| Traducido para Rebelión por S. Seguí |
Los derechos de autor surgieron después de que la imprenta hiciera de la reproducción una cuestión de producción en serie, generalmente con fines comerciales. Los derechos de autor eran aceptables en este contexto tecnológico, ya que funcionaban como una regulación de la actividad industrial, sin que supusieran un impedimento para los lectores o (más tarde) los oyentes de música.
En la década de 1890, las compañías discográficas empezaron a vender grabaciones musicales producidas en serie. Estas grabaciones facilitaban el disfrute de la música, y no eran un impedimento para escuchar la música. Los derechos de autor aplicados a estas grabaciones musicales fueron comúnmente aceptados, en la medida en que únicamente afectaban a las empresas discográficas y no a los oyentes de la música.
Hoy en día, la tecnología digital permite a cualquiera hacer y compartir copias. Las compañías discográficas pretenden ahora utilizar la ley de derechos de autor para negarnos el uso de este avance técnico. La ley, que era aceptable cuando se limitaba a las editoriales, es ahora una injusticia en la medida en que prohibe la cooperación entre los ciudadanos.
Impedir que la gente comparta va en contra de la naturaleza humana, y la propaganda orwelliana que afirma que "compartir es un robo", generalmente cae en saco roto. Por lo que, aparentemente, la única manera de impedir que la gente comparta es librar contra ella una dura Guerra al Intercambio. Así, las compañías discográficas, mediante las armas legales de que disponen, como la RIAA, demandan a los adolescentes por cientos de miles de dólares por compartir música. Mientras tanto, conspiraciones empresariales para restringir el acceso del público a la tecnología han desarrollado sistemas de Gestión de Restricciones Digitales diseñados para maniatar a los usuarios e imposibilitar las copias. Los ejemplos incluyen iTunes, así como los DVD y discos BlueRay. (Véase DefectiveByDesign.org para más información.) A pesar de que estas conspiraciones suponen una limitación del comercio, los gobiernos renuncian sistemáticamente a cualquier acción penal.
A pesar de estas medidas, se sigue compartiendo: la tendencia humana a la cooperación es fuerte. Por lo tanto, las compañías de discos y otros editores exigen nuevas medidas, cada vez más drásticas para castigar a quienes intercambian. EE UU aprobó una ley en octubre de 2008 que permite incautarse de los ordenadores utilizados para compartir. La Unión Europea está estudiando una directiva para desconectar de los servicios de Internet a aquellas personas que han sido acusadas (no condenadas) de compartir. (Si el lector desea oponerse a esta medida consulte laquadrature.net.) En 2008, Nueva Zelanda adoptó ya una ley de estas características.
En una reciente conferencia de la industria cinematográfica a la que asistí, un participante propuso exigir que las personas acrediten su identidad antes de acceder a Internet. Una vigilancia de este tipo también contribuiría a suprimir la contestación y la democracia. China ha anunciado que aplicará una política similar en sus cibercafés. ¿Será la Unión Europea la siguiente? Un parlamentario británico ha propuesto penas de cárcel de diez años para los acusados de compartir. La medida no ha sido aprobada… aún. Mientras tanto, en México se está incitando a los niños a informar sobre sus propios padres, al estilo soviético, cuando éstos realicen copias no autorizadas. Parece que hay no hay límite a la crueldad que la industria de los derechos de autor manifiesta en su Guerra contra el Intercambio.
El principal argumento de las compañías discográficas para prohibir el intercambio es que provoca la pérdida de puestos de trabajo. Esta afirmación resulta ser una mera conjetura. Pero aunque fuera cierta, no justificaría la guerra contra el intercambio. ¿Hay que prohibir a la gente a limpiar sus propias casas para evitar la "pérdida" de puestos de trabajo de limpieza? ¿Prohibir que la gente se cocine, o prohibir el intercambio de recetas, para evitar la "pérdida" de puestos de trabajo en los restaurantes? Estos argumentos son absurdos, porque la cura resulta ser mucho peor que la enfermedad.
Las compañías discográficas también afirman que el intercambio de música sustrae dinero a los músicos. Se trata del tipo de verdad a medias que es peor que una mentira, además de que el nivel de verdad que encierra es muy inferior a la mitad.
Incluso si aceptamos la suposición de que usted habría comprado una copia de la misma música –por lo general falsa, pero de vez en cuando cierta– sólo los músicos que son superestrellas desde hace tiempo recibirían dinero de su compra. Las compañías discográficas imponen a sus músicos en el inicio de sus carreras unos contratos leoninos que los obligan a producir cinco o siete álbumes. Resulta casi inaudito que un disco publicado en el ámbito de aplicación de estos contratos venda un número de copias suficiente para que los músicos reciban un solo céntimo de las ventas. Aparte de las superestrellas bien establecidas, el intercambio sólo reduce los fondos que las empresas discográficas utilizan para demandar a los amantes de la música.
