lunes, 24 de noviembre de 2014

Laboratorios públicos: sector estratégico
La media sanción en el Congreso de una ley para crear una agencia de laboratorios públicos busca atender demandas sanitarias de la población. El rol del CONICET, que reconoció a la producción pública de medicamentos como un área estratégica. 
por Federico Rey




En la sesión del 13 de octubre pasado, la Cámara de Diputados le dio medio sanción a la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Así se dio un paso más en el camino que ya había marcado el Congreso cuando sancionó la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. De esta manera, toma forma el marco normativo que buscará potenciar a los laboratorios públicos en el mercado, sustituir la importación de insumos y atender las demandas sanitarias de la población.

En la Argentina funcionan 40 laboratorios de producción de medicamentos de este tipo, entre los que se destacan: Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe. En 2003, la producción era de 90 millones de unidades, mientras que en 2010 se llegó a la suma de 620 millones, un crecimiento del 680 por ciento.

Según Martín Istúriz, investigador principal del CONICET, la situación actual muestra que “las instituciones públicas tienen capacidad instalada y recursos tecnológicos para resolver las problemáticas para las que fueron creados, como abastecer de medicamentos a las distintas jurisdicciones a las que pertenecen. Pero, además, muchos de ellos tienen capacidad potencial para abastecer a otras provincias y al Estado nacional”.

La Cámara de Diputados dio medio sanción a la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que coordinará los establecimientos que producen fármacos y dependen de gobiernos provinciales y universidades.

De aprobarse la norma en el Senado, la ANLAP será un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y coordinará el trabajo de los establecimientos que producen fármacos y dependen de gobiernos provinciales y universidades en todo el territorio argentino. “Los beneficios de trabajar en el marco de una ley, y en la medida en que ésta se aplique, es que permitirá hacer, en principio, una centralización de las compras a nivel nacional para obtener mejores precios y optimizar la producción, evitando superposiciones de productos. Por otra parte, la implementación de la ley permitirá hacer convenios con universidades y organismos de ciencia y tecnología, con la finalidad avanzar en toda la cadena de valor, desde la síntesis de principios activos hasta el producto final, que es el medicamento”, dice Itúriz.

Más allá de la aprobación de la ley, quienes impulsan desde hace tiempo el fortalecimiento del sector farmacéutico público destacan la necesidad de poner en práctica las herramientas que los legisladores sancionan. Así, el rol político de los diferentes actores comprometidos con la causa de la soberanía en salud resulta crucial para poder aplicar en toda su dimensión normativas que por sí solas no son más que buenas intenciones.

Apuesta por tecnólogos

Un ejemplo que sobresale entre las iniciativas del CONICET pasa por las convocatorias para investigadores científicos en temas estratégicos. Allí confluyen la definición política de la agenda científica y la promoción de profesionales que tengan como hipótesis la resolución de problemas concretos, con las dificultades que se presentan fuera de un laboratorio.

En sintonía con las acciones que desde el Estado se vienen desarrollando en el plano de salud, y más específicamente en la producción de medicamentos, el llamado de este año contempla en su listado de temas a la producción de fármacos biosimilares, el aprovechamiento de técnicas de ADN recombinantes y procesos biotecnológicos, y el análisis, diseño y desarrollo de productos y procesos para fortalecer la producción pública de medicamentos. 
La medida permitirá centralizar las compras a nivel nacional para obtener mejores precios y optimizar la producción.

“La medida del CONICET de haber considerado a la producción pública de medicamentos como área estratégica y ofrecer la posibilidad de que investigadores puedan dedicarse tiempo completo a ese tema, me parece excelente. Es una forma de integrar a un organismo clave a la resolución de problemáticas públicas, sin por ello desatender sus funciones habituales. Más aún, esta medida permitirá que profesionales calificados puedan incorporarse a proyectos nacionales estratégicos, en donde la transferencia del conocimiento a la sociedad es un aspecto central. De otra manera, no habría una justificación social para la ciencia ni para la tecnología”, afirma Istúriz.

El especialista destaca que contar con estos profesionales “redundaría en levantar el perfil tecnológico al que podrían acceder los laboratorios públicos con investigadores y, eventualmente, equipos de investigación que actúen en forma mancomunada con los laboratorios”. A su vez, considera que la ANLAP podría favorecer su desarrollo “promoviendo la articulación con el CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología que fueran necesarios. De darse una simbiosis de ese tipo, los resultados tendrían efectos expansivos y sistémicos tanto para el sector de salud como para la ciencia y la tecnología en la Argentina”.


Fuente: Agencia TSS

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