Ucrania, la nueva presa del FMI
CADTM
| Traducido para Rebelión por Caty R. |
El 26 de febrero las
autoridades provisionales de Ucrania solicitaron un préstamo al FMI
para reembolsar la deuda del país en plazo, es decir, 13.000 millones de
dólares solo para este año. El FMI respondió positivamente y decidió
enviar una misión de «expertos» a Ucrania para discutir
las condiciones de dicho préstamo. Mientras el país está en plena
ebullición, el reembolso de la deuda pública aparece como la prioridad
absoluta de Kiev y sus acreedores. Para ellos, las necesidades de la
población pasan a segundo plano. La situación incluso podría
deteriorarse si se llega a un acuerdo con el FMI, que se halla en una
posición de fuerza para imponer una cura de austeridad al pueblo
ucraniano a cambio del préstamo.
Las dificultades
financieras de Ucrania sobre el telón de fondo de la revuelta política
son una nueva oportunidad para el FMI de imponer una terapia de choque,
como hizo en Grecia, Portugal e Irlanda, aplicando tras el estallido de
la crisis violentas medidas de austeridad dictadas por la troika,
compuesta por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
En
esos países, el riesgo de fallar en el pago a los acreedores
(principalmente los bancos privados) fue el punto de partida de la
intervención del FMI y sus acólitos europeos. Así Grecia, Portugal e
Irlanda, cuando ya no tuvieron acceso a los mercados financieros debido a
las tasas de interés prohibitivas, se volvieron hacia la troika, que
aprovechó para proponerles préstamos, ciertamente menos onerosos, pero
acompañados de programas de austeridad conocidos con el nombre de
«memorandos». La lista de medidas contenidas en dichos memorandos
siempre es la misma: privatización de sectores estratégicos de la
economía, reducción de los salarios, de las pensiones, aumento de
impuestos desiguales como el IVA, despidos masivos en la función
pública, recortes drásticos en los gastos sociales, etc.
Ahora
Ucrania se encuentra en una situación similar, ya que está al borde de
detener los pagos y razonablemente no puede pedir prestado en los
mercados financieros tras la degradación de su nota por parte de las
agencias de calificación. En la actualidad, para poder pedir prestado a
corto plazo, Ucrania tendría que pagar una tasa de interés desorbitada
del 34,5% frente al 5% de hace solo cinco meses. Por otra parte no puede
contar con Rusia, que acaba de anular la segunda entrega de un préstamo
de 15.000 millones de dólares tras la destitución del presidente Víktor
Yanukóvich.
Así, actualmente Ucrania dispone de un débil
margen de maniobra. Sin embargo el FMI en ningún caso puede formar parte
de la solución a la vista de las dramáticas consecuencias de los
programas de austeridad que impone a las poblaciones desde hace más de
30 años. Es el caso de Grecia, Irlanda y Portugal, así como de los
países del Sur sometidos a los planes de ajuste estructural (PAS) desde
principios de los años 80 y de los países de Europa del Este que
sufrieron una terapia de choque administrada por el FMI en los años 90.
En
vez de endeudarse con el FMI para regularizar sus deudas, Ucrania
debería cuestionar la legalidad y la legitimidad de esas deudas que
piensa pagar con el préstamo del FMI. El reembolso de las deudas
públicas no es una obligación absoluta desde el punto de vista político y
jurídico. No hay que olvidar que según el derecho público internacional
los deberes de un Estado con respecto a su población están por encima
de los compromisos adquiridos con sus acreedores y que el reembolso solo
es obligatorio para las deudas «adquiridas en el marco de un acuerdo
válido y legítimo» (1) como señala el experto de la ONU sobre la deuda
Cepahas Lumina. Si las deudas son ilegales o ilegítimas Ucrania no tiene
ninguna obligación de reembolsarlas y en consecuencia no existe ningún
interés en endeudarse con el FMI.
Una auditoría de las
deudas ucranianas permitiría identificar la parte ilegítima que debe
anularse sin condiciones. La auditoría permite especialmente responder a
estas preguntas: ¿Quién contrajo las deudas? ¿Esas personas tenían
competencia jurídica para contratar esos préstamos? ¿Quién se benefició?
¿Los prestamistas pusieron condiciones al conceder los préstamos? ¿Esas
condiciones violan el derecho nacional del país? ¿A cuánto se eleva el
montante de los intereses acumulados por los prestamistas? ¿Cuáles son
los proyectos financiados por la deuda?, etc.
A la vista
de la urgencia, una respuesta inmediata podría ser la suspensión del
reembolso de la deuda (con la congelación de los intereses) y la
congelación de las negociaciones con el FMI a la espera (como mínimo) de
los resultados de las próximas elecciones previstas para el 25 de mayo y
de un auténtico debate público sobre las implicaciones de un préstamo
del FMI y las alternativas al endeudamiento.
Los
argumentos para decretar ese tipo de moratoria no faltan. Ucrania y sus
acreedores podrían invocar «un cambio fundamental de circunstancias»
tras el derrocamiento de Yanukóvich y la naturaleza provisional del
gobierno establecido el 26 de febrero. Ahora solo hace falta voluntad
política, tanto por parte de las autoridades provisionales de Ucrania
como de la Unión Europea, que se declaren al lado del pueblo ucraniano…
Nota:
(1)
Principios directivos relativos a la deuda externa y a los derechos
humanos, anexo del informe del experto independiente Cephas Lumina del
10 de abril de 2012 (A/HCR/20/23). Salvo mención contraria, las citas
proceden de ese informe.
Renaud Vivien es jurista del CADTM Bélgica, renaud@cadtm.org
Fuente: Rebelion.org
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