En cuanto a los pocos músicos que no sufren contratos explotadores, es decir, las superestrellas establecidas, que sean un poco menos ricos no plantea ningún problema ni a la sociedad ni a la música. No hay ninguna justificación para la Guerra contra el Intercambio. Nosotros, el público, deberíamos poner fin a la misma.
Hay quien dice que las compañías discográficas nunca conseguirán que la gente deje de compartir, que es imposible. Dada la disparidad de fuerzas entre los grupos de presión de la industria y los amantes de la música, desconfío de las predicciones sobre quién va a ganar en esta guerra; en cualquier caso, subestimar al enemigo es una locura. Debemos tener en cuenta que cualquiera de las dos partes puede ganar, y que el resultado depende de nosotros.
Además, incluso si las compañías discográficas no llegan a tener éxito en el aplastamiento de la cooperación humana, causan muchas desgracias sólo con intentarlo, y tienen la intención de seguir causándolas. En lugar de permitir que prosigan la guerra contra el intercambio hasta que admitan su inutilidad, hay que pararlas lo antes posible. Debemos legalizar el intercambio.
Hay quien afirma que la sociedad en red ya no es de utilidad para las compañías discográficas. No comparto esta posición. Nunca pagaré por una descarga de música hasta el día en que pueda hacerlo de forma anónima; deseo poder comprar cedés de forma anónima en una tienda de discos. No propongo la supresión de las empresas discográficas en general, pero no voy a renunciar a mi libertad para que sigan en funcionamiento.
El propósito de los derechos de autor –en las grabaciones musicales, o cualquier otra cosa— es sencillo: fomentar la escritura y el arte. Ese es un objetivo deseable, pero no hay límites a lo que puede justificar. Impedir que la gente intercambie con fines no comerciales es simplemente demasiado. Si queremos promover la música en la era de las redes de computadoras, tenemos que elegir los métodos que encajen con lo que queramos hacer con la música, y esto incluye el compartir.
He aquí varias sugerencias de posibles acciones:
- Los amantes de un determinado tipo de música podrían organizar clubes de fans que dieran apoyo a la gente a quien le gusta esta música;
- Se podría aumentar los fondos destinados a los programas oficiales de subvención de las actuaciones musicales;
- Los artistas podrían financiar obras costosas a través de suscripciones, con la devolución de los fondos utilizados en caso de mala realización del trabajo;
- Muchos artistas obtienen más dinero de la comercialización de productos –merchandising– que de las mismas grabaciones, por lo que no tiene motivos para restringir las copias, sino al contrario;
- Se podría apoyar a los artistas musicales con fondos públicos, distribuidos directamente en proporción a la raíz cúbica de su popularidad. Lo que significa que si la superestrella A es 1000 veces más popular como el dotado artista B, A recibirá 10 veces más fondos provenientes de los impuestos que B. Este modo de distribuir los fondos es un mecanismo eficaz de promoción de una amplia diversidad de música. La ley debería garantizar que las compañías discográficas no puedan confiscar estos fondos de los artistas, ya que la experiencia demuestra que lo intentarán. Para hablar de "compensar" el “titular de los derechos" es una velada manera de proponer dar la mayor parte de la recaudación a las empresas discográficas, en nombre de los artistas. Los fondos deberían provenir del presupuesto general o de una tasa especial sobre algo de algún modo relacionado con la escucha de la música, como por ejemplo los cedés en blanco o la conectividad a Internet. Cualquiera de estas maneras sería útil.
- Se podría apoyar a los artistas con pagos voluntarios. Esto ya funciona bastante bien para algunos artistas, como Radiohead, Nine Inch Nails y Jane Siberry (sheeba.ca), incluso utilizando sistemas poco prácticos que requieren que el comprador tenga una tarjeta de crédito. ¿Si los amantes de la música pudieran pagar fácilmente con dinero digital, si cada reproductor de música tuviera un botón que pudiéramos apretar para enviar un euro a los artistas que crearon esa pieza, acaso no apretaríamos el botón de vez en cuanto, quizás una vez por semana? Sólo los pobres y los muy tacaños se negarían.
Quizás tengáis otras buenas ideas. Apoyemos a los músicos y legalicemos el intercambio.
Artículo original publicado con arreglo a la licencia Creative Commons Attribution Noderivs, versión 3.0.
http://stallman.org/end-war-on-sharing.html
Fuente: Rebelion.org
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