El pacto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas es una “tragedia diplomática”, dicen los críticos

El gobierno está acusado de utilizar el derecho de Argentina a identificar a sus caídos como moneda de cambio

por Amy Booth

Islas Malvinas. Crédito: Wikipedia

Los veteranos de las Malvinas y los políticos de la oposición han criticado al gobierno del presidente Javier Milei después de que anunció el martes que Argentina está reanudando las negociaciones con el Reino Unido sobre el trabajo humanitario, la pesca y los vuelos a las islas.

Los críticos argumentan que las negociaciones hacen concesiones importantes al Reino Unido sobre la soberanía de las islas y tratan el delicado trabajo humanitario de identificar a los soldados caídos como moneda de cambio.

La ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, el martes en Nueva York, donde acababa de tener lugar la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo después que las negociaciones se habían producido “en el marco de una etapa renovada de las relaciones bilaterales, caracterizada por el diálogo y la construcción de la confianza”.

Mondino y Lammy acordaron que se iniciará una tercera fase del trabajo de la Cruz Roja para identificar a los soldados argentinos caídos enterrados en las islas, se reanudarán los vuelos mensuales desde la provincia de Córdoba a las islas, se organizará un viaje para los familiares de los caídos este año y que los países discutirán la conservación de la pesca.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo el miércoles que estaba listo para continuar el trabajo de identificación de los restos de los soldados muertos durante la Guerra de las Malvinas de 1982 "con el objetivo de ayudar a dar un cierre a las familias cuyos seres queridos siguen sin identificar".

La organización, que trabaja en normas humanitarias y la protección de las víctimas del conflicto, dijo que elogió a Argentina y al Reino Unido por sus "esfuerzos continuos para cumplir con sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional", afirmando: "Toda familia merece saber qué le pasó a su ser querido".

"No se puede hacer que el trabajo humanitario dependa de la explotación pesquera", dijo Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Veteranos de las Islas Malvinas de La Plata. "Intentarán meter con calzador otros temas allí, y estamos extremadamente preocupados por eso". El derecho internacional humanitario exige que se identifiquen los cuerpos de los soldados caídos, señaló.

En marzo de 2016, Argentina y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta conocida como el acuerdo Foradori-Duncan, en honor a los diplomáticos que lo negociaron. El acuerdo establecía que las partes eliminarían los obstáculos al crecimiento económico y el desarrollo en las islas, incluidos los sectores del comercio, la pesca, el transporte marítimo y el petróleo y el gas. También establecieron que se prestarían vuelos adicionales a las islas.

En el pacto, los gobiernos expresaron su “pleno apoyo” al trabajo de uso de ADN para identificar los restos de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, en las islas. La discusión de este trabajo, acordaron, se llevaría a cabo en Ginebra bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Durante la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 de marzo de 2023 en Nueva Delhi, India, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, comunicó a su homólogo británico, James Cleverly, que Argentina se retiraba del acuerdo. El expresidente Alberto Fernández calificó el acuerdo como “un pacto vergonzoso” que permitía al Reino Unido volar de ida y vuelta desde Brasil y explotar los mares alrededor de las islas.

“Extremadamente concesional”

Guillermo Carmona, quien se desempeñó como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur bajo Fernández, dijo al Herald que el lenguaje en las declaraciones del martes del Reino Unido y Argentina recordaba a Foradori-Duncan, que describió como “extremadamente concesional” hacia el Reino Unido. El nuevo texto replica esto, argumentó.

Las propuestas para estimular el crecimiento económico en las islas implicarían, en la práctica, la explotación de recursos naturales como peces e hidrocarburos en el contexto de la ocupación británica. Estas constituyen concesiones al Reino Unido porque “se dan en el marco de un modelo colonial”, dijo. “Cooperación en materia de pesca, eso es lo que quieren los británicos”.

Argentina también se ha opuesto vocalmente a la perforación de petróleo y gas en los mares alrededor de las islas. En julio, el Gobierno de las Islas Malvinas lanzó una consulta pidiendo a los isleños que opinaran sobre el impacto ambiental de un proyecto de exploración y perforación de petróleo en alta mar. La empresa israelí Navitas Petroleum estaría a cargo del trabajo.

En abril de 2022, el gobierno de Fernández prohibió a Navitas Petroleum realizar exploraciones petroleras en territorio argentino debido a sus actividades en torno a las Malvinas, argumentando que las “actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales” del Reino Unido van en contra de una resolución de las Naciones Unidas que ordena a ambos países abstenerse de tomar decisiones unilaterales sobre el territorio mientras dure la disputa.

Guerrero Iraola dijo que las acciones del gobierno “van en contra de la histórica demanda argentina de soberanía sobre las islas” cuando su posición debería ser de “férrea oposición a la consolidación del colonialismo en el siglo XXI”. Carmona expresó puntos de vista similares.

El acuerdo del martes, argumentó Guerrero, constituye un incumplimiento gubernamental de su obligación constitucional de actuar en interés de Argentina.

“¿Cuál es el beneficio para Argentina?”, dijo. “Nada. Para nosotros, es una tragedia diplomática”.

Descargo de responsabilidad editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio como “Islas Malvinas”, Argentina rechaza firmemente este nombre. El Buenos Aires Herald utiliza “Malvinas” para referirse a las islas.

Fuente: buenosairesherald.com

INVAP avanza en el desarrollo y provisión de los nuevos radares móviles RPA-200M y RMF-200V del Ejército Argentino

Por Juan José Roldán

El desarrollo e incorporación de nuevos radares para el Ejército Argentino fue uno de los temas abordados en la entrevista realizada por Zona Militar al Jefe de la Institución, General de División Carlos Presti. Hasta la fecha, la fuerza mantiene varios programas con la empresa rionegrina INVAP, orientados, por un lado, a la incorporación de nuevos radares tácticos móviles y, por otro, a la actualización de radares de vigilancia terrestres en servicio.

Fotografía empleada a modo de ilustración: RPA-170M

Para hacer un breve repaso, uno de los principales programas de incorporación de equipamiento y renovación de capacidades del Ejército Argentino se enfoca en la adquisición de nuevos radares tácticos móviles y de vigilancia. Esto se deriva de diversos acuerdos y contrataciones realizados en 2022 y a principios de 2023, tras la finalización de negociaciones y la definición de los requerimientos de la fuerza, sumándose a los actuales programas de modernización de los radares de vigilancia terrestres en servicio.

Esto se plasmó, en primer lugar, en el requerimiento del Ejército Argentino para el reemplazo de sus actuales radares Cardion AN/TPS-44 Alert, los cuales han acumulado décadas de servicio. A finales de 2022, a través de la Decisión Administrativa 1259/2022, el Ministerio de Defensa aprobó la adquisición de dos nuevos radares de vigilancia de largo alcance RPA-200M, incluyendo equipos y soporte asociado, destacando la provisión de un simulador para la formación y entrenamiento de operadores del sistema.

Posteriormente, la renovación de las capacidades de vigilancia y detección del Ejército se amplió con otra decisión mediante la cual INVAP también proveerá un sistema de radares tácticos de defensa antiaérea RMF-200V. Estos radares serán montados en vehículos de la fuerza y contarán con sus respectivos kits de apoyo. Es importante destacar que, durante el desarrollo de este nuevo sensor móvil, también participa la Dirección General de Investigación y Desarrollo (DGID) del Ejército Argentino, que tiene a su cargo “… lo relacionado con el control, supervisión, seguimiento, coordinación de los aspectos inherentes a la provisión de los radares y cursos de capacitación“.

