Los directores de más de 250 institutos del CONICET se pronunciaron contra los despidos

Junto a autoridades de los Centros Tecnológicos que integran el máximo organismo de Ciencia y Tecnología del país, rechazaron la prórroga del Presupuesto y la postergación de las becas.

Las autoridades de más de 250 institutos del CONICET agrupados en sus Centros Científicos Tecnológicos (CCT) expresaron su rechazo a los despidos en el máximo organismos de Ciencia y Tecnología. “Queremos hacer llegar a la comunidad la profunda preocupación que nos embarga por las medidas que se vienen tomando respecto al Estado y que no sólo afectan al sistema científico tecnológico sino a nuestra sociedad”, sostienen en un comunicado en el que plantean que “en el CONICET no sobra nadie”.

En la carta plantean su desacuerdo ante la suspensión de los contratos de más de 50 agentes distribuidos por todo el país que realizan tareas de gestión y administración de la actividad científica. “Representa la pérdida de puestos trabajo, salarios y afectan las vidas y subsistencia de los agentes despedidos”, sostuvieron en un comunicado que se publicó a través del sitio web del organismo.

Los trabajadores y trabajadoras representan el sostén administrativo y funcional para todas las unidades de gestión e investigación del país. “Su desvinculación implica la destrucción de parte de las capacidades operativas del CONICET”, sostienen en el comunicado y plantean . En el mismo sentido, no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los cambios operados en las condiciones de contratación de los restantes agentes de planta transitoria. El acortamiento del plazo de la relación laboral por medio de una adenda a los contratos firmados ha profundizado una realidad de enorme precariedad. Entendemos que es un proceso de retroceso que pone en grave riesgo al CONICET”.

Prórroga del Presupuesto y convocatorias

También expresan “consternación” ante la decisión emitida por el Decreto 88/2023 de prorrogar el presupuesto 2023 para el año 2024 “en un marco de altísima inflación”.

“Nos preocupa la decisión de postergar la difusión de los resultados de las convocatorias a becas y promociones sujeto a la falta de información sobre cuánto presupuesto se contará para poder sostener las becas”, sostienen en el comunicado firmado por más de 250 institutos del organismo.

“En los hechos, ello significa limitaciones evidentes en el funcionamiento del CONICET. Sus consecuencias son la interrupción de la obtención de las metas de las investigaciones, el deterioro de las condiciones de ingreso, permanencia y progreso de recursos humanos, es decir, el desarme de un organismo de ciencia y tecnología. La imposibilidad de sostener a nuestra institución, si no se reciben refuerzos presupuestarios, implicaría graves consecuencias para el futuro del sistema científico nacional, ya que la desinversión en ciencia generará un retroceso que costará muchos años revertir”, manifiestan.

“Altamente calificada”

“CONICET es una institución con una planta de trabajadores y trabajadoras altamente calificada -que rinde informes anuales, concursa para ascender y es absolutamente auditada-, comprometida y profesional, acorde a las diversas tareas que involucran el quehacer científico en todas las áreas disciplinares y cuyo principal objetivo es impulsar al desarrollo productivo del país y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes”, concluye el comunicado que argumenta “Somos una comunidad de trabajadores y trabajadoras con diversas opiniones que cumplimos nuestra tarea diariamente con esfuerzo y profundo compromiso con el futuro de la sociedad, siempre tratando de dar lo mejor por nuestra patria. Por eso queremos continuar acompañando aquellos proyectos que se realicen para salir de la crisis”.

Por último plantean que el organismo “es parte sustancial de un proyecto de país en crecimiento, un país desarrollado, que trabaja para reducir la pobreza, para curar enfermedades, para aportar a la innumerable cantidad de desarrollos productivos, para reducir conflictos sociales, para producir mejoras en un sinnúmero de esferas económicas, ambientales, sociales y culturales. Es ciencia argentina conectada con el mundo, que trabaja y asiste en suelo nacional, y se proyecta en redes internacionales de legitimación científica, educativa, social y productiva”.

“En el CONICET, nadie sobra”, cierra el comunicado.

Las firmas

Firmas

Dr. Joaquín Perren, Director CCT CONICET Patagonia Confluencia

Dra. Verónica Trpin, Directora IPEHCS, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Andrés Venturino, Director CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Natalia Guiñazú, Vicedirectora CITTAC, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Javier Breccia, Director INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Ana María Parras, Vicedirectora INCITAP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. German Mazza, Director PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Luciano Carlos, Vicedirector PROBIEN, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. María Silvia Di Liscia, Directora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Andrea Lluch, Vicedictora IEHSOLP, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Silvana Somadossi, Directora IITCI, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dr. Alberto Caselli, Director IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. Silvina del Valais, Vicedirectora IIPG, Consejo Directivo CCT Patagonia Confluencia

Dra. María Celeste Ratto, Directora CCT CONICET Patagonia Norte

Dra. Paula Marchelli, Vice Directora CCT CONICET Patagonia Norte

Dr. Lucas Garibaldi, Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Javier Puntieri, Vice Director IRNAD, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Pablo Pessacq, Director CIEMEP, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Alejandro Gustavo Farji-Brener, Director INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Cintia Souto, Vice Directora INIBIOMA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Diego Libkind, Director IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Andrea Trochine, Vice Directora IPATEC, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Mauro Sarasola, Director IFAB, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Rodolfo D. Sánchez, Director INN, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Walter Delrio, Director IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dra. Marcia Bianchi Villelli, Vice Directora IIDYPCA, Consejo Directivo CCT Patagonia Norte

Dr. Alejandro Zunino Suarez, Director CCT CONICET Tandil. Director ISISTAN

Ing. Edgardo Fabian Irassar, Vice Director CCT CONICET Tandil. Vice Director CIFICEN

Dr. Alberto Somoza. Director CIFICEN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Luis Ignacio Alvarez. Director CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. Silvia Estein. Vice-Directora CIVETAN, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Gustavo Martinez. Director INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. María Gutiérrrez. Vice Directora INCUAPA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Guillermo Velázquez. Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Marcelino Iriani. Vice Director IGEHCS, Consejo Directivo CCT Tandil

Dr. Luis Vives. Director IHLLA, Consejo Directivo CCT Tandil

Dra. Vera Alvarez, Directora CCT Mar del Plata. Directora INTEMA, CCT Mar del Plata

Dr. Leonardo Curatti, Vice Director CCT Mar del Plata . Director INBIOTEC, CCT Mar del Plata

Dr. Daniel Carrica, Director ICYTE, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. José Luis Iguain, Director IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Ignacio Garcia Mata, Vicedirector del IFIMAR, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Eduardo Zabaleta, Director IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Ana Maria Laxalt, Vicedirectora IIB, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Oscar Iribarne, Director IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Tomas Luppi, Vicedirector IIMyC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Matias Maggi, Director IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Celina Elissondo, Vicedirectora IIPROSAM, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dra. Corina Berón, Vicedirectora INBIOTEC, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Agustín Nieto, Director INHUS, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Facundo Quiroz, Director IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Ricardo Bartosik, Vicedirector IPADs Balcarce, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Sebastian Urquijo, Director IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Rubén Ledesma, Vicedirector IPSIBAT, Consejo Directivo CCT Mar del Plata

