El Gobierno va contra las petroleras de Malvinas
Iniciará acciones judiciales a las empresas que operan en las islas y las que les presten servicios logísticos y financieros.
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El canciller Héctor Timerman presentó ayer el plan oficial.
(DyN) |
Horacio Serafini
El Gobierno adoptará acciones administrativas
y judiciales dentro y fuera del país contra las empresas que operan
directa o indirectamente en la estratégica explotación petrolífera en
las islas Malvinas con licencias otorgadas en forma unilateral por Gran
Bretaña desde 1995.
El anuncio que hizo ayer el canciller, Héctor Timerman, recibió la inmediata réplica de Gran Bretaña. Después de considerarlo “contraproducente”, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico sostuvo en un comunicado que la exploración petrolera en Malvinas es “legítima” y que respalda el “derecho” de los kelpers (malvinenses) a otorgar licencias como “parte integrante de su derecho a la autodeterminación”.
La réplica prueba una vez más la estrategia de Gran Bretaña sobre el conflicto por la soberanía, consistente en reconocer un status protagónico a los kelpers, en base a su supuesto derecho a la autodeterminación. Esta estrategia consiste en adoptar medidas de hecho, como el otorgamiento de licencias hidrocarburíferas y pesqueras, en desconocimiento de las diez resoluciones de Naciones Unidas que convocan al diálogo entre Buenos Aires y Londres para resolver el conflicto de soberanía y prohíben adoptar modificaciones unilaterales antes de solucionar el diferendo de fondo.
“Vamos por todos los medios a castigar y a tratar de que las leyes se apliquen, que las resoluciones de Naciones Unidas sean respetadas y que Gran Bretaña dé cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU) que habla de resolución pacífica de un conflicto de soberanía”, sostuvo Timerman durante la conferencia de prensa en la que anunció el “Plan de acciones legales del Estado nacional”, que había anticipado la Presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
Las acciones apuntan a dificultar legalmente las perspectivas de la explotación petrolera en Malvinas que, a corto plazo, podría desplazar a la pesca como principal fuente de ingresos. La explotación de petróleo en 2014 por la firma Rockhopper aportará unos 10.000 millones de dólares a un “fondo soberano” del gobierno kelper, dijo ayer al diario El Cronista el director de Recursos Minerales de las islas, Sthepen Luxton.
La ofensiva del Gobierno está en línea con otras acciones decididas los últimos meses en vísperas del trigésimo aniversario de la guerra, el próximo 2 de abril.
Aun así, la ofensiva judicial es una medida menos contundente que la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que el Congreso aprobó por unanimidad en abril de 2011, pero todavía sin reglamentar, que obligaría al Gobierno a sancionar a las empresas que operen simultáneamente en Malvinas y el territorio argentino continental.
“Se trata de sostener una presión, pero sin ir a fondo contra todas las empresas”, explicó a este diario una fuente de la Cancillería. Es que “ir a fondo” sería la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos, que establece que las empresas radicadas en Argentina que tengan vínculos con las que exploten petróleo en Malvinas podrían ser inhabilitadas durante 5 a 20 años.
En su anuncio junto a Angelina Abbona, titular de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, que encabezará el grupo de trabajo conformado para implementar la ofensiva judicial, Timerman precisó que las denuncias se harán en tribunales del país y del exterior, en este caso “a través de mecanismos de cooperación de los sistemas judiciales de otros países”.
Las mismas alcanzarán a las cinco empresas con licencias petroleras otorgadas por los kelpers (Falkland Oil & Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders & Southern). También a otras siete “interesadas” en esa actividad, entre ellas la británica British Pretoleum, de estrecha relación con el Gobierno argentino.
Incluirán, asimismo, a los propietarios y operadores de las plataformas de perforación mar adentro (Ocean Guardian y Leiv Eriksson) y a las firmas que brindan apoyo material a las plataformas con buques con equipamiento y provisiones. Como también a una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios financieros, entre ellas bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos y analistas de riesgo, algunas con presencia en Argentina.
El anuncio que hizo ayer el canciller, Héctor Timerman, recibió la inmediata réplica de Gran Bretaña. Después de considerarlo “contraproducente”, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico sostuvo en un comunicado que la exploración petrolera en Malvinas es “legítima” y que respalda el “derecho” de los kelpers (malvinenses) a otorgar licencias como “parte integrante de su derecho a la autodeterminación”.
La réplica prueba una vez más la estrategia de Gran Bretaña sobre el conflicto por la soberanía, consistente en reconocer un status protagónico a los kelpers, en base a su supuesto derecho a la autodeterminación. Esta estrategia consiste en adoptar medidas de hecho, como el otorgamiento de licencias hidrocarburíferas y pesqueras, en desconocimiento de las diez resoluciones de Naciones Unidas que convocan al diálogo entre Buenos Aires y Londres para resolver el conflicto de soberanía y prohíben adoptar modificaciones unilaterales antes de solucionar el diferendo de fondo.
“Vamos por todos los medios a castigar y a tratar de que las leyes se apliquen, que las resoluciones de Naciones Unidas sean respetadas y que Gran Bretaña dé cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU) que habla de resolución pacífica de un conflicto de soberanía”, sostuvo Timerman durante la conferencia de prensa en la que anunció el “Plan de acciones legales del Estado nacional”, que había anticipado la Presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
Las acciones apuntan a dificultar legalmente las perspectivas de la explotación petrolera en Malvinas que, a corto plazo, podría desplazar a la pesca como principal fuente de ingresos. La explotación de petróleo en 2014 por la firma Rockhopper aportará unos 10.000 millones de dólares a un “fondo soberano” del gobierno kelper, dijo ayer al diario El Cronista el director de Recursos Minerales de las islas, Sthepen Luxton.
La ofensiva del Gobierno está en línea con otras acciones decididas los últimos meses en vísperas del trigésimo aniversario de la guerra, el próximo 2 de abril.
Aun así, la ofensiva judicial es una medida menos contundente que la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que el Congreso aprobó por unanimidad en abril de 2011, pero todavía sin reglamentar, que obligaría al Gobierno a sancionar a las empresas que operen simultáneamente en Malvinas y el territorio argentino continental.
“Se trata de sostener una presión, pero sin ir a fondo contra todas las empresas”, explicó a este diario una fuente de la Cancillería. Es que “ir a fondo” sería la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos, que establece que las empresas radicadas en Argentina que tengan vínculos con las que exploten petróleo en Malvinas podrían ser inhabilitadas durante 5 a 20 años.
En su anuncio junto a Angelina Abbona, titular de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, que encabezará el grupo de trabajo conformado para implementar la ofensiva judicial, Timerman precisó que las denuncias se harán en tribunales del país y del exterior, en este caso “a través de mecanismos de cooperación de los sistemas judiciales de otros países”.
Las mismas alcanzarán a las cinco empresas con licencias petroleras otorgadas por los kelpers (Falkland Oil & Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders & Southern). También a otras siete “interesadas” en esa actividad, entre ellas la británica British Pretoleum, de estrecha relación con el Gobierno argentino.
Incluirán, asimismo, a los propietarios y operadores de las plataformas de perforación mar adentro (Ocean Guardian y Leiv Eriksson) y a las firmas que brindan apoyo material a las plataformas con buques con equipamiento y provisiones. Como también a una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios financieros, entre ellas bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos y analistas de riesgo, algunas con presencia en Argentina.
Fuente: Los Andes Online
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