Industria bajo la línea de flotación
El astillero Ultrapetrol anunció que despedirá a todos sus empleados por la falta de demanda de producción. Desde el sindicato buscan frenar la medida mientras que en Senadores un proyecto de promoción para este sector tiene media sanción, pero el oficialismo se opone a tratarlo en Diputados por su costo fiscal.
Por Matías Alonso 

En el año 2009, la firma Ultrapetrol se radicó en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez para instalar un astillero con una inversión de 50 millones de dólares. El predio de 14 hectáreas, ubicado a 15 kilómetros al sur de Rosario, llegó a emplear a 200 personas de forma directa y en su mejor momento llegó a construir dos barcazas por semana con un sistema de producción en cadena bajo techo similar al que utilizan las automotrices. Sin embargo, la situación actual dista de ser la misma: la empresa le comunicó a los delegados sindicales su intención de despedir a todo el personal y cerrar las puertas, ya que no tiene órdenes de trabajo para la construcción de nuevas embarcaciones y su flota propia tiene escasa actividad.

Una mesa de negociación entre los representantes de la empresa y del Sindicato de Obreros Navales en el Ministerio de Trabajo busca llegar a una solución al conflicto y encontrar alternativas para evitar el cierre de la empresa.

En el año 2009, Ultrapetrol se radicó en un predio de 14 hectáreas ubicado a 15 kilómetros al sur de Rosario. Llegó a emplear a 200 personas de forma directa y en su mejor momento llegó a construir dos barcazas por semana.

Paralelamente, en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación ya tiene media sanción el proyecto de Ley de la Industria Naval y la Marina Mercante y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde las comisiones no logran reunir quorum por la negativa del oficialismo a discutir la norma. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se expresó en contra de este proyecto ya que considera que generará una costo fiscal demasiado elevado para el país.

En la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados, su titular, Julio Solanas (FPV), cuenta con el apoyo de su bloque y del massismo para aprobar el proyecto, pero no pueden conseguir quorum sin la presencia de los diputados del bloque Cambiemos. Sin embargo, el proyecto también está girado a las comisiones de Presupuesto y Legislación General, presididas por diputados oficialistas que no convocaron a reunión de comisión para discutirlo.

En diálogo con TSS, Juan Speroni, secretario general del Sindicato de Obreros Navales, considera que el transporte fluvial es una herramienta para resolver el costo logístico de la Argentina: “Hoy es más caro traer la producción de Salta al puerto de Rosario que un embarque de Rosario a Shanghái. Hay un tremendo costo que impacta directamente en toda la economía regional. El 80% del transporte de nuestro país se mueve por medio de camiones y eso es una locura”.

En cuanto a los buques pesqueros, la edad promedio de la flota local es de alrededor de cuarenta años. Sin embargo, la mayoría de las embarcaciones se importan. Muchas provienen de astilleros españoles y en ocasiones se trata de embarcaciones con décadas de uso, lo que le quita potencialidad y seguridad a la flota naval argentina.

“Los proyectos que salieron del Senado tienen el consenso tanto de los gremios como de los empresarios navales, así que estamos expectantes para tratar de que esto se resuelva en el Congreso lo antes posible”, dijo Speroni. Pese a su optimismo, desde el entorno del diputado Solanas afirmaron que el oficialismo está haciendo todo lo posible para retrasar la decisión.

Para los defensores del proyecto que tiene media sanción del Senado, el costo fiscal que implicaría sería menor a los beneficios que podría generar en la economía.

El proyecto original incluía la creación de un fondo para la construcción de embarcaciones que debía ser aportado por el Tesoro Nacional y que tendría como garantía a los buques en construcción. Frente a la negativa del Gobierno a este punto se ofreció que los fondos fueran aportados por un impuesto aplicado a los fletes de exportación, pero el oficialismo tampoco accedió a esta alternativa. En una reunión en el mes de mayo, el oficialismo había pedido que se retrasara el tratamiento del proyecto durante 15 días para poder presentar una iniciativa alternativa, algo que a la fecha no sucedió.

Actualmente, la mayoría de los buques que navegan por la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay portan bandera paraguaya. “Al tener una diferencia tremenda en términos de costos con respecto a los países de la región, las unidades se refugian en bandera paraguaya por una cuestión de costos”, explicó Speroni.

Para el sindicalista, el costo fiscal que implica el proyecto de ley en el Congreso será menor a los beneficios que generará en la economía. “Esta es una industria madre de industrias, ya que tiene una alta generación de puestos de trabajo. Son trabajos de oficio, calificados, y es un proceso industrial muy importante para el desarrollo del país, tanto en su litoral fluvial como en marítimo. Es decir, que es mucho más el beneficio que el costo para el Estado”. 



Fuente: Agencia TSS