Dr. Carlos Piña, Director CCT Santa Fe

Dra. Mariana Brea, Directora CICYTTP, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Alberto Cardona, Director CIMEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Raquel L. Chan, Directora IAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Gastón Schlotthauer, Director IBB, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Silvia del Carmen Imhoff, Directora ICIAGRO, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Natalia Salvetti, Directora ICIVET, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Élida María Beatriz Gómez, Directora ICTAER, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Ing. Agr. Jorge Villar Ezcurra, Director IDICAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Mario César Guillermo Passeggi, Director IFIS, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Adriana Noemí Gonzalo, Directora IHUCSO, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Rubén Spies, Director IMAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Luciana Montalto, Vicedirectora INALI, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Carlos Vera, Director INCAPE, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Eva Mara Petitti, Directora INES, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Aldo R. Vecchietti, Director INGAR, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Andrea Quiberoni, Directora INLAIN, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Claudio Berli, Director INTEC, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Paola M. Quaino, Directora IQAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. Laura Kass, Directora ISAL, Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dr. Hugo Leonardo Rufiner, Director SINC(i), Consejo Directivo CCT Santa Fe

Dra. María Cristina Area, Directora del IMAM y Directora CCT Nordeste

Dra. Nora Beatriz Okulik, Directora del INIPTA, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dr. Adrian Di Giacomo, Director del CECOAL, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Ana María González, Directora del IBONE, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. María Laura Salinas, Directora del IIGHI, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dr. Gustavo Aucar, Director de IMIT, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Ana Honfi, Directora del IBS, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Brígida Renoldi, Directora del IESYH, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Nélida Peruchena, Directora del IQUIBA-NEA, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Liliana Ramirez, Directora del IIDTHH, Consejo Directivo CCT Nordeste

Dra. Sandra Fernández, Directora del CCT Rosario

Dra. Sandra Signorella, Vice directora del CCT Rosario

Dra. Fabiana Drincovich, Directora del CEFOBI, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Pablo Granitto, Director del CIFASIS, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Darío Barriera, Vice director del ISHIR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Javier Fedele, Director del CURDIUR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Javier Palatnik, Director del IBR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra.Ana Rosa Pérez, Directora del IDICER, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. Sandra Contreras, Directora del IECH, Consejo Directivo CCT Rosario

Dr. Fabio Busnengo, Director del IFIR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. María Laura Ruiz, Vice directora del IFISE Consejo Directivo CCT Rosario

Dr.Juan Pablo Ortiz, Director del IICAR, Consejo Directivo CCT Rosario

Dra. Analía Salsa, Analía, Vice directora del IRICE, Consejo Directivo CCT Rosario.

Dra. Mirtha Lewis, Directora CCT Cenpat

Dr. Pablo Bouza, Director IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Luciano Avila, Director IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Julio Vezub, Director IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Néstor Basso, Director IDEAus, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Pedro Barón, Director CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Fabián Scholz, Director INBIOP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dr. Sebastián Barros, Vicedirector IDDEPYS, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Maria Teresa Dozo, Vicedirectora IPGP, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Tamara Rubilar, Vicedirectora CESIMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Mariela Marani, Vicedirectora IPEEC, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Virginia Ramallo, Vicedirectora IPCSH, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Florencia Cremonte, Directora IBIOMAR, Consejo Directivo CCT Cenpat

Dra. Mónica Balzarini, Directora CCT Córdoba

Dr. Lucio Pedro Pinotti, Vicedirector CCT Córdoba

Dr. Onelio Trucco Medici, Director CCONFINES, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Rosana Gaggino, Directora CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jerónimo Kreiker, Vicedirector CEVE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. José Ricardo Echenique, Director CIBICI, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Marcelo Gabriel Carrera, Director CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Diego Gaiero, Vicedirector CICTERRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Cecilia Carpinella, Directora CIDIE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Adrián Carbonetti, Director CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Luis Tognetti, Vicedirector CIECS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Esteban Federico Llamosas, Director IDEJUS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Mario Guido, Director CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Andrea Smania, Vicedirectora CIQUIBIC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Mónica Elsie Crivello, Directora CITeQ, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jorge Anunziata, Director CIT VM, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alberto Edel León, Director ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Gabriela Perez, Vicedirectora ICYTAC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Andrés D. Izeta, Director IDACOR, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Dario Demarchi, Vicedirector IDACORh, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Ruben Darío Falcone, Director IDAS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Joaquín Navarro, Director IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Gerardo Cristhian Leynaud, Vicedirector IDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Ariela Battan Horenstein, Director IDH, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Eugenia Boito, Directora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Juliana Huergo, Vicedirectora IECET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Diego Eduardo Rivero, Director IEH, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Raúl Héctor Marin, Director IIBYT, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Silvina Alejandra Brussino, Directora IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Marcos Cupani, Vicedirector IIPsi, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Hebe Alejandra Carreras, Directora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Natalia Pérez Harguindeguy, Vicedirectora IMBIV, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Laura Ramírez, Directora IMICO, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Carina Porporato, Directora IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alejandro Lespinard, Vicedirector IMITAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Cesar Horacio Casale, Director INBIAS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Claudia Rodriguez, Directora INCIVET, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Sergio Alberto Dassie, Director INFIQC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Sergio Alemano, Director INIAB, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Ana Lucía De Paul, Directora INICSA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. María Carolina Touz, Directora INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Ricardo Marcos Pautassi, Vicedirector INIMEC, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Imhof Lelia, Directora IRNASUS, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Edgardo Luis Carniglia, Director ISTE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra. Karina Alejandra Grunberg, Directora UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Lascano, Hernan Ramiro, Vicedirector UDEA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Alejandro Lorenzo Giayetto, Director UFYMA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Jose Priotto, Vicedirector ICBIA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr. Nelson Padilla, Director IATE, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra Liliana Pierella, Directora CINTRA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dra Raquel Martini, Directora IPQA, Consejo Directivo CCT Córdoba

Dr Alejandro Lespinard, Director IMITAB, Directivo CCT Córdoba

Dr. Gustavo A. Ferreyra, Director CADIC, Consejo Directivo CADIC Ushuaia

Dr. Atilio Francisco Zangrando, Vicedirector CADIC

Dr. Vicente Mut, Director del INAUT, Director CCT CONICET San Juan

Dra. Alicia Pringles, Directora IRPHA, Vicedirectora CCT San Juan

Dr. Marcelo Molina, Director IEE, Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Sergio Cellone, Director CASLEO, Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Carlos Saffe, Vice-director ICATE , Consejo Directivo CCT San Juan

Dr. Raúl Becchio, Director CCT Salta Jujuy

Dra. Liliana Lupo, Vicedirectora CCT Salta Jujuy, Directora INECOA, CCT Salta Jujuy

