Chile aún no saca miles de minas antipersona en la frontera común

El gobierno trasandino reconoció que necesitará ocho años más para poder cumplir con el tratado que obliga a destruir estos artefactos. Entre Chile y Argentina aún quedarían al menos 100.000 minas colocadas en 1978.

viernes, 15 de abril de 2011

Pedro Straniero - pstraniero@losandes.com.ar

Militares chilenos, con trajes protectores, buscan minas en una zona cercana a la isla de Tierra del Fuego. (Fotos: El Mercurio)

Según se conoció a través de agencias internacionales y medios de prensa trasandinos, el gobierno chileno hizo público ayer que necesitará un plazo de ocho años, a partir de ahora, para concluir con la tarea de ubicación y destrucción de decenas de miles de minas antipersona y antitanque que instaló su ejército en zonas fronterizas, la mayoría de ellas en los límites con Argentina, colocadas durante el conflicto por el canal de Beagle en 1978.

La novedad fue confirmada por el ministro chileno de Defensa, Andrés Allamand, quien dijo ayer a una radio del sur trasandino que solicitará a la Convención de Ottawa un plazo extra de 8 años para cumplir con ese operativo, comprometido por su gobierno al firmar el tratado internacional en 1999.

Según sean las distintas estimaciones, la cantidad de minas colocadas en zonas limítrofes chileno-argentinas varía entre 100.000 y 350.000.

La ONG trasandina Zona Minada calcula que entre Argentina y Chile hay 100.000 minas antipersona, 150.000 minas antitanque y “un número indeterminado de municiones militares que no han estallado”, el que no sería inferior a 30.000.

Una cifra menor, pero igualmente importante, quedaría aún en las fronteras chileno-bolivianas y chileno-peruanas.

De este informe de Zona Minada se hizo eco recientemente el legislador del Partido por la Democracia Guido Girardi Lavín -titular del Senado-, quien pidió acelerar el proceso de desminado, a la vez que detalló que, sólo en Chile, han muerto 150 personas por esta causa.
 

Del lado argentino, se han ocupado del problema el propio gobierno nacional, distintas organizaciones no gubernamentales y periodistas especializados.

Años atrás, Antonio Oieni, del diario El Tribuno de Salta, apuntaba que “en 1999 se contabilizaban 500.000 minas terrestres reconocidas por las fuerzas armadas chilenas en catorce pasos cordilleranos, desde Jama hasta Tierra del Fuego”. Y, tomando en consideración informes de la prensa chilena que registran que en los últimos 10 años Chile sólo pudo neutralizar el 13% de esa cifra, se podría calcular que el número de minas actualmente enterradas es superior a 400.000.

El mencionado ministro chileno Allamand agregó que durante los últimos cinco años, “las tareas con el objetivo de neutralizar las bombas se han acelerado por parte de unidades especiales del Ejército y de la Armada chilena”.

Las minas fueron sembradas durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990), ante el temor de que se produjeran ataques de Argentina, Bolivia o de Perú. En el caso de la frontera con nuestro país, la mayoría fueron puestas a fines de 1978, cuando el enfrentamiento por los límites y las islas del Canal de Beagle estuvo a punto de convertirse en conflicto armado.

Según Zona Minada, además de las 150 personas que murieron en accidentes, muchos han sufrido mutilaciones en sus miembros inferiores por los estallidos.

Chile, al igual que Argentina, Bolivia y Perú, se han comprometido a cumplir la Convención de Ottawa aprobada en 1997, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. El plazo dado para la conclusión del trabajo, en todo el mundo, es el año 2012. El tratado nunca fue firmado por EEUU, Rusia, China e India.

Tras la difusión del informe de Zona Minada, el senador trasandino Girardi reclamó: “Estamos en tiempo de paz y no hay ninguna justificación para que la población del país, y especialmente los turistas, se encuentren con que hay campos minados”. El parlamentario manifestó su deseo de que se incorpore en la política chilena, “con un presupuesto”, “la posibilidad de resolver esta peligrosa situación, y de que se instruya a la sociedad civil sobre esta temática”.

“Queremos pedirle al ministro Allamand que este sea un tema prioritario y que Chile sea, en el lapso más breve posible, un país sin minas. Sabemos que es caro y que es difícil, pero no se justifican estos riesgos”, sostuvo Girardi.

A su turno, el titular de Zona Minada, Elir Rojas, advirtió que “se debe ir un poco más rápido en el proceso de eliminación de las minas si se quiere cumplir con la Convención de Ottawa. Todos somos potenciales víctimas. Mientras tengamos estos remanentes de guerra la seguridad va a estar frenada”, señaló Rojas. Además, destacó que “el fortalecimiento de los programas de información y prevención no es sólo una responsabilidad de las Fuerzas Armadas sino de todo el país”. 

Argentina ya cumplió con la Convención de Ottawa

Nuestro país terminó de destruir las minas antipersona que había en su territorio el 4 de diciembre de 2003. Ese día, en una ceremonia simbólica y solemne realizada en Campo de Mayo, las últimas veinte minas en stock fueron bajadas a un pozo por el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, quien se encargó de apretar el detonador para volarlas.

Eran las últimas de un total de 100.000 que tenían almacenadas entre la Armada y el Ejército, algunas para fines de entrenamiento pero la mayoría rescatadas de sus emplazamientos en zonas fronterizas.

Así, nuestro país daba cumplimiento a lo dispuesto por la Convención de Ottawa. Sin embargo, queda aún una materia pendiente: la "limpieza" de las minas antipersona enterradas en las Islas Malvinas, producto de la guerra de 1982.

Una tarea de la que nuestro país no se puede encargar por el momento. La obligación la tendría Gran Bretaña, también firmante de la Convención de 1999.

Un "cazabobos" en Uspallata

En octubre de 2000, tras un sorprendente hallazgo realizado por un equipo de diario Los Andes, personal del Ejército Argentino con asiento en Mendoza retiró e hizo estallar una mina antipersona enterrada a la vera de las vías en una estación abandonada del ferrocarril Trasandino, cerca de Uspallata.

En la ocasión, el teniente de Arsenales Adrián Pérez, del Grupo de Artillería de Montaña, a cargo del operativo, explicaba: "Se estima que este material data de la época del conflicto con Chile en 1978. Es una carga hueca y minas antipersonales similares a las que se utilizan hoy".

En la crónica, el periodista Nicolás García detallaba: "Los militares llaman ?cazabobos' a este tipo de artefactos. El sugestivo nombre ilustra el objetivo de la mina. En este caso, se trataba de una carga de hexógeno, combinada con minas antipersona de trotyl y un cordón detonador de pentrita? Estaba colocado en un paredón pegado a la vía, y conectado a los rieles por el cable detonador, de modo que si un vehículo o persona pisara el ?cazabobos', generaría una explosión que causaría un derrumbe sobre la vía. Como se trata del punto más angosto en la traza hacia Uspallata, ese estallido hubiera bloqueado completamente el acceso, por lo menos en ese lado del río Mendoza".

Fuera de este curioso aunque preocupante episodio, no tenemos noticias de otros hallazgos similares en nuestra geografía. Si alguna vez hubo minas del lado argentino en Mendoza y se retiraron, ni el Ejército ni el Gobierno lo hicieron público.

El tratado internacional antiminas

El Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, formalmente denominada Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y sobre su destrucción, es un tratado internacional de desarme que prohíbe la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersona.

La Convención fue avalada por la Organización de las Naciones Unidas y entró en vigor el 1 de marzo de 1999.

La Convención fue negociada a fin de paliar las insuficiencias del Protocolo II (sobre la prohibición o la limitación del empleo de minas, trampas y otros dispositivos) de la Convención sobre ciertas armas convencionales que varios Estados juzgaban inadecuado para responder eficazmente al desafío de la prohibición total de minas antipersonales.

A pesar del gran apoyo internacional a la Convención, su éxito sigue siendo relativo porque la mayoría de los Estados productores o utilizadores de minas antipersona se niega a adherirse al texto.

Para febrero de 2009, 156 países habían ratificado el Tratado y dos Estados lo habían firmado, pero sin ratificarlo.

37 Estados, incluyendo la República Popular de China, la India, Rusia y los Estados Unidos, no son parte de la Convención.

Entre otros puntos, cada Estado miembro se compromete a:
 

- Nunca emplear, poner a punto, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir a quien sea minas antipersona.

- Destruir todas las minas antipersona en su posesión a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la Convención. 

Fuente: Los Andes Online