Estos dos importantes programas fueron mencionados por el General de División Presti en la reciente entrevista realizada por Zona Militar, donde expresó: “En colaboración con INVAP, estamos modernizando y desarrollando radares. Son vitales para operaciones de vigilancia, control, inteligencia y dirección de fuegos de la artillería“.

Añadió además: “Tenemos el proyecto del radar ‘Güemes’, que es una actualización del radar ‘Rastreador’, el cual, a su vez, fue una modernización del sistema RASIT. Además, se están desarrollando radares de mayor envergadura, como el RPA-200 y el RMF-200. Esta concepción destaca la importancia de las colaboraciones estratégicas y el desarrollo continuo de tecnologías críticas, que fortalecen nuestras capacidades“.

Para brindar un panorama de la envergadura e importancia de estos programas, el General Presti detalló: “La modernización y recuperación de capacidades no es una tarea de corto plazo, requiere tiempo. Es imprescindible someter lo desarrollado a pruebas rigurosas, realizar correcciones y desarrollar nueva doctrina. Por ejemplo, la actualización del ‘Güemes’ surgió como una necesidad a partir de las lecciones aprendidas, lo que subraya la importancia de un enfoque adaptativo y basado en la experiencia en el proceso de modernización“.

Por último, y según fuentes consultadas por Zona Militar, se ha informado que INVAP se alista para entregar uno de los nuevos radares de la familia RPA durante el próximo año 2025, mientras avanza a buen ritmo el desarrollo de ambos programas para cumplir con los requerimientos establecidos por el Ejército Argentino en las respectivas contrataciones directas.

Fuente: zona-militar.com

Advierten que habrá cortes de energía por la parálisis de proyectos nucleares estratégicos

Referente del área de energía atómica sostuvieron que por la falta de inversión en proyectos como el CAREM y el RA-10 en la última década, comenzará a escasear la energía desde este verano.

La parálisis de proyectos estratégicos del sector nuclear podría dar lugar a cortes de energía en el verano.

El secretario General de ATE Zárate y referente de ATE en Nucleoeléctrica Argentina S.A.(NA-SA), Fernando “Perico” Pérez, aseguró que en verano empezará a escasear la energía por falta de inversiones durante los últimos años. Además advirtió que el proyecto del reactor modular argentino CAREM 25 será regalado al extranjero.

NA-SA es una empresa generadora de energía eléctrica argentina que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. A pesar de dar ganancias de más de 800 millones de dólares por año, en la Ley Bases fue incluida entre las empresas estatales a privatizar.

En diálogo con Todo Provincial, el referente de ATE en NA-SA expresó: «Es algo absurdo, era una de las empresas estatales con más ganancias. Ahora se la van a entregar a sus amigos».

Riesgo de despidos

El dirigente gremial aseguró que entre 500 y mil trabajadores de los 2 mil empleados de la empresa corren riesgo de ser despedidos, lo que generará un grave impacto en la economía de Zárate y la región.

«No hay muchas ciudades con licencia social para tener centrales nucleares en su territorio. Funcionamos los 365 días del año al 100% y brindamos una energía totalmente segura y por eso cada vez más países giran de nuevo hacia la energía nuclear, mientras nosotros vamos a contramano del mundo«, apuntó Pérez.

Y alertó: «Empezará a escasear la energía eléctrica en el verano ya que en los últimos 10 años no hubo una política para ingresar grandes generadores. La potencia instalada será cada vez menor y el valor de la energía cada vez más elevado».

En ese marco, anticipó que «el sistema interconectado nacional está al borde del colapso» y pronosticó: «Vamos a volver a la época alfonsinista con los cortes. En verano habrá cortes porque estamos al límite».

CAREM sin continuidad

El titular de ATE Zárate aseguró que el panorama del proyecto CAREM es «muy oscuro» ya que el gobierno nacional decidió paralizar esta obra emblemática para el sector nuclear.

«Nuestra esperanza era el CAREM 25 para todos los trabajadores de CONEA y las cinco empresas del sector nuclear», aseguró Pérez y explicó: «Es una central de generación eléctrica de poca potencia. Es un invento y un desarrollo argentino que lleva más de 25 años en la CONEA pensado para ser usado en pueblos alejados del sistema interconectado de energía eléctrica».

El dirigente gremial consideró que el gobierno está parando esta obra «por una nueva presión del FMI«, y consideró que «Estados Unidos y otras potencias están aprovechando para llevarse este proyecto y a los profesionales con toda la experiencia».

«Estamos sufriendo nuevamente la fuga de cerebros mientras acá nos queda la desocupación», advirtió y detalló: «Llevamos 260 trabajadores de UOCRA despedidos y otro tanto de empresas consultoras. Algunos se van porque son despedidos y otros porque hace 4 meses que no aumentan los sueldos».

Paralización de Atucha

En ese marco, aseguró que en el mejor de los escenarios «de los 100 compañeros de CONEA quedarán 50 haciendo un trabajo solo de mantenimiento y conservación de los equipos como sucedió en los ´90 con la paralización de Atucha 2″.

«El gobierno nacional pone el pretexto diciendo que hay que re estudiar la ingeniería, algo que es una falacia absoluta. Estos tipos no son del sector, no van a rever nada, solo quieren paralizar la obra y destruir todo», reprochó.

Sobre la importancia de este este proyecto 100% argentino, destacó: «El CAREM nos hubiese permitido ingresar en el mercado internacional con un desarrollo propio. Ahora se lo llevarán al extranjero y serán otros países los que lo desarrollarán».

Fuente: periferia.com.ar

India sigue adelante con la estación espacial BAS, el cohete Soorya y más sondas espaciales

Por Daniel Marín

Este último año está demostrando ser decisivo para el futuro del programa espacial de India. En 2023 el gobierno de Modi ordenó a la agencia espacial del país, la ISRO, desarrollar la estación espacial india, BAS (Bharatiya Antariksha Station) y poner seres humanos en la superficie de la Luna para 2040. Al mismo tiempo también se ha dado luz verde al nueve cohete NGLV o Soorya, pieza esencial del programa. A lo largo de este año estos planes han evolucionando y se han concretado de forma bastante rápida. Recientemente, el gabinete del primer ministro Narenda Modi ha aprobado formalmente estos programas.

Maqueta de la estación espacial india BAS (Radha Krishna Kavuluru @iamkrishradha).

La estación BAS constará de cinco módulos permanentes, con una masa total de 52 toneladas. El primer módulo, BAS-1 o Módulo Base, tendrá un diámetro de 3,8 metros y una longitud de 8 metros, mientras que su masa será de 9,2 toneladas. El resto de módulos, BAS-2 a BAS-5, serán el módulo núcleo, el módulo de ciencia, el módulo laboratorio —este último con una cúpula para visión panorámica de la Tierra— y el módulo CBM, todos con el mismo diámetro, pero con una longitud de 9,25 metros y una masa de entre 10 y 11 toneladas. El BAS-1 se lanzará en 2028 mediante un cohete LVM3 y la estación estará completa en 2035.

Módulos de BAS (ISRO).

El LVM3 lanzará la nave Gaganyaan y los módulos de BAS (ISRO).

