La angustia del Brexit: los británicos hacen fila para convertirse en españoles
Este año se dispararon un 431% los pedidos de nacionalización con el objetivo de retener las ventajas de la ciudadanía europea; las autoridades no dan abasto con las solicitudes.
por Martín Rodríguez Yebra

Esta semana hubo largas filas de autos en Gibraltar, a la espera de cruzar hacia España. Foto: AFP / Johny Buge

"Somos los rehenes del Brexit." Camila Hillier-Fry cuenta que vive en un mar de incertidumbre desde el referéndum que disparó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Inglesa afincada desde hace años en España, teme perder derechos que creía garantizados: la residencia, el acceso a la sanidad pública y el permiso para trabajar.

Ahora que la ruptura va en serio afronta un dilema emocional. Se plantea renunciar a la ciudadanía británica y hacerse española, el único camino seguro que se le abre para sortear el limbo legal en que la deposita la política de la primera ministra británica, Theresa May.

Hay cientos que ya dieron ese paso angustioso. Las inscripciones de británicos para pasar el examen de ciudadanía española aumentaron un 431% desde enero en relación a la media del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia.

Las autoridades no dan abasto con las solicitudes. España es el país europeo con más expatriados británicos: 308.821 figuran en el padrón (casi el doble que en Francia). Gozan por ahora de los mismos derechos que los locales, excepto la posibilidad de votar en elecciones generales o autonómicas.

"Si Gran Bretaña sale de la UE sin acuerdo, como amenaza May, todos nuestros derechos europeos se extinguirán de golpe. Nadie piensa en nosotros", se queja Hillier-Fry, socia de una consultora de recursos humanos y fundadora de la plataforma Eurocitizens, que pelea para que a los residentes en el exterior se le extiendan en el tiempo los derechos que da la ciudadanía europea.

Entre las libertades en riesgo figura la circulación y residencia en los 28 países del bloque, la posibilidad de trabajar sin tramitar permisos y el reconocimiento automático de títulos universitarios.

La situación se hace más delicada para los jubilados británicos que eligieron mudarse a la costa valenciana o andaluza -el grueso de la comunidad-, a quienes las consecuencias del Brexit podrían dejar sin cobertura médica pública en un momento de la vida en que ningún seguro privado los aceptaría.

"Imagina la situación que se le plantea a una persona mayor, que la única manera de mantener esos beneficios lógicos consiste en renunciar a su patria", explica Michael Harris, otro activista forzado por las circunstancias. Es escritor, vive desde 1982 en Madrid y ahora, a los 61 años, pasó los dos exámenes -idioma e integración- requeridos para la concesión del pasaporte español.

España no tiene un acuerdo de doble ciudadanía con Gran Bretaña y no permite que los británicos naturalizados sigan usando su nacionalidad original. En cambio, a un español que adquiera la nacionalidad británica se le consiente tener las dos si solicitan esa voluntad.

George Thomas, de 76 años, es otro de los que inició el amargo trámite que lo llevará a abandonar a su condición de británico. "A esta altura de mi vida no puedo arriesgarme a que España quede obligada a imponerme condiciones desfavorables", dice. Hace 18 años que vive en Javea, un pueblo de playa donde hay censados 5000 ingleses sobre 27.000 habitantes. Él llegó a ser concejal socialista y aprovecha su posición para convertirse en vocero de sus connacionales.

Una ruptura por las malas afectaría también a los miles de jubilados británicos que tienen propiedades en la costa mediterránea y pasan largas temporadas allí. Ahora peligra su libertad para entrar al país sin trabas y para usar la salud pública.

Los ingleses afincados en España mantenían la esperanza de que el proceso del Brexit fuera amigable y atendiera los derechos de los expatriados. Pero desde que la semana pasada May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició a las negociaciones de salida, la discusión se volvió agria.

Detonante

Desde ese momento, entre Madrid y Londres estallaron tensiones inesperadas.

El detonante fue la decisión del Consejo Europeo de concederle a España poder de veto en cualquier acuerdo que la UE alcance con Gran Bretaña sobre la situación de Gibraltar, el enclave del sur de la península ibérica sometido a una disputa de soberanía desde el siglo XVIII.

Michael Howard, ex líder de los conservadores, enturbió las relaciones al advertir que May estaría dispuesta a defender la soberanía británica de Gibraltar como hizo Margaret Thatcher en las islas Malvinas. La primera ministra bajó el tono 48 horas después, pero sin condena explícita de la amenaza de guerra.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, contraatacó con la sugerencia de que su país apoyaría el ingreso de Escocia en la UE. Un escenario que requeriría primero otro referéndum de independencia, algo a lo que May se resiste.

