Los mismos cantos de sirena

Luis Petri repitió el guión del Comando Sur ante sus pares del continente

Por Sergio Eissa 

El pasado 14 de octubre, el ministro de Defensa de nuestro país, el abogado Luis Petri, inauguró la XVI Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) que se realizó en el Hotel Hilton, en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza, y cuyo costo fue adelantado oportunamente en El Cohete a la Luna.

Durante dicho evento, el ministro repitió el guión preparado por el Comando Sur de los Estados Unidos, señalando que se debía fortalecer “el sistema internacional basado en los principios de la libertad, democracia y respeto de la dignidad humana, o permitimos el avance de las dictaduras y autocracias, que en nombre propio o a través de sus proxys terroristas buscan socavar nuestras democracias”. Más adelante agregó que “en países de nuestra región, la democracia ha sido demolida en sus cimientos, en sus principios y valores fundantes: países que conservan fachada de democracia pero que encarnan rabiosas autocracias, como ocurre en Venezuela”. Tampoco estuvo ausente la mención a la República Islámica de Irán cuando sostuvo que “la presencia de actores extra hemisféricos que apoyan regímenes no democráticos, como Irán, es una grave amenaza”. Finalmente, no podía faltar la vieja hipótesis de conflicto que Estados Unidos ha buscado imponer a las Fuerzas Armadas argentinas desde los años ‘90. Por entonces, fueron las “nuevas amenazas”, posteriormente las “amenazas emergentes”, y ahora, sin disimulo, el ministro de Defensa volvió a aludir a “los nuevos desafíos de la defensa, que involucran a grupos criminales transnacionales, narcotráfico, el terrorismo y sus redes de apoyo, la pesca ilegal, la minería ilícita, el tráfico de personas y la quema intencional de bosques, así como los desplazamientos forzados por persecución política o falta de desarrollo”.

Ni una palabra de Malvinas.

El entramado de Estados Unidos en la región

Ya la Doctrina Monroe de 1823, reforzada por el Corolario Roosevelt en 1904, fue considerada por la elite política liberal-conservadora argentina de fines del siglo XIX y principios del XX como una amenaza a la seguridad y la integridad territorial de los países de América Latina. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi y Roque Sáenz Peña, entre otros, tenían una idea clara del peligro que implicaban para la región las posturas de la ya emergente potencia norteamericana. Esta percepción de amenaza también era compartida por los actores sociales de entonces. Así, y en relación al Corolario, el diario La Prensa, citado por Ernesto López, consideraba, el 8 de diciembre de 1904, que dicho documento era “la más seria y amenazante declaración contra la integridad sudamericana emanada de Washington”.

Desde entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos trató de imponer su mirada sobre la seguridad hemisférica en las Conferencias Interamericanas. Pero fue a partir de 1947 cuando empezó a construirse el Sistema Interamericano con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que los argentinos conocemos muy bien por su inacción durante la guerra del Atlántico Sur (1982).

Años más tarde fueron creadas la Junta Interamericana de Defensa (1949) –que actualmente tiene la facultad de apoyar a la Secretaría Pro Tempore de la CMDA–; la Conferencia Naval Interamericana (CNI, 1959); la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA, 1960); y el Sistema de Cooperación entre las Fuerza Aéreas americanas (SICOFAA, 1961).

A este entramado institucional interamericano debemos sumar el Programa de Ayuda Militar (1951), reemplazado posteriormente por la Foreing Assistance Act (1968). Así, en el marco de la Guerra Fría (1947-1991), las fuerzas armadas de América Latina debían –a criterio de Ernesto López–: a) mantener la seguridad interior, b) posponer los conflictos contra otros países latinoamericanos; c) cooperar en tareas de patrullaje marítimo y, d) conformar, de ser necesario, una fuerza de intervención interamericana. De esta manera, estos mecanismos permitieron a los militares latinoamericanos realizar cursos de formación en Estados Unidos; la instalación de los grupos militares en nuestros países [1]; y el acceso a “algún material de guerra menor”, lo cual, en este último caso, implicaba también la compra de “ideas”; es decir, doctrina estadounidense que –como muestra nuestra historia reciente– no se correspondió con nuestros intereses vitales y estratégicos. Al respecto, López, citando a Roquié, recuerda las palabras de un legislador estadounidense que en 1970 sostuvo que habían logrado introducir eficazmente “los dogmas antisubversivos” y “desarrollar la influencia militar en los países beneficiarios con una muy baja relación costo beneficio”.

