La investigación de la Comisión advirtió que la "desidia" oficial sometió al "desamparo" a los familiares

ARA San Juan: la Bicameral subrayó la responsabilidad del Gobierno

“Es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Defensa", planteó el informe de la Comisión del Congreso. Habla de "destratos" hacia los familiares y "ocultamiento" de información.

Por Carlos Rodríguez

Imagen: Adrián Pérez

En el Informe Final de la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, se señaló que es "indudable la responsabilidad política del gobierno nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos". Además de centrar la responsabilidad en la cartera a cargo de Oscar Aguad, el titular del cuerpo legislativo, el senador José Antonio Ojeda, le dijo a Página|12 que "también es indudable" que el presidente Mauricio Macri "tiene un grado de responsabilidad " por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En el documento se señalaron, además, las "responsabilidades palmarias" de los altos mandos de la Armada. El dictamen fue firmado por los 12 integrantes de la comisión, pero los legisladores oficialistas lo hicieron en disidencia, en todo lo relacionado con las responsabilidades políticas de las autoridades nacionales.

En el caso del ministro Aguad, se puso énfasis en "la falta de las diligencias adecuadas" porque el submarino "se encontraba realizando, según el Poder Ejecutivo Nacional, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años". Ante semejante acontecimiento, no se tuvo en cuenta que la nave tenía "más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada". El informe, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos, del Congreso Nacional, llegó a su fin luego de 16 meses de trabajo, 80 medidas probatorias, 55 reuniones entre sus integrantes y cerca de 50 declaraciones de testigos calificados.

La presentación del Informe por parte de la Bicameral. Imagen: Joaquín Salguero.

A esto se le sumó el hecho de que el buque "debía ingresar a dique seco, es decir llevarlo a instalaciones portuarias para realizar las revisiones y/o reparaciones correspondientes, cada 18 meses", pero al momento de su partida "llevaba más de 44 meses" sin cumplir con ese requisito indispensable. Esa falencia "limitaba su operatividad en profundidad". Por esos motivos, a partir del 15 de noviembre de 2017 se produjo "una de las mayores tragedias mundiales de la historia naval en tiempos de paz y la más grave para nuestro país tras la Guerra de Malvinas".

Uno de los reproches centrales tiene que ver con "el desamparo al cual fueron sometidos los familiares de los 44 tripulantes, por el destrato, el ocultamiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo, lo que llevó al encadenamiento en Plaza de Mayo por la desesperación, la falta de criterio, de profesionalismo y empatía de los responsables políticos del Ministerio de Defensa". En consecuencia, además de su función específica, la Comisión tuvo que "trabajar en la contención de los familiares ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo", representado por el presidente Macri.

"Intentaron que pasara al olvido"

En el informe, la Comisión sostuvo que "los responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios" porque "ante los indicios de la gravedad de los hechos, en lugar de agilizar sólo dilataron la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave" y las familias tuvieron que permanecer 55 días encadenados, hasta revertir esa situación. Por la actitud asumida, se puntualizó que el gobierno tuvo "la intención de atribuir culpas solo a la Armada Argentina, cuando es el propio Ministerio de Defensa, como autoridad de aplicación correspondiente quien debe velar en todo momento por la seguridad y es responsable de la verificación de toda la estructura bajo su mando". El cuestionamiento llega al punto de afirmar que de no haberse constituido la comisión legislativa "la continuidad de la búsqueda y localización, no hubiera ocurrido". La Bicameral aseguró que el Ejecutivo"intentó que la tragedia del ARA San Juan pasara rápidamente al olvido"

Al analizar qué fue lo que ocurrió, los legisladores aclararon que "es imposible un dictamen definitivo" dado que "no pueden peritarse los restos" del submarino y sus tripulantes, que siguen a más de 900 metros de profundidad, en el Atlántico, con pocas posibilidades de un rescate. Todo indica que el incidente ocurrido comenzó con "un principio de incendio en el balcón de baterías de la proa número 3, que obligó a la desconección de la mitad de su sistema de propulsión".

El problema se complicó porque desde la cadena de mandos "nunca se tuvo comprensión de la gravedad de la situación ni de la exactitud y magnitud de la avería y siempre se confió en el material". Cuando el comandante de la nave pensó que el problema había sido superado, ordenó reconectar el sistema, pero en ese momento se produjo un inconveniente adicional que hizo que "el submarino se precipitara al fondo" del mar. El principio de incendio se pudo haber originado en el ingreso de agua de mar "durante la maniobra de snorkel, o por otra razón, de magnitud tal que deja a la unidad disminuida". Este inconveniente fue notificado a las autoridades del Comando de Submarinos.

