martes, 12 de marzo de 2024

Los motivos por los cuales los militares se niegan a desembarcar en Rosario
Generales, oficiales y hasta la tropa no ocultan su disgusto con la intención gubernamental de empeñarlos en una lucha que en términos militares no es tal.
Por Fernando Morales


Prisioneros semi desnudos y con las cabezas gachas son vigilados por personal de seguridad armado en una cárcel en Rosario, en la provincia de Santa Fe (REUTERS)

Es por demás sabido que en el presente no existe en las filas de las Fuerzas Armadas de la Nación ningún oficial, suboficial o soldado que hubiera estado activo en los años de la dictadura militar. El Brigadier General Xavier Isaac es el militar de más alto rango y antigüedad y detenta el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. Egresó de la Escuela de Aviación Militar en diciembre de 1983, el resto de los casi 80 000 efectivos militares del país lo hicieron al menos 3 años después. Vale acotar que será este Brigadier quien por su rol actual será llegado el caso el primer responsable de cualquier consecuencia no deseada de un eventual despliegue militar en Rosario.

La introducción no es estéril ya que con el devenir de la democracia y sin solución de continuidad en los últimos 40 años la política se ocupó de dos cosas, la primera fue reducir el poder operativo real de las fuerzas en el entendimiento que si les quitaban medios se diluiría su rol de amenaza a la democracia. La segunda, resetear y formatear en todos los niveles de formación y capacitación la doctrina militar para que desde muy temprano los uniformados entendieran que “nunca jamás deberían empuñar las armas de la patria en contra de la sociedad”. En ambos cometidos la política fue exitosa.

Defensa Nacional y Seguridad Interior

El mandato político antes indicado fue ratificado formalmente con la aprobación en la década del 90 de las leyes de Seguridad Interior (24059) y de Defensa Nacional, las que definitivamente delimitaron el campo de acción de fuerzas policiales y militares.

Estas dos leyes, sin embargo, abren una puerta al eventual empeño de los militares en tareas propias de las fuerzas policiales. El artículo 27 de la ley de Seguridad Interior indica taxativamente que en determinadas condiciones las FFAA podrán aportar servicios logísticos de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte. También podrán aportar sus cuerpos de ingenieros y comunicaciones. “En la Rosario actual ciertamente no se necesitan ni arsenales, ni animales, ni construcciones ni comunicaciones. Lo que se pretende es inundar las calles de uniformados sea de la fuerza que fueran y poner vehículos del ejército a circular por las calles para infundir temor a los narcotraficantes. Esa claramente no es una tarea logística. Si quieren camiones se pueden enviar, pero no es con camiones como arreglarán el tema”, sostienen invariablemente los uniformados.

Asimismo, los jefes militares no dejan pasar por alto que a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios internacionales, en Rosario no existe un enfrentamiento abierto entre delincuentes y policías, no se configura una situación en la que se perciban fuerzas policiales sobrepasadas operativamente e incluso con víctimas policiales en enfrentamientos. “Podremos poner 20 o 100 camiones, pero al sicario solitario que mata a un inocente en cualquier esquina no lo vamos a amedrentar”, remarcan.

Orden de cumplimiento imposible

Por estas horas la comunidad militar muestra más preocupación que enojo. Un alto jefe de las fuerzas armadas lo explicó ayer mismo de la siguiente forma. “El sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a oficiales o suboficiales la más mínima noción sobre métodos o procedimientos para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad interior. Nuestro entrenamiento y el armamento que utilizamos persigue el exterminio del enemigo no su apresamiento (salvo en caso de rendición). No hacemos inteligencia criminal y no estamos capacitados para usar fuerza moderada. Es más, hasta nuestros vehículos se comportan torpemente en un escenario citadino”, advierten.

“Existe un precepto militar fundamental que indica que una operación militar debe reunir tres condiciones para ser llevada adelante: aptitud, factibilidad y aceptabilidad (en la jerga militar se lo conoce como AFA). Resulta evidente que las FFAA del presente no podrían cumplir con este precepto básico en modo alguno”, insisten.

“Inundar las calles de militares implica severos riesgos. ¿Qué pasaría si un sicario la emprende contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si cae bajo fuego del delincuente hemos sacrificado a un hombre o una mujer innecesariamente. Si repele con su armamento militar a un civil su futuro profesional y hasta su libertad se verán comprometidas”, resaltan.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el Ejército realizó tareas para ayudar a urbanizar barrios de emergencia en Rosario.

Gran parte del resquemor militar radica en el hecho de que el máximo ofrecimiento que el Ministro de Defensa Luis Petri les ha hecho es una modificación del actual decreto reglamentario de la Ley de Defensa que -al margen de la ley de seguridad- circunscribe el accionar militar a “repeler ataques de fuerzas regulares estatales extranjeras”.

Los uniformados sostienen que un decreto no alcanza y recuerdan en cada oportunidad que pueden, que el expresidente interino Ítalo Luder firmó un decreto para dar inicio al Operativo Independencia en Tucumán con las consecuencias ya conocidas. “Un decreto tiene gusto a poco” resumen. No obstante, ni ese decreto pudo conseguir el actual Ministro por el momento. En este contexto, no han sido pocas las voces de altos mandos militar que han expresado su rotunda negativa a desplegarse operativamente en la ciudad de Rosario. De hecho, el último intento realizado por el expresidente Alberto Fernández terminó en un rotundo fracaso “Los militares no estamos preparados para cumplir tareas de seguridad en la calle”, manifestó reiteradamente el Teniente General Paleo desde su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA cuando la excandidata – hoy ministra de seguridad- Patricia Bullrich pregonaba en campaña electoral sus ideas al respecto.

No se puede soslayar el hecho del amplio apoyo que el actual presidente Javier Milei obtuvo de parte de la comunidad militar. En algunas unidades la fórmula libertaria arrasó con más del 80% de los sufragios. La presencia en la fórmula de la actual vicepresidente Victoria Villarruel fue un reaseguro a la no participación de los militares en tareas de seguridad interior. “La propuesta de Patricia Bullrich jamás nos convenció. Ella siempre sostuvo que si llegaba a la presidencia haría algo que no estábamos dispuestos a realizar. No ganó las elecciones, pero ahora desde el ministerio de seguridad nos quiere imponer una tarea que no deseamos cumplir”, sintetiza el mismo oficial superior antes consultado.

Horas tensas

De acuerdo con la modalidad operativa actual de las FFAA, las distintas fuerzas no operan por sí solas. Las fuerzas adiestran y alistan sus medios y personal y los ponen a disposición del Estado Mayor Conjunto que es el organismo que lleva adelante las operaciones en cualquier escenario (tierra, mar y aire) Este modus operandi hace que por estas horas la fuerza con más posibilidades de ser movilizada al teatro de operaciones Rosario sea el Ejército. La responsabilidad de cualquier hecho o daño colateral que este desplazamiento implique recaerá en cabeza del Brigadier General Isaac. El aviador lo sabe, el ministro lo sabe y los jefes o oficiales involucrados lo saben. Se les ha prometido a los militares fijarles reglas de empeñamiento (reglas de acción) claras y que no los pondrán frente a frente con el “enemigo narco”. No les queda otra alternativa que prestar atención a los anuncios públicos que realizarán las máximas autoridades de seguridad y defensa para luego obrar primero en defensa propia y recién después en apoyo a la seguridad de los demás.



Fuente: infobae.com
Una startup aeroespacial argentina anunció que su sexto “picosatélite” opera con éxito
Innova Space, una empresa marplatense, lanzó el "MDQubesat-2" en diciembre, desde Estados Unidos. Planean poner en órbita 90 picosatélites en 2025 para iniciar la comercialización de datos IoT.