La ISRO ya había comunicado que la órbita de la estación tendría una inclinación de 51,6º, similar a la de la Estación Espacial Intrnacional (ISS), pero ahora se confirma que, efectivamente, BAS estará en el mismo plano que la ISS, por lo que será posible usar una estación como refugio de la otra en caso de emergencia (aunque, recordemos, que la ISS será desorbitada alrededor de 2031). Además, el módulo CBM de la BAS incorporará este tipo de puerto de atraque para permitir módulos de la ISS o naves como la Cygnus se puedan acoplar de alguna manera con la estación india. La nave tripulada Gaganyaan realizará hasta ocho misiones sin y con astronautas hasta diciembre de 2029, las últimas de las cuales se acoplarán con el módulo BAS-1. Hablando de Gaganyaan, se confirma que la nave tripulada india inicialmente solo llevará a dos astronautas en vez de tres por las limitaciones de carga del LVM3. Una vez se introduzca la versión LVM3-SC, la ISRO espera poder aumentar la tripulación hasta los tres astronautas otra vez (los astronautas usarán escafandras Sokol-KV2 y asientos Kazbek, empleados en las Soyuz, suministrados por Rusia).

Elementos de Gaganyaan (ISRO).

BAS será más pequeña que la estación espacial china, por ahora con tres módulos permanentes y una masa de casi 80 toneladas, principalmente por las limitaciones del lanzador LVM3. Precisamente, el otro programa que ha sido aprobado es el lanzador NGLV o Soorya. Este vector a base de metano ha sufrido bastantes cambios en su diseño en el último año. La versión final es un lanzador más alargado, 92 metros, y potente que el que pudimos ver inicialmente, con una masa al lanzamiento de 1094 toneladas. Finalmente vendrá en dos versiones, una capaz de lanzar 20 toneladas a la órbita baja (LEO) y 9 toneladas a una órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) y otra versión pesada o Soorya-H (NGLV-H) dotada de dos aceleradores de combustible sólido que podrá situar 30 toneladas en LEO y 12 toneladas en GTO. Soorya-H estará disponible en 2033, como muy pronto. ISRO deja para más adelante una posible versión más potente que pueda colocar 70 toneladas en LEO, que sería comparable al CZ-10 chino. Paradójicamente, India no esperará a tener listo el Soorya para lanzar los módulos de BAS, pero este lanzador sí que jugará un papel fundamental en los planes lunares de la próxima década.

Las dos variantes aprobadas del lanzador Soorya (ISRO).

Maqueta del Soorya-H (Radha Krishna Kavuluru @iamkrishradha).

Al mismo tiempo, el gabinete ha aprobado dos sondas espaciales: una es VOM (Venus Orbiter Mission) o Sukrayaan, un orbitador para el estudio de Venus mediante radar y la otra era la esperada misión de retorno de muestras Chandrayaan 4. La aprobación de Sukrayaan, que despegará en marzo de 2028 y tiene un coste de unos 150 millones de dólares, llama la atención después de que se rumorease que iba a ser cancelada o retrasada. Chandrayaan 4 es una misión muy ambiciosa y cara (más de 250 millones de dólares, muchísimo para los estándares indios) que emplea una arquitectura muy parecida a las sondas chinas Chang’e 5 y 6 para traer muestras de la Luna, pero con dos lanzamientos en vez de uno, una vez más, por culpa de las limitaciones de carga del LVM3. La masa conjunta de Chandrayaan 4 es de 9,2 toneladas y con esta misión la ISRO espera traer a la Tierra de 3 a 5 kg de muestras lunares, más o menos el doble del recogido por las misiones chinas. Con estos proyectos India planea adelantar definitivamente a Japón como segunda potencia espacial asiática y, de paso, acercarse un poco más a China.

Los dos elementos de la misión Chandrayaan 4, la sonda de alunizaje (dcha.) y la de retorno de muestras (ISRO).

Misión VOM (Sukrayaan a Venus) (ISRO).

Fuente: danielmarin.naukas.com

Cinco proyectos de investigación científica que están paralizados: de cáncer de mama a microscopios de súper resolución

Distintas investigaciones de científicos argentinos que financiaba la Agencia la Agencia I+D+i están virtualmente detenidos; desde el Gobierno, dicen que la auditoría que se está llevando adelante justifica la parálisis.

por Martín De Ambrosio

Daniel González Maglio, investigador independiente del Conicet y profesor adjunto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA (Gentileza González Maglio)

Tristeza, desazón e incertidumbre son las sensaciones que cunden entre científicos argentinos. A la caída salarial, la falta de incentivos y el descrédito desde el discurso oficial se le suma la incógnita respecto de qué sucederá con los proyectos que financia(ba) la Agencia I+D+i, que ahora no se sabe si se pagarán, cuándo y cómo. Por la estructura de cómo se hace ciencia en el país, donde el Conicet tiene casi todo su presupuesto destinado a los salarios y las universidades ponen sobre todo lugar de trabajo, es la Agencia la que motorizaba proyectos particulares, de todas las ciencias y todos los colores, con dinero para pagar viajes a campo, recolección de muestras y equipos y reactivos, entre otros ítems. Fueron del orden de las decenas de miles durante las últimas tres décadas (la Agencia fue creada en 1996). Pero este año sus aportes llegan a cuentagotas o directamente no llegan y así se ha parado la ciencia en el país. “Ahora sí somos ñoquis”, bromeaba un científico en un podcast.

Investigaciones sobre cáncer de mama, sobre el cáncer de piel, el valor de la agricultura familiar, la resistencia a los antibióticos y hasta de cómo hacer microscopios de ultra tecnología: estos proyectos están virtualmente detenidos y son solo apenas una muestra de cómo todo un ecosistema que genera conocimiento, valor agregado, reemplaza importaciones (es decir, evita gastar dólares) y contribuye a la productividad de las pymes, entre otros aportes quizá más intangibles, está en riesgo como nunca antes: “Los investigadores ya no solo se van a Europa o Estados Unidos; ni siquiera a Chile, Uruguay o Brasil, ahora se van a Colombia… Mientras nosotros nos detenemos, los demás siguen avanzando”; dijo a LA NACION Fernando Stefani, director del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (Cibion/Conicet), también afectado.

La situación resulta en una inmensa cantidad de talento desperdiciada. Los científicos e investigadores de los proyectos mencionados están varados. Mientras, continúa la auditoría que, según fuentes de la Agencia, es la que justifica la parálisis. “Cuando esta termine se comunicará un nuevo plan”, dijeron.

La Agencia se financia sobre todo con préstamos internacionales de bancos como el BID, y en menor porcentaje por fondos del Tesoro Nacional. La dinámica era de convocatorias anuales con cientos de proyectos, a los que se le adjudicaba mérito y puntaje y se financiaban los mejores de cada disciplina, tras pasar por evaluación de pares, una comisión evaluadora y el directorio de la Agencia, que ponía la aprobación final.

Cáncer de mama

Andrea Llera es investigadora del Conicet en el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir. El proyecto que diseñó y que fue aprobado por las distintas y exigentes instancias previas al financiamiento de la Agencia tenía que ver con el cáncer de mama. Su intención es ver cómo afecta el cáncer de mama a las argentinas que viven por fuera del área metropolitana de Buenos Aires, con sus características moleculares (¿es distinto genéticamente?) y con la intención de determinar cómo es el acceso al tratamiento en el noreste y noroeste del país. La hipótesis es que en las regiones con mayor ancestría indoamericana hay un subtipo de cáncer más agresivo y a su vez hay menor acceso a los medicamentos, que son costosos. Para corroborarla, se había diseñado un trabajo que incluía un ensayo clínico observacional, lo que obligó a armar capacidades en hospitales del norte que son asistenciales, y no hacen por lo general investigación, además de que también sufren recortes por parte de las provincias este año.

