoción a flor de piel, acompañándola y apoyándola, nadie pudo contener las lágrimas.

Ana había sido la responsable del equipo encargado de fabricar, probar y lanzar al espacio al ARSAT-1, un hito que convirtió a nuestro país en una de las únicas ocho naciones que desarrollan, producen y operan sus propios satélites geoestacionarios.

Foto: ARSAT

Nacida en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Ana es “hija” del sistema público de enseñanza: atraída por el mundo de las ciencias exactas se fue de La Pampa para estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió en 2005. Al poco tiempo de su graduación, viajó a Bariloche para trabajar en INVAP, la empresa estatal argentina —propiedad de la provincia de Río Negro— que desarrolla proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria nuclear, espacial y de comunicaciones. Allí, se unió a un equipo con una gran misión: construir el satélite ARSAT-1. No se trató del primer satélite argentino. Ya desde la década del ‘90 se había logrado poner en órbita los Satélites de Aplicaciones Científicas, la llamada serie SAC. Pero sí fue el primero geoestacionario.

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Un satélite geoestacionario orbita a 36.000 km del centro de la Tierra, siguiendo una trayectoria sobre el ecuador y rotando a la misma velocidad angular que nuestro planeta. Esto hace que pueda mantenerse constantemente «arriba» de un lugar específico, y de allí su mote de “estacionario”. Podemos imaginarlo como si estuviera conectado mediante un inmenso soporte invisible a la superficie terrestre. En este caso, justo arriba de Argentina: gira la Tierra, gira el país, gira el satélite, todo a la misma velocidad y no se mueven uno respecto del otro.

¿Por qué querríamos algo así? Si cuando vamos por la ruta solemos “perder señal” porque nos alejamos de las antenas que están en las grandes ciudades, podrán imaginarse que en lugares realmente remotos del país, como las escuelas rurales, el acceso a Internet corre el riesgo de ser simplemente inexistente. Con un satélite geoestacionario eso no pasa: tenerlo permanentemente sobre nuestras cabezas es como contar con una antena gigantesca que ofrece servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos y televisión digital, y conecta entre sí y con el resto del mundo a los pueblos más alejados de la Argentina.

Hasta el año 2004, la empresa encargada de operar un satélite geoestacionario de comunicaciones para el país, el satélite Nahuel 1A —de construcción europea— fue la privada Nahuelsat. En aquel año, sin embargo, la empresa, que ya arrastraba dificultades para competir con sus contrapartes estadounidenses en el mercado de servicios satelitales a partir del “convenio de reciprocidad” firmado por el gobierno de Menem, se declaró en quiebra. Esto fue muy preocupante porque las posiciones orbitales para la colocación de satélites artificiales no son infinitas, su distribución está regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el colapso de la empresa ponía al país en riesgo de perder una de las posiciones que tiene asignadas. Afortunadamente, el Estado presente logró, gracias a diversas negociaciones, mantener la posición orbital 81° de Longitud Oeste hasta poder ocuparla con nuestro propio satélite.

ARSAT-1 fue lanzado en octubre de 2014 con el cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa. Puede parecernos curioso el lugar elegido, pero esto no es un capricho. Enviar un cohete al espacio requiere de mucha potencia porque es necesario “vencer” la fuerza de gravedad que lo atrae hacia la Tierra. Y resulta ser que la fuerza de gravedad no es igualmente intensa en todos los puntos de la Tierra: es mayor en los polos que en el Ecuador. Aunque para los seres humanos está diferencia sea imperceptible, para un cohete no lo es y, por eso, las plataformas de lanzamiento suelen estar ubicadas lo más cerca posible de la línea imaginaria que divide al hemisferio norte del sur. Uno de estos lugares es la Guayana Francesa.

Ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la soberanía argentina en ciencia y tecnología, motivo de orgullo para nuestro sistema educativo público y nuestras universidades nacionales.

Pero ARSAT-1 es solo uno de los logros de INVAP.

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Esta empresa fue creada en 1976 a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de la provincia de Río Negro. La localización no es casual: Río Negro es la provincia donde se encuentra el Instituto Balseiro, otra joya del sistema universitario público. Fueron sus egresados quienes elaboraron el proyecto que daría lugar a la empresa, inicialmente llamada Investigaciones Aplicadas.

Mucho antes de su rol en el desarrollo del satélite geoestacionario, la empresa ganó prestigio a nivel internacional por la construcción de reactores nucleares, de crucial importancia, dicho sea de paso, para la transición energética a fines de mitigar el calentamiento global. Entre sus logros más destacados se encuentra la construcción de un reactor en Sidney, Australia, que comenzó a operar en 2007, y, más recientemente, de uno en Arabia Saudita y otro en los Países Bajos (ex Holanda). INVAP también es responsable del desarrollo de la Central Argentina de Elementos Modulares o CAREM, un proyecto de reactor nuclear, de vanguardia a nivel mundial, susceptible de ser fabricado en pequeñas instalaciones y de contribuir a la generación de energía para zonas aisladas y el abastecimiento de parques industriales.

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La defensa de los desarrollos científicos y tecnológicos estatales no puede limitarse a hablar únicamente de números. En una columna anterior ya hemos defendido el rol de la investigación con fondos estatales en enfermedades “de pobres”, aquellas en las que “el mercado” no se interesa. Pero, justo en este caso, INVAP y ARSAT no solo muestran que la ciencia y la tecnología argentinas son de vanguardia. Además son rentables. Y mucho.