La empresa creadora de satélites de comunicación IoT (Internet de las cosas), Innova Space, anunció que está operando con éxito su sexto picosatélite puesto en órbita en diciembre de 2023.

El “MDQUBESAT-2” fue lanzado con éxito al espacio desde Vandenberg Space Force Base, California, Estados Unidos, a través de la compañía SpaceX, y que se encuentra realizando pruebas de comunicaciones “muy satisfactorias”.

“El 1 de diciembre de 2023 a las 11.56 se lanzó el cohete Falcon 9 de SpaceX, llevando en su interior al vehículo de transporte ION SCV-015 de la empresa italiana D-Orbit, que fue desplegado minutos después con total éxito, manteniendo en su interior al picosatélite MDQubeSAT-2 para IoT de Innova Space, el cual fue desplegado a su vez el 22 de diciembre de 2023 a las 8.55”, informó el CEO Innova Space, Alejandro Cordero.




Y destacó: “Estamos muy felices de anunciar que el MDQUBESAT-2 orbita según lo esperado. El picosatélite se desplegó 22 días después del lanzamiento dando señales de salud, que continúan llegando en forma ininterrumpida y ya son más de 75 días en comunicación continua. Ese mismo día comenzamos también las pruebas de la carga útil, enviando paquetes desde la tierra con datos de sensores de prototipado propios y recibiéndolos en nuestra estación terrena. Nos complace informar que todas las pruebas han sido exitosas y que con poco más de dos meses en funcionamiento, alcanzamos todos los hitos propuestos para la misión. El equipo se encuentra abocado y concentrado en todo el proceso, dando seguimiento minuto a minuto”.

“Otra vez nuestro sueño se convirtió en realidad. Un nuevo picosatélite fue puesto en órbita por Innova Space y se convirtió en el sexto en menos de 3 años de operaciones. Las actualizaciones tecnológicas de este PocketQube de 2P nos permitieron demostrar con éxito el funcionamiento de su carga útil para conectar dispositivos IoT en lugares remotos. Seguimos trabajando en la consolidación de nuestra plataforma de comunicaciones, de cara a las próximas misiones. Sentimos un gran orgullo al afirmar que el proyecto de constelación de Innova Space avanza según lo planeado, para brindar conectividad a las zonas rurales del país, principalmente áreas agrícolas y mineras. Este nuevo hito nos abre la puerta para ofrecer comunicaciones de bajo costo a todo tipo de sensores aplicados a la agricultura, minería y petróleo, que podrán ser conectados por nuestros satélites”, afirmó Cordero.

Una plataforma para comercializar datos IoT, para 2025

Además, sostuvo que a fines de 2024 estarán listos “para diseñar la plataforma definitiva que permitirá iniciar la comercialización a principios de 2025, con el lanzamiento de alrededor de 90 picosatélites que conformarán la primera constelación”. De acuerdo al CEO, la capacidad de desarrollo de Argentina es “inmensa” y “no se necesita mucho dinero”, sino que se debe a “la pasión, el trabajo y la dedicación”.

Por otro lado, la empresa confirmó que se encuentra lista para salir a una ronda semilla de 2 millones de dólares para completar su plataforma, avanzar con la primera constelación e iniciar la comercialización de servicios.


El equipo completo de Innova Space, en Mar del Plata.

¿En qué sectores productivos impacta?

En este sentido, Cordero subrayó: “La financiación se utilizará para construir satélites con la arquitectura final e iniciar la concesión y pago de licencias para la comercialización en mercados objetivo, como la agricultura, Oil&Gas, minería, marítimo y defensa. Innova Space se propuso democratizar el acceso a la conectividad con planes de muy bajo costo, haciéndolo accesible a un mayor número de usuarios. La nueva ronda permitirá a la empresa culminar el desarrollo de su plataforma y comenzar a ofrecer soluciones de conectividad a los usuarios de todo el mundo con precios más asequibles que las ofertas actuales en el mercado”.

Y concluyó: “Hemos establecido acuerdos con actores clave del sector espacial, como Equatorial Space, Lia Aerospace, Skyroot, Druhva, Ylectric, LambSpace, además de Wiagro y otros players en el sector agtech, buscando ampliar nuestra red de socios para impulsar esfuerzos de comercialización futura”.



Tierra del Fuego iniciará acciones legales contra la empresa contratada por los ingleses para construir un puerto en Malvinas
En 2021 iniciaron una acción judicial contra Bam Nuttall, cuando la colonia usurpadora hizo el primer intento que se frustró por la suba internacional de precios. Ahora irán contra Harland & Wolff, sus proveedores y clientes asociados al proyecto.


Imágenes que publicó la empresa Harland & Wolff del futuro puerto de Malvinas.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, adelantó que el gobierno fueguino iniciará acciones legales contra Harland & Wolff; la empresa contratada por los británicos para desarrollar un nuevo puerto en las Islas Malvinas, que se montará sobre cuatro pontones flotadores de 90 metros de largo cada uno.

En tal caso, se tratará de la segunda acción de defensa legal en el plano internacional, que la provincia austral llevará adelante en un intento de frenar un proyecto estratégico de esta envergadura, impulsado por la colonia británica que usurpa las islas argentinas.

En agosto de 2021, durante el primer mandato del gobernador Gustavo Melella, también se abrió una acción penal contra Bam Nutall, la empresa constructora elegida por los ingleses para realizar un puerto de aguas profundas, de 400 metros de largo por 60 de ancho, en Puerto Argentino. Proyecto que finalmente no prosperó, por la suba internacional de precios de los insumos requeridos para la obra.

En esa fecha, la denuncia del gobierno fueguino tenía como argumento que la empresa había sido contratada por las ilegítimas autoridades de Malvinas, para una obra que no contaba con la "debida intervención" del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego.

Ayer, en declaraciones formuladas a FM Master’s de Ushuaia, Andrés Dachary señaló que “hay una segunda oleada” por parte de Gran Bretaña “de intentar fortalecer las capacidades logísticas en Malvinas con miras a tener mayor capacidad operativa en la explotación de hidrocarburos, en la pesca”.

En esta ocasión, la provincia seguirá una estrategia similar, buscando intimar a la empresa constructora y a sus proveedores para que respeten las leyes provinciales. “Vamos a avanzar en una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia. En el caso de que no responda, o la respuesta no sea satisfactoria, la Ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se avanzará con el proceso ya de judicialización”, explicó el funcionario.

Además de las medidas legales, la provincia está rastreando a todos los proveedores y clientes asociados con el proyecto para notificarles sobre el litigio pendiente. “Estamos rastreando con todos los equipos, toda la cadena de proveedores y de clientes, con todas las empresas en distintas partes del mundo que están asociadas a quienes van a llevar adelante este proyecto, para, llegado el caso, remitir cartas documentos notificando que esta empresa se encuentra en litigio con la provincia de Tierra del Fuego”, añadió el secretario.

Sin embargo, Dachary reconoció los desafíos inherentes a la situación, especialmente con el tácito respaldo del gobierno argentino a las autoridades ilegítimas de Malvinas. “La respuesta puede ser favorable, pero honestamente es difícil ser optimistas pensar que la empresa presente toda la documentación porque, obviamente, entraría en conflicto con el gobierno ilegítimo”, comentó.