La segunda complicación, después del principio de incendio, es la que precipita el submarino al fondo y pudo haber sido consecuencia de la primera, que no había sido controlada en su totalidad. Los expertos que colaboraron con la Comisión "señalan que pudo haber ocurrido que al retirarse la tapa de ingreso al balcón de baterías, la excesiva producción de hidrógeno por el principio de incendio, al liberarse, pudo ocasionar una explosión que dejó sin capacidad de respuesta a la tripulación".

Los familiares fueron maltratados por el gobierno. Imagen: Joaquín Salguero.

Otra alternativa es que "el principio de incendio no estuviera del todo controlado y el retiro de la tapa hubiera provocado la explosión". En cualquiera de las dos opciones "sea la explosión o la contaminación de gas venenoso, se produjo" la complicación "debajo del cuarto de comando donde se encuentra más del 90% de la tripulación, que venía fatigada" por el incidente anterior. Luego la Comisión analizó las causas por las cuales se produjeron los incidentes que terminaron con el naufragio.

En primer lugar no se descartó una consecuencia propia del "contexto general presupuestario que han venido padeciendo las fuerzas armadas desde el mismo retorno de la democracia a la fecha, en desmedro del mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa". Se afirmó en este punto que dicha situación "no ha sido responsabilidad de una sola administración en particular, ni de un único gobierno, ni siquiera de un partido político".

No hubo una correcta supervisión

En el párrafo siguiente, la Comisión parece retrucar lo dicho por el ministro Aguad sobre la supuesta "falta de adiestramiento y capacidad" de la tripulación del ARA San Juan. Por el contrario, resaltan "el nivel de profesionalismo, dedicación y la especial psicología que debe demostrar un integrante de la Armada para formar parte de la fuerza de submarinos". También se destaca "la idoneidad individual que ha sido permanentemente señalada por la totalidad de los testimonios recabados, y ha obtenido reconocimiento en numerosos ejercicios internacionales" realizados por la misma tripulación. En ese sentido, se recordó la forma en que actuaron los marinos del San Juan para superar los inconvenientes que habían surgido durante la travesía que hicieron en julio de 2017, meses antes de la tragedia. Esa actuación quedó asentada en el informe de navegación registrado entre el 1º y el 19 de julio de ese año.

Lo que si "resulta cuestionable y arroja dudas es que existiera una efectiva y correcta supervisión del manejo del material naval, al no verificarse adecuadamente su correcta utilización por parte de quienes lo tuvieran a cargo o debían controlar la forma de utilización de los medios". Esto es así porque "con posterioridad a la reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 veintiocho días y tuvo 488 horas de inmersión con 3.105 millas náuticas", mientras que en 2017 "tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó 5.464 millas". En esas navegaciones "fueron constatadas distintas novedades y requerimientos de obra en diferentes etapas. Varias de esas por su complejidad requerían su entrada a dique seco". Algunas de las reparaciones que debían realizarse "fueron dilatadas hasta el doble de la recomendación temporal que debía tenerse en el manejo de una nave de ese tipo".

El buque "debía ingresar a dique seco cada 18 meses, extendidos por la Armada Argentina hasta 24 meses, pero al momento del siniestro llevaba más de cuarenta y cuatro meses sin esa necesaria entrada".

El presidente de la Comisión Bicameral explicó los desmanejos oficiales sobre el ARA San Juan

José Antonio Ojeda: "La Armada subestimó el problema"

El senador dijo que "Macri tiene un grado de responsabilidad" en lo ocurrido con el submarino y criticó la falta de colaboración por parte de la jueza que investiga el hundimiento.