Con su historial de desarrollos de excelencia y licitaciones ganadas son una piedra en el zapato para el “relato” de los cultores del libre mercado que celebran la inversión privada como clave del desarrollo, añoran un país agroexportador sin desarrollo industrial ni científico y con brutales niveles de desigualdad, y desacreditan el rol de las empresas públicas.

Sus logros son un orgullo y conocerlos es crucial a la hora de pensar colectivamente qué desarrollo futuro queremos para sociedades como la nuestra; es reconocer la importancia de tener una comunicación integral en todo nuestro territorio, sin depender de decisiones empresariales extranjeras o privadas; es dimensionar el enorme talento humano del que disponemos capaz de alcanzar proezas tecnológicas como estas, y que son exclusivas de muy pocas naciones en el mundo, y es respaldar el progreso en ciencia y tecnología que permite el crecimiento de los países y la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Foto: INVAP

Fuente: tiempoar.com.ar

Argentina tendrá la primera planta de fabricación de robots no tripulados de Latinoamérica

Es un emprendimiento de la compañía American Robotics, de Gualeguaychú, y el gobierno de Entre Ríos con una inversión de cinco millones de dólares. Comenzará a operar en marzo de 2024.

En Entre Ríos se construye la primera planta de robots no tripulados de Latinoamérica.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, recibieron a Sebastián Mirich, presidente del Grupo Mirich y de la firma American Robotics, para definir detalles de la construcción de la primera planta de fabricación de robots no tripulados de Latinoamérica, en la ciudad de Gualeguaychú.

La reunión se concretó en la Casa de Gobierno entrerriana y fue calificada de “altamente provechosa” por el titular del Poder Ejecutivo ya que, además de su inversión, la empresa brindará trabajo calificado a más de 100 personas, según lo anticipado por el empresario, quien concurrió acompañado por la secretaria de Inversiones de la Municipalidad de Gualeguaychú, Estela Miño.

“Es la puerta de entrada a otras oportunidades de negocio en el territorio. Es una industria del conocimiento de punta, que elige a la provincia de Entre Ríos, y puntualmente a la ciudad de Gualeguaychú, por las ventajas comparativas y competitivas que ofrece”, destacó la funcionaria gualeguaychuense.

La planta iniciará su construcción en marzo de 2024.

Sebastián Mirich, de American Robotics, se reunió con el gobernador, Rogelio Frigerio.

American Robotics

“American Robotics”, radicada en Gualeguaychú, realizó, entre sus últimos diseños, un prototipo de vehículo no tripulado con el objetivo de brindar apoyo y seguridad a los expertos en la Antártida.

Bautizado “Skúa” como el ave antártica, está equipado con sensores que le permiten detectar grietas cubiertas por la nieve y trazar caminos seguros.

Así serán los desarrollos que planean para la nueva planta. La empresa tecnológica se encuentra desplegando en bases antárticas de Argentina el nuevo prototipo de un vehículo no tripulado, concebido para ayudar a los investigadores a moverse con seguridad en el continente blanco y colaborar con sus tareas logísticas y científicas, se informó.

Skua está equipado con sensores que le permiten detectar grietas cubiertas por la nieve y trazar caminos seguros, sus sensores meteorológicos colaboran con el registro de datos científicos de diversas investigaciones y además se lo dotó de una inteligencia artificial que le permitiría llevar adelante de forma autónoma tareas como el relevamiento de las poblaciones de pingüinos.

De Entre Ríos al mundo

“American Robotics” está integrada por 18 tecnólogos y desarrolladores que durante el verano pasado pusieron a prueba en las bases Marambio y Esperanza al primer prototipo del “Skúa”, que mide cerca de 1,40 metros de largo, 0,70 de ancho y 1,40 de alto, y pesa cerca de 300 kilos.

Los aprendizajes de esos ensayos llevaron al desarrollo del “Skúa II” que tendrá su debut en el continente blanco durante el próximo verano y será bastante más grande que su antecesor con cerca de 2,10 metros de largo, 1 de ancho y 1,70 de alto, con un peso cercano a los 600 kilos.

“El ‘Skúa’ fue diseñado para liderar las caravanas mientras monitorea la superficie con sus sensores para identificar grietas ocultas, y en caso que encuentre este tipo de peligros trazar una ruta alternativa que sea segura”

Este nuevo modelo aumentará su autonomía agregando un generador a combustible que extienda su autonomía eléctrica de 8 horas, dispondrá de plataformas que faciliten colocarle cargas y también incluye ganchos para que pueda ser transportado de una base a otra colgándolo debajo de los helicópteros.

American Robotics trabaja desde hace unos tres años en el desarrollo de vehículos no tripulados para tareas de seguridad corporativa como vigilancia de complejos industriales, barrios cerrados, o campos. “Vimos que se habría un campo de necesidades en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y comenzamos el desarrollo de una plataforma híbrida que pueda atender ambos grupos de necesidades”, dijo Sebastián Mirich.

Sebastián Mirich, durante la prueba del robot Skua, en la Antártida.

En la mira del sector de Defensa

El desarrollador sostuvo que “el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) tomó contacto con nosotros hace unos dos años con la necesidad de un vehículo no tripulado, que pueda acompañar las expediciones en la Antártida para ir detectando grietas que pueden tener más de cien metros de profundidad y que pueden ser cubiertas por una nevada, lo que expone al personal a caer en cualquiera de ellas con sus vehículos y todo como lamentablemente sucedió en alguna oportunidad”.

