El verdadero tesoro del ARSAT-3
La discusión alrededor de la carta de intención entre ARSAT y la estadounidense Hughes pasó por alto cuál es el núcleo de los intereses nacionales que se ven afectados en el área de las telecomunicaciones satelitales: la posición orbital en juego.
Por Carlos de la Vega 

El 16 de julio pasado, en el programa Economía política (C5N), el periodista Darío Gannio dio a conocer una carta de intención suscripta el 29 de junio de 2017 por el presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, y la empresa estadounidense Hughes Network Systems, con relación al futuro del tercer satélite geoestacionario argentino (ARSAT-3), previsto por la Ley 27.208 de 2015.

El plan satelital se había comenzado a ejecutar en 2006 con la creación de ARSAT (Ley 26.092), empresa adquirente y operadora de los ARSAT-1 y 2, diseñados y fabricados por INVAP y puestos en órbita en 2014 y 2015, respectivamente.

El acuerdo ARSAT-Hughes fue presentado como prueba de la primera privatización del macrismo, que recaería sobre una de las empresas estatales más emblemáticas de los últimos años, que alcanzó logros tan notables como haber puesto en órbita en pocos años dos satélites geoestacionarios de ingeniería y producción nacional, haber tendido y operado la mayor red de fibra óptica del país, ser la titular de las dos posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (72° longitud oeste y 81° longitud oeste) y de las frecuencias de transmisión asociadas, además de haber instalado y gestionado la red federal de Televisión Digital Abierta (TDA) y un centro de datos de primer nivel internacional.

Las posiciones orbitales referidas son los sitios, a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador, donde mejor funcionan los satélites de telecomunicaciones. Ellas son un bien estratégico, dado que los lugares son limitados y los artefactos que se envían a esa órbita no paran de aumentar. 

El acuerdo firmado por el titular de ARSAT, Rodrigo De Loredo, con la estadounidense Hughes, debía mantenerse en secreto, tanto en lo referente a la carta de intención como a los planes de negocios posteriores.

Sin embargo, del texto firmado por De Loredo —yerno del ahora ex ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad—y Hughes, no se deduce que se pretenda vender ni privatizar ARSAT, lo que requeriría autorización del Congreso de la Nación por lo establecido en los incisos I) y IV) del artículo 7 de la Ley 26.092, aunque no por eso el documento es menos peligroso para la incipiente industria satelital argentina.

La razón de un deseo

El acuerdo entre ARSAT y Hughes no hace alusión a la propiedad de la primera. Su objetivo es la creación de una tercera empresa, denominada de modo genérico “Newco”, para detentar la propiedad y la explotación del nuevo satélite geoestacionario por construirse —el ARSAT-3—, sus frecuencias de transmisión y los equipos de comunicación de tierra asociados, a fin de brindar banda ancha satelital sobre la Argentina, con posibilidad de expandirla a América del Norte. Según lo acordado, Hughes será propietaria de Newco en un porcentaje no menor al 51% y ARSAT contará con una participación no mayor al 49%.

Ahora bien, entre los compromisos asumidos está que la Argentina asigne en favor del ARSAT-3, cuyo control estará en manos de Hughes, alguna de las orbitales que posee como país o la eventual posición 91,5° longitud oeste (L.O.). Las dos primeras (72° y 81° L.O.) pertenecen al patrimonio de ARSAT por lo establecido en el Decreto PEN 626/2007 y el artículo 10 de la Ley 27.208, y cualquier acto de disposición sobre las mismas precisa de la aprobación del Congreso de la Nación, un requisito ausente en la carta de intención firmada.

Resulta intrigante la referencia a la posición 91,5° L.O., dado que no está actualmente asignada a la Argentina. No obstante, se asume el compromiso de gestionarla a favor del ARSAT-3, o sea, de Newco. Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y ex subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Defensa, se preguntó: “¿No será que, en realidad, se trata de la posición orbital que busca Hughes? Como todavía no fue asignada a la Argentina, quizás podría ser solicitada para que directamente sea asignada a Newco (empresa controlada por Hughes) y, de esta forma, disimular que no forma parte del patrimonio de ARSAT y tratar de burlar la necesidad de la autorización del Congreso”.

Para Iriondo, el verdadero objetivo de la empresa norteamericana sería conseguir una especie de usufructo de al menos una de las orbitales argentinas y sus frecuencias de transmisión asociadas, especialmente la banda Ka (26,5 GHz a 40 GHz), muy apta para transportar grandes cantidades de datos y que no está presente en las capacidades de los ARSAT-1 y 2. Eso se lograría controlando el satélite ubicado en dicho orbital.

ARSAT se convirtió en una de las empresas estatales más emblemáticas de los últimos años, con logros como la puesta en órbita de dos satélites geoestacionarios de ingeniería y producción nacional, construidos por INVAP.

Plazos, secretos y Nueva York

La carta de intención (acuerdo) entre ARSAT y Hughes tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y fija como fecha final para suscribir el acuerdo al próximo 31 de agosto, aunque si las partes lo deciden ese hito temporal podrá prorrogarse. El acuerdo final deberá contener un plan de negocios a 15 años con el detalle del capital que cada parte deberá aportar y las cuestiones técnicas del ARSAT-3, aunque previamente Hughes se ha reservado, a través de la futura Newco, el poder de decisión exclusiva sobre los procedimientos de gestión de la carga útil del satélite.