Dra. Emma Alfaro, Vicedirectora INECOA, CCT Salta Jujuy

Dra. Mónica Farfán, Directora del INIQUI, CCT Salta Jujuy

Dra. Carolina Ibarguren, Vicedirectora INIQUI, CCT Salta Jujuy

Dra. Ana Teruel, Directora UE CISOR, CCT Salta Jujuy

Dr. Federico Fernández, Vicedirector UE CISOR, CCT Salta Jujuy

Dr. Alejandro Hernández, Director INENCO, CCT Salta Jujuy

Dr. Carlos Cadena, Vicedirector INENCO, CCT Salta Jujuy

Dra. Victoria Flexer, Directora CIDMEJu, CCT Salta Jujuy

Dr. Walter Torres, Vicedirector CIDMEJu, CCT Salta Jujuy

Dra. Marissa Fabrezi, Directora IBIGEO, CCT Salta Jujuy

Dr. Julio Kulemeyer, Director INDYA, CCT Salta Jujuy

Dra. Andrea Villagrán, Directora ICSOH, CCT Salta Jujuy

Dra. Mercedes Quiñonez, Vicedirectora ICSOH, CCT Salta Jujuy

Dra. Laura Golovanevsky, Directora CIITED, CCT Salta Jujuy

Dra. Cecilia Fandos, Vicedirectora CIITED, CCT Salta Jujuy

Dr. Diego Marco, Director IPE, CCT Salta Jujuy

Dra. Fernanda García Bustos, Vicedirectora IPE, CCT Salta Jujuy

Dr. Augusto Bellomio, Director CCT CONICET NOA Sur, Vicedirector INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Atilio Castagnaro, Director ITANOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Mario Devani, Vicedirector ITANOA, CCT NOA Sur CCT NOA Sur

Dr. Juan Marcos Mirande, Director UEL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Alejandra Martinez, Director PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Pablo Fernández, Vicedirector PROIMI, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Alejandra Korstanje, Director ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Fernando Longhi, Vicedirector ISES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Pablo Paolasso, Director INTEPH, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Guillermo Aceñolaza, Director INSUGEO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Juan Carlos Díaz Ricci, Director, INSIBIO, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Florencia Fagalde, Directora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Susana Álvarez Vicedirectora INQUINOA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Inés Isla, Directora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Catiana Zampini, Vicedirectora INBIOFIV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Mario Eduardo Arena, Director INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Rosa Alberto, Vicedirectora INBIOFAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Rosana Chehin, Directora IMMCA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Luis Alberto Issolio, Director ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. José Fernando Barraza, Vicedirector ILAV, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Ignacio Gasparri, Director IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Roxana Aragón, Vicedirectora IER, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Eduardo Dominguez, Director IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María Carolina Nieto Peñalver, Vicedirectora IBN, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Ana Teresa Martínez, Directora INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Diego Catriel León, Vicedirector INDES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Claudio Borsarelli, Director INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Faustino Eduardo Morán Vieyra, Vicedirector INBIONATEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Horacio Cantiello, Director IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Rocío Cantero, Vicedirectora IMSATED, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Laura Iturriaga, Directora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. María de los Ángeles Frías, Vicedirectora CIBAAL, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. osé Alberto Yuni, Director IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Marcos Quesada, Vicedirector IRES, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra.Marta Arias, Directora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr.Pablo Schliserman, Vicedirectora CREAS, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dr. Jean Guy Leblanc, Director CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Roxana Medina, Vicedirectora CERELA, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Constanza Padilla Sabate, Directora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Fta. Rossana Nofal, Vicedirectora INVELEC, Consejo Directivo CCT NOA Sur

Dra. Ana Clelia Gómez Marigliano, Directora INFINOA, CD CCT NOA Sur

Dr. Carlos Della Vedova, Director CCT La Plata

Dr. Flavio Francini, Director CENEXA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Victoria Micieli, Directora CEPAVE, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. María Susana Conconi, Directora CETMIC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Ernesto Alejandro Aiello, Director CIC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Andrea Gómez Zavaglia, Directora CIDCA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Walter Alfredo Egli. Director CIDEPINT, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gonzalo Diego Veiga, Director CIG, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Atilio Andrés Porta, Director CIM, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Mónica Laura Casella, CINDECA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Sebastián Fernando Cavalitto, Director CINDEFI, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Myriam Tebaldi, Directora CIOP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. Paula Gonzalez, Directora ENyS, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Favio Raúl Faifer, Director IALP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Romero Gustavo Esteban, Director IAR, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Antonio Lagares, Director IBBM, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Juan Ennis, Director IdIHCS J, Consejo Directivo CCT La Plata

Dra. María Teresa Dova, Directora IFLP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. antiago Grigera, Director IFLYSIB, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gillermo Giovambattista,Director IGEVET, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Martín Rumbo, Director IIFP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gustavo Alberto San Juan, Director IIPAC, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Dario César Colautti, Director ILPLA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Mario Carlos Perelló, Director IMBICE, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Carlos Guillermo Bartoli, Director INFIVE, Consejo Directivo CCT La Plata

IDr. Horacio Heras, Director NIBIOLP, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Félix Gregorio Requejo, Director INIFTA, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Gustavo Manuel Somoza, Director INTECH,Consejo Directivo CCT La Plata

Dr.Hernán De Battista, Director LEICI, Consejo Directivo CCT La Plata

Dr. Antonio José Ramirez Pastor, Director CCT San Luis

Dr. Hugo Velasco, Director IMASL, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Luis Cadus, Director INTEQUI, Consejo Directivo CCT San Luis

Dra. Soledad Ceruti, Directora INQUISAL, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Nelio Ochoa, Director INFAP, Consejo Directivo CCT San Luis

Dr. Ricardo Daniel Enriz, Director IMIBIO, Consejo Directivo CCT San Luis

Fuente: periferia.com.ar

En marzo podría estar disponible la vacuna argentina para tratamientos por melanoma

Fue desarrollada por científicos del CONICET con apoyo de la Fundación Sales. Vaccimel ya fue autorizada por la ANMAT y apunta combatir la enfermedad que deriva en distintos tipos de cáncer.

En la Argentina, un equipo de científicos del Conicet con apoyo de la Fundación Sales desarrolló una vacuna terapéutica contra el melanoma, que llamaron Vaccimel. Ya fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) bajo condiciones especiales en 2021, y es la primera aprobada en el mundo.

El melanoma es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los melanocitos (células que dan color a la piel). Hay distintos tipos de cáncer que comienzan en la piel. La enfermedad se presenta en cualquier lugar de la piel. La presencia de lunares inusuales, la exposición al sol y los antecedentes médicos influyen en el riesgo de melanoma.

Los signos del melanoma incluyen cambios en el aspecto de un lunar o la pigmentación (color) de un área de la piel. Para diagnosticar el melanoma, se utilizan pruebas para examinar la piel. Ciertos factores afectan el pronóstico (probabilidad de recuperación) y las opciones de tratamiento.

Células malignas

El melanoma es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los melanocitos (células que dan color a la piel).

La piel protege contra el calor, la luz solar, las lesiones y las infecciones. La piel también ayuda a controlar la temperatura y almacena agua, grasa y vitamina D. La piel tiene varias capas, pero las dos capas principales son la epidermis (capa superficial o externa) y la dermis (capa profunda o interna). El cáncer de piel comienza en la epidermis, que se compone de tres tipos de células:

Células escamosas: células delgadas y planas que forman la capa superficial de la epidermis.

Células basales: células redondas que están por debajo de las células escamosas.