“El ‘Skúa’ fue diseñado para liderar las caravanas mientras monitorea la superficie con sus sensores para identificar grietas ocultas, y en caso que encuentre este tipo de peligros trazar una ruta alternativa que sea segura”, añadió.

Mirich destacó que “los múltiples sensores de temperatura, partículas de carbono en el aire y otros parámetros ambientales integrados en este vehículo también suman esos registros a las investigaciones científicas, mientras que en estos momentos estamos alimentando a la inteligencia artificial con numerosas imágenes de pingüinos para que este robot pueda facilitar el monitoreo de las poblaciones de estas aves que en la actualidad es llevado adelante por observadores humanos con cuentaganado”.

“Haber llevado la primera versión del ‘Skúa’ a la Antártida durante el verano pasado nos permitió corregir varios aspectos del diseño como hacerlo un 50 por ciento más grande, ensanchar sus orugas, aumentar su ángulo de despeje, mejorar el sistema de calefacción interno, y hacerlo aerotransportable entre otras mejoras, todo esto es posible porque es una plataforma totalmente autóctona desde el diseño hasta la matricería y el software; el motor y los sensores son importados por una cuestión de escala pero el proyecto es completamente nacional”, destacó.

Nuevos desarrollos de American Robotics

El investigador adelantó que “además del ‘Skúa II’, este verano vamos a desplegar en la Antártida a la ‘Mula’, un UGV desarrollado para transportar cargas y que estamos interesados en ver cómo se comporta en el ambiente antártico, y vamos a tratar de volver a llevar a las pruebas el ‘Skúa I’ porque podríamos aumentar los datos sobre la operación del software que es el mismo”.

Está previsto que los robots sean desplegados en la Antártida durante el próximo mes de febrero y que las pruebas se lleven adelante en proximidades de las bases Marambio, Esperanza y Orcadas.

Fuente: periferia.com.ar

Chubut explora un acuerdo con Estados Unidos para que buques norteamericanos puedan patrullar la costa Argentina ante pesca ilegal

En un esfuerzo por combatir la persistente problemática de la pesca ilegal en las costas patagónicas, específicamente en Chubut, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. Según lo informado por El Chubut, la reunión no solo se centró en posibles inversiones, sino también en una alianza estratégica para patrullar conjuntamente las aguas territoriales.

La propuesta contempla que buques de guerra de bandera norteamericana tengan acceso para patrullar la costa o eventualmente amarrar en puertos nacionales.

Durante años, las costas patagónicas han experimentado prácticas ilegales que han tenido un impacto devastador en el caladero local. La presencia masiva de buques, en su mayoría de bandera china, ha llevado a una disminución alarmante de recursos, afectando sectores clave de esta industria nacional. La iniciativa liderada por Torres busca establecer un marco de cooperación con Estados Unidos para llevar a cabo patrullajes más efectivos y disuadir la pesca ilegal. La propuesta apunta a “garantizar la protección de los recursos marítimos de Chubut y fortalecer la infraestructura portuaria local”.

Acuerdo y mecanismos de patrullaje

La visita del embajador Stanley a emprendimientos productivos en Sarmiento, Chubut, proporcionó el escenario para discutir en profundidad las preocupaciones y objetivos compartidos. Como señaló El Chubut, “Torres manifestó su preocupación por resolver el problema de la pesca ilegal en una región estratégica como la Patagonia”.

La concreción de este acuerdo requerirá una coordinación meticulosa entre diversos actores, incluidos los departamentos de Defensa y Cancillería de Argentina, así como el gobierno estadounidense. El objetivo principal es establecer un sistema de patrullaje que permita proteger la soberanía marítima sin recurrir a medidas extremas.

Fuente: escenariomundial.com

La Ley Ómnibus propone el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

El proyecto de ley dedica parte de su tercer capítulo a la actividad pesquera nacional. Propone liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina

Por Fernando Morales

El artículo 245 del proyecto de ley propone cambios para el sector.

Mientras que la Marina Mercante Nacional celebraba la definitiva marcha atrás del gobierno de Javier Milei respecto a su intención de eliminar la ley de cabotaje marítimo que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional, el sector pesquero se encuentra en estado de shock por el giro copernicano que la llamada Ley Ómnibus propone para el sector.

El fin de la Zona Económica Exclusiva Argentina

“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo 245 de la norma entregada en mano durante el pasado miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nuevo texto modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Dicho en lenguaje llano, para ejercer actividades de pesca comercial en aguas argentinas, la norma vigente indica que los buques deben pertenecer a empresas radicadas en el país con buques que enarbolen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos.

La ley ómnibus plantea el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

Para los principales referentes del sector, este cambio de paradigma va más allá de lo que internacionalmente hacen todos los países con litoral marítimo, que es reservar para sí las actividades extractivas dentro de las 200 millas. Los especialistas consultados señalan ante Infobae que la propia Convención Internacional sobre Derecho del Mar aprobada por la ONU en 1982 reconoce este derecho.

La opinión del sector empresario

“Aún estamos tratando de interpretar cuál sería la ventaja para el país de todo esto. No nos esperábamos que una ley que pretende desregular actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado propinara semejante golpe a una actividad totalmente privada que es ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, generando miles de puestos de trabajo, valor agregado y miles de millones de dólares fruto de la exportación de casi el 90% de lo capturado en el mar”, señala el presidente de una de las cámaras empresarias.