A pesar de las difíciles condiciones, la provincia está decidida a proteger sus intereses y su soberanía nacional. Dachary subrayó la importancia de mantener una comunicación coherente en la defensa de los recursos naturales y la búsqueda de apoyo internacional a través de canales establecidos por la Convención de La Haya. “Nuestro interés es avanzar rápidamente en la judicialización, e impedir cualquier tipo de operación de esta empresa y de sus empresas asociadas en alguna otra parte de la Argentina”, afirmó.

En última instancia, la provincia de Tierra del Fuego está comprometida a tomar medidas para proteger sus recursos y territorio. Aunque el resultado final es incierto, la provincia está obligada a hacer valer sus derechos y defender su soberanía frente a cualquier amenaza externa.



El gobierno británico de las Islas Malvinas anunció que construirá una puerta de entrada a la Antártida
Una estratégica terminal portuaria se comenzará a erigir en las islas Malvinas para atraer cruceros, pesqueros, barcos de investigación científica y hasta petroleros, eventualmente, en la puerta de entrada a la Antártida.




Fruto de un acuerdo entre las autoridades del archipiélago y el astillero británico Harland & Wolff se llevará a cabo un proyecto que se empezó a gestar en la necesidad de reconstruir puerto Stanley, destrozado en la guerra de 1982.

La inversión inicial será de alrededor de 150 millones de dólares, contaba con créditos por US$ 85 millones para financiarlo y se encuadrará en las normas británicas medioambientales.

La Fundación Marambio ha estado advirtiendo desde hace tres años el riesgo de que la iniciativa, ahora en vías de concreción, "puede poner en jaque la política antártica de Argentina".




Desde entonces, la idea de modernizar la terminal fueguina de Ushuaia se encuentra estancada y la aparición de un competidor de fuste enfrente reaviva las viejas polémicas, justo cuando la política del gobierno de Javier Milei para con las Malvinas no es propicia para un avance en ese terreno.

La visita a la Argentina de David Cameron y sus definiciones respecto de las "Faklands", como las denominan los británicos, incomodaron a la Cancillería, que terminó emitiendo una nota de protesta tras el anuncio de ampliación del área de protección, con zonas de veda a la pesca, alrededor de las Islas Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur.

El contrato cerrado con Hartland & Wolff, el astillero que hizo el famoso Titanic, hundido en 1912, sucedió al intento de celebrarlo con Bam Nuttall en 2020.

La licitación se efectuó en 2023 y hubo dos ofertas, una de ellas de Harland & Wolff, con lo que se definió no sólo la construcción de las instalaciones sino la infraestructura de acceso y la calzada.

Ahora, la concreción de ambos proyectos permitirá reemplazar al FIPASS (Falkland Interim Port and Storage System), o Puerto Stanley.

El puerto y la central eléctrica son obras prioritarias para las islas, según aseguró a los medios de prensa el consejero Mark Pollard.

En cuanto a las disputas diplomáticas entre Reino Unido y Argentina, las nuevas medidas tomadas por el gobierno kelper en torno de ese archipiélago en el Atlántico Sur las reaviva y acrecienta.

Se trata de dos de las siete naciones que reivindican partes del continente blanco, pero son las únicas dos que reclaman exactamente la misma porción de territorio.

El reclamo antártico británico, realizado en 1908, abarca por completo (y excede) el territorio que la Republica Argentina había reclamado en 1904. En 1940, Chile se sumó a la polémica, reivindicando parte del terreno disputado por ambos.

El relato que hizo BBC Mundo sobre el significado de la construcción de un puerto moderno donde está emplazado Puerto Stanley introduce un nuevo mojón a finales de 2018, cuando el gobierno de las islas Malvinas, conocido como FIG o Falkland Islands Government, publicó un aviso invitando a compañías a presentar sus ideas para un nuevo puerto.

En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa local, Barry Elsby, responsable de la cartera de Desarrollo y Servicios Comerciales, explicó que el deterioro del puerto actual, construido en 1984 y conocido como Fipass (Sistema de Almacenamiento y Puerto Interino de las Falklands), era tal "que ya no es seguro que los barcos atraquen allí".

Consultado por el diario Penguin News —el único que se publica en las islas— sobre cómo pretendían que fuera el nuevo puerto, Elsby señaló que el FIG estaba abierto a sugerencias, y que había dejado el aviso "deliberadamente abierto".

El anuncio salió diciendo "que queremos un puerto con esta cantidad de espacio de atraque, esta cantidad de capacidad de carga en el borde, y luego permitimos que los interesados desarrollen sus propias ideas y nos las vendan", afirmó entonces.

Se estableció 2024 como el año de reemplazo de Puerto Stanley. Durante la firma del contrato, en abril de 2020, el director gerente de BAM Nuttall, Martin Bellamy, había dicho que el nuevo puerto "respaldará la economía local, incluida la pesca, el turismo y el transporte marítimo, y facilitará el crecimiento económico previsto en el futuro".

La pandemia de coronavirus puso en pausa los planes, que se retomaron en agosto de 2020 y en septiembre BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad.

A todo esto, recién 2021 en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (que incluye a las Malvinas), denunció a BAM Nuttall por operar sin su autorización en esa región sobre la que reclaman soberanía.

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, denunció ante el Parlamento que la obra tiene como fin último ampliar el control británico sobre la Antártida, ya que "con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida".




Según el legislador, el objetivo del nuevo puerto es "brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco", con lo cual se torna genuina la preocupación de que el nuevo puerto de Malvinas busque reemplazar al de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como punto de ingreso y partida a la Antártida. Ubicada a unos 1000 kilómetros del Continente Blanco, Ushuaia es la capital más austral del mundo y se autoproclama la "puerta de entrada a la Antártida". Hasta ahora.

En el Senado de la Nación Argentina, con la participación del mencionado legislador, se presentó el Proyecto de Comunicación S-1819/2021, que dice que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan y ante la posible construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.

La revista argentina DEF, especializada en asuntos de defensa, energía y ciencia, reveló en tal sentido un viaje que realizaron cerca de un centenar de técnicos y científicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania. Habían salido de la ciudad de Hamburgo con destino a la base alemana Neumayer III, en la Antártida.

Se destacó como sospechoso el itinenario que hicieron: primero volaron en un avión de Lufthansa, contratado por el Instituto Wegener, hasta el Aeropuerto Internacional Mount Pleasant, la base militar de la Fuerza Aérea británica en las islas Malvinas.

Y desde allí viajaron hasta el Continente Blanco en el rompehielos alemán Polarstern, el mayor buque de investigación científica de todos los tiempos.

La publicación subrayó que se trataba de "la primera operación aeromarítima de este tipo, con capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas".

Y concluyó que este viaje, sumado a la construcción de "un nuevo puerto británico en Malvinas especializado en servicios antárticos, son indicios del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la comunidad antártica internacional".

Hasta ahora, muchos de los países que reivindican partes de la Antártida, y de las restantes 35 naciones que tienen bases permanentes en el continente blanco, habían accedido hasta allí desde los dos puntos más cercanos: Ushuaia o Punta Arenas, en Chile (ubicada unos 150km más al norte).

Según el mismo informe de DEF, estos países —que en su mayoría están en el hemisferio norte— podrían estar buscando otras vías de acceso debido a que "los puertos sudamericanos se caracterizan por tener trabas administrativas".

Del quedo argentino en el aprovechamiento de su privilegiada posición geográfica da cuenta asimismo que, más allá de los planes británicos, Chile ya aventaja a Argentina en cuanto a la logística que ofrece para acceder a la Antártida.