La canción de siempre

La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que fue creada en 1995, tiene el mismo rol que las citadas instituciones del Sistema Interamericano que aún se encuentran vigentes y en pleno funcionamiento; es decir, permitir a Estados Unidos imponer sus intereses y definir roles para las fuerzas armadas de América Latina. Por ejemplo, Marcelo Saín nos recuerda que, en la primera Conferencia, realizada entre el 24 y 26 de julio de 1995 en Williamsburg, Estados Unidos, el general Barry McCaffrey, sostuvo que “las Fuerzas Armadas latinoamericanas debían desarrollar nuevas organizaciones y doctrinas para hacer frente a las nuevas misiones y que, para ello, necesitaban la adquisición de nuevas destrezas especializadas además de las capacidades tradicionales. Estas nuevas misiones tenían que ver, según señaló el funcionario, con la conjuración del narcotráfico, en primer lugar, y del terrorismo y del flujo migratorio, en segundo lugar”. Un año más tarde, entre el 7 y el 9 de octubre de 1996, se realizó la segunda Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en la ciudad de Bariloche, donde “los grupos de trabajo coincidieron en señalar que las “nuevas amenazas” eran “el creciente desempleo, la marginalidad social, las migraciones descontroladas, el narcotráfico, el terrorismo en todas sus formas, el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, la discriminación diversa, y otras” [2].

Casi 30 años después, la postura de Estados Unidos no ha cambiado. Si se consulta actualmente la página del Comando Sur, se pueden leer las siguientes afirmaciones: El Comando Sur de Estados Unidos sostiene que una de sus prioridades es incrementar “la cooperación y el intercambio de información con los aliados y socios para comprender y contrarrestar las amenazas de las organizaciones criminales transnacionales, las organizaciones extremistas y actores estatales externos y regionales malignos”.

Asimismo, contribuye con “la capacitación y el equipamiento, la infraestructura y la creación de capacidades y programas de capacidad para contrarrestar las redes de amenazas transnacionales. Nuestro objetivo es fortalecer nuestras relaciones con las fuerzas de seguridad de la región”.

También, afirma que “las organizaciones criminales transnacionales plantean amenazas transnacionales complejas a la estabilidad de América Latina y el Caribe y a la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. Estos grupos con buenos recursos trafican con drogas, armas, artículos falsificados, dinero y personas (…) El ejército estadounidense trabaja con agencias federales y socios en la región para contrarrestar estas amenazas”.

Si se presta atención, el Comando Sur hace referencia a actores malignos; fuerzas de seguridad de la región; y las amenazas a la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. En otras palabras, este país siempre ha buscado que los países de la región coadyuven a la defensa de sus intereses. Esto ya fue destacado por Ernesto López en 1987 cuando alertó que los “Estados Unidos han tenido una propensión a convertir sus problemas de seguridad en una cuestión regional. Reales o inventados (…), dichos problemas han sido esgrimidos en distintas oportunidades para avalar políticas intervencionistas y han dado pie al desarrollo de diversas elaboraciones justificatorias”.

En esta oportunidad, la Declaración del CMDA de Mendoza refleja como un espejo los documentos de las ediciones anteriores. Por ejemplo, el párrafo 3º condena “la invasión a Ucrania por parte de Rusia” y manifiesta “su preocupación por la escalada de violencia en Medio Oriente y ataques indiscriminados en perjuicio de la población civil”. Mientras Brasil y Chile hicieron reservas frente a esta redacción y México consideró que lo establecido en el párrafo 3º no correspondía al ámbito de la CMDA, la Argentina se plegó a Estados Unidos y Ecuador, entre otros, para reiterar la condena a Rusia y “validar” el derecho de Israel a defenderse. Más adelante, como las ediciones anteriores, la declaración manifiesta su preocupación por “la amenaza planteada por el Crimen Organizado Transnacional (COT) en sus diversas manifestaciones y vinculaciones, y las consecuencias derivadas de su actuación contra la población, alterando el modo de vida en nuestro hemisferio”, y también por “el terrorismo internacional”. Nada nuevo bajo “las sombras” estadounidenses.