Consultado al respecto, Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, sostiene: “La sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”.

Y agrega: “Como consecuencia de la sanción de esa ley, las empresas obtuvieron sus ‘Cuotas de Captura’ sobre la base de las inversiones realizadas en el país, las exportaciones efectuadas, el promedio de capturas legales realizadas, de productos pesqueros elaborados y, también, para su otorgamiento, se analizaron los antecedentes de sanciones aplicadas a las mismas”.

Vista general de contenedores en el Puerto Comercial de la ciudad de Buenos Aires.

Con la presentación de este proyecto denominado Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, “se introducen profundos cambios en la legislación pesquera que pueden tener consecuencias sumamente graves para las empresas del sector y también para el personal que desarrolla sus actividades en las mismas”, sentencia el empresario pesquero.

“Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, concluye Rivera, no sin antes manifestar el enérgico rechazo del sector que representa a la nueva normativa. Por estas horas, y sin solución de continuidad, se realizan reuniones en las diferentes cámaras empresarias del país.

“Acá no podemos hablar de monopolio ni de oligopolio; hay decenas de empresas pesqueras, algunas de pesca de altura y otras costeras. También nos diferenciamos por el objetivo a capturar y los tipos de buque que utilizamos”, indican los empresarios. Un vocero de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) ante la consulta de Infobae indica: “La industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.

Desde la misma cámara empresaria también alertan: “Una reforma en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento pondrá en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Todo ello merece un tratamiento serio y sin apresuramientos, ya que la pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esta situación”.

La visión de los trabajadores

Por otra parte, desde el sector gremial se observa con preocupación la derogación del artículo 40 de la ya mencionada ley 24.922, que estipula la composición de las tripulaciones, reservando para los trabajadores argentinos el 100% de los puestos de oficiales y el 75% de los correspondientes al personal subalterno. De aprobarse la propuesta libertaria, los armadores estarían en libertad de acción para contratar tripulantes extranjeros sin estar sujetos a los requisitos que rigen para los trabajadores radicados en el país.

Alertados acerca del contenido del proyecto de ley, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, mediante nota firmada por su titular, Capitán Jorge Frías, los pescadores solicitaron al presidente Javier Milei el pasado 19 de diciembre una entrevista para ponerlo al tanto de la situación de la actividad. La misiva enviada por el gremio con mayor representatividad en el sector indica: “En mi carácter de Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca en representación de los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, me dirijo a usted con el objeto de solicitarle una reunión a los efectos de abordar la problemática actual de la actividad de la pesca industrial en la Argentina, en relación a las medidas económicas adoptadas y las que se anuncian por los medios de difusión que se adoptarán próximamente”.

El proyecto ley ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo.

Y finaliza: “En este sentido, es intención de esta organización hacerle llegar en forma directa la visión de los Capitanes y Oficiales de los Buques pesqueros con respecto al desarrollo actual de la actividad pesquera, que se ha convertido a lo largo de los años y como producto del esfuerzo de la totalidad de los actores involucrados en la misma, en una importante fuente de alimento, trabajo y divisas para nuestro país”.

Infobae pudo saber de forma directa desde la Asociación que nuclea a los pescadores que el envío no tuvo respuesta. Por su parte, la Liga Naval Argentina expresó su preocupación por el proyecto al sostener que la actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país y, al mismo tiempo, generadora de miles de puestos de trabajo, que incluye desde el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, pasando por el procesamiento en plantas terrestres, hasta su distribución para ser exportado o bien para el consumo interno.

Desde la misma institución señalan: “En lo que respecta a lo que hasta ahora se conoce como Zona Económica Exclusiva, de aprobarse esta medida, se producirán necesariamente cambios radicales”.

“En primer lugar, la zona dejaría de ser exclusiva, con lo cual perdería sentido su actual denominación. Por otra parte, independientemente de la actividad de la Prefectura Naval y la Armada Argentina en el control y prevención de la pesca ilegal en la milla 200, la autoridad marítima realiza dentro de la hasta ahora reconocida como zona exclusiva controles aleatorios en los pesqueros de matrícula nacional en todo lo atinente a seguridad marítima, dotación a bordo y cualquier otra que haga a la navegación”, subrayan los académicos.

Y concluyen: “La existencia de buques extranjeros pescando implicaría un freno a esta actividad netamente policial, ya que, en principio, salvo presunción de un ilícito, las facultades de la PNA se verían limitadas. Es todo tan novedoso que las derivaciones de esta normativa aún no pueden ser cuantificadas”.

Al cierre de esta nota, la totalidad de los gremios marítimos que nuclean a distintos sectores del personal embarcado se encuentran preparando comunicados y pedidos de audiencia ante funcionarios de la Subsecretaría de Pesca de la Nación. La dependencia oficial quedó en manos del Director Nacional de Pesca designado oportunamente por el gobierno anterior, Julián Suárez, quien ha sido confirmado en su cargo por al menos 180 días más, contados a partir del 10 de diciembre del corriente año.

Fuente: infobae.com

Derogación de Ley de Tierras: "Es como poner cartel de venta a la Patagonia"

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, sostuvo el abogado del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos.

El Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó este jueves en la justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto presidencial que deroga la llamada Ley de Tierras al advertir que habilita "la extranjerización de la tierra" y pone en crisis la "soberanía nacional" al punto que implicaría "poner un cartel de venta a nuestra Patagonia".

Así lo indicó este jueves el abogado patrocinante del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, al explicar que en la presentación judicial pidió que se anule el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Los argumentos interpuestos por el CECIM refieren a que el DNU "violenta derechos y garantías constitucionales" al modificar una ley nacional de rango superior y "dejando prácticamente sin efecto lo dispuesto por la mencionada Ley de Tierras, que reviste carácter de orden público".

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, añadió el letrado.

Y, agregó “se trata de dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad y disposición del suelo argentino, sino también, los ojos y/o cursos de agua dulce”.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos, sostuvo el CECIM platense.

“Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo”, dijo el abogado.

Y concluyó: “Si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de venta a nuestra Patagonia, a nuestros campos, a los cursos de agua, a los ojos de agua”.

Fuente: telam.com.ar

Glaciares, bosques y quema de tierras: qué plantea la Ley Ómnibus para el cuidado del ambiente

El proyecto impulsa cambios en las autorizaciones para el inicio del fuego y modifica la jerarquización de las áreas autorizadas para el desmonte. Los detalles de las modificaciones.

Por Maria Eugenia Cazeneuve

Ley Ómnibus busca reformar normativas sobre glaciares y bosques en Argentina (David English)

El proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso de la Nación para ser tratado en sesiones extraordinarias, dedica el capítulo tres a reformas de leyes claves para el ambiente.

La iniciativa del Gobierno del Presidente Javier Milei propone modificaciones a la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Estas modificaciones van desde la ampliación de zonas autorizadas para el desmonte a la autorización de actividades productivas en zonas periféricas a las grandes masas de hielo de la Patagonia. Aquí, el detalle de las reformas propuestas:

Cambios en la Ley de bosques

El proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei propone modificar el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como Ley de Bosques) por el siguiente: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.

Así, la modificación elimina las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente que establece qué tipo de información deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre las actividades ambientales que desarrollen. También se elimina la obligación de las autoridades nacionales del área de presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país.

La reforma impulsa también cambios en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa. La joven activista ambiental Nicki Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina, planteó: “En la ley actual se establece una especie de semáforo para la deforestación. La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibido la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”.

Respecto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el proyecto modifica los primeros ítems del artículo 31 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En ese sentido, Becker advirtió en un video subido a sus redes sociales que estas reformas, le quitan al Estado recursos que hoy están disponibles para el cuidado de los bosques según la normativa actual: “Antes se financiaba con un 0,3% del PBI y 2% de las retenciones. Si bien es verdad que nunca se cumplió esto, ahora el Gobierno (de Milei) va a poder decidir cuánto financiarla de manera discrecional”.

Cambia la modalidad de la información de desmonte de bosques nativos que deben brindar las personas físicas o jurídicas sobre la calidad ambiental de las actividades que se desarrollan en dichos terrenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en Ley de Quemas

Según las modificaciones al artículo 3 de la Ley N°26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema se establece la prohibición “en el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”.

Sin embargo el texto de la Ley Ómnibus detalla que dicha autorización será otorgada “en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización” y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

Becker señaló que con la normativa actual “si un productor quiere quemar la tierra, para ´limpiarla´, que es una práctica totalmente habitual, hoy tiene que pedir permiso al Estado. Esto es así porque la mayoría de los incendios que vemos son intencionales, empiezan con un fuego pequeño que después no se puede controlar. La modificación (a la ley vigente) lo que plantea es que si se hizo una solicitud y no se contesta en el plazo de 30 días, queda de todas formas habilitado a poder iniciar el incendio”.

Cambios en la Ley de Glaciares

La ley proyectada contemplaría actividades económicas en áreas periglaciares, aumentando la vulnerabilidad de los glaciares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley Ómnibus plantea cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº26.639, que regula la protección de los glaciares en Argentina.

La iniciativa de La Libertad Avanza contempla la protección de las siguientes geoformas: “Los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial, en la medida que dichas geoformas se ubiquen en el territorio de la República Argentina”.

También establece que “los glaciares constituyen bienes de dominio público de la Nación o de las Provincias según el territorio en el que se encuentren”.

Además, los glaciares deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser protegidos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

“Hoy, en la zona Periglaciar no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero con esta modificación se podría. Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. La ley no está aprobada. Todavía queda mucho por hacer”, remarcó la líder de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.

Mercado de carbono

También se impulsa crear un mercado de carbono con controles sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de los distintos sectores de la industria y servicios. El texto del proyecto señala que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento, penalizarlo”

“En materia energética se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático”, dice el texto enviado al Congreso.

Fuente: infobae.com

Quieren privatizar la actividad nuclear. Ya lo había intentado Menem

por Daniel E. Arias y Jose A. Fernandez

Lo primero a entender es que no estamos en 1997 y hoy NA-SA es una empresa estratégicamente valiosa por su capital y su capacidad de recaudación. Pero las opciones diplomáticas son aún más atractivas (no para nuestro país): privatizar NA-SA hoy permitiría cavarle la tumba definitiva al Programa Nuclear Argentino tal como se lo concibió entre 1950 hasta 1989: independiente.

En 1997 en el gobierno de Carlos Menem ya habÍa planteado la privatización de la actividad nuclear en la República Argentina con la Ley 24.804 que estableció:

«ARTICULO 35.-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos. ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica.