Investigadoras del Hospital Arturo Oñativia de la ciudad de Salta (Gentileza)

“Lo que más me afecta es la incertidumbre sobre la continuidad”, dice Llera a LA NACION. “Mi proyecto requiere un esfuerzo enorme de los hospitales y de los investigadores que lo llevamos a cabo, que hoy no sabemos si vamos a poder hacerlo o no. No sabemos si seguimos o no”, dijo.

Y agregó: “Lo que propongo es secuenciar genes humanos, y eso es caro siempre. Una vez que el país estaba dando un subsidio para aspirar a eso, con toda una estrategia para usar las instalaciones de Anlis-Malbrán, con costos reducidos, ahora tenemos esta incertidumbre. Todo el esfuerzo puede quedar estéril”.

Durante este año, la investigadora tuvo reuniones con funcionarios de rango intermedio que no le pudieron asegurar cómo seguir y no está claro si va a recibir nuevos desembolsos. El proyecto de Llera es parte de 23 que fueron denominados de “alto impacto” financiados en febrero de 2023, por cuatro años y por el equivalente de 250.000 dólares por año; solo recibió el primer pago, que en parte se perdió por la devaluación y las dificultades para importar equipos; en particular un equipo para analizar ácidos nucleicos que iba a ir a uno de los hospitales. Para el estudio, se armó la Red de Estudio de la Diversidad en Cáncer de Mama (REDICAM), con más de 30 investigadores, médicos y técnicos de cuatro provincias. Cada año unas 20.000 argentinas sufren de este subtipo agresivo del tumor de mama. Y pueden seguir desatendidas.

Cáncer de piel

Nanotecnología para mejorar el tratamiento de un tipo de cáncer, que puede resultar tóxico tal como se usa en la actualidad. Así podría resumirse en lenguaje no técnico el proyecto de Daniel González Maglio, investigador independiente del Conicet y profesor adjunto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que había sido aprobado por la Agencia. Ahora “no le alcanza ni para comprar los animales de laboratorio” con los cuales avanzar en el estudio. La idea de González Maglio y su grupo era mejorar la performance de una droga al aplicarla por la vía en la piel a través de nanosistemas, tanto en células tumorales aisladas (conocido como modelos in vitro) y modelos en los mencionados animales de laboratorio (modelos in vivo). El tipo de cáncer de piel que analizan se produce por la exposición crónica a radiación ultravioleta y la droga estudiada se da por vía oral durante mucho tiempo, con algunos efectos adversos; por eso la búsqueda de opciones.

Cabina de seguridad biológica IDEHU (Gentileza; González Maglio)

González Maglio escribió el proyecto en diciembre de 2022, se lo aprobaron, pero no tiene ningún recurso. “Queremos mejorar ese tratamiento con nanotecnología para aplicar la droga sobre el tumor. Es un proyecto en colaboración con Universidad de Hurlingham. Y tenemos una becaria con tesis doctoral. Hacemos lo que podemos con lo que nos queda ahora. El tiempo de beca está corriendo y el financiamiento no llega. Eran $1,2 millones por año y usamos muchos insumos importados, así que, aunque me dieran la plata, podría hacer la mitad o menos de lo planeado”.

Agricultura familiar

Silvia Lomáscolo se doctoró en biología, trabaja en el Instituto de Ecología Regional del Conicet y es docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Tucumán. Junto con otros 15 investigadores de unas 10 instituciones diferentes presentaron y ganaron un subsidio de la Agencia para estudiar la agricultura familiar en poblaciones rurales del norte argentino para ver cómo contribuye a la seguridad alimentaria y cómo interactúa con el ambiente, para determinar si puede ser una herramienta sustentable.

Obtuvieron un PICT (proyecto de investigación científica y tecnológica) de la Agencia que, les dijeron, iba a ser actualizado con la inflación para comprar los mínimos insumos, algo que no sucedió. “Nos están dando con demora, a montos de 2022 y tarde; ahora deberíamos haber recibido el tercer desembolso en julio y no lo recibimos”, dijo.

A la izquierda, Gabriela Núñez, una de las investigadoras del proyecto. A la derecha María, una de las productoras del Pichao, Colalao del Valle (Gentileza)

Son los mismos $500.000 que en julio de 2023, lo que limita la investigación. “Con ese dinero ya no alcanza. Queríamos también estudiar cómo se da la polinización de las abejas y cómo las acciones locales son o no sustentables, pero no nos alcanza para ir a la zona con frecuencia, como cuando se planificó”, agregó Lomáscolo.

“Redujimos al máximo la metodología: la idea era hacer análisis de laboratorio del contenido nutricional de los productos de la huerta en comparación con productos de la verdulería, por ejemplo. Esos análisis no los podemos pagar de ninguna manera. Hay toda una parte del proyecto que ya no se va a hacer”.

Resistencia a los antibióticos

Es uno de los problemas del siglo: las bacterias se adaptan a los antibióticos, generan resistencia y atacan con libertad, sobre todo en contextos hospitalarios. Como todo asunto actual tiene muchas aristas y tener información de qué pasa en el campo es crucial. El campo, en sentido literal: porque el mal uso de estos fármacos en la producción de animales es una de las fuentes de resistencia.

Camila Knecht investiga en resistencia a los antibióticos en los tambos (Gentileza)

Camila Knecht primero se licenció en biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, después de doctora en ingeniería de la universidad Otto von Guericke (Alemania); ahora es becaria en el instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica de la UBA-Conicet. Estudia cómo la forma en que se produce leche en Argentina puede modificarse para evitar sumar más resistencia por parte de las bacterias, porque existe evidencia de que esa resistencia llega del ambiente a los hospitales por el mal uso veterinario y en la agricultura en general.

Knecht ganó el ingreso a carrera del Conicet en 2023, pero todavía no le dieron el alta. Su idea particular era analizar qué pasa con la resistencia a los antibióticos en tambos, que suelen reutilizar el agua que a menudo queda estancada en lagunas cercanas a las vacas. Y a su vez ver la interacción entre la resistencia en el estiércol de animales y cómo el uso de herbicidas puede tener que ver; su intención era medirlo en la zona de Rafaela. El nombre del proyecto era “Resistencia a Antimicrobianos: estudio del impacto del uso de herbicidas en la agricultura en el marco conceptual de Una Sola Salud” y también convive con la incertidumbre.

Cómo hacer microscopios

“Yo estoy igual que todos”, completa Fernando Stefani. “Toda la investigación experimental está absolutamente detenida; los de teoría por ahí pueden estirarla un poco, pero el resto, no”, agrega. Stefani trabaja desde hace más de una década con el Premio Nobel de 2014 en física Stefan Hell, justamente premiado por una técnica única para generar microscopios de súper resolución.