Por Carlos Rodríguez

José Antonio Ojeda, presidente de la Comisión Bicameral. Imagen: Joaquín Salguero

"Nosotros creemos que tangencialmente, por ser él la cabeza de las Fuerzas Armadas, el presidente (Mauricio) Macri tiene un grado de responsabilidad", aseguró el senador nacional José Antonio Ojeda, presidente de la Comisión Bicameral que investigó las causas del hundimiento del ARA San Juan. De todos modos, el legislador del FPV señaló que "después del operativo SAR (de búsqueda del submarino) hubo un desmanejo por parte del Ministerio de Defensa", a cargo de Oscar Aguad. En este sentido precisó que "no se presentó públicamente toda la información con la que se contaba, no se le informó debidamente de todos los sucesos a los familiares y esto trajo demoras que podrían haber sido evitadas si se hubiera actuado como correspondía, en tiempo y en forma". Además de señalar la responsabilidad que tuvo "toda la cadena de mandos" de la Armada por "subestimar" lo riesgoso de la misión y el estado de la nave, Ojeda criticó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por no haber colaborado como debía con la Bicameral. 

"Las diferencias que tenemos con el oficialismo tienen que ver, como es obvio, con las responsabilidades políticas", aclaró Ojeda, cuando dialogó con Página/12, finalizada la presentación del informe final. "Ellos tienen que defender a su ministro (por Oscar Aguad), pero nosotros no". Ojeda admitió que muchas veces tuvo que mediar para llegar a consensos entre los legisladores, para poder avanzar en la tarea. 

El legislador fue crítico con la actitud que tuvo, para la comisión, la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez. "Nosotros no estamos para juzgar, no vamos a condenar a nadie, pero nosotros para dar nuestro dictamen recibimos información de parte del gobierno y de la Armada, pero no ocurrió lo mismo con la justicia". Explicó que "la ayuda que necesitábamos era en todos los aspectos de la investigación, pero sobre todo en el análisis de todo el material fílmico y fotográfico con el que cuenta el juzgado, pero nosotros sólo pudimos contar con lo que vimos una vez con los familiares y sólo tres fotografías" que fueron las que recibieron. 

Ojeda señaló que esa información era muy importante "porque el cuerpo de expertos que trabajó con nosotros era idóneo para analizar ese material, porque es gente que conoce a fondo los aspectos técnicos del submarino". Respecto de las responsabilidades en la tragedia, estimó que hay "un sinnúmero de aspectos por analizar y buscar a los responsables". Sostuvo que en el informe se deja sentado que "hubo una subestimación del problema por parte de los miembros de la Armada, teniendo en cuenta que era el operativo más grande de los últimos 30 años". El comandante de Adiestramiento, contralmirante Luis López Mazzeo, "estaba en el Chaco participando de una campaña de vacunación, sabiendo los problemas que estaba teniendo el submarino": Recalcó que "en consecuencia hubo una subestimación y una cadena de responsabilidades". 

Cuando se le preguntó si cabe la posibilidad de un juicio político contra el ministro Aguad, recordó que ya hay presentaciones de varios diputados, en ese sentido. Ojeda sostuvo que de la investigación realizada por los legisladores, surge claro que "no hubo ninguna agresión al submarino por parte de alguna potencia extranjera y tampoco hubo ningún incidente con pesquero alguno", versiones que se conocieron desde la desaparición de la nave, en noviembre de 2017. 

Ojeda insistió en que las responsabilidades hay que buscarlas "en toda la cadena de mandos, desde la fuerza de submarinos hacia arriba, y en el ministerio de Defensa, en este caso no por las cuestiones técnicos propiamente dichas sino por cómo se manejó ocultando información, demorando las contrataciones (para la búsqueda de la nave), y también por el maltrato y el ninguneo de los familiares, además del destrato para los legisladores". En este punto, Ojeda precisó que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, "nunca nos recibió". 

Ante otra pregunta, sostuvo que no se encontraron responsabilidades del gobierno kirchnerista. "Lo único que se analizó fue el estudio de media vida, que se hizo en ese momento, sobre todo el corte del casco de la nave y la soldadura que se había realizado entonces, de alta complejidad, pero quedó claro en las fotografías que nosotros vimos que esa reparación estaba intacta".

Familiares de las víctimas acusan a la Armada y al Ministerio de Defensa

ARA San Juan: piden abrir una causa por "abandono de persona"

El argumento es que las autoridades sabían que el submarino no estaba en condiciones de navegar. Otra de las querellas reclama a la jueza que se aparte.

El ministro Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur. 