Melanocitos: células que producen melanina y se encuentran en la parte profunda de la epidermis. La melanina es el pigmento que determina el color natural de la piel. Cuando la piel se expone al sol o a luz artificial, los melanocitos producen más pigmento y oscurecen la piel.

Cifras

Desde 2010 hasta 2019, el número de casos nuevos de melanoma aumentó cerca del 1 % por año; aunque, el número de muertes por esta enfermedad continúa disminuyendo cada año. El melanoma es más común en los adultos pero, a veces, se encuentra en los niños y adolescentes. Para obtener más información, consulte Tratamiento del melanoma infantil.

“Es una vacuna terapéutica, no preventiva”, afirmó José Mordoh, que lideró su desarrollo, y aclaró que “son varias aplicaciones”.

325 mil casos por año

El investigador superior del Conicet, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y subdirector de la carrera de Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otros cargos en instituciones que cofundó, como el Instituto Alexander Fleming y la Fundación Cáncer (FUCA), pronosticó que podría estar disponible a partir de marzo.

Por año se diagnosticaron 325.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 1 de cada 5 casos de cáncer de piel. Desde la investigación científica se busca desarrollar tratamientos más eficaces y seguros.

Fuente: periferia.com.ar

Rompehielos británico con bandera de las “Falklands” navegó por aguas argentinas

Se trata del RRS Sir David Attenborough. El día 11 de enero navegó desde Malvinas a Punta Arenas violando la soberanía argentina para luego cruzar el Estrecho de Magallanes.

RRS “Sir David Attenborough” atracado al muelle Arturo Prat de Punta Arenas proveniente de Malvinas. (Foto cuenta X @gm0hcq).

La nave estuvo en la capital de la Región de Magallanes entre el viernes 12 y ayer jueves 18. Atendió temas logísticos y de recambio de parte de su tripulación antes de emprender un nuevo crucero de investigación hacia el Mar de Wedell en la Antártica.

Operado por la British Antarctic Survey, el buque navega bajo la bandera y con clara identificación de las islas “Falkland”, lo cual es ilegal que lo hubiera hecho dentro de la jurisdicción marítima argentina.

El buque zarpó el día 11 de desde Malvinas, ingresó a la jurisdicción marítima de control argentino, cruzó la boca oriental del estrecho de Magallanes y arribó a Punta Arenas el pasado viernes 12.

Cabe recordar que su identificación bajo la enseña de la colonia británica en el Atlántico Sur ya causó polémica el año pasado. Cuando por una misma acción que la reciente, en febrero de 2023; los senadores argentinos de Juntos por el Cambio Pablo Blanco de Tierra del Fuego y María Belén Tapia de Santa Cruz; efectuaron un pedido de informes al entonces Canciller Santiago Cafiero, con el objeto de conocer en qué circunstancias y quien autorizó la navegación del buque británico RRS Sir David Attenborough, con bandera ilegal FK de las “Falkand island”, entre Puerto Argentino y Punta Arenas.

Fuente: agendamalvinas.com.ar

Un fiscal fueguino considera responsabilidad nacional la instalación de un radar británico

En 2022, la empresa Leolabs Argentina SRL, compañía con socios de Irlanda e Inglaterra, montó el dispositivo que derivó en un conflicto interjurisdiccional cuando el Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Jorge Taiana, admitió que las instalaciones implicaban un riesgo para la seguridad nacional.

Foto: Cristian Urrutia

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego dictaminó que fue responsabilidad del anterior gobierno nacional y no de la provincia la instalación de un radar con potencial capacidad militar y por parte de una empresa de capitales ingleses en inmediaciones del municipio de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla.

El dispositivo montado en 2022 por la empresa Leolabs Argentina SRL, una compañía con socios de Irlanda e Inglaterra constituida ese mismo año en la ciudad de Ushuaia, derivó en un conflicto interjurisdiccional cuando el Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Jorge Taiana, admitió que las instalaciones implicaban un riesgo para la seguridad nacional.

El funcionamiento del radar que en principio iba a utilizarse para el monitoreo de basura espacial fue autorizado de manera precaria por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente del exjefe de gabinete Juan Manzur, el 15 de noviembre de 2022.

Sin embargo, al conocerse la postura de la cartera de Defensa, la misma Subsecretaría canceló el permiso y dispuso el cese de las actividades del radar el 22 de junio de 2023.

Foto: Cristian Urrutia

Desde entonces comenzó un conflicto entre el gobierno fueguino y los funcionarios nacionales, en especial con el excanciller Santiago Cafiero, acerca de a qué jurisdicción le corresponde intimar al desarme completo del mecanismo de monitoreo y cuál tuvo la principal responsabilidad en el desembarco de la empresa británica.

A ello se sumaron los reclamos de algunos diputados de la oposición y de agrupaciones de ex combatientes de la guerra de Malvinas que exigieron respuestas a ambos estados y pusieron en duda si el radar podía seguir operando de manera remota.

El diputado Pablo Blanco (UCR) y ahora senador nacional presentó por entonces una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la provincia a los fines de que investigara lo sucedido y determinara eventuales responsabilidades.

Foto: Cristian Urrutia

El fiscal Virgilio Martínez de Sucre dictaminó en ese expediente que “las competencias federales en este asunto aparecen subordinadas a decisiones y políticas públicas de máximo nivel nacional cuyo diseño y ejecución incumbe en forma primordial a las autoridades federales”.

En ese sentido, el funcionario judicial consideró que el rol de Tierra del Fuego y sus entidades es “acompañar tales directivas, a través de acciones acordes y concertadas, pero es evidente que no puede asumir el protagonismo que corresponde a los agentes de la Nación”.

A la provincia se le atribuye haber tenido intervenciones concretas en el proceso de instalación del radar, entre ellas haber inscripto a la sociedad británica a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) haber provisto de electricidad al predio de la estancia El Relincho (donde fue montado el dispositivo) y haberle concedido a la empresa un permiso ambiental de obra.

Foto: Cristian Urrutia

El fiscal entendió que esos organismos intervinieron antes del permiso provisorio otorgado por Nación a Leolabs y sin tener conocimiento de las actividades que desarrollaría la compañía.

“El hecho de que los capitales que conforman una sociedad sean en parte de origen británico no constituye un elemento que nuestro ordenamiento jurídico tenga en cuenta para fijar un procedimiento especial de consulta (…) y en la documentación societaria no había elementos que pudieran hacer suponer de antemano a un lego en la materia el uso dual (civil-militar) de las instalaciones”, escribió Martínez de Sucre en el dictamen al que accedió Télam.

En la misma línea, el funcionario planteó que los agentes provinciales especializados en ambiente o energía eléctrica, pero no en asuntos castrenses ni de telecomunicaciones, estaban incapacitados para determinar potenciales amenazas a la seguridad nacional.

Foto: Cristian Urrutia

“Considero erróneo e infundado endilgar responsabilidades a agentes del Gobierno provincial, máxime cuando la conducta de las autoridades federales no ha resultado acorde”, concluyó el titular de la Fiscalía de Estado fueguina.

