Asistimos a la preparación de una nueva ofensiva por la regulación de los contenidos de Internet
Otra vez SOPA
Diario La República
Quince años atrás,
en 1996, el Congreso de los Estados Unidos desarrolló el primer intento
significativo de regulación de los contenidos en Internet mediante el
“Communications Decency Act” (CDA). Se trató de una iniciativa
introducida un año antes al Comité del Senado para el Comercio, la
Ciencia y el Transporte, por los senadores James Exon (del Partido
Demócrata, además de gobernador reelecto en dos oportunidades por el
estado de Nebraska, fallecido en 2005) y Slade Gorton (del Partido
Republicano, senador por el estado de Washington). En esa instancia la
votación fue ampliamente favorable con 84 votos a favor y solo 16 en
contra. Convertida en ley y firmada por el ex presidente Bill Clinton,
probablemente en una pausa de sus “decentes” atenciones a la becaria
Mónica Lewinsky en el salón oval, produjo una inmediata reacción de la
minúscula sociedad civil internacional ciberciudadanizada de entonces.
La
excusa jurídica resultaba la protección de los menores ante la
transmisión de materiales de carácter “obsceno o indecente”. Pretendía
ser evidentemente una ley moralmente ejemplar. Un amplio movimiento
virtual por la libertad de expresión se constituyó espontáneamente en
repudio a esta disposición legal. Por ejemplo la “Black World Wide Web
Protest”, sugirió a todos los webmasters del mundo que colocaran fondos
negros en sus sitios en señal de luto y la “Electronic Frontier
Foundation” lanzó la campaña “Blue Ribbon Online”, consistente en
distribuir digitalmente un cinta o crespón azul (que representaba la
libertad de expresión) para ser colocado en todas las páginas. Conservo
vívidos recuerdos de aquellas luchas porque precisamente en los días de
su apogeo, presentamos en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias
Sociales la página “hipersociología” que atrajo además de cierto público
específicamente académico, a otro simplemente fascinado por la
elemental curiosidad de ver proyectada por primera vez una página web en
pantalla gigante o simplemente enterarse sobre qué era la web. El
desarrollo de Internet en Argentina era por entonces apenas incipiente y
ni siquiera la propia facultad contaba con una página propia, ni mucho
menos conexión a Internet. Además de haber puesto la “blue ribbon” en la
portada del sitio, se repartía en el ingreso al auditorio, para
sorpresa de los asistentes, una cinta azul física con un alfiler al modo
de una escarapela, ocupando esa protesta luego, un lugar importante en
la presentación, además de nuestra propia campaña “libros gratis para el
2000″.
Aquella pretensión legislativa censora tuvo un final feliz
ya que la CDA fue finalmente rechazada en sus aspectos fundamentalmente
represivos y punitivos hasta ser anulada. Habrá quien fundamente el
resultado en fallos jurídicos específicos que efectivamente existieron y
resultaron contundentes. Tal el caso de los procesos que en ese mismo
año se desarrollaron en Filadelfia y Nueva York donde una corte de
jueces federales anularon parte de la CDA, arguyendo que infringía los
derechos de libertad de expresión y calificaban de ambigüedad e
inconsistencia a la noción de indecencia, inclusive en lo referido a los
menores. Pero el golpe de gracia lo recibió un año después por parte de
la Corte Suprema que sostuvo que las disposiciones sobre indecencia
tenían un carácter inconstitucional respecto de la Primera Enmienda
sobre libertad de expresión, ya que no permitía a los padres decidir por
sí mismos qué material era aceptable para sus hijos, además de no
definir jurídicamente la expresión “ofensivo”. También que el propio
material impreso tradicionalmente, como las novelas eróticas existentes,
pasarían a ser ilegales por el mero hecho de ser publicadas en
Internet. De este modo la ley pasó a mejor vida y seguramente Clinton
haya podido enseñar sitios a su becaria desde la misma conexión de la
Casa Blanca.
Sin embargo, aunque entre causas y efectos existe una
relación dialéctica y por tanto se interpenetran mutuamente, considero
que las intervenciones jurídicas son, antes bien, una resultante de las
relaciones de fuerzas entre intereses de la sociedad y no su motor
regulatorio. En este caso, tanto las protestas virtuales en aquel
período de lactancia de Internet, como los intereses capitalistas de los
proveedores de conectividad, de hosting, contenidos y publicidad,
convergieron para frenar la iniciativa censora, pretendidamente
moralista. El capitalismo no se organiza por principios éticos sino por
la libertad de apropiación de ganancias y explotación: la única
innegociable.