A un año y ocho meses del hundimiento del ARA San Juan, la causa judicial tiene más de 20 cuerpos, pero sigue sin imputados y con la inocua carátula de "averiguación de delito". Mientras una de las querellas recusó --por ahora sin éxito-- a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez por mal desempeño en sus funciones, la otra pidió que la causa sea caratulada como "homicidio simple con dolo eventual, agravado por ser reiterado en 44 ocasiones", como consecuencia del fallecimiento de la totalidad de su tripulación. La imputación se basa en los datos que indican que las autoridades sabían de antemano que el buque no estaba en condiciones de navegar y cumplir la misión que le fue encomendada. Por otra parte, la misma querella solicitó que se abra una segunda investigación, en forma paralela, por el delito de "abandono de persona", para establecer las responsabilidades del Ministerio de Defensa y de la Armada por las deficiencias advertidas, a partir del 15 de noviembre de 2017, tras la declaración de la emergencia de la nave y en la posterior tarea de búsqueda del San Juan, que fue hallado exactamente un año después en el Atlántico, a más de 900 metros de profundidad.

La apertura de la causa por "abandono de persona" se fundamenta en "la búsqueda tardía y deficiente" del submarino desaparecido". Esto significaría la formación de "dos instrucciones distintas" con las citadas calificaciones. La querella encabezada por Valeria Carreras e integrada también por Lorena Arias y el Estudio Burlando, argumentó su pedido para que sea recaratulada como "homicidio simple por dolo eventual", cualquiera sea la hipótesis de las causas del naufragio: "implosión, falta de recarga de baterías, falta de apoyo de flota de superficie, falta de oxígeno" de emergencia. En suma, si fue una falla mecánica, el mal estado del material o las "acciones y omisiones concretas en la cadena de altos mandos".

En el escrito se recalcó que "todas las hipótesis llegan a un punto en común: el submarino ARA San Juan no debió zarpar a realizar la orden de operaciones" que lo condujo a altamar. En consecuencia, el hecho de "haberlo permitido", por obvia responsabilidad de los altos mandos, fue lo que "generó la tragedia".

Por otra parte, como resultado de los elementos reunidos en la instrucción, la querella señaló que surge "en forma indubitable que no se actuó en forma debida ante la desaparición" del submarino, dado que "no hubo la diligencia, el auxilio e inmediatez" que la situación exigía "para poner a salvo a su tripulación". Por esa razón se solicitó que se abra la investigación "por el delito de abandono de persona". Se señaló que desde la desaparición del navío "hubo conductas que encuadran en la tipificación prevista en el código penal por el abandono de persona, la falta de debido auxilio", desde el 15 de noviembre de 2017 en adelante.

Respecto del dolo eventual se afirmó que las deficiencias reconocidas por la Armada, previo a la partida del submarino, dan cuenta de que "hubo conocimiento previo del estado del submarino, de los alertas, los problemas de anteriores navegaciones, es decir que hubo representación del riesgo que implicaba volver a navegar y operar" en una travesía de más de 25 días. Aunque no se formulan acusaciones concretas, con nombre y apellido, se solicita que sean investigados todos los que tuvieron responsabilidad en la búsqueda, lo que supone desde la cúpula de la Armada hasta las máximas autoridades del Ministerio de Defensa que encabeza Oscar Aguad. 

La otra querella, encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan recusó a la jueza Yáñez y pidió su alejamiento de la causa, pero su reclamo fue rechazado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Tagliapietra adelantó que insistirá en su reclamo ante el Consejo de la Magistratura.

La Bicameral lo señala como responsable

"Aguad demostró profunda desidia"

En el informe la Comisión abunda sobre las responsabilidades del ministro de Defensa.

Por Carlos Rodríguez

Oscar Aguad Imagen: Joaquín Salguero

En uno de los puntos centrales, el Informe de la Bicameral recalcó que "existen responsabilidades palmarias", en el mismo momento de la desaparición del ARA San Juan, de parte de los altos mandos de la Armada, en algunos casos "por subestimar la situación" planteada a partir de la emergencia. Los señalados, en esos primeros momentos, son el Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; el Comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo. Luego el nivel de responsabilidades sube hasta llegar al entonces titular de la Armada, Marcelo Srur, pero luego se eleva hasta quien es considerado el máximo responsable: el ministro de Defensa, Oscar Aguad. 