También le pidió al gobernador Gustavo Melella que a través de las áreas competentes “proceda a verificar la definitiva conclusión de los procedimientos de desactivación y desmonte total de la obra civil e infraestructura del radar”.

https://www.telam.com.ar/notas/202401/652764-fiscal-estado-fueguino-responsabilidad-nacional-instalacion-radar-britanico.html

Ley de Tierras: Habilitan feria judicial en La Plata para tratar un amparo

El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado N°4, había rechazado el pedido de habilitación de la feria, pero este jueves la Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en sentido contrario.

El abogado de Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, celebró la decisión. Foto: Prensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata habilitó la feria judicial para que se trate una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), que busca que se declare la nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras.

El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado N°4, había rechazado el pedido de habilitación de la feria, pero este jueves la Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en sentido contrario.

En el fallo, al que Télam tuvo acceso, los jueces Carlos Alberto Vallefin y Jorge Eduardo Di Lorenzo consideraron que por "la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable a la parte" se resuelve habilitar la feria judicial, en los términos del artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial y del Reglamento de la Justicia Nacional.

En su apelación, Cecim indicó que se “solicitó en primera instancia la habilitación de la feria judicial para el tratamiento de la acción de amparo deducida -con medida cautelar- con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad (...) del artículo 154 del Decreto 70/2023".

Según se precisó, este "deroga la ley 26737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales" y "pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.

Además, los excombatientes plantearon que “la entrada en vigencia del artículo puede dar lugar a la celebración de negocios jurídicos que vayan en detrimento del pueblo argentino, que operen en menoscabo de la soberanía nacional, condicionando el futuro en lo inmediato y mediato".

En el fallo se aclara que la habilitación de la feria "no implica pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado, sino solo respecto del pedido"

En redes sociales, el abogado de Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, celebró la decisión y destacó: “Ahora el Juez Federal Recondo deberá continuar con el trámite del amparo que interpusimos para que se declare la nulidad del art. 154 del DNU del Poder Ejecutivo”.

“No a la extranjerización de la tierra”, completó el letrado.

Fuente: telam.com.ar

Fuerte advertencia de científicos al Congreso: "El DNU puede ser una condena a muerte"

Un grupo de los más destacados investigadores del país firmó una declaración en la que le reclamaron a los legisladores que consideren los graves peligros que entraña el DNU de Milei para las capacidades científico-tecnológicas indispensables para el desarrollo.

Un grupo de los más destacados investigadores del país, referentes en la Argentina y en el mundo, como Juliana Cassataro, Gabriel Rabinovich, Carlos Balseiro, Andrea Bragas, Alicia Dickenstein, Karen Hallberg, Fernando Stefani y muchos otros (lista al final), firmaron una declaración en la que advirtieron a los legisladores -que actualmente debaten las reformas y desregulaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei- su alarma "por la posible pérdida y deterioro de recursos y capacidades estratégicas", y expresan profunda preocupación por algunas iniciativas del gobierno contenidas en el DNU 70/2023 que, de concretarse, representarán "una condena a muerte de capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo a futuro".

"En particular –afirmaron–, queremos llamar la atención de los legisladores por la posibilidad que abre el DNU referida a la venta y/o cesión irrestricta a capitales extranjeros de territorio (incluidos aguas y glaciares), cielos, espacio exterior y empresas estratégicas. Estas medidas representan una cesión de soberanía nacional sin precedentes, y una amenaza existencial a la seguridad y a las posibilidades de desarrollo económico, social, y cultural de la Argentina.

"Estamos a favor de la inserción económica del país en el contexto global, pero esto debe hacerse con visión estratégica, defendiendo el interés nacional, protegiendo el ambiente y resguardando las posibilidades presentes y futuras relativas al bienestar del pueblo argentino. La venta y/o cesión de nuestro territorio a capitales internacionales pone en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos naturales, el suministro de agua y la integridad ecológica. Tierras, aguas, cielos, y espacio exterior, son fundamentales para la economía y para la defensa del país. Su apertura desregulada conduciría a un aumento de la vulnerabilidad frente a amenazas externas y a una pérdida de soberanía. Estos recursos, junto con empresas estratégicas de participación estatal, como YPF, son claves para el desarrollo tecnológico y la competitividad económica. Su apertura desregulada conduciría a un aumento de la vulnerabilidad frente a amenazas externas y a una pérdida de soberanía. Estos recursos, junto con empresas estratégicas de participación estatal, como el caso de YPF, son claves para el desarrollo tecnológico y la competitividad económica del país.

"Si bien consideramos que el citado DNU define también otras normas cuestionables, como las referidas al campo de los derechos individuales y laborales, depositando en el Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Congreso de la Nación, hacemos foco aquí en la posible pérdida y deterioro de recursos y capacidades estratégicas, porque sumadas al plan en marcha para dolarizar la economía y perder nuestra moneda, tendrían un impacto catastrófico en la capacidad de Argentina de defenderse y competir en el escenario global, reduciendo drásticamente las posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías y productos, y limitando severamente la generación de riqueza y empleo calificado.

"Por estos simples e inexorables motivos, y sobre la base de nuestra formación y experiencia, alertamos a los legisladores nacionales que, mientras siga en vigencia el mega DNU, el futuro de la Argentina se encuentra en grave peligro".

Y finalizan: "Apelamos a que cada uno de los legisladores se comprometa a actuar con el fin de resguardar las capacidades y recursos estratégicos de la Nación. Desde ya quedamos a disposición para acercarnos al Congreso a fin de profundizar sobre las implicancias de estas medidas".

Firmantes:

Aizen, Marcelo; Alvarez, Vera; Angel, Sergio; Aramendía, Pedro; Arrachea, Liliana; Azzaroni, Omar; Balseiro, Carlos; Balseiro, Esteban; Bartoli, Carlos; Bollini, Mariela; Bragas, Andrea; Busnengo, Fabio; Cáceres, Alfredo; Carrillo, Néstor; Cassataro, Juliana; Chan, Raquel; Chiabrando, Gustavo; Chuluyán, Eduardo; Comerci, Diego; Costas, Mónica; Davio, Carlos; De Florian, Daniel; De Mendoza, Diego; De Miguel, Natalia; Della Védova, Carlos O.; Diaz, Sandra; Dickenstein, Alicia; Docena, Guillermo; Dova, Teresa; Drincovich, Fabiana; Dubner, Gloria; Duran, Guillermo; Elgoyhen, Belen; Erijman, Leonardo; Estrin, Darío; Fainstein, Alejandro; Farina, Walter; Flexer, Victoria; Gamarnik, Andrea; Gamberale, Romina; Geffner, Jorge; Goldbaum, Fernando; Golombek, Diego; González, Daniel H.; Grigera, Santiago; Hallberg, Karen; Iglesias, Alberto; Kornblihtt, Alberto; Lamas, Diego; Lanusse, Carlos E.; Levi, Valeria; Litter, Marta; Llois, Ana María; Menzella, Hugo; Molina, Victor; Monti, Gustavo; Murer, Mario Gustavo; Murgida, Daniel; Palatnik, Javier; Parodi, Armando; Paruelo, José; Fernando; Politis, Gustavo; Ponce Dawson, Silvina; Rabinovich, Gabriel; Ramos, Victor; Reboreda, Juan Carlos; Rubinstein, Marcelo; Rubio, Gerardo; Rumbo, Martín; Salvatierra, Guillermo; Santa María, Guillermo; Schijman, Alejandro; Schinder, Alejandro; Somoza, Gustavo; Stefani, Fernando Daniel; Steren, Laura; Uchitel, Sebastián; Ugalde, Juan; Varela, Oscar; Vila, Alejandro; Yanovsky, Marcelo; Zwirner, Norberto Pastoriza, Hernán; Pecci, Adali; Pitossi, Fernando; Politis, Gustavo; Ponce Dawson, Silvina; Rabinovich, Gabriel; Ramos, Victor; Reboreda, Juan Carlos; Rubinstein, Marcelo; Rubio, Gerardo; Rumbo, Martín; Salvatierra, Guillermo; Santa María, Guillermo; Schijman, Alejandro; Schinder, Alejandro; Somoza, Gustavo; Stefani, Fernando Daniel; Steren, Laura; Uchitel, Sebastián; Ugalde, Juan; Varela, Oscar; Vila, Alejandro; Yanovsky, Marcelo; Zwirner, Norberto.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/ciencia/fuerte-advertencia-de-cientificos-al-congreso-el-dnu-puede-ser-una-condena-a-muerte--202411116220