"Chile desarrolló empresas privadas de buques y aeronaves para la exploración polar, lidera la franja de turismo antártico y dentro de poco contará con el rompehielos más moderno del hemisferio sur", indica DEF.

Alejandro Bertotto, exdirector provincial de Antártida y exjefe de la base antártica San Martín, señaló a DEF que en la década de los 1990 hubo un ambicioso proyecto, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para establecer en Ushuaia "un sistema internacional de logística antártica".

Los planes incluían la instalación de "una estación de terminal de cargas aéreas, una terminal de carga marítima y un alojamiento para personal científico en tránsito" en torno de un puerto de aguas profundas en el canal de Beagle.

"Además en la Antártida, en la base Petrel, se preveía una estación terminal de cargas antárticas, para, desde ahí, distribuir a las bases argentinas y extranjeras que contraten esos servicios" contó.

El informe de DEF resalta que el país -el primero del mundo en instalar una base permanente en la Antártida y en reclamar su soberanía allí- "cuenta con una alta calidad de sus recursos humanos, militares y científicos, además de una amplia trayectoria en el desarrollo de campañas antárticas".



lunes, 11 de marzo de 2024

Misiones cerró la planta con la que desarrollaba nanosatélites, en Oberá
Es por la caída del financiamiento que provenía desde Nación. La tecnología es clave para la transmisión de datos IoT. Buscarán reactivar el programa "FANSat" en Posadas.



La fábrica de nanosatélites que alojaba, en Oberá, provincia de Misiones, al programa FANSat, cerró sin previo aviso ni comunicación oficial. El cese de operaciones se debe a una decisión de centralizar las actividades en Posadas, sumado a dificultades financieras derivadas de la importación de materiales necesarios para la fabricación de los satélites.

“Prácticamente el 90% de los componentes y todos los materiales que lleva un satélite son importados. El año pasado, por lo que tengo entendido, fue bastante problemático y todos sabemos lo de la importación. Ni hablar con este fin de año que tuvimos y este nuevo comienzo de año, porque este satélite dependía de un aporte no reembolsable de Nación”, afirmó Piatti, presidente del Parque Industrial Posadas, en diálogo con el medio Misiones Online.

Sin fondos de Nación

Si bien el proyecto inicial contaba con aportes tanto estatales como privados, Piatti comentó que el financiamiento nacional se ha suspendido, lo que ha dejado en pausa el desarrollo del satélite, inicialmente llamado Cube, y luego Melchora.

Por otro lado, señaló la necesidad de reevaluar la viabilidad de proyectos similares en el futuro, dada la importancia estratégica de la investigación espacial y la medición de la huella de carbono en la región. “Investigar y desarrollar requiere de fondos, requiere de apoyo de todo tipo y hay veces que la gente busca otro rumbo si no encuentra eso”, dijo.




“A New Hope”

A pesar de los obstáculos financieros y logísticos, Piatti aseguró que el proyecto no está completamente descartado y que se está trabajando en encontrar soluciones para reactivarlo en el futuro. Sin embargo, reconoce que se necesitará un mayor apoyo tanto a nivel nacional como internacional para lograrlo.

En cuanto al estado del satélite Melchora, aseguró que “se está desarrollando el proyecto, pero todavía le falta mucho. Es totalmente posible, no estamos hablando de un proyecto imposible. De hecho, hay varios proyectos similares, incluso en el país, pero después de tener el satélite desarrollado, hay que ponerlo en órbita”.




¿A Posadas?

En esta misma línea, el presidente se refirió al futuro del Parque Industrial y otros proyectos de desarrollo en la región. Aunque se espera que se realicen cambios y reestructuraciones en el parque, aún queda por determinar cómo afectará esto a la economía local y al empleo en la zona.

“Vamos a hacer una reestructuración. Seguramente el auto eléctrico continuará, ya que tengo cierta expertise, conocimiento de esa área y lo creo muy viable. Hay que hacer un reanálisis de todo lo que significa el mercado de consumo de los autos eléctricos. También, el Parque Industrial viene desarrollando hidrógeno, es algo que va a venir en cualquier momento”, indicó.

Finalmente, agregó que el hidrógeno producido en la planta piloto mediante energía solar es un combustible potencialmente revolucionario que puede sustituir al petróleo. “Se utiliza energía solar, sol, agua y así obtenés un gas combustible que puede reemplazar al petróleo. Realmente es muy fuerte el desafío”, concluyó Piatti, que aseguró que esta innovación representa un gran avance en términos de cambio climático y sostenibilidad.



Una startup argentina se afianza en el mercado de los robots no tripulados
American Robotics desarrolla vehículos autónomos que ya operan en áreas como defensa, investigación y en la vida cotidiana. El aporte clave de dos universidades nacionales.



En 2020, el emprendedor entrerriano Sebastián Mirich fundó American Robotics, una startup dedicada al diseño y fabricación de vehículos autónomos para seguridad privada en barrios cerrados y parques industriales.

La tecnología fue desarrollada con el aporte clave de ingenieros de universidades nacionales como la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Sus diseños llegaron a referentes del Comando Conjunto Antártico, quienes le pidieron si podía adaptar uno de esos vehículos a las condiciones extremas de viento (más de 100 km/h) y temperatura (hasta 30 grados bajo cero) del continente blanco. Así nació el Skua, un Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV, por sus siglas en inglés), que además puede cumplir funciones de asistencia a las tareas que allí realizan científicos e investigadores.

“Aceptamos el desafío. Hicimos un equipo oruga y en 2022 cumplimos la primera misión”, cuenta Mirich. “Una de las tareas fue hacer un censo en una colonia de pingüinos Emperador de más de 500.000 ejemplares. Para esto entrenamos al equipo con IA (inteligencia artificial) para reconocer y contar pingüinos, que además de ser muchos, se mueven todo el tiempo. Esto significa una mejora en la eficiencia y la precisión de esta tarea que solía hacerse con un cuenta-ganado, con un considerable margen de error”, explica.

“Otra tarea que realiza el vehículo es detectar grietas que han sido tapadas por la nieve a través de un radar”, apunta.

Skua

El Skua (bautizado con el nombre de un ave antártica), mide cerca de 1,40 metros de largo, 0,70 de ancho y 1,40 de alto, y pesa 300 kilos. Cuenta con cámaras ópticas, un dispositivo que permite determinar la distancia mediante un emisor láser, GPS y georradar para mapear el subsuelo. Además, se puede manejar por control remoto o trabajar de forma autónoma. Y también se le puede adicionar un brazo robótico, a fin de tomar mediciones o muestras que necesitan los científicos residentes en la Antártida.

Una nueva versión del vehículo, el Skúa II, está siendo probada en la campaña antártica 2024 que comenzó este verano. Es bastante más grande que su antecesor con cerca de 2,10 metros de largo, 1 de ancho y 1,70 de alto, con un peso cercano a los 600 kilos.

¿Cuánto cuesta?

El nuevo modelo tiene mayor autonomía (hasta 8 horas), permite llevar cargas y hasta tres pasajeros. Una de sus funciones es la de búsqueda y rescate, permitiendo llevar camillas o suministros sin arriesgar personal, sobre todo en zonas de grietas.

Durante la campaña antártica también se está probando el vehículo “Mula”, más grande que los anteriores. Similar a un tanque en fisonomía y tamaño, fue diseñado para transportar carga y cumplir varios propósitos, entre ellos el de ambulancia, con posibilidad de llevar equipamiento médico en el interior y hacer las veces de consultorio móvil o ambulancia.




