Piñera anunció un paquete de leyes de mano dura

El presidente chileno los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas" para reforzar el orden y la seguridad pública.

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El presidente de Chile Sebastián Piñera decidió endurecer su agenda frente a las manifestaciones y protestas que atraviesan todo el territorio chileno desde el pasado 18 de octubre. Acompañado por miembros de su nuevo gabinete, Piñera presentó un paquete de medidas tendientes a reforzar el orden y la seguridad pública. Los nombres elegidos por Piñera para sus proyectos de ley no dejaron dudas respecto a su contenido: los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas", entre otros. Al igual que el miércoles, las movilizaciones del día se multiplicaron en zonas acomodadas del país, como el barrio Las Condes. También se repitieron movilizaciones con epicentro en Santiago, a las que se plegaron entre otros sectores camioneros, trabajadores de la salud y estudiantes.

Respecto al proyecto antisaqueos, Piñera dijo que castigará severamente a los autores de robos a supermercados y locales comerciales. “Este proyecto de ley va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud en ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público”, destacó.

El proyecto antiencapuchados, por su parte, buscará sancionar a quienes ocultan su rostro durante los “desordenes públicos". “Esta medida busca sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quién lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad”, expresó Piñera.

En tercer lugar, Piñera se refirió particularmente a las barricadas que "entorpecen la libre circulación". En la misma tónica de los anteriores proyectos, éste permitirá “combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas (...) que entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país”, expresó.

Como cierre de su paquete de mano dura, también decidió darle relevancia al proyecto de modernización de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El mandatario realizó estos anuncios en La Moneda, acompañado por el flamante ministro del Interior Gonzalo Blumel y dos subsecretarios de la cartera. En los últimos días, Blumel se reunió con parlamentarios de Chile Vamos (coalición de derecha compuesta por la Unión Demócrata Independiente, el Partido Regionalista Independiente Demócrata, Renovación Nacional, y Evópoli) para recibir propuestas en la materia.

Luego de presentar las nuevas medidas, Piñera anunció la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a partir de las 19 horas, para analizar la crisis social que atraviesa el país. El Cosena es un organismo propuesto y avalado por la Constitución de 1980. 

El Consejo estará “encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”, explica el Artículo 106 de la Carta Magna. El texto también establece que “Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República”.

Chile amaneció el jueves con rutas bloqueadas por camioneros y manifestaciones en distintos sectores de Santiago y otras ciudades, incluidos los barrios más acomodados. Una convocatoria por redes sociales llamaba a hacer un "gran tour al oasis" y llegar hasta la rica comuna de Las Condes, una zona de Santiago con los metros cuadrados más costosos de todo Chile.

Empleados de los servicios públicos de salud, que reclaman desde hace años mejoras salariales y más recursos para la atención primaria, llegaron temprano hasta la sede de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por la tarde, una columna de manifestantes avanzó sobre la avenida Vitacura, sector exclusivo de residencias y sede de organismos internacionales, embajadas y comercios de lujo. Mientras tanto, otros centenares de personas, en su mayoría estudiantes, protestaban en el centro de Santiago, escenario habitual de las manifestaciones.

Desde las masivas jornadas de protesta que iniciaron el 18 de octubre, se contabilizan hasta el momento 23 muertos, de acuerdo a la Fiscalía de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este jueves que ya recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras tanto, espera la autorización para ingresar al país.

Chile: misión internacional analizará las violaciones a los derechos humanos

El CELS y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a otras organizaciones, estudiarán las denuncias sobre vulneración a los derechos de los manifestantes. 

Informe: Guido Vassallo

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Organizaciones de derechos humanos pusieron en marcha una misión internacional que buscará constatar la vulneración a los derechos de los manifestantes que se movilizan en el país desde el inicio de las protestas el 18 de octubre. Se reunirán con organizaciones civiles, víctimas directas de la represión y representantes gremiales y estudiantiles que participan de las movilizaciones. En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a Chile autorización para visitar el país, tras las denuncias recibidas por el uso excesivo de la fuerza de policías y militares.

La misión internacional fue presentada con una conferencia al mediodía en la Sede de Observatorio Ciudadano, en Santiago. Del colectivo de trabajo forman parte, entre otros, la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (participará como observadora Nora Cortiñas), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Articulo 19 de Brasil, y Front Line Defenders de Irlanda. 

Paulina Acevedo forma de la ONG Observatorio Ciudadano, una de las principales convocantes de la misión. Tras finalizar la conferencia, habló con PáginaI12 sobre los orígenes del proyecto. “La inquietud surge de la Coordinadora Multisectorial de Temuco. En torno al aumento e intensidad de las violaciones de derechos humanos, junto a organizaciones de amplia trayectoria pensamos que teníamos que organizarnos para articular una misión de observación”.

“La misión cuenta con más de diez observadores internacionales de gran nivel. Creo que la pertinencia la brinda también el hecho de ser una misión que proviene y surge desde las propias organizaciones de derechos humanos en Chile”, destaca la periodista y activista que además detalla las actividades programadas por la misión: “Vamos a reunirnos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y visitar tres ciudades: Santiago, Valparaíso y Temuco. Allí tendremos reuniones con organizaciones civiles y de derechos humanos. Luego vamos a ir a instituciones sectoriales (estudiantes, gremios, colectivos de artistas, etc.). Buscamos de esa forma recolectar testimonios de víctimas que respondan a patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos”.

La misión contará además con presencia argentina. Andrés López, abogado del equipo de Litigio y Defensa Legal y miembro del CELS, llegó a Chile representando a la institución. “Desde hace muchos años venimos trabajando con organizaciones chilenas”, explica. López destaca la importancia de formar parte de la misión, para “realizar una tarea de registro, relevamiento de casos, entrevistas; en suma, darle un marco a las violaciones a los derechos humanos que estamos viendo a diario”.

El foco del trabajo colectivo estará puesto sobre la feroz respuesta del gobierno a las protestas y movilizaciones, un combo que incluye el uso de medidas de excepción formuladas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como el estado de emergencia y toque de queda, que traen como consecuencia la salida de militares y policías a las calles y una fuerte represión que por el momento deja un saldo de 23 muertos y alrededor de 1.600 heridos según el INDH.

Enrique Font, también argentino, participa de la misión en representación de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Para Font, nada de lo que está ocurriendo en Chile constituye una novedad. "Sí es nueva la escala, dado el nivel de intensidad de la protesta social y la reacción que está teniendo el Estado. Pero no resultan prácticas totalmente desconocidas”. Para reforzar esa idea, el observador enviado por la OMCT toma dos ejemplos del pasado.

“En 2016, el Comité Contra la Tortura de la ONU en Chile marca como problemas muy significativos la tortura y los malos tratos, la dificultad de la defensa pública y el mal funcionamiento del sistema penitenciario. En 2018, un nuevo informe del Comité vuelve a marcar situaciones que hoy parecen novedosas: violaciones a mujeres en contexto de detención, y torturas y maltratos en traslados y detención. Es decir, esas cuestiones no atendidas terminan generando las condiciones para que sucedan hoy estas cosas”, sostiene Font.

Además de la misión internacional que comienza a trabajar a partir de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió autorización a Chile para realizar una visita al país. Buscarán vigilar de cerca la situación de los derechos humanos tras las denuncias recolectadas en torno al uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. "La CIDH a solicitud de un centenar de organizaciones, instituciones y movimientos de derechos humanos de Chile ha formalizado pedido de anuencia al Estado para una visita in loco de observación sobre la situación general de los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales", expresó la Comisión a través de Twitter.

Fuente: pagina12.com.ar y pagina12.com.ar