Argentina y la desnacionalizacion estratégica

Ley ómnibus, defensa nacional y ajuste fiscal

Por Luciano Anzelini y Sergio Eissa

El 20 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional emitió el Decreto 70/2023, al que denominó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Asimismo, fija en el decreto la casi total desregulación del andamiaje económico nacional mediante la eliminación o modificación de cientos de leyes. Sin embargo, en la norma no hay prácticamente referencias a la defensa nacional, con excepción de dos menciones genéricas relativas a los códigos Aduanero (en el artículo 144) y Aeronáutico (en el artículo 184).

Una semana más tarde, el Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación un extenso proyecto de ley al que denominó —parafraseando el título del histórico texto de Juan Bautista Alberdi— “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, pero que inmediatamente se popularizó como “Ley Ómnibus”. El proyecto de ley, que profundiza la línea fijada en el Decreto 70/2023 —desregulando drásticamente el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurando dejar sin efecto todo lo que entiende como restricciones a la oferta de bienes y servicios—, sí tiene referencias concretas a la defensa nacional. En efecto, ya en su artículo 1° anticipa que la norma proyectada contiene “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia de (…) seguridad y defensa”.

En consecuencia, atento a la trascendencia que tiene semejante decisión —nótese que el artículo 76 de la Constitución nacional establece la prohibición “de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”—, urge la necesidad de un análisis detallado de lo que la norma propuesta prescribe en materia de defensa nacional.

El consenso permanece, ¿pero está firme?

En la edición del Cohete del pasado domingo 31 de diciembre, su director, Horacio Verbitsky, advertía correctamente que “el gobierno decidió no incluir en el ómnibus ninguna modificación a las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia nacional que permitieran la actuación castrense fuera de su actividad específica. Esas leyes, promulgadas durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, expresan el consenso multipartidario que rigió durante cuatro décadas, al dividir en forma tajante entre defensa nacional y seguridad interior. Modificarlo por decreto no satisface las exigencias de los miembros de las actuales promociones para volver a enterrar sus borceguíes en el fango que ensució los uniformes de quienes los precedieron, y por ley no cuenta con el número suficiente”.

Este saludable reflejo de preservación de los militares —que advierten las consecuencias que acarrearía un involucramiento en seguridad interior— nos remonta a más de dos décadas atrás, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, rechazó el pedido del Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), de su secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para reprimir las protestas que estaban ocurriendo en diferentes lugares del país. A criterio de Brinzoni, no sólo no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad previstas en la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, sino que además consideraba que se trataba de un problema político y socioeconómico que debía resolverse institucionalmente.

Si bien por ahora el “consenso permanece”, cabría preguntarse cuán sólido está. La Vicepresidenta, Victoria Villarruel, afirmó, cuando aún estaba en plena campaña electoral: “No estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas combatan el delito”. Por su parte y en sentido contrario, la actual ministra de Seguridad y entonces precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, señaló: “La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel; debemos usar todos los medios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas”. Estas disonancias se extienden hasta el presente: si bien el proyecto de Ley Ómnibus no avanza abiertamente contra el consenso democrático de separación entre defensa y seguridad, fuentes de Casa Rosada dejan trascender que “Milei quiere avanzar cuanto antes en una fuerte batalla contra el crimen organizado y el terrorismo, no sólo con las fuerzas de seguridad, sino también con los militares”.

En este marco, es importante advertir que el artículo 3º del proyecto de Ley Ómnibus declara la emergencia en materia de defensa y seguridad, delegándole al Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas, tal como sostiene el artículo 1º, en clara violación con el artículo 76 de la Constitución nacional, en tanto no existe una situación excepcional y de emergencia que exija esa delegación en materia de defensa.

Ahora bien, la delegación no resulta inocua. En primer lugar, el Presidente podría modificar sin intervención del Congreso de la Nación las leyes de Defensa Nacional N.º 23.554, de Seguridad Interior N.º 24.059 y de Inteligencia Nacional N.º 25.520 y sus modificatorias, quebrando así el denominado “consenso básico” y autorizando el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, como anhela la ministra Bullrich. Asimismo, podría otorgarle nuevas facultades al Poder Ejecutivo Nacional, como ya lo hizo el ex Presidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando a través del artículo 10º del Decreto N.º 228/2016 autorizó el derribo de aeronaves que, como sostuvo oportunamente José Manuel Ugarte, implicaba el establecimiento de la pena de muerte sin juicio previo. Por último, más allá del loable principio establecido en el inciso l) del artículo 4º del proyecto, en lo que respecta a “los altos intereses de la Nación”, en nombre de estos ya se han introducido otras aberraciones en nuestro país como la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa o la Doctrina de Seguridad Nacional.

El eventual involucramiento de los militares en tareas policiales, que podría convertir a las Fuerzas Armadas en lo que Juan G. Tokatlian denomina “crime fighters” o “combatientes del crimen”, no requeriría de un aumento del presupuesto, por lo que resultaría compatible con lo que sostienen “aquellos que la ven” y que afirman que “no hay plata”. Todavía más, no sería necesaria la incorporación de material pesado a las Fuerzas Armadas, así como tampoco resultaría relevante la inversión en ciencia, tecnología y producción para la defensa. Como correlato de estas transformaciones, las Fuerzas Armadas quedarían sobredimensionadas para cumplir con estas tareas, lo que exigiría —en el mejor de los casos— llevar adelante procesos de reconversión del personal para lidiar con el “exceso de efectivos militares”.

Reconversión laboral y ajuste presupuestario

El artículo N.º 603 del Proyecto de Ley Ómnibus reemplaza el artículo 10º de la Ley N.º 25.164 que, en su redacción original, establecía el régimen de “designación y prestación de servicios del personal de gabinete”, creando un Fondo de Reconversión Laboral. Este fondo “tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos”. El descabezamiento de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente pase a retiro de oficiales superiores, es un adelanto de lo que puede suceder en el resto de las jerarquías, en línea con este artículo del proyecto de Ley Ómnibus que ha despertado creciente malestar en las Fuerzas.