El aporte clave de “know how” de las universidades nacionales

Actualmente trabajan en la compañía 25 personas, en su mayoría científicos y técnicos. Tenemos convenios con el Conicet, distintas universidades nacionales y la dirección de investigación y desarrollo del Ejército”, destaca Mirich. “La mayoría son de Gualeguaychú y de Entre Ríos, pero también tenemos personal que ha venido de otras provincias. En Concordia hay una carrera (de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER) de Ingeniería con especialidad en mecatrónica, y también hay carreras de electromecánica y Bioingeniería en la UNER y la UTN”, comenta el emprendedor.

La idea es este año desarrollar unos 26 vehículos autónomos, en sus diferentes modelos, para proveer a las 13 bases que hoy funcionan en la Antártida, tanto temporales como permanentes, y también comenzar a proveer a clientes del exterior. Cada vehículo autónomo tiene un costo de alrededor de u$s125.000 y se realizan a pedido.

Con destino de exportación

“American Robotics nació para exportar”, dice Mirich y destaca que ya recibió pedidos de cotización de sus vehículos autónomos desde Brasil, México, España, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, hacia donde viajará próximamente en misión comercial.

Para aumentar la producción con vista al mercado externo, la firma realizó una importante inversión (alrededor de u$s 3 millones de dólares) para montar una planta productiva en Gualeguaychú, la cual será inaugurada en abril.

Además de sus empleados directos, la firma desarrolló una veintena de proveedores, entre metalúrgicas, autopartistas y desarrolladores de software, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

“Aunque estamos en un momento de crisis, en la Argentina tenemos los recursos naturales y humanos para desarrollar tecnología y subirnos a la ola de la inteligencia artificial. Las empresas que lo hagan ahora pueden ser el próximo Google”, asegura Mirich.



Denuncian que el CONICET está “paralizado por un ajuste infernal”
Así se manifestaron los investigadores en un comunicado denunciando el ajuste del gobierno de Javier Milei. Advierten por una nueva "fuga de cerebros".



El recorte de becas, la falta de insumos en laboratorios, el reciclado de elementos básicos como algodón y el riesgo de una nueva “fuga de cerebros”, son algunos ejemplos que muestran que el Conicet está “paralizado por un ajuste infernal”, aseguraron investigadores a Somos Télam y advirtieron que el organismo que esta semana fue distinguido como la mejor institución gubernamental en ciencia de América Latina podría quedar para fines de marzo “en una situación de colapso”.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se ubicó por sexto año consecutivo en el primer puesto de las instituciones gubernamentales de ciencia en Latinoamérica y alcanzó el lugar número 20 a nivel mundial, según el prestigioso Ranking SCImago publicado el viernes.

Excelencia, en riesgo

Sin embargo, los investigadores del Conicet alertan que está en riesgo la excelencia de la institución y advierten: “Estamos en los albores de un nuevo éxodo importante de científicos en Argentina”.

“La situación real es que está paralizado todo el sector científico”, indicó a Somos Télam la investigadora Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Estamos dejando de funcionar lentamente. No tenemos plata para lo mínimo, como papel de laboratorio o reactivos”, remarcó la doctora en Química.

La falta de insumos en laboratorios y el recorte de líneas de investigación son constantes que se repiten en los más de 280 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones que se distribuyen a lo largo y ancho del país.

Sin insumos

La asfixia presupuestaria llevada al extremo hizo que el Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH) de la provincia de Misiones se quede sin edificio porque ya no pueden pagar el alquiler, lo que los obliga a emprender una mudanza sin destino cierto aún.

“Nosotros estamos tan atrasados de insumos que estamos hirviendo algodón para reciclarlo”, explicó a Somos Télam Lucas Kreiman, becario doctoral en el laboratorio de Evolución que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Kreiman cría moscas de la fruta a diferentes temperaturas en tubos de ensayos con un fondo de puré de papa y los tapa con algodón para que los insectos puedan respirar.

“Usamos puré de papa, levadura y algodón y ya nos está costando comprar eso”, indicó el biólogo que es integrante de Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP).

Estudios claves

Estudiar cómo la temperatura afecta el ritmo de vida de las moscas es fundamental para saber dónde pueden instalarse en las próximas décadas teniendo en cuenta el cambio climático y también permite controlar a estas especies que causan daños millonarios en los cultivos de fruta fina en nuestro país y en todo el mundo.

A su vez, como las moscas son consideradas un “organismo modelo”, los hallazgos de la investigación se pueden extrapolar al comportamiento de otros insectos, como el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue y se expande por el aumento de temperatura.

Kreiman, de 31 años, está a la espera de recibir una beca posdoctoral para continuar sus investigaciones y aseguró que los becarios no tienen “certezas de continuidad laboral en el país”.



Diputados: Presentan un proyecto para garantizar el financiamiento universitario
La iniciativa declara la emergencia presupuestaria en las universidades, e insta al Ejecutivo a actualizar salarios, gastos generales y de funcionamiento cada dos meses.



El plan de gobierno de Javier Milei asfixian al sistema educativo. El congelamiento del presupuesto 2023 -con una inflación anual del 211,4%- deterioró las posibilidades de las universidades públicas; la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) despertó la incertidumbre en profesionales de la educación y en gobiernos provinciales; la falta de convocatoria a una paritaria nacional impulsaron a una serie de medidas de fuerza.

En ese marco, la Cámara de Diputados busca determinar por ley la obligatoriedad de financiamientos que el Ejecutivo recortó. Esta semana ingresó en el recinto una iniciativa de la diputada nacional Danya Tavela (UCR – Provincia de Buenos Aires) para declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el presupuesto 2024, con la intención de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
El proyecto

El proyecto determina sostener una relación de 85% para gastos salariales y de 15% para gastos generales y de funcionamiento en los establecimientos e insta a aplicar una actualización bimestral que contemple el IPC (en un 50%), el promedio de tarifas de servicios públicos (en un 25%) y la cotización de la divisa de referencia para la importación (en un 25%). Asimismo propone una modificación del artículo 58 de la Ley 27.204 -sobre la responsabilidad del Estado en la Educación Superior-, determinando partidas acordes al número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y las instituciones que tiene a cargo.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de diputados tanto del bloque de la Unión Cívica Radical como de Hacemos Coalición Federal: Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer, Gabriela Brower de Konig, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Julio Cobos, Marcela Antola, Pablo Juliano, Martín Arjol, Pablo Cervi, Maximiliano Ferraro, Ignacio García Aresca, Esteban Paulón, Mónica Fein, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Juan Carlos Polini y Natalia Sarapura. Ambas bancadas son fundamentales para que cualquier partido alcance el quórum en la Cámara baja.

El reclamo por el FONID llega al Congreso

Esta última semana los gobiernos provinciales contaron con una buena noticia al respecto del presupuesto para educación en sus distritos: un decreto prorrogó uno de los artículos de la Ley de Financiamiento Educativo y enviará, de manera automática, fondos a las provincias y municipios para proveer de recursos a los ministerios de Educación. Sin embargo, conservan su reclamo con respecto a la continuidad del FONID, creado en 1998 y con un impacto de hasta el 10% del sueldo docente.

Dentro del radicalismo propusieron dos propuestas para extender la vigencia del FONID: una de la propia Tavela y otra de Julio Cobos. El bloque sostiene su atención en Martín Menem, quien no ha conformado comisiones desde enero y supo dilatar la designación de los diputados representantes en la Bicameral.