Mientras tanto, el “Maestro” Juan Philby Battaleme, si bien logró una foto en la fragata ARA Presidente Sarmiento con miembros la ex Escuela de las Américas –renombrada como Colegio de Defensa Interamericano”–, no innovó ni intentó que la declaración hiciera referencia a la “cuestión Malvinas”.

Patria querida, dame un ministro como Ravind Kumar Jugnauth

Como adelantamos, la postura del actual ministro Petri no es ninguna novedad frente a estas presiones de Estados Unidos. Por ejemplo, durante la inauguración de un Curso Superior de las Fuerzas Armadas en el 2000, el ministro Ricardo López Murphy sostuvo que las “nuevas amenazas” representaban un peligro y entre ellas incluyó al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, las luchas étnicas, los desastres naturales, la pobreza extrema y las migraciones masivas [3].

Tampoco es una idea renovadora el intento de modificar la ley 24.059 de Seguridad Interior, la 23.554 de Defensa Nacional y/o su decreto reglamentario 727/2006, que han sido cuestionadas desde el mismo momento en que fueron aprobadas por –paradójicamente– funcionarios radicales como Horacio Jaunarena, López Murphy, Julio Martínez y Oscar Aguad. En efecto, Petri explicó que el cambio del decreto 727/2006 “consistirá en la complementación a las tareas de control y vigilancia que ya realizan las fuerzas de seguridad, particularmente Gendarmería, y la cooperación con los países limítrofes para atacar flagelos comunes que tenemos en nuestras fronteras, como por ejemplo el narcotráfico”.

Por último, tampoco es una novedad que Estados Unidos pretenda convertir a nuestras Fuerzas Armadas en Small Armed Forces y/o Crime Fighters patrullando las calles de Rosario; porque claramente ninguna fuerza interamericana se desplegará en las calles de Filadelfia del mayor consumidor de droga en el mundo. Desde principios del siglo XX, los objetivos estadounidenses hacia América Latina han sido una constante. Entonces, se puede inferir, ceteris paribus, que los actores políticos y sociales (militares [4], empresarios, entre otros), colaboradores de la periferia, han tenido en el pasado y pretenden en el presente que las Fuerzas Armadas dejen de serlo y cumplan roles policiales. Ya sea debido a sus sistemas de creencias y/o intereses, estos han tenido un rol clave en la definición en la agenda pública y/o en la agenda gubernamental para que la Argentina pierda capacidades para defender sus intereses vitales y estratégicos; al menos desde 1955.

La postura que han tenido y tienen estos actores hacia las Fuerzas Armadas es la misma que adoptan frente a la “cuestión Malvinas”, porque sin tener las primeras, el reclamo se debilita. Así, mientras la canciller argentina, Diana Mondino, cedía a las pretensiones británicas sin obtener nada a cambio; casi en simultáneo, el gobierno de la República de Mauricio recuperó la soberanía del Archipiélago de Chagos.

En función del panorama expuesto, si La Libertad Avanza no logra resucitar mediante sus artes oscuras a Julio Argentino Roca, Estanislao Zeballos, Luis María Drago, Carlos Calvo o Carlos Saavedra Lamas; podría solicitar asistencia a la República de Mauricio para defender los intereses vitales y estratégicos de la Argentina.

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[1] En el caso de argentina, este grupo militar estuvo instalado en el Ministerio de Defensa hasta el año 2006. ¿Se imaginan a un grupo militar argentino instalado en el Pentágono?

[2] Citado por Sergio Eissa (2015). ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (183-2010)”. Buenos Aires: Arte y Parte.

[3] Ver la página 54 del libro Enemigos Íntimos. Los militares y Kirchner, de Guido Braslavsky.

[4] Consideramos a los militares como actores políticos entre 1930 y 1990.

Fuente: elcohetealaluna.com