La guerra mapuche sacude a Chile
La semana pasada murió un dirigente en un tiroteo con carabineros; contactos con las FARC y grupos vascos
Enfrentamiento entre carabineros y mapuches por la muerte de un dirigente indígena. Foto: AFP
Los últimos enfrentamientos entre los carabineros chilenos y las comunidades mapuches por los reclamos de tierras aumentaron la tensión en el sur del país, más precisamente en la región de La Araucanía, que limita con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
El jueves pasado murió, durante un tiroteo con carabineros, Jaime Mendoza Collio, un conocido dirigente mapuche. Es el tercer muerto de los últimos años en situaciones similares. El activista mapuche estaba en un predio ocupado ilegalmente junto con otros dirigentes.
Inmediatamente recrudeció el conflicto: hubo policías y periodistas heridos. El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU comenzó a revisar el caso de Chile, ante una escalada en la violencia.
En Chile existen nueve etnias; aymaras, atacameños, collas, diaguitas y quechuas, repartidos en el norte del país; rapa nui, en la isla de Pascua; kawashkar, yaganes y mapuches, en el Sur. Precisamente, este último grupo, el más numeroso, con cerca de un millón de personas, ha sido el foco de atención en este país durante los últimos tiempos con el recrudecimiento de la violencia en la zona.
Luego de la detención del máximo líder de la organización extremista Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, también la semana pasada, y del número dos, Luis Trancal, hace cuatro días, Carabineros realizó allanamientos en los cuales descubrió proyectiles de alto calibre y gran cantidad de explosivos. Asimismo, la policía confirmó la presencia de tres extremistas vascos de la agrupación Askapena que estarían asesorando a las comunidades en su lucha. El Ministerio Público chileno también investiga nexos comprobados con las FARC.
Un grupo anarquista chileno se adjudicó la bomba que estalló en la oficina de LAN Argentina en pleno centro de Buenos Aires, y uno de los reclamos es la liberación de dos dirigentes mapuches chilenos detenidos en Neuquén.
En Chile, los problemas radican en dos regiones específicas: la del Bío Bío y La Araucanía. Actualmente, hay más de 400 procesados por delitos y casi 40 presos, la mayoría de ellos por atentados y protestas.
Durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, un decreto intentó terminar con las comunidades mapuches y su propiedad en común: los indígenas denuncian que parte de ese esquema sigue vigente.
"En Chile no hay presos políticos mapuches. Aquí nadie está encarcelado porque tenga una ideología determinada o porque sea parte de una etnia originaria. Si una persona quema la casa de un vecino va a la cárcel, sea mapuche o no, porque se trata de un delito", dijo la presidenta Michelle Bachelet durante una gira en Holanda, en mayo de este año.
Uno de los grandes fracasos estatales ha sido la puesta en marcha de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), dependiente del Ministerio de Planificación, que durante los gobiernos de la Concertación buscó la integración de estos grupos, con sonados fracasos, desvíos de dinero y visos de corrupción.
Reclamos en zonas del Ejército
Sin la agresividad que se ve en Chile, pero con acciones de alta visibilidad pública, las comunidades aborígenes argentinas piden la restitución de unos 15 millones de hectáreas, como informó ayer LA NACION. Muchos de esos terrenos están en poder del Estado nacional y de las provincias y son reclamados por los mapuches locales. Es el caso de cuatro demandas al Ministerio de Defensa, donde afirmaron que se tramita la solución de esos conflictos con acuerdos extrajudiciales.
Uno de los focos principales de esas contiendas se da en las cercanías de Esquel, en el paraje conocido como Legua 4. Se trata de unas 2000 hectáreas, de buenas condiciones para la agricultura, que eran usadas por el Ejército como campo de maniobras. La resolución del tema llegaría allí a través de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la provincia de Chubut, por el cual la fuerza militar cedería el terreno a cambio de obras de infraestructura en unidades castrenses de esa provincia.
El conflicto en Legua 4 empezó en los años 30, con el desalojo de esa zona para generar un campo militar. Aquellos funcionarios que siguen los trámites legales de la controversia explicaron que, en su momento, hubo un pago a quienes mostraron títulos de propiedad, pero en el lugar habitaban personas que no tenían el dominio legal de los terrenos que ocupaban.
En principio, se había acordado con el gobernador Mario Das Neves el intercambio de ese lugar militar por otras tierras cercanas donde se pudieran realizar maniobras. Sin embargo, un inconveniente legal en esa transferencia demoró el acuerdo y se tomó ahora la decisión de ceder Legua 4 por obras en regimientos.
En Bariloche, se ubica otro punto conflictivo. La comunidad mapuche local reclama unas 500 hectáreas cercanas al turístico cerro Otto. Allí también se suma un reclamo en parte de las 4000 hectáreas que la Escuela Militar de Montaña posee en la región conocida como Circuito Chico.
Otro sector que se encamina a una solución está en San Martín de los Andes, donde se discuten 1300 hectáreas en posesión del Ejército, aunque fueron entregadas a Parques Nacionales. Menos problemas al Estado nacional ocasiona una exigencia mapuche en el casco urbano de la ciudad de Neuquén, donde el Ejército cedió a la provincia 126 hectáreas para el desarrollo de un polo administrativo. Daniel Gallo
En el Norte no se lucha por tierra sino por sobrevivir
Alto índice de pobreza en pueblos originarios
En el Norte salteño, aparece Tartagal como ícono de las protestas. Las comunidades originarias de esa zona adoptaron al corte de la ruta nacional 34 como una forma de arrancar concesiones al gobierno provincial y a las empresas de hidrocarburos que están allí instaladas.
El Banco Mundial otorgó una línea de crédito para asistir a las comunidades originarias. El dinero se reparte a criterio del gobierno nacional, mediante un seguro de capacitación y empleo. El documento del Ministerio de Trabajo que habilitó esa ayuda económica establece las características de los pueblos originarios en la Argentina, de acuerdo con la encuesta complementaria de hogares realizada por el Indec en 2001. Esa información señala que hay 281.959 hogares en los que, por lo menos, vive un integrante de un pueblo originario. El 23,5% de esos hogares tiene insatisfechas las necesidades básicas. El promedio nacional, en ese aspecto, es del 13,8%.
Los niveles más altos de necesidades insatisfechas se encuentran en Formosa (74,9%), en Chaco (66,5%) y en Salta (57,4%). El analfabetismo es muy alto, encontrándose los peores índices entre los Mbya guaraní, de Misiones (29,4%), y los wichís, repartidos en Chaco, en Formosa y en Salta, con el 23,4%.
Esa situación deriva, en muchos casos, en el aprovechamiento político de las comunidades. A comienzos de este año, punteros del kirchnerismo reunieron en Buenos Aires a representantes de etnias para acordar un plan de acción tan ambicioso como de poco probable concreción. Se apuntaló, en ese encuentro, el reclamo de las comunidades de contar con una ley de cupo para acceder a los tres poderes del Estado, además de planificar la creación de un ministerio indígena. Más allá de esas promesas, los pueblos originarios del Norte mantienen un nivel de vida que apenas les permite sobrevivir y protestar.
Fuente: lanacion.com
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