ARTICULO 36.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades. considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.»

Como se ve el Estado conservaba una acción con poder decisivo en una serie de casos específicos, como ser adquisición de nuevas centrales o cierre de las anteriores. Esa NA-SA menemista fracasó en su objetivo inicial de privatizar dos centrales en buen funcionamiento (Atucha 1 y Embalse) a cambio de terminar una tercera (Atucha 2) clavada durante 27 años en atrasos por desfinanciación de la obra a partir de fines de 1982.

Nadie quiso hacerse cargo de ese niño huérfano. A los «capitanes de la industria», el título que se daban en Clarín las empresas que mal o bien habían practicado algunas ingenierías complejas, ahora preferían cosas menos complicadas, como cobrar peajes.

Pero la situación actual es otra: las dos Atuchas funcionan al pelo, tras haber sido reparadas de vicios de diseño típicos de prototipos, porque ambas lo son. Atucha 1, la más vieja y chica, ya atravesó una reparación de internos entre 1988 y 1990, más repotenciaciones y extensiones de vida.

Se le logró aumentar la potencia de 320 a 362 MWe, mejorar su quemado del combustible en un 80%, incrementar su seguridad contra accidentes por recalentamiento del núcleo, que ya era altísima cuando se la inauguró, e incrementar su disponibilidad de un 70% a un 93%. Ahora encara otra que le dará 20 años más de vida operativa y costará U$ 450 millones.

En esta tercera reencarnación, salvo que el nuevo gobierno o los nuevos dueños la impidan, la central estará facturando U$ 130 millones/año, es decir U$ 5400 millones a valor de hoy a término. Se abre la posibilidad de que el estado nacional invierta U$ 450 millones para que alguien que no es el estado facture U$ 2600 a término, y a dólar constante. ¿Es negocio?

Atucha 2 parece haber sido reparada de dos problemas de diseño. El primero fue una bomba del circuito primario, antes de la pandemia. El segundo fue el desprendimiento de una pieza inútil y redundante de soporte del núcleo, otro error de SIEMENS, por cuya reparación la multinacional alemana pidió 400 millones de euros con la central entre 4 y 6 años fuera de servicio. NA-SA, que terminó la máquina sin ayuda alguna de SIEMENS entre 2006 y 2014, hizo la reparación en 9 meses y por U$ 21 millones.

¿Se hubiera atrevido a lo mismo el capitalista privado acostumbrado a medio siglo de prebendas? No, y porque no habría tenido a mano el nivel técnico de recursos humanos que juntan entre NA-SA y la CNEA. El decreto de Milei le daría lo que jamás habría conseguido por su cuenta.

Es presumible que la primera vida útil de Atucha 2 llegue hasta 2047, si repite la buena performance que tuvo Atucha 1 desde que la CNEA y luego NA-SA la fueron cepillando de sus defectos de diseño. Si logra esa disponibilidad fabulosa del 93%, estaría facturando U$ 267 millones/año durante los próximos 23 años, lo que da U$ 6141 millones de recaudación a algún vampiro del estado sin haber puesto antes un mango en la terminación y las reparaciones. ¿Es negocio?

Los números se repiten con ligeras variaciones para la Central Nuclear de Embalse, que por su tecnología de tubos de presión en lugar de recipiente de presión, debe ser «retubada» cada 30 años. Es una de las 11 CANDU-6 que se vendieron en Canadá y 6 países más, un producto estandarizado, pulido, seguro y predecible. Fue retubada a nuevo entre 2014 y 2018, ganó un 6% de potencia, su disponibilidad aumento del 89% (alta) a 93% y su prolongación de segunda vida probablemente expire en 2048, lo que supondría una facturación de U$ 232 millones/año durante 24 años, ergo un total de U$ 5568 millones.

Ninguna de estas cifras es 100% segura, porque a término de segundas o terceras extensiones de vida de centrales nucleares es predecible una pequeña merma de disponibilidad, por desperfectos debidos a desgaste.

Otro ángulo codiciable de NA-SA es el blindaje político que le otorgaría a los eventuales capitales petroleros que compren su paquete de centrales. Como dijimos en este mismo portal, no hace falta decir que las centrales nucleares tienen el megavatio hora más barato del país U$ 46 frente a los U$ 65 a 70 de las renovables, y que a término de vida útil, emitieron menos dióxido de carbono fósil y casi no generaron efecto invernadero. ¿O sí hace falta?

A mediano plazo es esperable que ante la total inepcia de las Naciones Unidas por mitigar el recalentamiento global, los países más perjudicados empiecen a aplicar sanciones unilaterales a los grandes emisores, ya se trate de empresas o países. Tener algunas centrales nucleares en el capital accionario es un apalancamiento ante posibles pérdidas. Y en términos de imagen, ahora que en la percepción pública el demonio es el clima extremo y no el átomo, para cualquier petrolero el operar centrales nucleares es un buen «greenwashing» de imagen.

Pero lo que resulta altamente improbable es que el nuevo dueño privado que se quede con este paquete tecnológico se conforme con cobrarle a CAMMESA U$ 46 el megavatio hora. Máxime ante un nuevo episodio de tarifazos. Las posibilidades de que el estado le diga a un particular que siga cobrando lo mismo por electricidad nuclear, limpia y de alta disponibilidad como no la dan ni las centrales hidroeléctricas, en lugar del doble o el triple, acaban de desaparecer.

