Corte de energía en el plan nuclear

La suspensión de la construcción de las dos centrales nucleares acordadas con China abre un serio interrogante sobre el desarrollo nuclear en la Argentina y sobre el futuro de trabajadores y empresas de este sector. TSS habló con referentes del área nuclear acerca del impacto que puede tener la decisión del Gobierno.

Por Matías Alonso 

Como un apagón inesperado vivió el sector de la energía nuclear la noticia de que el Gobierno decidió suspender el acuerdo con China para la construcción de las dos centrales de potencia planificadas. La gestión había comenzado con un acuerdo en el año 2014, durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández, que fue renegociado el año pasado por el presidente Mauricio Macri. A partir del nuevo acuerdo –por 14.000 millones de dólares, de los cuales China iba a financiar el 85%, con ocho años de gracia para pagarlo– se estaba cerca del inicio de las obras de la cuarta central (Atucha III), a instalarse en la ciudad bonaerense de Lima, para la que se estimaba una demanda de más de 5.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la paralización del proyecto abre un serio interrogante sobre el desarrollo nuclear en la Argentina y acerca del futuro de trabajadores y empresas de este sector.

Tras las elecciones de diciembre de 2015, el presidente Macri comenzó una serie de renegociaciones que finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo en China, en mayo de 2017. Sin embargo, la reciente crisis cambiaria, el pedido de auxilio financiero al FMI y el recorte de la inversión pública habrían acelerado la suspensión del acuerdo. Aunque todavía no existe una comunicación oficial al respecto, la decisión fue confirmada por fuentes de Cancillería y de Casa Rosada en diversos artículos publicados en Infobae y Clarín.

La construcción de ambas plantas debía comenzar en el año 2016, pero la renegociación llevó a que su inicio se reprogramara para 2019. Una vez en funcionamiento, Atucha III agregaría alrededor de 800 megawatts a la red eléctrica. Junto con la quinta central, el aporte nuclear a la matriz energética se elevaría del 6% actual a un 9%.

El presidente Mauricio Macri comenzó una serie de renegociaciones que finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo en China, en mayo de 2017.

Estaba previsto que Atucha III tuviese una tecnología de tipo CANDU (agua pesada y uranio natural), con larga tradición en la Argentina en instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y empresas como INVAP, lo que permitiría aprovechar las capacidades acumuladas y poder recurrir a personal altamente capacitado en el ámbito nuclear, como el que actualmente está trabajando en la obra de rejuvenecimiento de la central nuclear de Embalse. No era el caso de la quinta central –sin destino concreto tras la negativa de Río Negro–, que sería de uranio enriquecido, una tecnología sin trayectoria en centrales de potencia en la Argentina.

Estaba previsto que Atucha III tuviese una tecnología de tipo CANDU (agua pesada y uranio natural), con larga tradición en la Argentina en instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y empresas como INVAP, lo que permitiría aprovechar las capacidades acumuladas y poder recurrir a personal altamente capacitado en el ámbito nuclear, como el que actualmente está trabajando en la obra de rejuvenecimiento de la central nuclear de Embalse.

La Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la incertidumbre que genera la noticia y por la posibilidad de interrupción del desarrollo tecnológico nacional y de pérdida de capacidades que significaría la suspensión de la construcción de las centrales. “A la asociación, como ente técnico y gremial, nos preocupa que habrá actividades que quedarán en suspenso. No solo las centrales, sino también la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), en Neuquén, que ante esta situación quedaría sin trabajo por cuatro años o más”, le dijo a TSS el ingeniero Pascual Fernando Aguirre, de APCNEAN.

En PIAP trabajan 300 personas y, pese a las intermitencias en su funcionamiento, debía comenzar a operar para producir las 600 toneladas de agua pesada que llenarían el reactor de Atucha III. Esta planta, cuya construcción costó alrededor de 200 millones de dólares, había sido fruto de una planificación en los años ochenta que preveía el abastecimiento de agua pesada para seis centrales nucleares. “Además, podría abastecer a alguna de las 47 plantas tipo CANDU del mundo con un producto que es de alto valor agregado, pero esta suspensión de las obras la deja al borde de la quiebra”, dijo Aguirre.

“Oficialmente, aquí no ha habido ninguna comunicación, pero eso no sorprende porque sobre estas cuestiones macro que exceden a la propia institución muy rara vez hay algún comunicado. Es una situación lamentable”, le dijo a TSS Andrés Kreiner, a cargo de la Subgerencia de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la CNEA. Y agregó: “Discontinuar la línea de uranio natural o levemente enriquecido y agua pesada, que es la línea histórica de nuestro país, sería un golpe durísimo al desarrollo tecnológico nuclear argentino”. Sin embargo, la segunda de las centrales adquiridas a China, que iba a ser de uranio enriquecido, correría la misma suerte que la primera.

“Oficialmente, aquí no ha habido ninguna comunicación, pero eso no sorprende porque sobre estas cuestiones macro que exceden a la propia institución muy rara vez hay algún comunicado. Es una situación lamentable”, le dijo a TSS Andrés Kreiner, a cargo de la subgerencia de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la CNEA.

Tampoco hubo comunicación oficial al personal de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa gerenciadora de las tres centrales nucleares, que pertenece al Ministerio de Energía y Minería (79%) y a la CNEA (20%), y que tuvo unos ingresos por 5.505 millones de pesos en el año 2016. “Se informó a todo el personal que, debido a la información que salió en los medios, pedimos una reunión de accionistas porque esta cancelación tiene impacto en las actividades normales de la empresa. Se le pedirán instrucciones al Ministerio de Energía para ver cómo seguimos”, dijo Antonio Riga, del área de Desarrollo de Proveedores de NA-SA, en comunicación con TSS.

Además de acumular una trayectoria de muchas décadas, producto de la excepcional característica de política de estado que tomó el campo nuclear en la Argentina –y pese a la crisis que sufrió en los noventa–, este sector es considerado una “industria de industrias”, en el sentido de que genera un derrame de tecnología y estándares de calidad en otras áreas productivas. “Hay alrededor de 200 empresas que se evaluaron cuando se terminó Atucha II y se calificaron para participar de esta industria”, dijo Aguirre. Y agregó: “Mantener las calificaciones es algo muy costoso y, además, debido al avance de la tecnología, algunas de las operaciones de aquí a cuatro años se pueden modificar. En la economía argentina es muy difícil mantener en una empresa algunos de estos productos calificados, como por ejemplo los sellos que van en los recipientes de presión, o los intercambiadores de calor”.

Riga se expresó en el mismo sentido: “Con la culminación de Atucha II hubo un crecimiento muy grande del campo de la energía nuclear, tanto en el Estado como en el desarrollo de proveedores y la generación de fuentes de trabajo calificadas, fundamentalmente de alta tecnología. Son conocimientos que no sirven solo para lo nuclear, sino para otras industrias”.

Aguirre no es optimista con respecto al futuro: “Es muy probable que la gente que trabaja en la extensión de la operación de Embalse busque trabajo en otras especialidades y entonces esa experiencia no tenga una continuidad de cara al futuro. El ajuste llega en un momento muy poco oportuno”.

Fuente: Agencia TSS