En Hacemos Coalición Federal acusan no haber recibido respuesta aún a su iniciativa para tratar la extensión del FONID en la Cámara baja. Las negociaciones con la oposición menos acuerdista parecen girar bajo la órbita de Miguel Ángel Pichetto, pero, dado que tanto el Frente de Izquierda como Unión por la Patria también presentaron iniciativas para extender la vigencia del FONID, se descuenta que el proyecto tendrá media sanción ni bien se trate en el recinto.

Universidades nacionales en alerta

El año inició con un traspié para los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. A partir de una medida del Banco Central, que no prorrogó una excepción que habilitaba asistir a sectores públicos no financieros para el pago de salarios, se suspendió el mecanismo habitual de pago para el personal de unas 20 universidades nacionales (entre ellas, las de Rosario, La Plata, San Juan y San Luis), que permitía que reciban sus haberes el 1° de cada mes.

A eso se sumó el reclamo del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que convocó a un paro por 24 horas para el 14 de marzo por “la profunda crisis salarial y presupuestaria” que atraviesan las casas de estudio y exige la inmediata convocatoria a paritarias libres por parte del Gobierno Nacional. Los representantes gremiales sostienen que, en un contexto de 51,3% de inflación bimestral, recibieron una propuesta de aumento del 16%.

Sociales, con déficit

A través de un comunicado publicado el mes de febrero, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ejemplificó las implicancias del congelamiento presupuestario. En 2023, destinaron $238 millones para limpieza, mantenimiento de ascensores, compra de pupitres, ART y gastos generales. En el 2024, tendrán esos mismos fondos, pero “con una proyección de inflación interanual de 250% para este año el funcionamiento de nuestra institución necesita al menos $645 millones, lo que nos deja un déficit estimado de $406 millones”. De replicarse estas cifras, las instituciones se verían imposibilitadas de finalizar el primer semestre sin endeudarse.

Finalmente, el Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con la ejecución presupuestaria para poner en funcionamiento cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo) creadas por ley en el 2023. La decisión llevó a referentes académicos a judicializar la intención del oficialismo de comenzar un “proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas” y la Justicia ya tomó recaudos: el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el pasado viernes una “medida cautelar interina” que obliga a la administración nacional priorizar la puesta en funcionamiento de la Universidad de Pilar.



sábado, 9 de marzo de 2024

Las universidades públicas de todo el país van al paro
El Gobierno no transfiere los fondos que requieren para funcionar y no actualizó por inflación el presupuesto de 2024. Los salarios de docentes ya perdieron hasta 50% de poder adquisitivo.



Luego del desplante del gobierno nacional a la paritaria universitaria, en el marco de los recortes a la educación superior y de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de más del 50 por ciento desde diciembre, sus trabajadores se disponen a dar pelea para defender sus derechos y a las propias casas de estudio. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a federaciones nucleadas en las tres centrales obreras, anunció un paro de 24 horas (sin asistencia a los lugares de trabajo) para el próximo jueves 14 de marzo, con actividades de visibilización en todo el país, y un gran acto nacional y federal durante la primera quincena de abril.

El Frente Sindical que integran representantes de docentes y no docentes nucleados en Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun acordó que “la profunda crisis salarial y presupuestaria exige una respuesta de unidad estratégica con un plan de acción nacional que encauce el malestar, los reclamos, y sea eficaz para lograr los objetivos”.

“Las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales hemos perdido más de un 50 por ciento del salario desde el mes de diciembre de 2023. Por otra parte, el gobierno nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta a nuestras demandas”, expresaron.

El Frente Sindical destacó la necesidad de “movilizar a lo largo y a lo ancho del país para defender el salario, la educación pública como un derecho, los puestos de trabajo, las jubilaciones dignas, el derecho de las y los estudiantes a la educación universitaria y preuniversitaria, y de nuestro pueblo a contar con universidades públicas que sean capaces de producir el conocimiento que permita resolver sus grandes problemas”.

El lunes, a las 18.30, en la Facultad de Medicina de la UBA (Paraguay 2155, CABA), los gremios brindarán una conferencia de prensa.



viernes, 8 de marzo de 2024

Senado: advierten que el ajuste al sistema científico impulsa “una nueva fuga de cerebros”
La presidenta de la Comisión de Ciencia de la cámara alta, Silvina García Larraburu, pidió que el Gobierno revierta el ajuste al sistema científico y a las universidades nacionales.


Silvina García Larraburu, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.


La senadora nacional, Silvina García Larraburu, quien preside la comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara alta, llamó al Ejecutivo Nacional a revertir su política en materia de ciencia y tecnología. “La degradación del Ministerio a Subsecretaría, sumado al recorte presupuestario en las Universidades Nacionales y los Organismos del sector, con el consecuente congelamiento de programas, busca frenar de manera abrupta la generación de conocimiento situado, la vinculación y transferencia tecnológica con los sectores productivos, y alienta una nueva fuga de cerebros en Argentina”, sostuvo.

Larraburu indicó que “así lo interpretaron 68 Premios Nobel del mundo en su carta dirigida al Presidente de la Nación, en la cual alertan por la gravedad del ajuste implementado en el área y la interrupción en la formación de nuevos investigadores. En la misma, los reconocidos académicos detallan los descubrimientos y logros científico-tecnológicos del país a lo largo de su historia. Desde los avances en medicina, pasando por las innovaciones agrícolas, a los desarrollos en materia espacial, de biotecnología y en energía nuclear. De esta manera explican cómo la ciencia Argentina realizó un aporte fundamental en la generación de conocimiento global, y exhortan al Poder Ejecutivo a revertir su política que refleja una dramática devaluación de la ciencia argentina, del pueblo y el futuro del país”.

“Espero, sinceramente, que el llamado de la comunidad internacional haga reflexionar al presidente y su gabinete; ya que la movilización de nuestros científicos y científicas no pareció sensibilizarlo”, agregó.

Concluyó: “El crecimiento de Argentina está intrínsecamente ligado al desarrollo de una ciencia soberana, capaz de dar respuesta a las necesidades particulares del país. No podemos permitir el retorno de un modelo basado en la reprimarización y la especulación financiera. Si queremos ser potencia -como manifiesta repetidamente Javier Milei- debemos empezar por cumplir la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Científico y dar continuidad a las políticas que promovieron la articulación público-privada para la innovación tecnológica en el sistema productivo nacional”.



INVAP y la CNEA ya estudian exportar alta tecnología con el Reactor CAREM
La empresa de alta tecnología rionegrina y el organismo científico quieren aprovechar el "know how" tecnológico para ofrecer construcción de otras plantas nucleoeléctricas, componentes, ingeniería o servicios.




El 6 de marzo, en la Sede Central de INVAP en San Carlos de Bariloche, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) junto con INVAP firmaron un memorando de entendimiento con el fin de que ambas instituciones puedan trabajar en forma conjunta en la exploración de futuras oportunidades de exportación del reactor CAREM y otros servicios asociados.

La firma se llevó a cabo entre la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, y el gerente General y CEO de INVAP, Ing. Darío Giussi.

Este acuerdo se da en el marco de un creciente interés global en los pequeños reactores modulares y sus diversas aplicaciones asociadas. La visibilidad internacional del proyecto CAREM pone a Argentina en una posición privilegiada en este nuevo mercado.




Divisas por alta tecnología

De esta forma, las instituciones trabajarán de manera conjunta en la prospección, exploración, desarrollo y explotación de oportunidades comerciales referidas al CAREM y otras plantas nucleoléctricas, sus componentes, ingeniería, y servicios asociados y/o conexos.

El reactor CAREM, desarrollado por CNEA, es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado en Argentina con una posición privilegiada en el segmento de los reactores modulares de baja y media potencia (SMR por sus siglas en inglés). En este momento, la obra de la planta de demostración del reactor se encuentra con un importante grado de avance en un predio lindante al Complejo Atucha, situado en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.



El ajuste de Milei y Caputo ya tiene 25 universidades al borde del cierre
El Consejo Interuniversitario Nacional volvió a advertir que "si no se revierte el rumbo "se verá afectado el pleno funcionamiento" de las universidades. ¿Cuáles son?



El Gobierno de Javier Milei no da marcha atrás con la decisión de asfixiar hasta el cierre a las universidades nacionales y desde el Consejo Interuniversitario Nacional ya advirtieron (nuevamente) que al menos 25 casas de estudios superiores verán seriamente afectado su funcionamiento si no se revierte la situación presupuestaria.

Salarios, funcionamiento e investigación son los aspectos cruciales. Es que el Gobierno decidió mantener las universidades funcionando en 2024 con los mismos recursos que en 2023, con una inflación de más de 200%. Pero no sólo eso, además no les paga lo que les correspondería de ese presupuesto comprometido.

Todo es parte de la búsqueda del ministro Luis Caputo, y del presidente, Javier Milei, de llegar al déficit 0, algo que le está costando la sustentabilidad a las universidades, pero también a las provincias, a las PyMEs, al CONICET y los demás organismos de ciencia, y al sector productivo en general.

“Las instituciones universitarias miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron el 21 de febrero un comunicado desde el Comité Ejecutivo en modalidad ampliada mediante el que se expresa la «situación crítica en las universidades públicas»”, sostienen desde el CIN.

En ese texto se advierte que, «de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas». A partir de este planteo, las casas de estudios reunieron a sus respectivos Consejos Superiores y analizaron el documento.

“Al día de la fecha varías universidades han manifestado públicamente la situación crítica que atraviesan. A continuación presentamos los enlaces hacia sus respectivas publicaciones”, sostienen.



Al borde del cierre:

  • Universidad Nacional de las Artes
  • Universidad de Buenos Aires
  • Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
  • Universidad Nacional de Chilecito
  • Universidad Nacional del Comahue
  • Universidad Nacional de Cuyo
  • Universidad Nacional de General Sarmiento
  • Universidad Nacional de Hurlingham
  • Universidad Nacional de La Pampa
  • Universidad Nacional de Lanús
  • Universidad Nacional de Luján
  • Universidad Nacional de Misiones
  • Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
  • Universidad Nacional de la Patagonia Austral
  • Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
  • Universidad Nacional de Quilmes
  • Universidad Nacional de Rafaela
  • Universidad Nacional de Río Negro
  • Universidad Nacional de San Juan
  • Universidad Nacional de San Luis
  • Universidad Nacional de San Martín
  • Universidad Nacional del Sur
  • Universidad Tecnológica Nacional
  • Universidad Nacional de Tierra del Fuego
  • Universidad Nacional de Villa María

Comunicados de alerta y paro

Además de las universidades mencionadas, el Consejo Superior de dos gigantes, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de Córdoba (UNC) emitieron mensajes de “alerta y preocupación”.

Así mismo lo hizo la Universidad Tecnológica Nacional, al reclamar al gobierno nacional triplicar el presupuesto. Desde la UTN Bahía Blanca emitieron una resolución en la que advierte “las dificultades operativas que padecen por continuar con los mismos números del año pasado”.



En una reunión con el Consejo Superior de la Universidad, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, sostuvo que “vamos a hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para resguardar todo lo que está en funcionamiento y no dejar de hacer nada. Si no fuera por el esfuerzo, la dedicación y la racionalidad que le imprimimos a los recursos no sería esto posible. Hemos tenido reuniones en diciembre, enero y febrero con las autoridades nacionales de educación pero no hemos tenido certezas aún”.

“Creo que tenemos que insistir con todo lo que venimos haciendo, es momento de plantear con más fuerza en la agenda pública la gravedad del problema”, dijo Bartolacci, y agregó, “estamos trabajando en un proyecto en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional para constituir una Ley Nacional de Presupuesto Universitario, que esperamos poder presentar en el Congreso de la Nación en los próximos meses. No hay universidad que pueda cumplir su misión si no hay salarios dignos para sus trabajadores”.

35% de pérdida salarial

Para Adiuc, el gremio de los docentes universitarios cordobeses “es el recorte salarial más grande de la historia”. Javier Blanco, secretario General del gremio de los docentes universitarios cordobeses, afirmó que “nunca se perdió 35 puntos porcentuales de salario real”.

Por la misma situación, los gremios ya anunciaron un paro para el 14 de marzo.

“Hoy el problema de los sueldos docentes es realmente acuciante. El único aumento salarial que hubo fue del 16 por ciento y fue decretado porque hubo una paritaria que no funcionó”, explicó.

Además afirmó que “los gastos de funcionamiento” de las universidades “tampoco se han actualizado”.

“No sabemos ni cómo empezamos el año. No hay canales de diálogo reales. La enorme inflación que ha licuado ya enormemente los sueldos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.



jueves, 7 de marzo de 2024

Carlos Greco: “Nunca vimos un ajuste de esta magnitud”
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional se refirió a la situación presupuestaria de las universidades. "Lo que necesitamos es un 300% de aumento", aseguró.


Carlos Greco, presidente del CIN.


El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Carlos Greco, se refirió a la situación presupuestaria crítica que atraviesan las universidades nacionales.

A pocos días de comenzar las clases universitarias, las casas de estudios superiores ya alertaron que con el presupuesto actual no pueden garantizar el pleno funcionamiento.

La advertencia se da ante la falta de un presupuesto nacional debido a que el Congreso no sancionó una ley para este año y rige, por lo tanto, el presupuesto de 2023 – aprobado en septiembre de 2022-.

“El presupuesto ya no nos alcanza. Lo que recibimos es un cuarto de lo que necesitamos para pagar la luz, el gas, los servicios de vigilancia, de limpieza, los insumos de laboratorio, de docencias, seguros: todo lo que hace a los recursos materiales, financieros y económicos. Hoy solo podemos hacer frente al 25% de lo que necesitamos”, explica Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en diálogo con la Agencia Paco Urondo.

Salarios y gastos de funcionamiento

De estas partidas se desprenden los salarios y todos los gastos relativos al funcionamiento de las instituciones. Con una inflación interanual que supera el 254%, los salarios se encuentran congelados desde noviembre del año pasado y la reciente propuesta que deslizó el Gobierno fue de apenas un 16%.

“Respecto al funcionamiento, que es lo más acuciante, los gastos fueron los que se formularon en septiembre de 2022 que fue cuando se presentó el presupuesto para el 2023. Desde ese momento no hubo ninguna otra actualización, o sea que las universidades están expuestas a una pérdida de poder adquisitivo alrededor del 300%. Nosotros ya estamos funcionando mal. Por ahora estamos reduciendo contrataciones de vigilancia, de limpieza, fotocopiadoras: tratamos de reducir todo al mínimo”, dijo Greco, quien explicó que “en el caso del personal, la ultima actualización fue la de noviembre de 2023. Luego estuvo la inflación de estos últimos tres meses que supone una inflación acumulada de aproximadamete el 60%. A esa inflación le han ofrecido a los gremios una recomposicón salarial del 16%. Haber perdido más de la mitad de poder adquisitivo es dramático. Lo que puede llegar a ocurrir en el mediano plazo es que los mejores académicos se vayan, como ya ha ocurrido en otras épocas, en donde los principales investigadores y profesores titulares tenían ofertas de otras latitudes. Estamos frente a un nuevo posible éxodo“.