Curiosamente, las partes se comprometieron también a mantener en secreto, tanto la carta de intención, que finalmente se filtró al público, como los planes de negocios posteriores. Es decir, una decisión tan trascendente con materia de desarrollo para el país, debía realizarse en total sigilo.

Todo el acuerdo queda sometido a las leyes y los tribunales de Nueva York, un hecho sumamente gravoso teniendo en cuenta que el objeto principal de aquel discurre prácticamente en su totalidad bajo jurisdicción argentina.

Los riesgos para el desarrollo satelital 

El acuerdo firmado le otorga a Hughes la exclusividad en la provisión de los sistemas de recepción terrestre.

La carta de intención señala que INVAP será el fabricante del ARSAT-3, lo que es una excelente noticia, sobre todo luego de que el Gobierno de Macri suspendiera el desarrollo de este proyecto al iniciar su mandato. Pero también coloca a la empresa franco-italiana Thales AleniaSpace como proveedora principal del equipamiento de comunicaciones que portará el ARSAT-3 y a Hughes como suministradora de los sistemas terrestres. Esto presenta serios riesgos para avanzar en el cumplimiento de la hoja de ruta esbozada en la Ley 27.208, que contempla la producción de ocho satélites geoestacionarios argentinos y un progresivo esquema de nacionalización de sus componentes.

El problema no está en contar con proveedores extranjeros, ya que, de hecho, la mayoría de los componentes críticos de artefactos tan complejos como los satélites son producidos por un pequeño puñado de países desarrollados. Cuestiones de desarrollo tecnológico y de escala para hacer económicamente viables estas producciones tornan muy difícil que otras naciones vayan a hacerlos.

Eso en nada desmerece los logros de INVAP o de la Argentina en su conjunto en el área satelital, que adquirió la capacidad de diseñar un satélite, integrar sus componentes y desarrollar gran parte de software de control, como ocurrió con los dos ARSAT previos, o de construir una plataforma satelital. No son éxitos menores y demuestran un dominio tecnológico que no es opacado por tener que adquirir parte del equipamiento en el extranjero.

Por ejemplo, Thales AleniaSpace ya viene siendo proveedora de INVAP para los ARSAT-1 y 2, y eso hace a la correcta gestión de estos proyectos. Sin embargo, una cosa es tener la decisión sobre qué componentes se van a desarrollar o producir y cuáles no, y otra muy distinta es atarse de antemano a un proveedor extranjero. Incluso, a la hora de comprar, la libertad de contratar permite diversificar la relación con proveedores y orientar las adquisiciones según los propios intereses. Esta libertad de decisión es lo que parecería dejarse de lado en el acuerdo ARSAT-Hughes.

El tesoro escondido

La fabricación de artefactos espaciales demanda grandes esfuerzos tecnológicos pero desde el punto de vista financiero no es el negocio más jugoso. Airbus Defence and Space, el mayor fabricante de satélites del mundo, en 2016 tuvo ingresos por 13.707 millones de dólares. DirecTV, el más grande operador de televisión satelital del planeta, que no fabricó ninguno de los 13 satélites que posee, en 2014 facturó 33.214 millones de dólares gracias a los negocios de televisión e Internet satelital.

Pero los servicios de telecomunicaciones que se pueden ofrecer a partir de plataformas satelitales son más variados. Este parecería ser el tesoro que persigue Hughes, que en Estados Unidos es el primer proveedor residencial de Internet, con más de un millón de clientes, servicio que también brinda en Brasil, además de sus negocios en la venta de conectividad vía satélite para gobiernos, defensa y empresas privadas. En la Argentina, Hughes ya había hecho un acuerdo con ARSAT para proveer equipos de recepción satelital para escuelas públicas rurales.

Esta visión del negocio de las telecomunicaciones la tenía presente el Gobierno kirchnerista cuando concibió ARSAT como una empresa integrada desde la titularidad de los derechos orbitales hasta las redes de fibra óptica, pasando por la propiedad de los satélites geoestacionarios y las instalaciones de transmisión terrenas. A esto se añadía la propia gestión y comercialización de los servicios generados con esas capacidades, al menos en el mercado mayorista. La introducción de un socio de ARSAT con poder de control, precisamente en el segmento de prestación y comercialización de estos servicios, condiciona a la empresa estatal argentina en esta singular fuente de riqueza, aun cuando ella misma no sea tocada en su propiedad pública.

Como escribió en Página/12 el especialista en historia de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de San Martín y director de TSS, Diego Hurtado, “el punto crucial es que el plan del macrismo supone la destrucción de una concepción sistémica de creación de un nuevo sector de alto valor agregado en la economía argentina: servicios satelitales, desarrollo de tecnologías incremental de satélites, procesos de transferencia de tecnología, formación de proveedores nacionales y de recursos humanos calificados. Como parte de este plan –que no es kirchnerista, sino una política pública–, la soberanía satelital resulta una variable clave para resguardar la capacidad de tomar decisiones autónomas acerca de cómo maximizar los beneficios económicos y sociales en la prestación de servicios y en el desarrollo de tecnologías que en pocos años podrían comenzar a exportarse. Se trata de un área que las economías centrales consideran estratégica”.

Los continuadores del neoliberalismo de los noventa han retornado pero sin que el tiempo haya pasado en vano para ellos. Vuelven con metodologías más sutiles y propagandas más efectivas. Así, se corre el riesgo de no captar a tiempo por dónde vendrá la nueva enajenación de las riquezas nacionales y sobre cómo actuar para evitarlo. 



Fuente: Agencia TSS