Diez años después, la de Hell es una tecnología que está diseminada y resulta muy importante para la biología y las ciencias biomédicas. “Nuestro proyecto planteaba construirlos desde cero con un software que solo teníamos nosotros en nuestro laboratorio. La idea era entrenar personas y crear microscopios para distintos laboratorios del país, como herramienta para potencia otras investigaciones. Y se diseminaba durante cuatro años”, dijo a este diario.

Fernando Stefani (Conicet)

“Es un proyecto que se está copiando en lugares de América Latina; perdemos un lugar en el que podíamos ser líderes. El resto de los países avanza. Colombia, hace diez años no tenía ciencia, hoy está mejor que nosotros. Sumale a eso el desfinanciamiento de las universidades. Entonces se va incrementando una situación de retraso. Y no se termina de comprender que eso es parte de la economía también, nuestro proyecto da positivo en dólares”, agregó.

El grupo de Stefani se había presentado a una convocatoria especial en 2023 de 4 cuotas para redondear un millón de dólares (la misma de la de Llera, contada más arriba), con una asignación de fondos que el investigador califica de “muy eficiente” porque al ser veloz se ganó tiempo y el entusiasmo de los equipos, y se evaluó con jurado internacional de alto nivel. Se les entregó la primera cuota a fines del año pasado, pero se devaluó a las semanas. “No pudimos ejecutar casi nada”, sigue Stefani.

“No hay interlocutores confiables: las autoridades cambiaron varias veces, te hacen charlas de contención, pero no hay acciones, está todo paralizado. No sabemos si va a haber continuidad, hay parálisis más incertidumbre. Y ya perdimos gente, que se va también por las condiciones de trabajos, los salarios magros. Hay una selección negativa, los mejores se van y se pierde lo hecho durante años”, concluyó.

Fuente: lanacion.com.ar

Mendoza: Cornejo no logró los votos para aprobar la venta de acciones de IMPSA

El proyecto del oficialismo para vender el 21% de las acciones de IMPSA no consiguió los dos tercios de los votos necesarios en el Senado de la provincia y se empantana la privatización.

Alfredo Cornejo no consiguió que la Legislatura de Mendoza apruebe la cesión de acciones de IMPSA.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sufrió un revés legislativo este martes al no lograr los dos tercios de los votos necesarios para aprobar sobre tablas la venta del 21% de las acciones de IMPSA. La propuesta, impulsada por el gobierno provincial, buscaba desprenderse de esta participación accionaria en la emblemática empresa de tecnología e ingeniería, pero encontró resistencia en la oposición.

El bloque de senadores que responde al candidato a gobernador y líder de la Unión Mendocina, Omar De Marchi, votó en contra de la iniciativa. Según explicaron desde este espacio, la venta de las acciones debería contemplar, como mínimo, la recuperación de los 5 millones de dólares que la provincia invirtió en el rescate de IMPSA hace algunos años.

“Es necesario que la provincia recupere los fondos que destinó para el salvataje de la empresa, que fue una inversión pública destinada a preservar una industria estratégica para Mendoza. No podemos permitir que esas acciones se vendan sin asegurarnos un retorno de, al menos, esa cifra”, manifestaron voceros de la Unión Mendocina – PRO durante la sesión.

El debate sobre la venta de las acciones de IMPSA ha generado controversia desde que se puso sobre la mesa. Mientras el oficialismo defiende la medida como una estrategia para reducir la participación del Estado en la empresa y obtener recursos para otras necesidades presupuestarias, la oposición insiste en que no se puede ceder sin condiciones claras que garanticen un beneficio económico para la provincia.

Con el rechazo de la oposición, el proyecto deberá ser tratado en comisiones y se postergará la decisión sobre el futuro de las acciones. Este freno en el Senado representa una complicación para el gobierno, que tenía la expectativa de avanzar rápidamente con la venta.

IMPSA, una empresa clave en el sector energético y de tecnología avanzada, ha sido parte de una operación de salvataje público-privado en los últimos años, con la provincia y la nación asumiendo roles accionarios para evitar su quiebra. La discusión sobre el destino de estas acciones continuará en los próximos días, y se espera que el tema siga siendo un punto de tensión política entre oficialismo y oposición.

Fuente: periferia.com.ar

Segundo encuentro con el Sector Espacial Argentino

En el marco de la 2° mesa de trabajo del Sector Espacial Argentino, el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Dario Genua, y el titular de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Raúl Kulichevsky, recibieron en las oficinas de CONAE a más de 30 empresas públicas y privadas vinculadas a la industria espacial.

El objetivo del encuentro fue hacer un balance sobre la madurez de la economía espacial a nivel global, dar los primeros pasos hacia un marco regulatorio que potencie la actividad y conocer cuáles son las oportunidades de negocio que se le abren a las empresas argentinas, sobre todo en tecnología, telecomunicaciones y datos.

Durante la reunión, Genua expresó la necesidad de fortalecer la articulación entre los actores del sector privado espacial y los organismos públicos: “Con condiciones claras para los inversores y el apoyo decidido del Estado, podemos aprovechar nuestras fortalezas, afianzar nuestras capacidades tecnológicas y científicas, y consolidarnos a nivel internacional como referentes en esta industria”.

Por su parte, Kulichvesky se refirió a las necesidades de potenciar las capacidades del ecosistema espacial argentino: “El país puede mostrar orgullosamente que tiene muchas capacidades con la que otros países no cuentan. Por eso es importante poder debatir entre todos cómo generamos ese crecimiento. Desde nuestro lugar queremos fortalecer el rol de la agencia espacial y hacer hincapié en la sinergia público/privada para consolidar un ecosistema sólido”

Las empresas que participaron del evento fueron Aeroterra; Arsat; Arsultra; Ascentio Technologies; Carae; Cnea; Cta Dta; Diysatellite; Emtech; Epic Aerospace; Fadea; Gema; Iar; Imer Antennas; Innova-Space; Intema; Invap; Kan Territory & It, Kohlenia; Latamsat; Lia Aerospace; Mecánica 14; Novo Space; Reorbit; Satellogic; Spacesur; Sogi, Solar 54, Tlon Space; Valthe Ing; y Veng.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/segundo-encuentro-con-el-sector-espacial-argentino

China utiliza Starlink para detectar aviones furtivos, aunque afirma no estar listo para su uso militar

Por Tomás Russo Picasso

Según fue revelado, China utiliza Starlink para detectar aviones furtivos, aunque sus investigadores afirman que no está listo para su uso militar. De acuerdo al grupo de investigadores chinos, la red de satélites Starlink de SpaceX tiene la capacidad de identificar aviones furtivos en el aire.

Starlink utilizado desde China para seguir aviones furtivos

Utilizando las señales reflejadas tanto de los satélites como del suelo, han desarrollado una técnica que permite detectar la sombra que proyecta un avión, lo que podría transformar la forma en que se percibe la tecnología furtiva.

Científicos chinos descubrieron que pueden emplear la amplia red de satélites Starlink de SpaceX para realizar un seguimiento pasivo de aviones furtivos.

De acuerdo con Interesting Engineering, la técnica se basa en monitorear la interferencia generada por las señales electromagnéticas de los satélites cuando un avión se encuentra en el trayecto de la transmisión. Esto muestra una perturbación o una ‘sombra’ de los aviones furtivos, que son invisibles para los radares convencionales.

En el experimento, se usó un dron DJI Phantom 4 Pro, debido a que su sección transversal de radar es similar a la de aviones furtivos avanzados como el F-22 de EE. UU. El experimento se realizó en el Mar de China Meridional, frente a la costa de la provincia de Guangdong, bajo la supervisión del Centro Estatal de Monitoreo Radioeléctrico de China. Además, los logros de los investigadores fueron publicados tras pasar por el proceso de revisión por pares.

El F-22, un ejemplo de avión furtivo de baja detectabilidad, está diseñado para dificultar su detección por radar. Estas aeronaves utilizan técnicas avanzadas de diseño, como formas geométricas angulares y revestimientos de tecnología furtiva, para reducir al mínimo su sombra en el radar, haciéndolas casi indetectables por los sistemas convencionales, que se basan en frecuencias de imagen para identificar objetos en el cielo.

Sin embargo, el equipo de investigación chino ha evaluado varias contramedidas utilizadas por estos aviones furtivos y cree haber encontrado una solución sobre cómo interfieren con las señales electromagnéticas de los satélites Starlink.

Investigadores sortean las restricciones para utilizar Starlink

Un avión furtivo que pasa entre un satélite de Starlink y una estación terrestre interrumpe las señales transmitidas, generando una dispersión que puede ser analizada para detectar la presencia de la aeronave. Estos satélites emiten señales de radio de alta frecuencia, principalmente para proporcionar acceso a internet de alta velocidad en todo el mundo, con velocidades que alcanzan hasta 220 Mbps.

A pesar de que están cifradas y no son accesibles en China debido a restricciones políticas, el equipo de investigación chino, dirigido por el investigador Yi, afirma haber desarrollado un receptor capaz de capturar y analizar las señales de Starlink utilizando componentes comerciales asequibles.

La investigación sugiere que, aunque la tecnología furtiva está diseñada para evadir el radar, la vasta red de señales electromagnéticas de Starlink podría detectar aviones sin importar su forma o materiales de superficie. Con miles de satélites en órbita, este sistema de detección podría ofrecer una cobertura generalizada.

Límites y obstáculos para su uso militar

Aunque este descubrimiento representa un avance importante, la tecnología aún no está lista para su uso militar. La antena de radar utilizada por el equipo de Yi tiene el tamaño de una sartén, y su experimento involucró drones volando a altitudes relativamente bajas.

Aunque el sistema detectó detalles complejos como el movimiento de los rotores de los drones, aún no es capaz de detectar aviones furtivos a altitudes operativas. Yi y su equipo revisaron el modelo de detección de radar de dispersión hacia adelante, ajustando el algoritmo que procesa las señales recibidas.

El equipo utilizó un chip de alto rendimiento, aunque los detalles específicos no se han revelado. A pesar de estos avances, el sistema sigue en una fase experimental y necesita más desarrollo antes de que pueda aplicarse en escenarios militares reales.

https://www.espaciotech.net/2024/09/16/china-utiliza-starlink-para-detectar-aviones-furtivos-aunque-afirma-no-estar-listo-para-su-uso-militar/

La Facultad de Ingeniería de la UNLP protagonista del vuelo del primer avión eléctrico del país

En una jornada histórica para el país, el aeródromo de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, fue testigo del vuelo del AVIEM 100 Epower, el primer avión eléctrico de la Argentina desarrollado por profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Aviem Aeronáutica SRL. Durante la prueba el vehículo, que funciona con baterías de litio, demostró su gran eficiencia y estabilidad.

El AVIEM 100 Epower es un avión de categoría experimental, cuyo propósito es la investigación y el desarrollo. En el ensayo estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ingeniería y director del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA-UNLP), Marcos Actis, y el ingeniero Guillermo Garaventta, uno de los responsables del proyecto e integrante del CTA. También participó el ingeniero Ernesto Acerbo, gerente de AVIEM Aeronáutica SRL junto a otros miembros de la compañía. Además, presenciaron el vuelo autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) quienes, tras dos jornadas exhaustivas de revisión del vehículo, otorgaron el certificado que avaló la realización de la prueba.

El ensayo se realizó alrededor de la pista del aeródromo, ubicado sobre la ruta Nº 6 km.142 y el Arroyo «La Choza», de General Rodríguez. Fue un vuelo de corta duración. Allí se evaluó el despegue, el vuelo en el aire y su aterrizaje.

“Realmente me impresionó lo bien que vuela el avión. Se debe tener en cuenta que en el tema eléctrico es todo nuevo, está todo por desarrollarse y eso hace que algo pueda llegar a fallar, pero realmente todo anduvo en los parámetros que pensábamos. Hubo algún problema con la temperatura, pero son cosas que se resuelven. No apareció nada extraño que no supiésemos que podía suceder”, señaló Actis.

El decano también destacó la confianza en Acerbo, a quien conoce de la Facultad desde sus años como estudiante, para llevar adelante el proyecto. “Ernesto siempre se dedicó al tema de la aeronáutica y le fascinan los aviones. Es un constructor con muchísima experiencia. Eso fue una determinación para emprender este desafío”, resaltó.

Por su parte, Acerbo destacó algunos aspectos de la experiencia. “Tenemos que considerar que estamos haciendo lo que rara vez hacemos, que es cuando construimos una aeronave nueva el motor ya está probado. Y acá es todo nuevo, el diseño de la aeronave y el motor con una instalación que es totalmente nueva”.

Fuente: ing.unlp.edu.ar

Brasil levantó los bloqueos a X y Starlink tras recibir una transferencia de USD 3,31 millones

El Supremo Tribunal Federal informó que el levantamiento se ordenó porque la cantidad transferida a las arcas brasileñas alcanzaba el total que Elon Musk debía al país en concepto de multas.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal de Brasil (AP Foto/Eraldo Peres/ Archivo)

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes decidió levantar los bloqueos impuestos anteriormente a las cuentas de Starlink y la red social X tras recibir la transferencia de 18,35 millones de reales (USD 3,31 millones) de la empresa de Elon Musk a las arcas nacionales del país.

Según un comunicado judicial del viernes, el levantamiento se ordenó porque la cantidad transferida a las arcas de Brasil alcanzaba el total que X debía al país en concepto de multas, que se habían impuesto en medio de una disputa entre el multimillonario Elon Musk y el juez Alexandre de Moraes. Musk controla tanto X como Starlink.

El Supremo Tribunal ordenó la transferencia de fondos el miércoles y las cuentas fueron descongeladas, según un comunicado del órgano judicial emitido este viernes. Ahora comenzó la especulación sobre si la justicia brasileña va a levantar el bloqueo a la red social en el país.

Musk estuvo inmerso en una disputa con el juez más poderoso de Brasil, quien lidera una campaña contra las noticias falsas y el discurso de odio en la mayor nación de América Latina. El magistrado Alexandre de Moraes ordenó el mes pasado la prohibición de la plataforma antes conocida como Twitter y bloqueó las cuentas de Starlink en un intento de obligar a la empresa del empresario tecnológico estadounidense a pagar las multas impuestas por ignorar una orden anterior de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar a un representante legal en Brasil.

Elon Musk, dueño de X y Starlink (REUTERS/Johannes P. Christo)

“El bloqueo de las cuentas se produjo porque la justicia consideró la responsabilidad solidaria entre X Brasil Internet Ltda., Starlink Brazil Holding Ltda. y Starlink Brazil Internet Services Ltda. por el pago de multas”, señaló el tribunal este viernes.

Moraes congeló recursos de X y de Starlink, que opera en Brasil desde 2022, en especial en comunidades alejadas de la Amazonía, para garantizar el pago de multas impuestas a X por sus incumplimientos judiciales. El bloqueo afectó a 22 millones de usuarios de X que empezaron a migrar a redes menores como Bluesky y Threads.

La decisión del juez brasileño atizó el debate sobre libertad de expresión y los límites de las redes sociales dentro y fuera del país sudamericano. La suspensión de la plataforma fue aplaudida por la izquierda liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y criticada por la oposición derechista. El ex mandatario Jair Bolsonaro calificó a Moraes como “dictador”.

Según una encuesta de AtlasIntel entre más de 1.600 entrevistados, una mayoría de brasileños (56,5%) vio una “motivación política” en la decisión de Moraes y estimó que las acciones de la corte sobre X “debilitaron la democracia” (54,4%).

https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/09/13/brasil-levanto-los-bloqueos-a-x-y-starlink-tras-recibir-una-transferencia-de-usd-331-millones/

El gobierno de Milei paralizó la planta de Uranio de Dioxitek, en Formosa

El proyecto estaba entre las obras claves para el ciclo de combustibles nucleares del país. En un nuevo ataque contra el sistema científico, Nación frenó la transferencia de fondos.

La planta de Uranio de Dioxitek, en Formosa, frenada por la gestión de Javier Milei.

La Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek, que estaba en proceso dentro del Polo Científico, Tecnológico e Innovación de la provincia de Formosa, fue paralizado debido a la falta de transferencias por parte de Nación. Este proyecto es crucial para el ciclo de combustibles nucleares en Argentina, ya que está destinado a producir dióxido de uranio (UO2), que es un elemento esencial para las centrales nucleares del país. Por lo tanto, al no tener lo necesario para funcionar, los reactores no podrán generar la energía necesaria para el desarrollo tecnológico y económico de la región.

Cabe destacar que Dioxitek es una empresa que se destaca en la fabricación de fuentes selladas de Cobalto-60 (Co-60), las cuales son utilizadas en la industria, la esterilización de equipos médicos y la preservación de alimentos, entre otros usos; y son exportadas a Canadá y Chile. Sin embargo, también es reconocida como líder regional en la producción de polvo de dióxido de uranio, utilizado en la fabricación de los elementos combustibles que emplean las centrales nucleares argentinas.

Un proyecto estratégico clave (para cuando el país busque desarrollarse)

Según detallaron las autoridades formoseñas, la NPU funcionaría como complemento de la planta de Dioxitek en Córdoba, convirtiéndose en un elemento esencial para asegurar el suministro continuo de UO2, necesario para el funcionamiento de las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse, que contribuyen con el 7% de la energía eléctrica nacional.

Por otra parte, es importante destacar que la NPU, por su tecnología y sus características logísticas, iba a minimizar el impacto ambiental y a eliminar la necesidad de desechar líquidos, al adoptar un enfoque de vertido líquido cero. Mediante un Sistema Integral de Gestión de Efluentes, el líquido utilizado en la NPU durante el proceso productivo sería reciclado, evaporizado, cristalizado o recuperado en un subproducto (Nitrato de Amonio), para asegurar que no se registren descargas al sistema ambiental. Además, al reutilizar la mayor cantidad de agua residual, la planta lograría disminuir al máximo su consumo de agua.

Como puede observarse, comparada con las actuales plantas industriales en el país y la región, la NPU iba a estar a la vanguardia, ofreciendo un modelo de eficiencia, seguridad y modernización. Sin embargo, la falta de transferencias por parte de Nación ha llevado a su paralización, poniendo en grave riesgo la finalización de la planta.

Las consecuencias de la paralización de la NPU

La desfinanciación del proyecto de la NPU trae aparejado una serie de consecuencias que Nación decide ignorar. En primer lugar, habrá un impacto negativo en la producción de energía: al no recibir el suficiente dióxido de uranio, las centrales nucleares nacionales no podrán funcionar adecuadamente, y se pondrá en riesgo el 7% de la energía eléctrica del país.

Fuente: periferia.com.ar

A la sombra de la guerra, diplomáticos y expertos buscan prohibir las armas en el espacio

por Jessica West

Imagen de armamento antisatélite generada mediante DALL-E.

A pesar de que la comunidad de naciones de la Tierra se está fragmentando cada vez más en bloques rivales, está cobrando impulso un esfuerzo por construir una mayor cohesión en el espacio. El grado en que esto tenga éxito, o no, puede determinar el curso de la paz y la seguridad mundiales en el futuro previsible.

Diplomáticos, junto con expertos militares, industriales, civiles y académicos se reúnen en Ginebra esta semana para la Conferencia anual sobre seguridad del espacio ultraterrestre organizada por el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR). Impulsando la agenda: cómo construir la cooperación en toda la comunidad internacional mientras trabaja para prevenir una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre (PAROS).

El momento de la reunión es crítico. Los esfuerzos diplomáticos sobre PAROS han estado en un cohete hacia ninguna parte durante las últimas cuatro décadas, sacudidos por objetivos en pugna. Algunos estados quieren prohibir las armas en el espacio mediante un nuevo acuerdo legal, mientras que otros se centran en las capacidades antisatélite que apuntan a los sistemas espaciales. Este grupo ve la necesidad de transparencia y normas de conducta que respalden las leyes existentes y eviten los conflictos.

A medida que la diplomacia vacilaba, las amenazas han aumentado. El Informe sobre capacidades antiespaciales globales de la Secure World Foundation muestra que cada vez más países desarrollan tecnologías para dañar o perturbar los sistemas espaciales. La confianza en los compromisos con las medidas de control de armamentos existentes está flaqueando. La seguridad del espacio ultraterrestre se debatió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por primera vez este año a raíz de no una sino dos resoluciones (fallidas). Estas fueron motivadas inicialmente por preocupaciones sobre el posible desarrollo de capacidades de armas nucleares en órbita, lo que violaría una de las pocas restricciones legales internacionales existentes sobre el uso del espacio.

Los esfuerzos para reparar esta peligrosa situación también están en riesgo. Se prevé que se inicien dos procesos paralelos del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre: uno que seguirá trabajando en la reducción de las amenazas espaciales centrándose en las normas de conducta responsable, y otro que seguirá trabajando en los elementos de un acuerdo jurídico centrado en la prohibición de las armas y el uso de la fuerza en el espacio ultraterrestre.

Ninguno de los dos esfuerzos puede tener éxito sin el otro, pero los intentos de crear consenso sobre ambos temas han fracasado anteriormente. Y existe el riesgo de que los esfuerzos paralelos dividan la participación en la comunidad internacional y bifurquen el régimen de gobernanza del espacio al adoptar diferentes enfoques de la ley, las definiciones, los conceptos y las obligaciones.

Pero también hay un rayo de esperanza. Una reciente victoria diplomática traza un camino cauteloso hacia el éxito. En agosto, un Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre Medidas Prácticas Adicionales para la Prevención de la Carrera de Armamentos en el Espacio Ultraterrestre adoptó un informe de consenso que describe el alcance de las discusiones y las diferentes opiniones entre los Estados. En el ámbito del espacio ultraterrestre, donde lo extraordinario sucede a diario, este logro puede parecer insignificante. Pero el contenido del informe ofrece puntos en común entre los dos enfoques de la gobernanza espacial que desde hace tiempo compiten entre sí.