Ahora el proyecto que envio Javier Milei al Congreso elimina esa salvaguardia para Nucleoeléctrica Argentina y la conserva mas limitada y bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo de la Nación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ya no será Javier Milei o quien lo suceda en el actual gobierno, y menos que menos el Poder Legislativo, quienes decidan si una central nuclear argentina se repara o no, se mejora o no, sale de servicio o no, si se revende a terceras partes o no. Será el nuevo dueño de NA-SA.

Esta privatización empieza peor que la que terminó con YPF en manos de REPSOL. Aquella privatización en la que el estado resignó la acción de oro permitió que la firma española, una nulidad mundial sin petróleo ni gas ni desarrollos tecnológicos propios, vaciara (en términos físicos, no sólo contables) el gigantesco yacimiento de gas de Loma de la Lata. En 1986 se estimaba duraría 60 años con un crecimiento anual del PBI del 6,5%.

Pero mágicamente, a fuerza de una década de ventas subvaluadas a las «utilities» eléctricas y a Chile, Loma de la Lata estaba despresurizada y casi muerta en 2004. El país zafó -y sólo un poco- con nuevo gas off-shore en Tierra del Fuego, y desde 2014, con fracking en Vaca Muerta y a un costo ambiental que te la cuento.

Los artículos que dejaban al estado argentino con la acción de oro de YPF en última instancia fueron apartados sin miramientos para que, vista la falta de oposición legislativa, Menem los quitara de en medio para permitir que REPSOL hiciera lo que se le dio la gana. Eran:

«ARTÍCULO 10.- Derógase los artículos 35 de la Ley N° 24.804.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 24.804, por el siguiente:

“ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

En la privatización de NA-SA por parte de Milei no hay acción de oro ni niño muerto, como dicen en el campo. La empresa se regala sin condiciones. El presidente está casi logrando que extrañemos a Menem.

De todos modos, todo esto que acabamos de explicar sobre el futuro NA-SA es nada, frente a lo que se abre: la posibilidad de comprarla a algún privado que le saque todo el jugo posible y luego la cierre. O la venda, ya devaluada y hecha percha, a un operador yanqui para que éste la cierre, y así quitarse la responsabilidad pública de haber matado al activo joya del Programa Nuclear más dinámico y exitoso de todo el Hemisferio Sur.

Nada podría alegrar más a La Embajada y al mundo petrolero. Por causas distintas en cada caso.

La Embajada, porque desde que INVAP S.E. la otra empresa ESTATAL exitosa del Programa Nuclear, salió a competir en el mercado mundial de reactores multipropósito, los EEUU sólo pudieron ganar una licitación, la de Tailandia, sumamente amañada y con un impresentable TRIGA de la época del jopo. INVAP entre tanto ganó en Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. EEUU tiene radioisótopos médicos sólo gracias al reactor OPAL que INVAP le vendió a Australia en 2000. Los autodenominados americanos ya ni tratan de competir con esta empresa barilochense.

Los petroleros tienen otras razones. Los 1763 MW nucleares instalados de NA-SA evitan la quema de 2820 millones de metros cúbicos de gas por año.

Somos un clavo en más de un zapato, lectores. Y de seguridad nuclear todavía no hemos hablado.

Es cara.

Fuente: agendarweb.com.ar

Un multimillonario compró tierras en Mendoza porque “es uno de los lugares más seguros para sobrevivir a una guerra nuclear”

El empresario Martín Versavsky explica que compró una propiedad en la provincia por más de un motivo, pero uno específico: “sobrevivir a una guerra nuclear”.

Para un multimillonario, Mendoza puede ser un “refugio” ante las guerras y pide implementar una “Visa de oro”/ Foto: Orlando Pelichotti

Martín Varsavsky, uno de los empresarios argentinos más exitosos en el exterior con una fortuna personal de US$ 300 millones (de acuerdo con Forbes), sorprendió con un análisis sobre el potencial de las propiedades en Argentina como “refugio” ante el clima bélico internacional.

En la red social X (Twitter), Versavsky, aseguró que, “emprendedores de USA y Europa creen que es posible que haya una guerra nuclear y les parece atractivo comprar una propiedad en Argentina para tener un refugio”.

“Se que suena paranoico pero si uno mira la cantidad de guerras que hay y hubo en el hemisferio norte comparadas con las guerras del cono sur en los últimos 150 años, la Argentina destaca por su estabilidad. Si suena raro porque nadie cree que la Argentina es un país estable pero lo es en términos de guerras si la comparación es la primera guerra mundial, la guerra civil española, o la segunda guerra mundial más todas las guerras menores pero muy letales de los Balcanes, Rusia Ucrania, Irak Iran, etc. También lo son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil”, suma.

¿EL PAÍS NECESITA UNA VISA DE ORO?

De acuerdo con Versavsky, la pregunta es al menos válida, para quienes invierten o compran propiedades, se podría tramitar una residencia o pasaporte. Y es que, en caso de un conflicto bélico en el hemisferio Norte, un documento como ese podría servir para que estos pudieran mudarse sin problemas al país.

“Si no lo tiene (al pasaporte especial), Javier Milei debería implementarlo, así como también un tax holiday para los extranjeros que se mudan, en todo lo que ganen afuera de la Argentina, como tiene España”, planteó.