El modelo de “Crime Fighters” o “Small Armed Forces” encuentra también su correlato conceptual en el desmantelamiento del sistema de producción para la defensa. El artículo 8º de la Ley Ómnibus, por ejemplo, declara sujetas a privatización empresas del complejo militar-industrial de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado —algunas de cuyas instalaciones, como la ubicada en la localidad de Azul (provincia de Buenos Aires) habían sido cerradas por el expresidente Mauricio Macri y puestas en valor y operatividad nuevamente por el gobierno del Frente de Todos—; la emblemática Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), y Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA). Asimismo, el postergado lugar de la ciencia, la tecnología y la producción para la defensa —o al menos un desconocimiento importante de su trascendencia— ha quedado de manifiesto en el reciente Decreto N.º 6/2024, que aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional en lo relativo al Ministerio de Defensa, en el que la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa aparece simultánea —y erróneamente— como parte de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados del sector.

El gobierno también ha tomado otras medidas por fuera de este proyecto que suman incertidumbre. Durante el mes de enero de este año se debió haber pagado la cuarta cuota de la recategorización salarial, establecida por la gestión anterior y cuya tercera cuota fue efectivizada el 1º de noviembre de 2023 a través de la Resolución Conjunta N.º 52/2023 suscripta por los entonces ministros Massa y Taiana. Al día de hoy crece el malestar en las Fuerzas Armadas por la falta de novedades sobre este asunto.

Asimismo, el presupuesto del Sistema de Defensa 2023, como el de toda la Administración pública, fue prorrogado para el presente año a través del Decreto N.º 88/2023. La Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) N.º 1/2023 actualizó algunas de las partidas y, en el caso del Ministerio de Defensa, se modificaron las partidas del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para atender los gastos correspondientes a los retiros y pensiones. Al cierre de esta nota, el resto de las partidas de la jurisdicción no habían sido actualizadas y no había certeza sobre lo que podría ocurrir con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). De no mediar una nueva decisión administrativa de la JGM que actualice los gastos del Ministerio de Defensa, de acuerdo con las proyecciones de inflación para el año 2024, las actividades de adiestramiento, alistamiento y sostenimiento se verían seriamente afectadas.

Finalmente, la Ley Ómnibus crea, a través del artículo N.º 347, una comisión auditora para determinar el estado de alistamiento del sistema de defensa, lo cual refleja un desconocimiento del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) y del funcionamiento del Estado. El CPDN, que culminó exitosamente con la aprobación del PLANCAMIL 2023, tiene incorporado un análisis del estado de alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene facultades para efectuar este tipo de auditorías o evaluaciones de manera transparente. Un ejemplo de esto último puede encontrarse en el Informe de dicho organismo (IF-2022-12758871-APN-GCSI#SIGEN), que dictaminó que los aviones Super Etendard Modernisé (SEM) comprados durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) no estaban en condiciones de volar y tenían componentes británicos.

Alineamiento irrestricto con los Estados Unidos

El proyecto de ley presenta la sorpresa de incorporar un tema adecuadamente regulado por la Ley 25.880, que fija desde el año 2004 el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización —establecida en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución nacional— para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Una lectura rápida y no muy atenta de los artículos 345 y 346 del proyecto de ley ómnibus podría llevarnos a abonar aquello que Carlos Pagni catalogó como la “wikiley” de Milei, es decir, una suerte de “cuerpo normativo elaborado con el sistema de Wikipedia, donde cada usuario puede agregar lo que se le ocurre”.

En este sentido, ¿cuál sería la razón de incorporar a esta altura los ejercicios militares a desarrollarse durante 2024 y 2025, cuando la ley que regula el tema fija que es recién en marzo cuando hay que mandar el programa de ejercitaciones al Parlamento? Todavía más, el artículo 345 anticipa que los ejercicios a realizarse durante dicho bienio no alteran la propuesta diseñada por la gestión del ministro saliente, Jorge Taiana, aunque sí corresponde advertir que se omiten los requerimientos de la Ley 25.880 en cuanto a la información básica para cada autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él [1].

Lo verdaderamente relevante del asunto, sin embargo, aparece en el artículo 346 del proyecto de ley, en el que se faculta al Poder Ejecutivo a “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países, para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”. Ello supone delegarle al Poder Ejecutivo Nacional una facultad legislativa en materia de entrada y salida de tropas cuando no existe ninguna situación de emergencia que justifique esa delegación. El resultado de la eventual aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos sería el de evitar la intervención del Congreso de la Nación ante la histórica presión de los Estados Unidos por conseguir una inmunidad total para sus soldados y así quedar fuera del alcance de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción universal el Pentágono rechaza.

Este alineamiento irrestricto con los intereses y demandas de Washington por parte de la administración Milei posiblemente —si aparece la plata que el Presidente dice que “no hay”— se vea reflejado en el plano de las adquisiciones. En efecto, la gestión anterior —tanto a nivel ministerial como de asesoramiento técnico-militar del Estado Mayor Conjunto— no descartaba la incorporación de los cazas chinos JF-17 porque, al ser un avión de última generación y al no tener componentes británicos, cumplía con las aptitudes que exige el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2023). Sin embargo, el actual gobierno habría optado por adquirir los cazas estadounidenses F16 en el marco del alineamiento automático con los Estados Unidos y para no generar preocupación al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este alineamiento con el Pentágono en el plano defensivo-militar —perfectamente discernible también en la trayectoria de los hombres elegidos para conducir el Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas— no debe sorprender: sigue la lógica de la reciente decisión de desistir del ingreso a los BRICS, en lo que representa una evidente mala lectura de las dinámicas e intereses que imperan en el escenario internacional.

Reflexión final

Todas estas medidas hay que enmarcarlas no solamente en los nuevos lineamientos de la política exterior argentina, sino también en una serie de medidas confluyentes en una “desnacionalización estratégica”. Cabe citar, en este sentido, la eliminación del límite para la posesión de tierras en manos extranjeras; el permiso para que otros países lleven adelante actividades pesqueras en la Zona Económica Exclusiva (ZEE); el avance sobre facultades de las provincias en materia de hidrocarburos, otorgándole más poder a las empresas del sector, y el potencial acuerdo con los Estados Unidos para patrullar conjuntamente las aguas del Atlántico Sur. El modelo económico que se está implementando afecta la soberanía y los recursos estratégicos de la Argentina y, en este esquema, las Fuerzas Armadas se convertirían en una pieza de museo. Por el contrario, si se las reconvirtiera en “Crimen Fighters” o “Small Armed Forces”, resultarían funcionales al modelo liberal-libertario, no sólo para combatir los delitos, sino para garantizar la represión de las protestas sociales. La derecha requiere guardias pretorianas antes que Fuerzas Armadas.