"La cadena se extiende" al entonces subjefe de la Armada, vicealmirante de Infantería de Marina Miguel Ángel Máscolo y con mayor responsabilidad aún al almirante Srur "por su deficiente manejo de la crisis". Se sostuvo que "han quedado en evidencia internas en el seno de la fuerza, mostrando una poderosa falta de cohesión e intereses personales sobre lo colectivo". Esto refleja "una enorme falta de conducción y de subordinación". También abunda en las reponsabilidades del ministro Oscar Aguad, que frente a este cuadro general dentro de la fuerza, en lugar de asumir su responsabilidad política "ha demostrado una profunda desidia, desinterés y displicencia respecto de la búsqueda, tanto en la omisión de las acciones necesarias para sostener una eficiente búsqueda del submarino y de sus tripulantes, como en el despliegue de acciones que han tenido como finalidad dilatar la posibilidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios para la efectiva búsqueda" de la nave. Por ese motivo, se señaló que el ministro fue "de una u otra manera es responsable políticamente por lo que ocurrió en las fuerzas a su cargo".

El respaldo lo hicieron legisladores oficialistas

Silencio del gobierno sobre el submarino

Por Werner Pertot

La estrategia fue culpar a la Armada Imagen: Leandro Teysseire

El Gobierno mantuvo silencio ante el informe de la Bicameral sobre el submarino ARA San Juan, que planteó responsabilidades políticas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Distintos legisladores del oficialismo salieron a responder a las acusaciones y negaron cualquier responsabilidad de los funcionarios civiles. La estrategia, como cuando ocurrió la desaparición, fue culpar a la cúpula de la Armada y los mandos medios, a quienes separaron ya de sus cargos. 

De la Comisión Bicameral que redactó el informe, cuatro de los 12 legisladores eran oficialistas. Todos firmaron "en disidencia" por la parte en la que responsabilizaba políticamente a Macri y Aguad. Desde el Gobierno, evitaron hablar: la respuesta quedó en manos de los diputados y senadores del oficialismo. "No compartimos la parte del informe que responsabiliza al presidente y al ministro de Defensa. El informe omite considerar dos cuestiones claves y trascendentales. En lo que tiene que ver con el presidente, está que las facultades operacionales del presidente están limitadas a tiempos de guerra. No existe responsabilidad del presidente de la Nación sobre lo ocurrido. El informe es sesgado y arbitrario", dijo a este diario el diputado radical Luis Petri. "Y en lo que tiene que ver con el ministro de Defensa, hay un decreto del 2006, épocas del kirchnerismo, donde establece que la responsabilidad en tiempos de paz es el Estado Mayor Conjunto, que es el que ejerce el control operacional y funcional", aseguró el legislador. "Dejamos en claro en la disidencia esto: es una interpretación discrecional y arbitraria", insistió. 

Petri también defendió el accionar de Aguad una vez que se conoció la desaparición del submarino. "A posterioridad, se pusieron todos los recursos con los que cuentan las Fuerzas Armadas, se reclamó ayuda internacional. Todos los recursos se pusieron para tratar de encontrarlo. Y finalmente se encontró", remarcó. ¿Qué respondieron al destrato a los familiares que señala el informe? "Habría que preguntarle a los familiares. Creemos que, lógicamente, había información sensible. Es necesario establecer protocolos de actuación dentro de la Armada para evitar las contingencias y, una vez ocurridas, para poder actuar y asistir correctamente a las víctimas. De esta tragedia, una de las cosas que uno puede sacar en limpio es que faltaron estos protocolos", aseguró el diputado oficialista. "Eso está basado en la declaración de algunos familiares. Pero hemos estado siempre en contacto con ellos. Siempre se les dio información", se sumó el senador macrista Esteban Bullrich.

Bullrich indicó a PáginaI12: "Nosotros estamos de acuerdo con el 99 por ciento del informe. Lo que nosotros planteamos es que esto sucedió porque el incendio que se creía controlado no estaba controlado. Y derivó en un mal manejo de información de la crisis por parte de la Armada. Y en un ocultamiento de información. Los mandos medios se comunicaron pero el almirante Srur no informa del incendio a los mandos civiles", responsabilizó Bullrich a la cúpula de la Armada. La estrategia es coincidente con el desplazamiento del jefe de la Armada Marcelo Srur y de otros mandos medios. "Cuando se le quiere trasladar esa responsabilidad al presidente y al ministro de Defensa, no es tal. La responsabilidad del estado del arma es de la Armada, no del presidente", insistió Bullrich.

Fuente: pagina12.com.ar, pagina12.com.ar, pagina12.com.ar, pagina12.com.ar y pagina12.com.ar