MENDOZA, ¿PARA SOBREVIVIR UNA GUERRA NUCLEAR?

“Estas fiestas me puse a pensar por qué la paz es mucho más común en las Américas que en Europa, Oriente Medio y Asia. Concretamente desde 1900 se han muerto unas 170 millones de personas en guerras principalmente en Europa mientras que en todas las Américas norte, central y sur, solo se han muerto unas 4 mil en guerras entre países. En las Américas hay una alta criminalidad pero no hay guerras. Lo que sigue es una teoría qué argumenta lo que se observa empíricamente. Que las sociedades de inmigrantes casi no hacen guerras a otras sociedades de inmigrantes”, plantea el empresario.

“Esta diversidad interna ha contribuido a la relativa ausencia de guerras nacionalistas entre naciones de las Américas. La historia de los siglos XX y XXI muestra que, si bien la región no ha sido inmune a los conflictos, la naturaleza y la escala de las guerras en las Américas difieren notablemente de las de otras partes del mundo. A mis lectores latinoamericanos probablemente les suena raro escuchar que con amigos acabamos de comprar un campo en Mendoza y que además de elegir Mendoza por su belleza natural, el encanto de su gente, el vino y la buena comida, compramos en Mendoza porque es uno de los lugares más seguros del mundo para sobrevivir una guerra nuclear”, cerró.

Fuente: losandes.com.ar

El Conicet, ante el peligro de la parálisis; no se pagaron los premios Houssay, Sábato e Investigador de la Nación

Temen que no puedan hacerse efectivos los ingresos ni las promociones del último concurso del organismo.

Por Nora Bar

Al retirarse, Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+I, el principal financiador de la ciencia local, dejó en sus arcas 5000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares. Pero las autoridades designadas y por designar para el nuevo organigrama que regirá al sistema científico solo repiten el mantra que se escucha del resto de los funcionarios: “No hay plata”. Con esa excusa no solo están incumpliendo con compromisos ínfimos que habían quedado del gobierno anterior. Con la advertencia "de palabra" (todavía no hay nada firmado ni publicado en el Boletín Oficial) de que deberán manejarse con el presupuesto de 2023, están poniendo al Conicet (y al resto del aparato estatal, incluyendo universidades) en riesgo de parálisis.

Aunque la orden fue emitida antes de que cesara en sus funciones la gestión previa y su monto es despreciable en términos del presupuesto del Estado, y a pesar de gestiones realizadas ante las nuevas autoridades, los científicos galardonados por su tarea destacada no reciben respuesta.

Pero si esto no tiene una justificación plausible, es peor lo que anticipa un documento no oficial que circuló ampliamente sobre una reunión de directores de Centros Científicos y Tecnológicos del Conicet con los vicepresidentes, Claudia Capurro y Alberto Baruj en la que se les habría informado que desde el 10 de diciembre el organismo está imposibilitado de realizar pagos, porque no hay nadie que tenga firma autorizada, y que deberán enfrentar el próximo año, para el que se calculan niveles de inflación del 300% o más, con el mismo presupuesto de 2023, por lo que deberán pagar “los gastos mínimos e indispensables” para que las instituciones sigan funcionando. Todo, de palabra.

Daniel Salamone, en una reciente entrevista con Diego Sehinkman

Incluso sin aumento de salarios, ese presupuesto solo permitiría llegar hasta mediados de año. Como se mencionó, la parálisis en junio no solo valdrá para el Conicet, sino para el Estado en su conjunto, porque no hay forma de pagarle a todo el personal el sueldo de diciembre con el presupuesto actual, que es la suma de lo que se pagó en todo el año que concluye, incluyendo los primeros meses, cuando las remuneraciones eran mucho más bajas.

Mientras Daniel Salamone (cuya designación aún no fue publicada en el Boletín Oficial) sigue reuniéndose con diferentes áreas para conocer su funcionamiento, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a una subsecretaría (también sin responsable nombrado) dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino. El Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica dependerán en forma directa del titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse.

Aunque ya están los resultados de los concursos para ingreso a carrera, el directorio del Conicet debería publicar el orden de mérito el 12 de enero, pero en principio se habría resulto hacerlo sin el otorgamiento de la beca hasta que no estén los fondos. La incorporación de los nuevos investigadores debería ser en abril.

La misma conducta se seguiría con respecto a las promociones. Se comunicarían los resultados de las evaluaciones, pero no se podrían hacer efectivas hasta que no se disponga del presupuesto. Y lo mismo con los ingresos pendientes de 2022 y 2023: solo se irían dando las altas a medida que haya presupuesto.

Aunque seguirían haciéndose los concursos para ingreso a la carrera del investigador y becas posdoctorales, no se comunicarían los resultados ni se haría efectiva su incorporación. Además, siempre según esta minuta de la reunión, se dieron de baja varios convenios y obras en curso del Programa Federal Equipar y Construir, se suspendió el teletrabajo y no se pagarán horas extras, ni se firmarán convenios. Queda frenada por el momento la conformación de nuevos centros científico-tecnológicos.

Según este recuento, Salamone les habría comunicado que, como el país está en una crisis muy profunda, la institución “deberá ser parte de la solución y no del problema”. Entre las “soluciones” que habría sugerido figura que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga, y que se potencie la vinculación con privados y la cooperación internacional.

Se espera la designación del experto en clonación para los próximos días.

Fuente: eldestapeweb.com