En estos días, asistimos a la preparación de una
nueva ofensiva por la regulación de los contenidos de Internet de igual o
mayor magnitud que la resumida en las líneas precedentes, aunque no por
decencia alguna sino apelando a la -más sincera- intención de defender y
expandir la propiedad intelectual y su consecuente lucro, tendencia de
la actual fase del capitalismo que ya hemos destacado desde estas
páginas. El Congreso de los Estados Unidos está promoviendo ahora la
iniciativa “Stop Online Piracy Act” (SOPA), un proyecto para frenar la
“piratería” bajando los sitios web que infrinjan “sus” leyes de
propiedad intelectual, pero no solo en su territorio, sino
pretendidamente en el mundo entero. Con ser grave, va inclusive mucho
más allá en dos dimensiones complementarias. Por un lado porque no solo
se refiere a quienes violen esas leyes, sino que tengan “alta
probabilidad” de hacerlo, con lo cual solo basta una sospecha, sin
resolución judicial alguna. Por otro porque lo extiende no solo hacia
los “infractores directos” sino sobre cualquiera que facilite o permita
la infracción, llegando hasta el extremo de los propios proveedores de
conectividad que no tomen medidas ante una tal “alta probabilidad” de
violación de la propiedad intelectual.
Ante algo que afecta
intereses económicos, la sanción prevé, en primer lugar, retaliación por
idénticos medios: apela al chantaje económico advirtiendo a todas las
empresas o instituciones que le den financiación al sitio, como
avisadores, proveedores de pagos online o de giros, desde tarjetas de
crédito hasta sistemas como Paypal, casi todas ellas de origen
norteamericano, para que dejen de hacerlo, lo que ya configura una
primera posibilidad de incidencia fuera de sus fronteras. Obviamente el
lobby principal que alimenta esta caldera represiva encarnada en el
proyecto es la llamada industria del entretenimiento, aunque para ello
debe contar con la colaboración de los sistemas bancarios y financieros
con base en los Estados Unidos.
Pero en segundo término, esta SOPA
se sazona con otro ingrediente: el “Protect-IP” que prevé el bloqueo
del dominio (la dirección web) aún fuera de la jurisdicción
estadounidense a través de sus propios proveedores de Internet y la
presión hacia los buscadores (también casi exclusivamente
norteamericanos) para borrar el sitio de sus resultados o para presionar
a sus propios sitios, para que eliminen los links hacia lo que
consideren de alta probabilidad de infracción. Algo similar al proceso
de censura que se ejerce en China con determinados sitios por lo que
algunos ironizan trazando un paralelo entre la histórica y monumental
Gran Muralla y un gran firewall norteamericano.
Dado que los
dominios carentes de “dominio país” (como los .com, .org, o .net) están
asignados por el registro de nombres de dominio en los EEUU, el proyecto
de ley pretende afirmar que es efectiva su jurisdicción sobre millones
de nombres de dominio independientemente del lugar donde el servidor
esté alojado o resida el solicitante o propietario. Incorpora además a
su alcance jurídico las de carácter regional que el “American Register
for Internet Numbers” (ARIN) asigna, que incluye además a Canadá y 20
países del Caribe.
Nuestro colega Juan Gelman, habitual
editorialista de este diario, publicó el jueves pasado en el matutino
argentino “Página 12″, una contratapa alertando sobre las preocupaciones
de las principales potencias por la seguridad en Internet, deslizando
su urgente interés por la intervención en la red. No se refiere a lo
expuesto aquí pero sus conclusiones no son sino complementarias al SOPA
que seguramente, en caso de prosperar, no se detendrá en la esfera del
entretenimiento para pasar al plano del pleno control de la vida
cibersocial y cibercultural.
El proyecto de ley completo puede
encontrarse en la sección novedades de la página inaugurada hace 15 años
(hipersociologia.org) aunque de promulgarse habrá que acceder agregando
.ar (cosa prevista) para evitar una intervención directa del
Protect-IP.
La ciberciudadanía actual es infinitamente más amplia y
extendida que la del ´96 y por tanto tiene potencialmente una fuerza
muy superior si se organiza y resiste este y futuros intentos de
atropello. El SOPA amenaza a muchos más que a la Mafalda de Quino: la
humanidad toda.
Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
Fuente: Rebelion.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario