Malvinas y Sea Lion: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Milei?

Malvinas y Sea Lion: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Milei?

Los cruces corporativos entre el petróleo ilegal en Malvinas y los negocios en la Argentina desnudan las fisuras del anuncio presidencial: las sancionadas son inalcanzables, mientras las empresas con contratos vigentes en el país quedaron fuera de la lista.

Por Nicolás Lantos

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están avanzando en la construcción de las instalaciones en tierra en Puerto Argentino en las Islas Malvinas.

La red de proveedores e inversores vinculados con Sea Lion, el proyecto petrolero ilegal en el Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, está estrechamente entrelazada con operaciones económicas instaladas en la Argentina. El gobierno prometió castigar estas relaciones; hacerlo requerirá tocar intereses muy concretos.

Los vínculos van desde empresas que tienen contratos vigentes en proyectos locales a grupos financieros con títulos de compañías que operan en el país. Los cruces se refrendan en documentos corporativos, informes técnicos y presentaciones bursátiles, a los que tuvo acceso El Destape.

Los cruces entre el petróleo ilegal de Malvinas y las inversiones en Argentina

Bluewater Energy Services es la empresa holandesa que es dueña del Aoka Mizu, el buque de producción y almacenamiento flotante de petróleo que encabezará las primeras etapas de extracción de hidrocarburos en el territorio ocupado. También brinda servicios para Vaca Muerta Oleoducto Sur, un proyecto encabezado por YPF.

Bracewell, un estudio jurídico que asesora a Navitas en Sea Lion, negoció hace pocas semanas el ingreso a Vaca Muerta de uno de sus clientes. Harbour Energy, sancionada desde el año 2013 por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la cuenca de Malvinas, fue beneficiada por el RIGI en un proyecto conjunto con la petrolera estatal.

Esos son casos concretos, que el gobierno deberá sancionar si quiere mantener su palabra. Otros no implican necesariamente una incompatibilidad legal, pero dan cuenta del entramado promiscuo de negocios y política. Los inversores detrás del proyecto tienen en sus carteras una tajada importante de activos argentinos.

Medidas y cadena nacional: el giro del Gobierno de Milei ante el avance de Sea Lion

La SIDE se adjudica méritos en haber detectado el peligro que significa Sea Lion para la soberanía, pero la decisión final de inversión se había adoptado oficialmente el 10 de diciembre de 2025, hace casi diez meses. La noticia recibió amplia cobertura en algunos medios cuando las Malvinas todavía eran mala palabra en Casa Rosada.

Recién el 3 de septiembre de 2026, en cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció medidas para reforzar la aplicación de sanciones contra actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en los espacios marítimos de las islas. También anticipó una propuesta de reforma legislativa para endurecer el régimen.

El canciller Pablo Quirno dijo al día siguiente que las compañías deberán elegir entre participar en esas actividades o desarrollar negocios en la Argentina. Entre los blancos de las sanciones habló de “proveedoras de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera”. Una decisión en el camino correcto, de cuya aplicación aún caben dudas.

La cuenta de X llamada Oficina del Presidente comunicó el viernes que Cancillería había dispuesto el inicio de procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas por haber incurrido en conductas prohibidas por la ley 26.659, sancionada en 2011. El decreto 868 incorporó declaraciones juradas sobre el cumplimiento de la ley al trámite de adhesión al RIGI y a la obtención de permisos y concesiones.

Entre esas 45 empresas no figuran algunos casos flagrantes de incompatibilidad. El más notorio, quizás, es el de Bluewater. La empresa proveerá dos sistemas de boyas de amarre y carga para el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un megaproyecto de infraestructura que tiene entre sus socios a YPF.

Bluewater es titular del Aoka Mizu, una unidad flotante de producción y almacenamiento de petróleo que va a ser protagonista de Sea Lion. De acuerdo a una respuesta publicada en Infobae, el consorcio VMOS asegura que la contratación de esa empresa cumplió los procedimientos de control y la normativa nacional vigente.

Según la versión del consorcio, al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater “no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”. Sin embargo, ya desde enero del año pasado se sabía que el Aoka Mizu estaba siendo sometido a un proceso de adaptación para operar en el Atlántico Sur.

Hay otros casos. Hatch, una firma global de ingeniería y gestión de proyectos, elaboró un estudio de impacto social de Sea Lion para Navitas en junio de 2025. Un año más tarde, en junio de 2026, la minera NOA Lithium anunció un acuerdo de servicios con esa empresa para su proyecto en Río Grande, Salta.

El estudio jurídico Bracewell asesoró a la empresa israelí en materia de comercialización y acuerdos de compra destinados a fondear Sea Lion. Simultáneamente, a comienzos de julio de este año, representó a la italiana Eni ante YPF en un acuerdo para adquirir participación en tres bloques de Vaca Muerta.

Cambio de nombre y beneficio del RIGI: las contradicciones alrededor de Harbour Energy

Las contradicciones del gobierno de Milei respecto a Malvinas saltan a la luz con el caso de Premier Oil y Harbour Energy. Premier había recibido en 2013 una inhabilitación por quince años para desarrollar actividades en la Argentina, cuando se le detectaron actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur.

El 31 de marzo de 2021 Premier Oil cambió su nombre a Harbour Energy. Ambas son la misma empresa y comparten el mismo número (SC234781) en el registro británico de empresas. El nombre era otro, pero la empresa era la misma y las sanciones deben aplicarse de la misma forma. No sucedió.

Harbour Energy ahora tiene una participación del 15 por ciento en Southern Energy, el proyecto de GNL en el que YPF posee un 25 por ciento de las acciones. La resolución 559/2025, firmada por Luis Caputo y publicada el 5 de mayo de 2025, aprobó el ingreso de ese proyecto en el generoso Régimen de Incentivo a Grandes Inversores.

Fondos de inversión e intereses económicos detrás del proyecto petrolero en Malvinas

La lista de 45 tiene una lógica que conviene leer con cuidado. Incluye a Harel, Migdal, Phoenix y Meitav, por administrar unidades de Navitas con ahorros de jubilados israelíes, e incluye a fondos como Vanguard, Dimensional y First Eagle por ser accionistas de Noble Corporation, la contratista de la plataforma de perforación.

Una curiosidad: Vanguard Portfolio Management LLC tiene 302 millones de dólares en Noble y 140 millones en MercadoLibre; el grupo Vanguard en conjunto supera los 400 millones en la empresa de Galperin. La promiscuidad hace difícil trazar una línea y no existe ninguna chance de que Argentina sancione a Vanguard.

Ahí está el problema. La lista apunta ahí donde el Estado no tiene con qué castigar: gestoras de pensiones en Tel Aviv, fondos pasivos en Pensilvania, corredores minoristas en Londres. Y deja afuera a los que sí tienen algo que perder en la Argentina: Bluewater, Bracewell, Hatch, Harbour Energy.

Las leyes heredadas de gobiernos peronistas le brindan al gobierno las herramientas necesarias para sancionar duramente a estas empresas. Lo que falta saber es si Milei está dispuesto a usarla contra intereses concretos o si el todo va a terminar donde empezó: en una cadena nacional.

Fuente: www.eldestapeweb.com/

Navitas, la petrolera israelí de Malvinas, consiguió financiamiento citando la "inacción" de Milei en el reclamo de soberanía

La petrolera israelí de Malvinas consiguió financiamiento citando la "inacción" de Milei en el reclamo de soberanía

"El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino", destacó apenas unos meses atrás el directivo de la petrolera Navitas.

Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.

El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. "La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones", dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

"Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron", dijo Aníbal.

Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. "El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas", dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

"Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención", dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la "autodeterminación" de los kelpers.

"El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto", dijo el directivo de Navitas.

Fuente: www.lapoliticaonline.com/

Malvinas: ¿causa sagrada o utilización de lo sagrado?

Malvinas: ¿causa sagrada o utilización de lo sagrado?

Las sanciones a las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum anunciadas por Milei abren una serie de interrogantes tanto en el plano internacional como en la política interna.

Por Daniel Santa Cruz

Milei, en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 44° aniversario del inicio del conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido, el 2 de abril de 2026[e]MARTIN ZABALA

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, señaló un portavoz de Downing Street, poco después de que el ministro de Defensa, Wes Streeting, señalara: “Las Falklands son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos. Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”. También se sumó al debate el exprimer ministro Boris Johnson, que calificó a Milei de anglófilo y que el Reino Unido debía “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. Aseguró además que “el gobierno británico debe afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos”.

Estas declaraciones son importantes porque habría que ir a lo más profundo de los archivos para encontrar posiciones públicas británicas con un componente marcadamente bélico respecto a nuestras Islas Malvinas. Es evidente que está vez sí molestó lo señalado por el presidente argentino, no por lo que pueda representar en sí mismo, sino porque hoy no se ignora que el presidente de EE.UU, Donald Trump, está detrás de esta iniciativa. Si el problema fuera lo que se dice en la política doméstica, cabe recordar que Néstor y Cristina Kirchner nunca fueron diplomáticos cada vez que se refirieron a la soberanía del archipiélago, por su peronismo en sangre, pero también por su pertenencia patagónica -en Santa Cruz y Tierra del Fuego la “causa Malvinas” siempre ocupó un lugar diferente que en Buenos Aires- pero, aun así, nunca inquietaron al Reino Unido. El mismo Boris Johnson, en el G7 de Munich de 2021, abrazó y llevó aparte al presidente Alberto Fernández, para decirle: “Alberto, basta de juegos, Inglaterra tiene que hacer negocios en la Argentina” y el expresidente le contestó que antes debía “hablar de soberanía en las islas”. Cuentan los testigos que Johnson se sorprendió, porque consideraba que el tema de las islas estaba superado. Pero si de referencias históricas se trata, hay que viajar hasta el 20 de marzo de 1985, cuando el presidente Raúl Alfonsín fue ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos. Ese día les dijo a los representantes: “señores, la paz que procuramos no es solo evitar conflictos y guerras, también se trata de evitar que se sustraigan importantes recursos de nuestras economías”, y llamó a un diálogo abierto con el Reino Unido. Hace 41 años ya se reclamaba sobre el tema de la explotación de los recursos naturales en tierras argentinas.

Sería injusto no reconocer que Milei acertó al anunciar sanciones a las empresas que depreden esos recursos en nuestras tierras y aguas, porque también hay que incorporar el tema pesca, pero esto ya había sucedido en gobiernos anteriores, no solo en lo discursivo, sino también en los hechos: las sanciones a empresas que operan en el Atlántico Sur, anunciadas el jueves, ya ocurrieron. Amparados en la ley 26.659, de 2011, por ejemplo, las dos empresas que llevan adelante el proyecto de Sea Lion no operan en territorio continental argentino desde hace tiempo debido a sanciones: Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas Petroleum en 2022, pero siguieron actuando sin problemas en las islas al considerar legales las licencias otorgadas por ellas. De hecho, apenas se conoció el discurso de Milei, ambas petroleras anunciaron que seguirán adelante con su proyecto, para el que ya adquirieron dos plataformas marítimas de perforación y extracción de crudo. Ahora el gobierno deberá mostrarse capaz de llevar adelante esas sanciones con éxito, es decir, que se interrumpa la explotación del petróleo y la pesca en los mares lindantes a las islas, algo que las gestiones anteriores no lograron.

El consorcio británico Rockhopper hizo públicas en julio pasado imágenes que muestran el avance en la construcción en Puerto Argentino de áreas de almacenamiento de materiales. Rockhopper

El papel de Milei en la cuestión Malvinas es curioso, y despierta desconfianza en muchos sectores. Es sabido que se manifestó más de una vez como admirador de Margaret Thatcher, incluso dijo tener en su despacho un cuadro de ella. El mismo jueves estuvo en Chile y descalificó la figura de Salvador Allende -presidente elegido democráticamente- y reivindicó al dictador Augusto Pinochet, que abiertamente colaboró con el Reino Unido en el conflicto de 1982. El 2 de abril del año pasado, en su discurso de homenaje a los caídos en la guerra, dio que esperaba que los isleños nos “elijan con los pies”, dando a entender que reconocía su derecho a la autodeterminación, algo taxativamente vedado en nuestra Constitución. Pero el Milei que habló por cadena nacional fue otro. Más allá de que la mitad de su discurso tuvo un tono de “campaña” y autorreferencial, con su tinte patriótico intentó copar la agenda política y lo logró: desde el caso de corrupción del exjefe de Gabinete Manuel Adorni el gobierno no instalaba un tema de gestión en la conversación pública, lo que puede constituir un éxito en lo inmediato. Claro que ahora deberá sostenerlo con acciones que seguramente darán pie a otras polémicas. La primera será la base militar en Tierra del Fuego y la posible participación de Estados Unidos en ella, algo que urge al gobierno, ya que de inmediato destinó un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada allí y terminar la Base Petrel, en la Antártida. Seguramente, dentro de los anuncios de Milei, es el único con fuerza y acción inmediata. El posible apoyo del gobierno de Trump en la causa Malvinas tendría una contraprestación y sería esa base militar, como puntapié de una serie de eventos que geopolíticamente le interesan a la gestión estadounidense. Más allá del natural apoyo que suscitan los reclamos de soberanía sobre las Malvinas y de control de los recursos naturales, hay quienes creen que el tema de las sanciones y la seguridad podría esconder el motivo real: la base militar en Tierra del Fuego. “Es como ocultar un elefante rodeándolo de 30 elefantes”, dijo un diplomático en el grupo de chat de amigos: “todo lo de las sanciones es para justificar la instalación de la base militar controlada por EE.UU. en Ushuaia”. Ninguno de ese grupo desafió esa postura.

En la política doméstica los anuncios pusieron a la oposición en un lugar incómodo. Si bien buena parte de ella no ve en Milei a un estadista sino a una persona emocionalmente cambiante, no puede decir que no al “convite patrio”. Tendrá que ayudar, con reservas, pero no podrá negarse. Muchos se sorprendieron cuando el Presidente dijo: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”. Sin embargo, hace más de un año que se conoce el proyecto petrolero y el Presidente al parecer omitió el tema cuando visitó Israel, país aliado, en abril pasado, durante su reunión bilateral con Benjamin Netanyahu. Es tan conocido el avance petrolero en Sea Lion que no necesitaba de un informe de la SIDE para interiorizarse, bastaba ver las novedades con imágenes y datos que la empresa Rockhopper publica en su sitio.

También la oposición buscará no cederle el absoluto control a Milei del anunciado Consejo de Seguridad Nacional, que según se afirma fue una idea del asesor Santiago Caputo, que, con mal timing, dijo un rato después de la cadena nacional del jueves, en su cuenta de X, que “la totalidad de la gente llorando son agentes de la Corona británica. Márquenlos”. Ese pedido de señalamiento a quien opine algo contrario y acusarlo a de “agente británico”, no genera confianza a la hora de ceder las decisiones en cuanto a seguridad. ¿Quién estaría tranquilo de opinar libremente existiendo un organismo que ya advierte, a través del principal asesor del gobierno, que lo van a “marcar”?

La soberanía de las Islas Malvinas es un mandato constitucional, siempre tuvo más o menos interés de los gobiernos y de la misma sociedad en distintos momentos de nuestra historia. Milei necesitaba recuperar la iniciativa política y comunicacional y utilizó la vieja fórmula de la política: apelar a Malvinas, la “causa sagrada”. Nuestra historia reciente nos muestra que, finalmente, siempre pudieron más los problemas económicos y sociales que el reclamo de soberanía, porque en el día a día terminaron imponiéndose las necesidades, sin que esto signifique un menor interés colectivo.

Pasó el tiempo y algo respecto al maniqueísmo político la sociedad aprendió. Ojalá que esta vez no sea así, porque sabemos que la causa Malvinas seguirá siendo “sagrada”, solo si no se la utiliza como trampolín electoral en busca de favores políticos.

Fuente: www.lanacion.com.ar/

Se presentó una acción de daño ambiental y soberano contra las petroleras que operan en Malvinas

Se presentó una acción de daño ambiental y soberano contra las petroleras que operan en Malvinas

Es promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y Asociación Civil de Abogados, Abogados Ambientalistas contra Rockhopper y Navitas, en el juzgado Federal de Río Grande.

Ambas compañías se disponen a explotar ilegalmente los recursos hidrocarburíferos de la Nación, en el subsuelo marino de la plataforma continental soberana.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) La Plata y Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, presentaron hace minutos una ACCIÓN PREVENTIVA DE DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA, contra las empresas Rockhopper Exploration, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, quienes operando con ilegítima concesiones adquiridas al gobierno colonial británico que usurpa las islas Malvinas a la Argentina; se disponen a explotar los recursos hidrocarburíferos de la Nación, en el subsuelo marino de la plataforma continental soberana.

Datos:

Expediente FCR 13706/2026

JUZGADO FEDERAL DE RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

CARÁTULA: “CENTRO DE EX COMBATIENTES ISLAS MALVINAS LA PLATA (CECIM) Y OTRO C/ ROCKHOPPER EXPLORATION Y OTRO S/ CIVIL Y COMERCIAL – VARIOS

El corazón conceptual de la presentación es la “tutela ambiental soberana”

Sobre un mismo espacio recaen dos bienes jurídicos colectivos e indivisibles: el ambiente y la soberanía. El daño tiene una misma causa —una explotación hidrocarburífera ejecutada sin la intervención de las autoridades argentinas— y una doble incidencia: sobre el ecosistema y sobre la capacidad soberana de la Argentina para decidir, controlar, prevenir y fiscalizar lo que sucede en su territorio.

En la presentación, la soberanía deja de ser una consigna y adquiere una función jurídica concreta. Es la premisa que permite sostener que esas empresas no están desarrollando una actividad extranjera en territorio ajeno, sino una actividad no autorizada en territorio argentino, sujeta a normas argentinas de orden público.

En concreto, le hemos pedido a la Jueza que aplique legislación argentina a dos personas jurídicas privadas (disposición transitoria primera de la Constitución Nacional). Para hacerlo, la demanda sostiene que basta comprobar que se trata de plataforma continental argentina, que la legislación exige evaluación y autorización previas y que esas habilitaciones argentinas no existen.

LA RESOLUCIÓN 31/49 DE 1976

La Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente la solución de la disputa de soberanía. La demanda sostiene que instalar infraestructura petrolera permanente y explotar masivamente recursos naturales durante décadas constituye precisamente una modificación unilateral de esa situación.

El componente ambiental

Además, existe un riesgo ambiental concreto que activa el deber de prevención.

La acción sostiene que las empresas no iniciaron ante la República Argentina el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y, por lo tanto, tampoco cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental argentino. Eso es central porque la acción contenida en la demanda es preventiva: no hace falta esperar el derrame para actuar.

El escrito trabaja prevención y precaución. La lógica es elemental: cuando el daño puede ser grave e irreversible, el derecho debe llegar antes que el daño. No después.

Los números que conviene recordar

“León Marino” equivale a un “Vaca Muerta 2”. Es petróleo de los argentinos para los argentinos”. El proyecto, según la documentación incorporada a la presentación, prevé 23 pozos: 16 productores de petróleo, 6 de inyección de agua y uno de inyección de gas. El sistema se articularía alrededor de una unidad flotante FPSO con capacidad aproximada para procesar 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas.

La demanda estima aproximadamente 9 millones de toneladas de CO₂ durante el desarrollo y más de 100 millones de toneladas derivadas de la quema del petróleo extraído. También identifica riesgos sobre mamíferos y aves marinas, fondo oceánico, introducción de especies invasoras y derrames.

Además, plantea un elemento geográfico especialmente potente: la Corriente de Malvinas corre predominantemente hacia el norte, por lo que un derrame relevante podría proyectar contaminantes mucho más allá del área inmediata del proyecto, hacia otros sectores productivos y ambientalmente sensibles del Mar Argentino.

Qué se le pidió a la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto

Como cautelar, inaudita parte, se le requirió una medida de no innovar que paralice el inicio o continuación de las obras: perforaciones, movimientos del lecho marino, oleoductos, infraestructura de fondeo y demás trabajos relacionados con “León Marino” y los pozos adyacentes.

Pero la cautelar tiene una segunda dimensión que es muy interesante: seguir el dinero. Se pide impedir nuevos contratos de financiación, nuevos desembolsos, pagos, transferencias, aportes, garantías u otros actos destinados a hacer posible la continuidad del proyecto. También se solicita comunicar la eventual decisión judicial a organismos y mercados como la Financial Conduct Authority, London Stock Exchange, Israel Securities Authority, Tel Aviv Stock Exchange y New York Stock Exchange, y exigir que las empresas identifiquen quiénes financian, aseguran o participan económicamente del proyecto.

Una cautelar ambiental y soberana efectiva no puede mirar solamente la perforadora. También debe mirar el flujo financiero que la mantiene funcionando.

¿Por qué Río Grande?

La competencia, en consonancia con la soberanía, está construida sobre varias capas. Hay materia ambiental federal por el posible impacto interjurisdiccional; jurisdicción marítima federal; una dimensión constitucional e internacional evidente vinculada con Malvinas; y, territorialmente, la demanda se apoya en las leyes 23.775, 26.552 y 24.400, que integran las Islas Malvinas y sus espacios marítimos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y fundamentan la competencia del Juzgado Federal de Río Grande.

Acudir a Río Grande es ejercer jurisdicción argentina. Es soberanía.

Fuente: https://agendamalvinas.com.ar/

El Pentágono chantajea a Gran Bretaña con quitarle su apoyo como usurpador de Malvinas

El Pentágono chantajea a Gran Bretaña con quitarle su apoyo como usurpador de Malvinas

Para obligar a Londres a elevar su presupuesto militar en la OTAN; Estados Unidos presiona mediáticamente retirarle el reconocimiento diplomático a la ilegal ocupación sobre las Islas Malvinas.

Para Washington no existen aliados sagrados ni causas justas: solo existen intereses de dominación, obediencia militar y la constante amenaza del garrote.

Es la segunda filtración del Pentágono en cinco meses. Fuentes en las que confía el diario londinense The Telegraph, dejan al descubierto los engranajes reales del poder global: Estados Unidos evalúa retirar su reconocimiento a la administración británica de facto sobre las Islas Malvinas, como moneda de cambio para obligar al Reino Unido a elevar su presupuesto militar al 5% del PBI dentro del esquema de la "OTAN 3.0".

Lejos de responder a una convicción descolonizadora, a un imperativo del derecho internacional o a una genuina simpatía hacia el reclamo histórico argentino, la maniobra constituye una abierta extorsión imperialista. Cuando Washington amenaza a su socio colonial e histórico más estrecho para disciplinarlo, exhibe una advertencia inapelable: para la Casa Blanca, las soberanías nacionales son simples fichas de cambio en su estrategia de dominación.

El apriete a Londres: De la OTAN al 5% del PBI

La revelación de The Telegraph detalla el malestar de la administración de Donald Trump ante lo que considera un "reparto de cargas" insuficiente por parte de sus socios europeos. La advertencia del Pentágono no deja margen para ambigüedades:Un alto funcionario del Departamento de Defensa admitió que en las conversaciones "no se descarta nada" en cuanto a opciones de presión.

La secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, reforzó la amenaza al señalar que sus aliados "ya no serán un tigre de papel" y que garantizarán que "hagan su parte".

El jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, reiteró en Bruselas que las naciones rezagadas en su gasto bélico continuarán bajo asedio diplomático mientras Washington reorienta su maquinaria militar hacia el Indo-Pacífico.

Ante esto, la respuesta del gobierno británico de Andy Burnham fue refugiarse en su intransigencia habitual, ratificando a las islas como un supuesto "territorio británico de ultramar soberano". Sin embargo, la sola inclusión de la ocupación colonial de 1833 en el menú de represalias de la Casa Blanca demuestra que la llamada "relación especial" angloestadounidense solo subsiste mientras sirva al interés hegemónico de Washington.

La recurrencia del método: Presión mediática y disciplinamiento

Este episodio no es un hecho aislado. Meses atrás, el escenario internacional asistió a un esquema similar cuando las tensiones por la base de Diego García en el archipiélago de Chagos y los roces en torno a Groenlandia desataron versiones sobre una eventual revisión del respaldo estadounidense a Gran Bretaña. En aquel momento, la difusión de correos internos y trascendidos del Pentágono funcionó como un mecanismo de ablandamiento mediático antes de que los canales formales moderaran públicamente las declaraciones.

El patrón vuelve a repetirse:

1. Filtración estratégica: Se instala en los medios globales la amenaza de retirar el paraguas diplomático en un enclave colonial sensible para sembrar incertidumbre en Londres.

2. Condicionamiento militar: Se exige la subordinación total a las directivas presupuestarias y operativas de la Casa Blanca.

3. Uso instrumental del reclamo argentino: La causa Malvinas es agitada como una herramienta de extorsión contra el Reino Unido, sin ningún compromiso formal de restitución territorial a la Argentina.

El espejismo del gobierno argentino y la amenaza subyacente

En Buenos Aires, la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump ha servido para alimentar un peligroso relato interno. La idea de que la presencia e interés de Washington en el Atlántico Sur y el Pasaje de Drake constituyen la "llave" para recuperar las islas oculta la verdadera naturaleza del tablero.

La diplomacia de la extorsión funciona en dos direcciones:

• Hoy contra el socio británico: Se amenaza con suspender el aval a su usurpación colonial para forzarlo a triplicar su gasto bélico.
• Mañana contra la Argentina: Un poder hegemónico que utiliza las Islas Malvinas para extorsionar a su aliado nuclear más antiguo no dudará en aplicar el mismo chantaje sobre nuestro país si en el futuro no se acatan sus exigencias industriales, financieras, energéticas o de alineamiento automático frente a otras potencias.

La entrega de soberanía, la apertura irrestricta de las rutas del Atlántico Sur y el otorgamiento de facilidades logísticas bajo la ilusión de un "protectorado benevolente" ignoran la premisa básica de la geopolítica imperial: quien negocia con un extorsionador global termina invariablemente siendo su próxima víctima.

La causa Malvinas se asienta en el principio innegociable de la integridad territorial, el mandato constitucional y la lucha contra los vestigios del colonialismo internacional. Convertir el reclamo soberano en el subproducto de un apriete de cuentas entre miembros de la OTAN desnaturaliza el derecho argentino. Las revelaciones de The Telegraph confirman que para Washington no existen aliados sagrados ni causas justas: solo existen intereses de dominación, obediencia militar y la constante amenaza del garrote.

Fuente: https://agendamalvinas.com.ar/

Que par de pájaros: La Secretaría de Malvinas y el alineamiento con los intereses británicos

Que par de pájaros: La Secretaría de Malvinas y el alineamiento con los intereses británicos

Por Sergio Eissa

Buque de guerra británico HMS Medwey, que el mes pasado se dirigió hacia el Estrecho de Magallanes, a través del Mar Argentino, sin comunicación previa con las autoridades argentinas.

El pasado lunes 17 de agosto, Nicolás Lantos reveló que la Fundación Argentina Global había abierto la inscripción a la iniciativa Future Leaders Programme Argentina para estudiantes universitarios avanzados y graduados recientes de todo el país. Esta actividad está auspiciada no solamente por la Fundación “argentina”, sino también por la Embajada Británica en nuestro país y el Programa de Becas Chevening.

Ahora bien, la mayor sorpresa no es que los británicos financien becas para visitar nuestras Islas Malvinas o este tipo de actividades, sino que funcionarios argentinos se presten a ellas, trabajando en los dos lados del mostrador. En esta oportunidad, la licenciada en Ciencia Política Paola Di Chiario no solo es la secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, sino que también es miembro fundadora de la Fundación Argentina Global y su actual tesorera; mientras que Fulvio Pompeo es su presidente. Adicionalmente, expone esta actividad el principal asesor de Di Chiaro en la Cancillería: el capitán de navío (RE) Máximo Pérez León Barreto. Este marino retirado también atiende en dos mostradores. Por un lado, se desempeña como “asesor ad honorem” con legajo Nº 3083XX del Grupo D —de acuerdo con un diplomático consultado por este medio—, y, por el otro, integra la Fundación Argentina Global, a cargo del área de “Estrategia de Seguridad Nacional y Defensa”.

El concepto de “Soft Power” (o Poder Blando), acuñado por Joseph Nye en 1990 [1], ha tenido un largo recorrido exitoso en la disciplina de las Relaciones Internacionales. Pese a ello, académicos provenientes de países que son destinatarios de ayuda de potencias del primer mundo sostienen que no todo es “Poder Blando”; que se corre el riesgo de etiquetar erróneamente a una persona física o jurídica como espía, colaborador o, como se dice en nuestro país, cipayo. Coincidimos: si un argentino realiza una actividad en el Reino Unido de Gran Bretaña y/o recibe financiamiento británico, no necesariamente se trata de un caso de “Soft Power” ni se está frente a un colaborador de la periferia. En función de lo expuesto, sostendremos que estamos en presencia de una acción de “Poder Blando” cuando existe una intención manifiesta —no necesariamente escrita— de la potencia de influir en temáticas que son estratégicas para ésta y cuando el destinatario, consciente o inconscientemente, realiza actividades cuyos efectos terminan favoreciendo a los intereses de ese país central. Veamos, entonces, las acciones del Reino Unido y cuáles son las aquiescencias argentinas en esta temática.

Los británicos

En enero de 2025, el gobierno británico institucionalizó su política de “Soft Power” cuando anunció que “el ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte [habían] puesto en marcha el Consejo de Poder Blando del Reino Unido para impulsar el crecimiento y la seguridad del país”. Durante dicho lanzamiento, varios funcionarios se pronunciaron a favor y sobre la importancia del “Soft Power” británico. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, declaró: “El poder blando es fundamental para el impacto y la reputación del Reino Unido de Gran Bretaña en todo el mundo. A menudo me impresiona el enorme afecto y respeto que nuestra música, nuestro deporte, nuestra educación y nuestras instituciones generan en todos los continentes. Sin embargo, como país, no hemos adoptado un enfoque lo suficientemente estratégico respecto a estos enormes activos. Aprovechar eficazmente el poder blando puede ayudar a construir relaciones, profundizar la confianza, reforzar nuestra seguridad e impulsar el crecimiento económico”.

Poppy Ogier, del Foreign Policy Centre, sostiene, en un informe denominado Playing to our strengths. The future of the UK’s soft power in foreign policy, que “es necesario adoptar un enfoque centralizado dentro del FCDO respecto al «poder blando» y a las organizaciones no gubernamentales correspondientes que operan en este ámbito; por ejemplo, mediante la creación de un departamento dedicado al poder blando que integre entidades como el British Council, las Becas Chevening y el John Smith Trust, frente al actual enfoque fragmentado”. Cabe aclarar que el FCDO es el Foreign, Commonwealth & Development Office y que junto al Department for Culture, Media and Sport (DCMS) han constituido —como adelantamos— “un órgano consultivo integrado por 26 expertos en poder blando y política exterior, cuya misión es asesorar al gobierno sobre una estrategia de poder blando, la proyección global del mismo mediante campañas y el desarrollo de un enfoque sistémico para las asociaciones estratégicas y el calendario de eventos”. Asimismo, y respecto al “Soft Power”, el FCDO remitió un memorándum al Parlamento Británico, denominado Soft Power: the UK´s unique selling point, donde afirma que:“En una era de turbulencia geopolítica y rápidos avances tecnológicos, la capacidad de proyectar influencia y forjar asociaciones basadas en la confianza mediante el «poder blando» es, posiblemente, más importante que nunca. El poder blando otorga la capacidad de lograr un resultado deseado a través de la atracción y la persuasión, en lugar de recurrir a la coerción, el dinero o el sacrificio de algo valioso.

Las investigaciones demuestran que la participación cultural en programas de arte, educación e idiomas liderados por el Reino Unido aumenta la confianza y la familiaridad, lo que hace más probable que las personas vuelvan a interactuar con el país. Asimismo, los datos sugieren que quienes confían en el Reino Unido tienen el doble de probabilidades de comerciar o hacer negocios con nosotros, y que una percepción positiva de un país puede impulsar el comercio de manera significativa. El poder blando de un Estado tiene un impacto cuantificable en la prosperidad y la influencia. Un estudio realizado por Andrew Rose, de la Haas School de la Universidad de California en Berkeley, destaca el impacto estadísticamente significativo y medible del poder blando en las exportaciones de un país: «los países admirados por su influencia global positiva exportan más, manteniéndose constantes los demás factores». Un estudio de la Universidad de Edimburgo reveló que un aumento del 1% en el número de países cubiertos por las instituciones de relaciones culturales de un Estado se traduce en un incremento del 0,66% en la inversión extranjera directa y del 0,73% en el número de estudiantes internacionales. La investigación también halló que las principales «superpotencias del poder blando», como el Reino Unido y Estados Unidos, ejercen una influencia considerablemente mayor en foros internacionales como las Naciones Unidas. En términos de comercio y crecimiento, las industrias creativas del Reino Unido contribuyen de forma significativa tanto a la influencia internacional como a la prosperidad interna”.

El documento resalta que han participado del Programa Chevening alrededor de 20 ex o actuales Jefes de Estado o Gobierno; entre ellos el Presidente Jakov Milatovic, de Montenegro. Agrega que “los objetivos estratégicos del gobierno para un mejor aprovechamiento del poder blando se perfeccionarán mediante la elaboración de una Estrategia de Poder Blando y las deliberaciones del Consejo de Poder Blando (…) Entre los elementos emergentes que podrían considerarse figura:Crecimiento: impulsar un mayor crecimiento para el Reino Unido fomentando el comercio en los sectores de industrias creativas, educación y deportes; mediante campañas (…); y aprovechando la influencia de las comunidades de la diáspora. Como ya se ha señalado, la educación constituye una herramienta clave en este ámbito, ya que permite forjar relaciones positivas y duraderas con los futuros líderes mundiales. Un informe de KPMG de 2016 estimó que 217 millones de libras esterlinas en inversiones empresariales adicionales en el Reino Unido podían atribuirse al Programa Chevening entre 2002 y 2014”.

Desde la Argentina

La licenciada Paola Di Chiaro se desempeñó como asesora de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Fulvio Pompeo, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Como analizó Luciano Anzelini, fue una de las redactoras de la Directiva de Política de Defensa (DPDN) 2018, debido a la incapacidad del subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, coronel (RE) Hugo Pierri, y del director nacional de Planeamiento y Estrategia, coronel (RE) Jorge García Mantel, del Ministerio de Defensa, y/o a la extravagancia —incluso para nuestra derecha— del borrador elaborado en dicha jurisdicción. Así y todo, el documento final de la DPDN 2018 se refiere una sola vez a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y afirma ingenuamente que nuestro país mantiene el reclamo de soberanía, pero que “la reciente mejora en la relación con el Reino Unido contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y promueve el interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales allí existentes”.

Paola Di Chiaro.

Posteriormente, como secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, junto al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, capitán de navío (RE) León Barreto, contribuyeron al nuevo proceso de desmalvinización y al alineamiento a las prioridades estratégicas del Reino Unido en el Atlántico Sur: que la Argentina no moleste.

Desde la Fundación Argentina Global, ambos compilaron el libro Hacia una estrategia marítima argentina (2025), donde el ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa y actual funcionario de otras dependencias, Juan Battaleme, critica la postura del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) por no participar del ejercicio UNITAS porque participaba la Armada británica.

En un artículo publicado el año pasado, reconstruíamos —a partir de entrevistas a diplomáticos argentinos— que la postura de la Secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, a cargo de Paola Di Chiaro, era cumplir solamente con “la liturgia” de la presentación en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas y no protestar por los ejercicios británicos en nuestras Islas y/o violaciones a los Acuerdos de Madrid I y II para “no cargar las tintas”. En síntesis, nos ilustraba otro diplomático, la Cuestión Malvinas no interesa porque “no es parte de la agenda con Estados Unidos e Israel (…) Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la eyección de Mondino solamente por votar a favor del interés nacional al apoyar a Cuba, ni siquiera apoyar, sino abstenerse en el voto en relación con el bloqueo (…) hay una toma de decisión en política exterior (…) sesgada únicamente por un alineamiento absoluto y directo con Estados Unidos e Israel. [Como a estos países no] les interesan las Malvinas y el Atlántico Sur, no hay ninguna política relativa hacia [las Islas del Atlántico Sur] (…). [Éstas no son] de interés de esas dos potencias, a las cuales Milei se pone detrás de manera absoluta y completa (…) y los pequeños elementos de decisión o de libre decisión respecto a la [Cuestión Malvinas] están basados únicamente en el mantenimiento de ciertos elementos (…), como es el caso de la pesca ilegal, el caso de la liturgia de Malvinas (…) simplemente se mantiene la máquina andando en automático sobre esos temas por una cuestión también de política interna: para que no le peguen o para no recibir un golpe por ese lado”.

Esta pareja o dupla que integran Paola Di Chiaro y Máximo Pérez León Barreto sobrevivió a la canciller Diana Mondino, a Gerardo Werthein y —nos ilustra otro diplomático— no responde a Pablo Quirno, y por ello continúan “trabajando” en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hasta el día de la fecha. Asimismo, agrega que este marino retirado “es detestado en la Armada Argentina por su maltrato (…). En la actualidad, en su rol de asesor, es el que toma todas las decisiones en la Secretaría (…). Todas las acciones y propuestas de las Direcciones (…) deben tener su visto bueno o no avanzan. Asimismo, es el que propone —desde la época de Mondino— cooperar con los británicos. [Fue el] ideólogo del [Acuerdo] Mondini-Lammy [2024 y] tiene entre sus objetivos la firma de un tratado de libre comercio con el Reino Unido; objetivo que comparte con la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. A su vez, es el que propuso no avanzar en acciones más concretas y duras con las empresas que expolian nuestro Atlántico Sur (Rockhopper y Navitas) y el que no quiso adoptar medidas más contundentes cuando ocurrió lo del HMS Medway, lo que generó nuevamente que sea detestado en la Armada Argentina. [También es resistido] y ha tenido varios encontronazos con el cuerpo diplomático por soberbio e ignorante de todos los temas (…) Ese es el perfil de Máximo Pérez León Barreto, que va a exponer junto a la Embajada británica”.

Si cuantificáramos el trabajo de esta dupla, sería poco lo que obtendríamos.

Hace unas semanas, se conoció que a principios de julio el buque de guerra británico HMS Medweay se dirigió hacia el Estrecho de Magallanes a través del Mar Argentino, sin comunicación previa con las autoridades argentinas, tal como establece el Acuerdo de Madrid II de 1990. Dicho documento creó el “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (…) [con el objetivo de que] Londres y Buenos Aires notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental. El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles”. Dicho movimiento fue seguido, como corresponde, por “una aeronave de la Armada Argentina, un avión Beechcraft B-200M ‘Cormorán’, equipado con tecnología de vigilancia WESCAM MX-10”. La Cancillería Argentina recién protestó el 13 de julio; dos días antes del partido del mundial que nuestra selección le ganó a la de Inglaterra.

Por otro lado, el lunes 24 de agosto se conoció públicamente que, de acuerdo con el Automatic Identification System (AIS), el buque petrolero VS Promise había salido de Río Cullen el 13 de agosto a las 17:28 y llegado al puerto de Ushuaia a las 7:08 del 24 de agosto, realizando operaciones que no han sido precisadas. Solamente la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y algunos legisladores nacionales presentaron una protesta por este incidente. Cabe recordar que, el puerto de la ciudad de Ushuaia fue intervenido por el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Dos botones bastan para una muestra.

El petrolero británico VS Promise, amarrado a un muelle en Tierra del Fuego.

La bandera de Malvinas

El “Soft Power” no es cualquier tipo de acción, ni todos los que han estudiado en universidades británicas o les gusta el rock inglés son cipayos. En efecto, como sostiene el coronel mayor (RE) Gabriel Camilli, “pertenecer a una fundación que mantiene vínculos internacionales no constituye ninguna irregularidad. Tampoco debería considerarse sospechosa la cooperación académica con instituciones extranjeras. Una Argentina encerrada intelectualmente sobre sí misma sería exactamente lo contrario de lo que necesita un país que aspira a comprender y actuar en un mundo cada vez más complejo”. Por el contrario, como sostiene Camilli, hay que aprender del Reino Unido y de Estados Unidos; hay que estudiar allí y saber cómo piensan; cuál es su pensamiento estratégico; y cuáles son las últimas novedades en el arte de la guerra y en la frontera tecnológica. Esto mismo es aplicable a China. Sin embargo, y como decía Raúl Prebisch en 1963, todo lo anterior no nos exime de “la obligación intelectual de analizar nuestros propios fenómenos y encontrar nuestra propia imagen en el empeño de transformar el orden de cosas existentes” [2].

Un colega me comentaba recientemente que lo llamaron politólogos de otros países para preguntarle por la Cuestión Malvinas; no precisamente de Bangladesh, sino de países como España, Italia y Francia. Los jugadores de la selección argentina de fútbol habían contribuido más a la Causa Malvinas que el gobierno de Mauricio Macri y Javier Milei. El gobierno argentino no avanzará con la pelota donde la dejaron los jugadores. Tal vez deberíamos ser nosotros los que llevemos esa bandera en nuestras mochilas y remeras todos los días, en el país y en el exterior, si somos alguno de los afortunados que pueden viajar. ¿Se imaginan un millón de argentinos con esa bandera, la de la selección y/o la bandera nacional marchando desde la Casa Rosada a la Embajada Británica?

[1] Nye, J. (1991). La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL).

[2] Prebisch, R. (1963). Hacia una dinámica de desarrollo latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, p. 20.

Fuente: www.elcohetealaluna.com/

Plan Dédalo: Denuncian el cierre de Punta Indio y piden la interpelación de Presti

Plan Dédalo: Denuncian el cierre de Punta Indio y piden la interpelación de Presti

Agustín Rossi de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en el que señaló que cualquier decisión que "implique reducción de sus capacidades requiere un análisis exhaustivo y un debate institucional transparente".

El diputado nacional Agustín Rossi pidió la interpelación del ministro de Defensa, Carlos Presti, a partir del anuncio de la Armada Argentina sobre la realización del “Plan Dédalo”. El mismo fue presentado como “un programa de reestructuración y modernización de la Aviación Naval con un horizonte de cinco años”. Sin embargo, el santafesino de Unión por la Patria señaló que se trata de “la desactivación de la Base de Punta Indio”.

A través de un proyecto de resolución, Rossi invocó a los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento de la Cámara de Diputados para exigirle un informe verbal seguido de citación al ministro de Defensa. “El traslado de personal y la reducción de actividades implican un fuerte perjuicio para el empleo, el comercio y la vida comunitaria de toda la región”, consideró en los fundamentos.

En X, el diputado opositor agregó que “una decisión de esta magnitud genera serios interrogantes sobre su impacto operativo”, y enfatizó: “Nos preocupa que esta medida no se convierta en el primer paso hacia la desaparición de la Aviación Naval de la Armada Argentina”. Cabe añadir que el “Plan Dédalo” fue anunciado el pasado 20 de agosto y que, entre varias reestructuraciones, propone renombrar a Punta Indio y actualizar la doctrina de empleo.

“Se trata de una decisión de enorme trascendencia institucional, estratégica, económica y social que no ha sido precedida por una explicación pública por parte del Ministerio de Defensa acerca de sus fundamentos, sus objetivos, sus costos y sus consecuencias para el sistema de defensa nacional”, criticó el secretario 1° de la Comisión de Defensa Nacional.

En los fundamentos del texto, Rossi destacó a la Base de Punta Indio por cumplir funciones hace más de cien años vinculadas con la formación de aviadores navales, la vigilancia marítima, las operaciones de búsqueda y rescate y el control sobre el Río de la Plata y la Vía Navegable Troncal.

En tal sentido, consideró que cualquier decisión que "implique reducción de sus capacidades requiere un análisis exhaustivo y un debate institucional transparente". "No puede tratarse de una mera decisión administrativa ni justificarse únicamente bajo criterios de racionalización presupuestaria, cuando están involucradas capacidades estratégicas construidas durante décadas", cuestionó.

Rossi cargó que “una decisión de esta magnitud genera serios interrogantes sobre su impacto operativo”.

En el final, manifestó que la Base emplea a 485 trabajadores civiles y a 300 efectivos milites, y señaló que "el traslado de personal y la reducción de actividades implican un fuerte perjuicio para el empleo, el comercio y la vida comunitaria de toda la región".

Para concluir, Agustín Rossi reiteró el pedido de informes verbales sobre Carlos Presti, ministro de Defensa, para conocer las razones que motivaron esta decisión y las evaluaciones técnicas que la respaldan.

La Base Aeronaval de Punta Indio se encuentra a 150 kilómetros del Palacio Legislativo al sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la Costa Atlántica. El gobierno provincial también se manifestó en contra de la reestructuración de reducción de actividades en la instalación militar.

Fuente: www.parlamentario.com/

El petrolero británico VS PROMISE atracó en Ushuaia en medio de interrogantes sobre el control estatal

El petrolero británico VS PROMISE atracó en Ushuaia en medio de interrogantes sobre el control estatal

Con 228 metros de eslora y capacidad para transportar más de medio millón de barriles de crudo, el buque tanque registrado bajo pabellón del Reino Unido estuvo en la monoboya norte de TotalEnergies antes de amarrar en el puerto capitalino. La contradicción de fondo entre la expansión offshore del consorcio que integra la británica Harbour Energy y el rol de las autoridades provinciales y nacionales.

El transpondedor del buque, constatada a través de Marinetraffic, registra que el buque partió de la monoboya marina de Río Cullen a Ushuaia; el 13 de agosto a las 17:28.

La presencia en el muelle comercial del puerto de Ushuaia del buque tanque de petróleo crudo VS PROMISE generó sorpresa e inquietud en el arco político y social de Tierra del Fuego. El buque, una mole de acero de 228,6 metros de eslora, 32,57 metros de manga y una capacidad de porte bruto que ronda las 70.000 a 73.600 toneladas (DWT), ostenta en su popa y en los registros internacionales de navegación la bandera del Reino Unido (Registro de la Isla de Man / United Kingdom).

La escala en la capital fueguina no constituyó un arribo aislado de navegación internacional de paso: según el seguimiento satelital mediante los sistemas AIS y registros portuarios, el buque tanque permaneció operando hasta el pasado 13 de agosto en la monoboya de Río Cullen, en la costa atlántica norte de la Isla Grande, la terminal desde donde el consorcio petrolero encabezado por Total Austral (TotalEnergies) bombea y exporta el crudo extraído costa afuera en la Cuenca Marina Austral.

Radiografía del gigante: capacidad de carga y armadores

De acuerdo a las bases de datos de la Organización Marítima Internacional (OMI / IMO) y registros marítimos comerciales:Identificación oficial: Buque VS PROMISE (ex Hellespont Promise), IMO 9351438, MMSI 232012087, señal de llamada MCCF8.

• Construcción y dimensiones: Construido en 2007 en el astillero New Century Shipbuilding (China), posee una eslora de 228,60 metros, una manga de 32,57 metros y un calado máximo de verano de 14,5 metros (arribó a Ushuaia con un calado declarado de 9 metros).
• Capacidad de transporte: Clasificado como un tanquero tipo Panamax / LR1 (Large Range 1), posee un tonelaje de registro bruto (GT) de 42.010 toneladas y un peso muerto (DWT) de 69.994 a 73.669 toneladas métricas. Esta capacidad técnica le permite transportar en sus bodegas un volumen aproximado de entre 75.000 y 82.000 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos, lo que equivale a un rango de entre 470.000 y más de 515.000 barriles de petróleo crudo.
• Propiedad y administración corporativa: El buque figura registrado a nombre de la sociedad de propósito especial Valloeby Promise Ltd, radicada en Douglas (Isla de Man, territorio bajo soberanía británica), con gestión técnica y de seguridad (ISM Manager) a cargo de la firma alemana Hellespont Ship Management GmbH & Co. KG.
• Rutas habituales: El tanquero ha operado históricamente en rutas comerciales del Golfo de México, la costa este y oeste de los Estados Unidos (con escalas recientes en puertos como Freeport, Los Ángeles y Melones en Panamá) y el norte de Europa, antes de ser contratado bajo modalidad de fletamento (charter) para la operatoria en el Atlántico Sur argentino.

FICHA TÉCNICA: BUQUE PETROLERO VS PROMISE

• Identificación: IMO 9351438 / Bandera: REINO UNIDO (Isla de Man)

• Dimensiones: Eslora: 228,6 m | Manga: 32,57 m | Calado actual: 9,0 m

• Tipo de Buque: Crude Oil Tanker (Panamax / LR1) │

• Capacidad de Carga: ~70.000 DWT | ~80.000 m³ | +500.000 barriles crudo

• Propietario / Registro: Valloeby Promise Ltd (Douglas, Isla de Man, UK)

• Operador Técnico: Hellespont Ship Management (Hamburgo, Alemania)

La operatoria en Cullen y las autorizaciones necesarias

La presencia de la nave en el litoral atlántico fueguino no se circunscribe al posterior amarre urbano en Ushuaia. De acuerdo a lo registrado en la plataforma Marinetraffic; el transpondedor del buque constató que partió de la monoboya marina de Río Cullen el 13 de agosto a las 17:28. En principio podría haber sido, para realizar maniobras de conexión y carga vinculadas a la producción de los yacimientos offshore fueguinos (Hidra, Aries, Carina, Vega Pléyade). Tras permanecer fondeado en maniobras y esperas operativas en aguas del Canal Beagle, atracó finalmente en el muelle comercial de Ushuaia a las 07:08 del 24 de agosto. 

De todos modos, para que un buque petrolero opere en la monoboya de Cullen y acceda a terminales marítimas bajo jurisdicción provincial y nacional, debe superar un estricto circuito de fiscalización y permisos:

1. Secretaría de Hidrocarburos / Energía de Tierra del Fuego: En su condición de autoridad de aplicación de los recursos hidrocarburíferos provinciales en el marco de la "Ley Corta" de Hidrocarburos (Ley Nacional 26.197), es el organismo provincial que debe autorizar, coordinar y fiscalizar los volúmenes de despacho, los balances de extracción y los protocolos ambientales y operativos de las terminales de exportación en tierra y aguas someras.

2. Prefectura Naval Argentina y Dirección Provincial de Puertos (DPP): Como autoridad marítima y portuaria, respectivamente, otorgan los despachos de entrada y salida, el control de seguridad de la navegación, el practicaje y la asignación de sitio de amarre en el muelle de Ushuaia.

3. Secretaría de Energía y Aduana Nacional: Intervienen en los permisos de exportación de crudo y control fiscal aduanero de las divisas y cargamentos.

El eje central del creciente debate en Tierra del Fuego emerge en la opinión pública, es si la presencia del buque está violando la Ley Provincial N.º 852 ("Ley Gaucho Rivero") —normativa que sanciona a buques vinculados a la logística de la exploración ilegítima directamente en el área de Malvinas—, o está ligado exclusivamente a la responsabilidad política, regulatoria y administrativa de las autoridades de Tierra del Fuego y de la Nación al convalidar que la logística de exportación de hidrocarburos fueguinos sea operada por navíos con bandera británica sin una explicación pública oficial sobre cómo se contrató y quién autorizó el operativo.

El telón de fondo: TotalEnergies, el Proyecto Fénix y la sombra de Harbour Energy

La presencia del VS PROMISE no puede disociarse de las contradicciones de la política energética y geopolítica en la Cuenca Marina Austral.

El crudo extraído en el norte fueguino es operado por el consorcio integrado por la francesa TotalEnergies (operadora principal), la alemana Wintershall Dea y Pan American Energy (PAE), el mismo consorcio que lleva adelante el megaproyecto gasífero costa afuera Fénix.

Sin embargo, el mapa corporativo sufrió una mutación: la británica Harbour Energy concretó la absorción de los activos de exploración y producción de Wintershall Dea a nivel global, pasando a tener injerencia directa en los yacimientos offshore de Tierra del Fuego.

El dato es políticamente sensible: Harbour Energy operó en las Islas Malvinas controlando el 65% de las acciones del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte del archipiélago antes de transferir su participación a Navitas Petroleum. Dicha actividad en Malvinas fue declarada ilegal y clandestina por la Secretaría de Energía de la Nación bajo los términos de la Ley Nacional N.º 26.659 (Ley Solanas), que prohíbe operar en territorio argentino a empresas o grupos que hayan participado sin autorización en la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental usurpada.

Las preguntas urgentes que debe responder el Gobierno

La imagen del petrolero británico amarrado frente a la costanera de Ushuaia —a metros de monumentos a los caídos y en la capital de la provincia que tiene bajo su jurisdicción constitucional a las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur— expone un vacío de explicaciones que interpela de manera directa a la gestión provincial y nacional:¿Quién y bajo qué marco contractual contrató los servicios del tanquero de bandera británica VS PROMISE para exportar el petróleo de Río Cullen?

¿Emitió la Secretaría de Energía / Hidrocarburos de la Provincia la autorización formal y la homologación técnica correspondiente para su amarre y despacho en la monoboya norte?

¿Qué operación realizó desde el 13 de agosto en el norte de la Isla Grande y durante once días, antes de amarrar en el puerto comercial de Ushuaia?

¿Qué nivel de control ejerce el Estado argentino sobre las operadoras del consorcio austral para evitar que firmas con antecedentes en la exploración ilegal en Malvinas o buques de conveniencia británica operen recursos estratégicos fueguinos?

Mientras el buque permanece amarrado en el muelle de Ushuaia, la presencia del VS PROMISE desnuda las grietas entre el discurso soberano y los engranajes comerciales de las multinacionales hidrocarburíferas en el sur argentino.

Fuente: https://agendamalvinas.com.ar/

El “plan motosierra” llega a las Fuerzas Armadas: venta de tierras, traslados de bases y malestar militar

El “plan motosierra” llega a las Fuerzas Armadas: venta de tierras, traslados de bases y malestar militar

El Gobierno habilitó la venta de un extenso predio de la Armada en Ushuaia, mientras avanza una reorganización que también alcanza a Punta Indio. En Mar del Plata persisten en alerta por el futuro de las tierras de la base militar.

por Regina Giannasi

Javier Milei y Carlos Presti / Fuerzas Armadas Argentinas | Collage

El Gobierno de Javier Milei profundiza la reorganización del patrimonio y la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con ventas de inmuebles, traslados de unidades y concentración de recursos en distintas bases del país. Este viernes 21, el Ejecutivo autorizó la enajenación de cuatro nuevos terrenos estatales, entre ellos un predio de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia vinculado a la Armada Argentina, en una zona de particular sensibilidad por su ubicación en el extremo sur del país.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 764/2026, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer y vender los terrenos. El de Ushuaia está delimitado por Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Horeb. El Gobierno justificó la decisión al considerar que los inmuebles presentan falta de afectación específica, subutilización o un estado de innecesariedad y sostuvo que su venta permitirá reducir costos y generar ingresos para el Tesoro.

Base Naval de Ushuaia

El movimiento se inscribe en una política iniciada previamente con el Decreto 950/2024, que reactivó los procesos de venta y transferencia de numerosos inmuebles del Estado, y que alcanzó también propiedades ligadas al sistema de Defensa. Entre los antecedentes aparece el edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, vendido por US$34 millones, y el terreno de más de 42.000 metros cuadrados lindero al Regimiento de Patricios, en Palermo, adquirido por Eduardo Costantini por US$127 millones.

En mayo, el Ejecutivo dio otro paso con el Decreto 314/2026 y la creación del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, conocido como Plan ARMA. La normativa no dispone por sí misma la venta de bases militares, pero establece un mecanismo para financiar a Defensa mediante activos estatales. El 10% de los ingresos provenientes de bienes públicos y privatizaciones debe destinarse al área, porcentaje que se eleva al 70% cuando el inmueble vendido estaba afectado al Ministerio de Defensa.

Armada Argentina

Desde el Gobierno sostienen que esos fondos permitirán financiar reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dentro del ámbito militar persisten interrogantes sobre el impacto de desprenderse de propiedades y concentrar estructuras para obtener recursos destinados posteriormente al mismo sistema de Defensa.

De Mar del Plata a Punta Indio, las bases bajo la lupa

El esquema ya había provocado ruido en Mar del Plata, cuando en mayo y junio crecieron las versiones sobre una eventual desafectación de sectores de la Base Naval ubicada frente a Playa Grande. Allí funcionan estructuras estratégicas como el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.

La preocupación llegó al Concejo Deliberante, donde Acción Marplatense impulsó un pedido de informes al Ministerio de Defensa y reclamó al Ejecutivo que no adoptara decisiones sobre la Base Naval sin participación de la ciudad. La reacción llevó al Ministerio a desmentir categóricamente que existiera un proyecto para vender o desafectar el predio y asegurar que su continuidad operativa estaba garantizada.

El episodio adquirió ahora una nueva dimensión ante la autorización para desprenderse del terreno de Ushuaia y por los cambios anunciados esta semana en la Base Aeronaval Punta Indio, uno de los principales centros históricos de la Aviación Naval. Allí, la Armada comunicó que trasladará la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval a la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027.

Base Aeronaval de Punta Indio

La decisión forma parte del Plan Dédalo, un programa de reorganización de la Aviación Naval con un horizonte de cinco años, que incluye cambios en el despliegue territorial, la infraestructura y los medios disponibles. En ese mismo marco, la Armada anunció el retiro definitivo de los históricos aviones Super Étendard, vinculados a la Guerra de Malvinas.

El impacto en Punta Indio excede la estructura militar. Según los datos difundidos por la Provincia, la base involucra a 185 trabajadores civiles y alrededor de 300 militares, parte de los cuales deberán ser trasladados. Además, se trata de uno de los principales motores económicos del distrito. Organizaciones sindicales estiman que la masa salarial vinculada al establecimiento ronda los $600 millones mensuales, con fuerte incidencia sobre los comercios de Verónica y localidades cercanas.

El gobierno de Axel Kicillof rechazó la reducción de las actividades de Punta Indio y acompañó al intendente David Angueira en la conformación de una Mesa de Defensa de la base junto con trabajadores, sindicatos, representantes políticos e instituciones locales. La Provincia también reclamó al ministro Carlos Presti que responda a los pedidos de audiencia enviados desde el municipio.

El malestar salarial detrás de la reorganización

Los movimientos patrimoniales y operativos encuentran además a las Fuerzas Armadas atravesadas por un fuerte deterioro salarial y reclamos internos por la brecha con las fuerzas de seguridad. Un informe difundido en mayo estimó que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes militares aumentaron 139,03% frente a una inflación acumulada de 219,14%, una diferencia de unos 80 puntos porcentuales.

Otros relevamientos estimaron que los militares cobran entre un 25% y un 30% menos que sus pares de las fuerzas federales de seguridad. Como ejemplo, en mayo un coronel, comodoro o capitán de fragata percibía alrededor de $2.249.000, una cifra incluso inferior al salario inicial informado para un trabajador bancario. Desde julio, Economía y Defensa actualizaron nuevamente la escala de haberes para junio, julio y agosto.

El escenario expone así dos caras de la política de Defensa del Gobierno. Mientras la Casa Rosada presenta el Plan ARMA y el Plan Dédalo como herramientas para modernizar capacidades y concentrar recursos, la venta de activos y la reducción o traslado de estructuras comenzaron a generar resistencias en ciudades donde las bases tienen peso estratégico, histórico y económico. Ushuaia, Mar del Plata y Punta Indio aparecen ahora como tres expresiones distintas de una reorganización que empieza a modificar el mapa militar argentino.

Fuente: www.perfil.com/