“Nosotros tenemos hecho los pedidos a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias; ellos comprenden y trasladan la inquietud pero no hay respuesta. Además de esos fondos, hay otros fondos para programas de investigación, de extensión, de doctorado, que son 50.000 millones. Le aconsejamos tanto a la cartera educativa, como a Capital Humano que ejecuten en sus puntos. Pero tampoco hay respuesta. Lo que necesitamos es un 300% de aumento”, dijo Greco.

Sensibilización

Por último, sostuvo que “lo que nosotros hemos acordado es que cualquier instancia de sensibilización tiene que ser con las aulas abiertas y en los espacios donde nosotros podemos ser cajas de resonancia de esa situación para que la sociedad la conozca. Lo peor que podríamos hacer es cerrar las aulas, es decir, ir a paros”.

“Queremos entender cuál es la política de este gobierno respecto de la educación para dar una discusión de fondo, porque la educación es para cualquier país una política de Estado”, aseguró . “¿Qué expectativas tiene este gobierno respecto de esa consigna que es considerar a la educación como un factor de transformación y desarrollo? No lo sabemos. Tenemos una gran valoración de lo que es el sistema universitario, queremos seguir manteniéndola. Ahora, el Gobierno, ¿qué valoración tiene? Esa es la discusión que queremos dar para luego hacer los reclamos de las asignaciones de insuficiencia. Este es nuestro planteo y lo haremos. Además de hacerlo con el Poder Ejecutivo, también lo haremos con el Poder Legislativo porque tiene el compromiso, la obligación y el deber constitucional de darnos una ley de presupuesto. El Estado debe garantizar la educación universitaria gratuita y de libre acceso”, concluyó el rector de la UNSAM.



Diputados aliados al Gobierno criticaron a Milei por desfinanciar las universidades
Durante la apertura de sesiones legislativas en el Congreso, el presidente buscó desprestigiarlas asociándolas con "negocios de la política". "Su desfinanciamiento es inadmisible", le retrucaron.




Luego de que el Gobierno nacional confirmara la decisión de revisar y auditar la creación de las cinco Universidades sancionadas en septiembre del año pasado el Congreso de la Nación, desde el bloque de diputados de la UCR y del GEN salieron a reclamar que el presidente de la Nación, Javier Milei, no desfinancie a las casas de estudios.

En las últimas horas, la totalidad de los legisladores que integran el bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN expresaron su acompañamiento a la preocupación revelada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ante la falta de actualización por parte del gobierno de Milei, de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de las Universidades nacionales.

“En la provincia de Buenos Aires funcionan 22 Universidades Nacionales y todas ellas influyen directamente no sólo en la formación académica de más y mejores profesionales, sino también al desarrollo de cada una de sus respectivas ciudades y regiones. Es responsabilidad del Gobierno nacional no solo garantizar los fondos para que puedan funcionar como establece la ley, sino también impulsar el crecimiento de las universidades. Su desfinanciación y desatención es inadmisible”, señalaron los diputados de la UCR y del GEN, por medio de un comunicado difundido a la prensa.

En este sentido, los diputados Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesias y Julio Pasqualin ingresaron un proyecto para expresar su rechazo a la revisión de la puesta en marcha de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, de Madres de Plaza de Mayo (CABA) y Río Tercero (Córdoba).

“Para revertir la crisis económica que atraviesa nuestro país habrá que realizar ajustes en diversas áreas, pero ese ajuste no puede ensañarse con las Universidades Nacionales que son la esperanza de las comunidades para que progresen sus hijos”, concluyeron los parlamentarios en la misiva.

Auditoría

Vale recordar que, esta semana el Gobierno confirmó la auditoria de las universidades antes nombradas y también la suspensión de los nombramientos de los cinco rectores que habían sido definidos por anterioridad a la asunción del nuevo gobierno.

Incluso, el vocero presidencial Manuel Adorni había dicho que al menos “en dos de esas universidades” se está “revisando” el destino que tuvieron unos “800 millones de pesos” transferidos a su estructura.

Revés judicial para Milei

El viernes pasado, la Justicia Federal le dio otro revés a las decisiones intempestivas del Gobierno nacional de frenar la creación de universidades. Le ordenó de manera “inmediata” suspender la revisión de la creación de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), una de las cinco casas de estudios sobre las que el gobierno de Javier Milei echó un infundado manto de sospecha.

La decisión fue tomada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, que hizo lugar a una medida precautelar interina presentada por Diana Wanger, la rectora de esa casa de estudios, creada el año pasado.

La demanda que presentó contra el Ministerio de Capital Humano, que representa al Estado nacional, solicitó declarar la “inconstitucionalidad” de la Resolución 45 que dispuso la revisión de la creación de la universidad, tal como lo anunció el Poder Ejecutivo el 27 de febrero.

Además, el amparo aludió a una “inminente lesión y amenaza de derechos y garantías reconocidos” por la Constitución Nacional. También se pidió el dictado de la medida cautelar que ordene la suspensión de la decisión presidencial porque es “violatoria de la garantía de autonomía con la cual la reforma de la Constitución de 1994 pretendió amparar a las Universidades Nacionales“.



Proyecto y construcción de una estación terrena satelital
Por Miguel Sanchez Peña 



La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) construyó e instaló una antena parabólica de 1,90 metros en su edificio central para recepción y envío de información satelital en las bandas VHF, UHF y S. Este proyecto también contribuirá en la recepción de los datos del futuro satélite USAT 1, desarrollado en el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad de Ingeniería.


Aeroespacio se comunicó con la Ing. aeronáutica Frida Alfaro, oriunda de El Salvador, quien se recibió en 2021 y comenzó a trabajar en el CTA. En la actualidad, es subcoordinadora del proyecto del satélite universitario y coordinadora de la estación terrena. Dentro del USAT 1, realiza varias tareas en ingeniería de sistemas; además, es docente en la facultad y dicta la materia Fluidos y Estructuras.

Alfaro nos comentó sobre la estación terrena, que nació por la aspiración de tener un satélite universitario, el USAT 1: “Evaluamos toda la arquitectura de la misión del satélite y vimos la importancia de contar con un segmento terreno, y estaciones de apoyo. Esto fue el motor para instalar una estación propia que traerá muchos beneficios, porque el programa abarca la construcción futura de una serie de satélites, que saldrán consecutivamente. La estación terrena tiene un servidor para procesar las señales, solo faltará hacer pruebas internas para el USAT 1 y así validar su uso para ponerlo en funciones”.


La estación terrena está ubicada en la torre del edificio central de la Facultad de Ingeniería. Dentro de sus funciones, puede recibir datos de otros satélites, almacenarlos y publicarlos. La antena transmite, en las bandas VHF, UHF y S, datos científicos como la temperatura, la vida útil de la batería, la posición y el funcionamiento del satélite, entre otros.


Para contar con el equipamiento adecuado, se adquirió un kit de elementos satelitales, que se costeó con los fondos del Ministerio de Economía de la Nación en el marco del programa Potenciar Satelital, que consiste en el fortalecimiento de aplicaciones tecnológicas en el sector


“Como parte del proyecto, se abrirá una convocatoria nacional e internacional para contactarnos con otras universidades y estaciones de la industria espacial, en un trabajo de cooperación”, menciona la ingeniera. Actualmente, ya cuentan con la colaboración del grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) del Departamento de Electrotecnia de la facultad de ingeniería.



Información: Lic. Victoria Verza, prosecretaría de Prensa y Difusión
Facultad de Ingeniería – UNLP
Fotos: UNLP