Esto último no es una novedad. La Argentina ya ha pasado por este trance en varias oportunidades, la más trágica durante la última dictadura militar (1976-1983). Si bien el proyecto de ley ómnibus todavía conserva el “consenso básico” —aunque podría quebrarlo vía delegación al Poder Ejecutivo de facultades legislativas—, lo cierto es que sectores importantes del actual gobierno presionan para que los uniformados vuelvan a embarrarse en la seguridad, control y represión internos. De hecho, la administración Milei se deshizo rápidamente de las promesas de campaña efectuadas a los militares —así como a su vicepresidenta Victoria Villarruel— y volvió a repetir las tendencias ya reflejadas en otros gobiernos de derecha de la historia argentina: subordinación incondicional a los Estados Unidos y ajuste fiscal, aunque este último con un carácter inédito por su radicalidad. Como señaló un historiador en las redes sociales: la historia nos enseña a no repetir el pasado, pero ello no garantiza que aprendamos de sus enseñanzas.

[1] Nos referimos a los siguientes aspectos: 1. Tipo de actividad a desarrollar.; 2. Origen del proyecto: (con el detalle de convenios o acuerdos marco y de los respectivos actos aprobatorios, si los hubiera); 3. Fundamentos de los objetivos de la actividad: a) Políticos. b) Estratégicos. c) Operativos. d) De adiestramiento. e) De adiestramiento combinado. f) De interoperatividad. g) Operaciones combinadas. h) Operaciones de imposición de la paz. i) Operaciones de mantenimiento de la paz. j) Operaciones de carácter armado y/o bélico. 4. Configuración de la actividad: a) Lugar de realización. b) Fechas tentativas de ingreso/egreso (según corresponda), tiempo de duración de la actividad. c) Países participantes y observadores: efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento. d) Despliegue de las tropas y medios. e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan. f) Costo aproximado. g) Fuentes de financiamiento. 5. En todos los casos se detallará la situación operacional real o simulada. 6. Información adicional del Ministerio de Defensa.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).

** Sergio Eissa doctor en Ciencia Política (UNSAM). Ex director nacional de Formación (Ministerio de Defensa).

Fuente: elcohetealaluna.com

«Sin ciencia y tecnología no hay futuro para la Argentina»

Declaración de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología

El plan de ajuste comunicado por Caputo el 12 de diciembre, el DNU 70/2023 anunciado por Milei el 20 de diciembre, el DNU 84/2023 del 23 de diciembre y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) presentado el 27 de diciembre constituyen un ataque frontal contra la democracia, la república, la nación y el Estado.

Se trata de un verdadero avasallamiento a derechos políticos, económicos, sociales y culturales que la sociedad conquistó trabajosamente a lo largo de décadas. En nombre de la libertad, el mercado y el capital, pretenden hundir definitivamente a nuestra patria en el atraso, el subdesarrollo y la desintegración social.

En cuanto al sector CyT nacional, en particular, de aplicarse el conjunto de medidas impulsadas por el actual gobierno, las consecuencias serían netamente destructivas y de difícil reversión. Al previsible desfinanciamiento, desjerarquización, achicamiento y giro mercantilista de parte de una gestión neoliberal se le suman una batería de iniciativas destinadas a privatizar y desmembrar el sistema argentino de ciencia, tecnología e innovación. Nos detenemos en este último punto por ser el más grave en relación con nuestro sector. Entre las 41 empresas públicas sujetas a privatización, según el anexo 1 del proyecto de Ley Ómnibus, se encuentran diez de base tecnológica:

• Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), compañía argentina​ de energía, mayormente gas y petróleo y derivados de los hidrocarburos, que alberga una importante actividad tecnológica asociada a esas actividades y otras vinculadas a distintas fuentes de energía en empresas creadas ad hoc (Y-TEC, YPF Litio, etc.);
• Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), que brinda servicios de almacenamiento seguro y transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial;
• Dioxitek, dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen a las centrales nucleares argentinas, y a producir fuentes selladas de Cobalto 60, que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina y tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas;
• Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), empresa aeroespacial orientada al desarrollo de medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, la operación de antenas terrestres y la comercialización de imágenes obtenidas de satélites argentinos;
• Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), a cargo de la operación de las centrales nucleares en funcionamiento en el país, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos de investigación y desarrollo para el mantenimiento de las centrales y el desarrollo de futuras plantas nucleares;
• Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), sociedad anónima integrada por seis organismos de CyT nacionales (UNSAM, INTI, INTA, CNEA, CITEDEF, SEGEMAR), destinada a la promoción de proyectos de transferencia de tecnología y la incubación de empresas tecnológicas;
• Fabricaciones Militares (FM), Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (Fadea) y Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), empresas públicas con competencia en el desarrollo y producción de armas, aeronaves y buques, que fomentan una amplia red de proveedores tecnológicos;
• Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad.

Mención aparte merece la política definida en relación con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). El cierre de la agencia, que articula más de treinta laboratorios públicos dependientes de la Nación, las provincias y las universidades nacionales, es un atentado directo contra el derecho a la salud. La ANLAP promueve la producción y el desarrollo de medicamentos y vacunas que no son de interés para el sector privado por no considerarse “rentables”. Por todo esto, una política de esta magnitud lesionaría profundamente la capacidad CyT argentina en la materia.

En síntesis, de concretarse las privatizaciones de aquellas empresas públicas y la desarticulación de la ANLAP se verán severamente afectadas las capacidades nacionales en los sectores nuclear, aeroespacial, de energía, salud y defensa; todas áreas estratégicas para la soberanía tecnológica y el desarrollo del país.

Por último, entre las consecuencias más relevantes del desfinanciamiento, desjerarquización y achicamiento, se pretende una parálisis en la formación de jóvenes investigadores/as y en su incorporación como doctores al sistema CyT, con la inevitable fuga de cerebros que la acompañaría. Estamos hablando de miles, si no decenas de miles de trabajadores de la CyT -científicos/as, tecnólogos/as, universitarios y especialistas- que abandonarán el país ante la imposibilidad de desarrollarse profesionalmente. Si bien este es un problema constante de los países periféricos, la violencia del ajuste desatado por el gobierno de Milei conducirá a una porción significativa de los recursos más calificados del país a optar por continuar sus carreras en otras latitudes.

Por todo esto, la Mesa Federal rechaza contundentemente el Plan Caputo, los DNU y la Ley Ómnibus, y adhiere y se suma a las iniciativas, tanto a nivel local como nacional, emprendidas por distintos sectores para frenar este ataque, en particular, aquellas dirigidas a la defensa de los trabajadores/as despedidos/as. Nos comprometemos, además, a iniciar acciones que permitan visibilizar y difundir en ambas cámaras del Poder Legislativo y en la sociedad los efectos de estas políticas sobre el sector CyT argentino.

No es momento para medias tintas.

Como dijera nuestro libertador, el General San Martín, “cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología agrupa a:

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Fuente: agendarweb.com.ar

Excombatientes de Malvinas denunciaron un "plan de entrega de la soberanía nacional"

Desde la agrupación platense criticaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación de las islas y apuntaron a la política del actual gobierno que propone una "relación madura de diálogo" con el Reino Unido. "Ya vivimos la época de las relaciones carnales de los gobiernos liberales", explicaron.

El CECIM de La Plata criticó la política "Winnie Pooh" que quiere llevar adelante la Cancillería / Foto: X @cecimlaplata.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de "engañoso" el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un "plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional".

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, "advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: 'En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'".

"Ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur"

En ese aspecto, rechazaron que "ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur".

"No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales", sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que "hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza".

"La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social", enfatizó la entidad.

Fuente: telam.com.ar