sábado, 20 de julio de 2013

España: corrupción y crisis fulminan el relato

El gobierno de Rajoy tambalea apremiado por una situación económica gravísima, en especial generada por el tembladeral de negociados que se ha abierto como una puerta al infierno. Al presidente del Gobierno tampoco lo favorece la sangrienta interna de su partido.

Por Marcelo Cantelmi - Especial para Los Andes 

 

España: corrupción y crisis fulminan el relato
La nota, manuscrita y simple, consigna en dos trazos el nombre del magnate Juan Miguel Villar Mir, presidente de la corporación OHL, una de las mayores constructoras de obra pública de España.

Con prolijidad esquemática enumera luego nueve donaciones a la directiva del Partido Popular por poco más de medio millón de euros, soltados en un largo lapso que va desde 1990 a 2008. Dentro de esos años, a partir de 1997, se extiende la “década ganada” de la burbuja inmobiliaria española, que, al estallar, demolió la economía de ese país y dejó al aire público un tejido notable de dinero negro.

La revelación y el calendario son elocuentes sobre ese mundo oculto. Entre 2003 y 2009 la empresa de Villar Mir recibió 609 contratos públicos por 7.758,21 millones de euros.

La posibilidad de un intercambio de favores detrás de esa montaña de dinero fue negada por el empresario. Pero pesa el hecho de que más de la mitad de esos contratos, con exactitud el 59,6%, provinieron de administraciones gobernadas por el PP. El caso no es aislado.

Hay muchas otras constructoras que “donaron” aún más: 858.000 euros como Azvy o que hasta superaron el millón de euros, el récord en las listas que batió el grupo Sando. Si se tratara efectivamente de proporciones entre una ventanilla y la otra, el resultado podría ser asombroso.

Aquella nota manuscrita con esos nombres y las cifras está en una de las libretas de la detallada memoria personal sobre el trasiego de dinero negro que llevaba el ex contador del PP Luis Bárcenas. Este hombre, que ocupó ese cargo clave por dos décadas, acaba de ser arrestado bajo cargos de corrupción y fraude al fisco.

Los números aquí consignados son parte de la investigación que el diario El País lanzó desde febrero junto con otros medios españoles, de modo destacado El Mundo, sobre el mayor escándalo de corrupción de la era democrática de ese país. El arresto de Bárcenas parece haber roto una Omertá que el partido del presidente Mariano Rajoy se esforzó por preservar desde hace años y a cualquier costo.

Cuando Bárcenas, en 2010, debió dejar su delicado puesto en la organización, comenzó a cobrar un ingreso de un cuarto de millón de euros anuales como consultor, el mayor salario jamás pagado por ese partido a sus miembros. Era el precio del silencio. Se entiende por qué los gobiernos envueltos en estas telarañas de corrupción se esmeran siempre en evitar que los cómplices más informados acaben presos. Cualquier comparación con nuestra realidad no es mera coincidencia.

Hay dos hechos que son ya incontrastables. El primero es que la justicia tiene información de que Bárcenas cuenta con documentos que prueban que el PP (antes llamado Alianza Popular) se financió de modo ilegal desde que fue creado en 1979, a cuatro años de la muerte de Franco. El otro hecho es que Bárcenas, quien proporcionó esas evidencias al juez Pablo Ruz, está dispuesto a hablar. En una notable entrevista que concedió a Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, le dijo que los papeles que ha acumulado son de tal modo incriminantes que pueden causar la caída del gobierno.

A Rajoy tampoco se lo hace fácil la propia interna sangrienta que confronta en su agrupación, y de la cual el ex presidente José María Aznar no está ausente. Ese fuego cruzado de intereses y egoísmos revolea a la implacable Esperanza Aguirre, la ex titular del partido en Madrid, para relevarlo. Sería una salida que circula en la banca y que hasta la oposición alentaría. Pero es un paso difícil. Forzar la caída del presidente para reemplazarlo o llamar a nuevas elecciones como insinuó el líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, no aliviaría sino que podría aumentar la tormenta de rayos que dispara la situación económica del país.

Sucede que en España también hay un relato que tanto niega estos flagrantes episodios de corrupción como persiste en anunciar la buena nueva de un país mejorando.

La viceprimer ministra Soraya Sáenz de Santamaría acaba de defender el ajuste incluido en el Plan de Estabilidad presentado por Madrid a la Unión Europea en abril y que incluye aumentos de impuestos en determinados productos como tabaco o bebidas alcohólicas y también en las tarifas de electricidad. En la misma línea, Rajoy ha venido proclamando la narrativa optimista. “España está mejorando y el camino elegido es el correcto”, insistió hace horas.

La realidad, sin embargo, dice que España se encuentra en recesión, el segundo ciclo en menos de un lustro. La producción industrial no ha hecho más que caer (14% desde 2011) y, según el informe de perspectivas de la OC DE, el desempleo se disparará a 28% en 2014. Si la expectativa del gobierno es volver a crecer el año próximo, la propia Unión Europea volteó ese sueño y colocó esa posibilidad recién a fines de 2015.

Entre tanto la inflación a 2,1% no se modera y triplica el porcentaje de aumento de los sueldos. No es casual, y seguramente acertado, que el ministro de Economía Luis de Guindos declare que “la economía española está ganando muchísima competitividad”. El tema es cuál sector está pagando la factura de ese avance de perfil chino.

Semejante pinza entre la presión de la crisis que no coincide con el relato y la caravana de denuncias que demuele la autoconfianza del gobierno, debería haber provocado una reacción diferente. El gobierno de Rajoy acumula en los tres poderes mayor dominio que ningún otro presidente de la historia de la democracia española. Acaba de lograr su “ir por todo” con una reforma judicial que le permitió poner más que el pie sobre ese poder.

Sin embargo, fuera de las querellas y controversias previsibles, la justicia no bloqueó el arresto de Bárcenas, ni la peregrinación por las celdas de otras figuras como el presidente del PP valenciano o el conocido Gerardo Díaz Ferrán, ex titular de la cámara empresarial de España y copropietario del grupo Marsans. Que eso suceda es un dato de salud entre esas sombras. Muestra el límite que la sociedad no admite que sea violado. Un ejemplo interesante. 
 
Fuente: Los Andes Online

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