Para los británicos que viven en España el ruido diplomático complica la expectativa de un acuerdo bilateral que blinde los derechos de los respectivos migrantes después del Brexit.

"La situación es parecida a la que sufren los españoles [132.000, según cifras oficiales] que viven en Gran Bretaña. Somos moneda de cambio y nadie tiene en cuenta dónde nos dejan", insiste Hillier-Fry. La mayoría empieza a resignarse a cambiar de ciudadanía. La historia se repite en casi todos los países de la UE.

La opción más lógica es Irlanda, de vínculos muy cercanos con Gran Bretaña y que permite la posibilidad de tener la doble nacionalidad.

Pero también hay ingleses que rastrean sus raíces en Italia -país más permisivo de lo normal en la concesión de pasaportes- o investigan leyes de reparación, como la vigente en Alemania para descendientes de personas perseguidas durante el nazismo, o la que rige en Portugal para judíos de origen sefardí.

Gibraltar teme perder sus privilegios
El peñón depende vitalmente de la UE y enfrenta un futuro sombrío con el Brexit



En ningún otro lugar se siente con más fuerza la angustia del Brexit que en Gibraltar, el enclave británico de apenas 6 km2 anclado en el sur de la península ibérica.

Para sus 32.000 habitantes la ruptura con la Unión Europea (UE) revive la claustrofobia de la frontera cerrada por el dictador Francisco Franco en 1969 para forzar la discusión de la soberanía. Vivieron 16 años así, limitados entre la verja y el mar. El paso sólo se normalizó cuando España entró en el club europeo.

Pero, además, perder el acceso al mercado comunitario podría empujar al desastre a una economía hasta ahora floreciente, basada en los servicios bancarios, los seguros, el turismo y la industria de las apuestas online.

El gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la brecha del Brexit para incluir en la agenda el reclamo diplomático. Ofrece a Gibraltar -en manos británicas desde hace 300 años- que acepte la soberanía española (o al menos un régimen compartido) como vía para retener su membresía europea.

"Nos tratan como matones, con extorsiones. Nunca, jamás, va a flamear la bandera española sobre el Peñón", se queja Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar.

El conflicto escaló esta semana como pocas veces a raíz de unas incendiarias declaraciones de Michael Howard, ex líder de los conservadores y actual miembro de la Cámara de los Lores. Dijo que el gobierno de Theresa May está dispuesto a defender Gibraltar de la misma forma que lo hizo la ex primera ministra Margaret Thatcher en 1982 en las Islas Malvinas: con una intervención militar.

May bajó el tono dos días después, pero insistió en que la soberanía "es innegociable". Se lo dijo en Londres a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, a quien recibió para avanzar con las tratativas de salida.

Tusk había irritado a los británicos cuando anunció que la UE le otorgará a España poder de veto ante cualquier acuerdo concerniente a Gibraltar al que el bloque llegue con Gran Bretaña como parte del proceso del Brexit.

Eso aceleró la ansiedad de los gibraltareños. Si España busca forzarlos a cambiar de nacionalidad, la lógica indica que bloqueará un eventual pacto que le otorgue a Gibraltar libertad de circulación y el acceso al mercado común, dos aspectos vitales para que el enclave sortee una crisis grave. Mucho menos logrará ser aceptado como "territorio asociado", el objetivo de máxima que persigue Picardo.

"La frontera y el acceso al mercado común son cruciales. Nosotros importamos todo lo que consumimos. Un tercio de los trabajadores cruzan a diario desde España. Y el turismo también depende de la libre circulación", señala Edward Macquisten, jefe de la Cámara de Comercio local.

Tal como ocurre con Malvinas, el caso de Gibraltar se discute desde hace décadas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. A pesar de recurrentes chisporroteos en el paso fronterizo, la UE ejerció siempre de árbitro para mantener las buenas relaciones entre España y Gran Bretaña, dos de sus mayores socios.

Los gibraltareños reconocen el papel decisivo que juega Europa en su destino. El 95,9% votó allí en contra del Brexit en junio pasado, más que en ninguna otra circunscripción electoral. Pero aun así es unánime el deseo de mantener el vínculo con Gran Bretaña. En 2002 lo reafirmó el 99% en un referéndum y las encuestas actuales ratifican esas cifras.

En gran medida eso se explica por el contraste entre cómo se vive a uno y otro lado de la verja que separa el territorio británico del español. En Gibraltar el PBI creció 49% en los últimos cuatro años, la renta per cápita fue de 69.000 dólares en 2016 -sólo por debajo de tres países, según el FMI- y tiene pleno empleo. El pueblo andaluz vecino La Línea de la Concepción sufre un récord de desocupación, por encima del 30%.  



Fuente: La Nación