La conferencia del UNIDIR procurará unir estos puntos, basándose en las áreas clave de trabajo identificadas en el informe del GGE y abordando los espinosos obstáculos que impiden el progreso. Es importante la participación de un panel diplomático en el que participará el presidente del GGE recientemente concluido, el embajador de Egipto, Bassem Hassan. El debate, que pretende hacer un balance de los diversos procesos diplomáticos sobre seguridad espacial que se han intentado en el pasado, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo los éxitos y los errores de los esfuerzos anteriores pueden ayudar a respaldar el progreso en los dos próximos grupos de trabajo de composición abierta.

Un enfoque integral de la seguridad espacial requerirá entendimientos comunes. Por lo tanto, la conferencia comenzará con un examen de las numerosas amenazas y riesgos a la seguridad espacial, desde el uso de capacidades contraespaciales hasta los peligros naturales y las actividades de la zona gris que se encuentran entre ambos extremos. Se prevé un debate sobre el marco de gobernanza existente para concretar los pros y los contras del espacio que deben orientar cualquier esfuerzo por establecer normas adicionales, y arrojar luz sobre un concepto central pero ilusorio que orienta el desarrollo tanto de normas como de restricciones jurídicas: el umbral del uso de la fuerza.

Pero es necesario hacer más. También se necesitan sinergias entre los diversos elementos y actores del régimen de gobernanza del espacio ultraterrestre. En este sentido, es fundamental centrarse en los vínculos entre la seguridad espacial y la protección del espacio, sobre todo para abordar uno de los obstáculos más perniciosos para el control de armamentos: la naturaleza dual de la tecnología espacial, que a menudo puede respaldar objetivos tanto militares como civiles o comerciales, y que puede utilizarse tanto para aplicaciones útiles como perjudiciales.

Si los astronautas son los enviados de la humanidad, los diplomáticos deben ser los astronautas de la paz y la seguridad en el espacio, atreviéndose a ir adonde nadie ha ido antes. La conferencia de UNIDIR ayudará a darles las herramientas para llegar allí.

Jessica West es investigadora principal del CIGI e investigadora principal del Project Ploughshares, un instituto canadiense de investigación sobre la paz y la seguridad, donde se centra en la tecnología, la seguridad y la gobernanza en el espacio ultraterrestre.

https://spacenews.com/in-shadow-war-diplomats-experts-seek-ban-weapons-from-space/

Buscando competir con Starlink, la empresa china Geespace lanzó 10 satélites LEO

Geespace, empresa respaldada por el fabricante de automóviles chino Geely, lanzó un tercer lote de satélites como parte de su plan para formar una megaconstelación.

Los 10 satélites de órbita terrestre baja (LEO) fueron lanzados desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, ubicado en la provincia de Shanxi.

Según Geespace, “con este último lanzamiento, la constelación ahora incluye 30 satélites, que cubren el 90% del mundo con servicios de comunicación las 24 horas”.

“Este despliegue marca la primera vez que una empresa aeroespacial comercial china ofrece comunicación satelital LEO a escala global”, agregó.

Geely Technology Group creó Geespace para investigar, lanzar y operar satélites de órbita baja en 2018: la empresa colocó sus primeros 20 unidades en órbita en dos lanzamientos separados, en 2022 y a principios de este año.

En este sentido, planea construir una constelación de casi 6.000 satélites LEO que proporcionarían banda ancha global, en lo que será “el equivalente privado de China a ‘Starlink'”.

El lanzamiento del satélite de Geespace es parte de su primera fase de construcción de su constelación, que tiene como objetivo poner 72 satélites en órbita para dar servicio a más de 200 millones de usuarios en todo el mundo para fines de 2025.

La segunda fase sumará 264 satélites para comunicaciones de telefonía móvil, mientras que, durante la tercera, se lanzarán 5.676 unidades para banda ancha de alta velocidad.

Fuente: espaciotech.net

Petridólares, OTAN y Comando Sur

Luis Petri en Defensa: desnacionalización estratégica y aumento de la vulnerabilidad.

Por Luciano Anzelini 

Paseo de militares estadounidenses por el río Paraná, en una lancha de la Armada Argentina. Foto: Gaceta Marinera.

En los últimos días se ha tomado conocimiento de novedades en el ámbito del Ministerio de Defensa que profundizan la combinación de “occidentalización dogmática” y “desnacionalización estratégica” que caracteriza a la gestión de Javier Milei. Convencidos de que el gradualismo fue un problema del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), los libertarios extienden más allá de la economía el apotegma autocrítico del presidente del PRO: “Hay que hacer lo mismo, pero mucho más rápido”.

Para ello, han internalizado otro aforismo menos conocido del universo macrista, en este caso pronunciado por su ex embajador ante los Estados Unidos, el empresario Fernando Oris de Roa, quien afirmó a principios de 2018: “Estados Unidos tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Una agenda de corte político internacional. No es que a nosotros no nos interese eso, sino que nuestra agenda es económica (…) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”.

La lectura del gobierno de Milei en materia de defensa es que el macrismo se quedó en los amagues y no terminó de concretar la doctrina Oris de Roa. Por eso ahora pisa el acelerador. Sin embargo, durante los últimos cinco años el mundo exacerbó su pugnacidad, la confrontación global entre los Estados Unidos y la República Popular China se profundizó y estalló la guerra entre Ucrania y Rusia en 2022. Todo ello hace que las implicancias de las automáticas concesiones del gobierno de Milei a los Estados Unidos, la OTAN y Gran Bretaña —materializadas por los ministros Luis Petri y Diana Mondino y sin ningún tipo de restricción por parte de las burocracias profesionales de esos ministerios— impacten en un aumento de la vulnerabilidad estratégica del país en materia de seguridad internacional y defensa.

Entre la OTAN y el Comando Sur

En una línea informativa sobre la que ya veníamos trabajando y respecto de la cual existen pedidos de informes en el Congreso de la Nación, se conoció a través de diversos medios que en septiembre podrían concretarse modificaciones en la estructura de Fabricaciones Militares, la compañía estatal que en las últimas semanas recibió la visita informal de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno avanzaría con su decisión de hacer de la firma una sociedad anónima, lo que facilitaría que inversores extranjeros se hagan con una parte relevante del capital de la empresa. El objetivo sería transformar a la empresa en una proveedora de la OTAN en pleno contexto bélico entre Rusia y Ucrania, con costos incalculables en términos de vulnerabilidad estratégica para el país. En este marco, se deberá prestar especial atención a los movimientos de la firma checa CSG Defence, uno de los grupos interesados en producir en la Argentina material bélico para la OTAN. Según advirtió David Salto, secretario general de ATE en Río Tercero, CSG Defence “ya fabrica y abastece militarmente a países como Holanda, que envían su ayuda a Ucrania en el marco de las políticas de alianzas impulsadas por la OTAN”. Asimismo, desde el sindicato señalaron que CSG “tiene dentro de sus compañías a Excalibur Army, fundada en 1995 y productora de tanques, obuses autopropulsados, lanzadores de cohetes, vehículos de ingeniería, armas y municiones”. Finalmente, este movimiento se encuadra en la reciente firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación técnico-militar entre el ministro Petri y su par de la República Checa, Jana Černochová, durante la gira europea de fines de junio con motivo de la incorporación argentina al Grupo Ramstein (de apoyo militar a Ucrania) y la solicitud de ingreso como socio global a la OTAN. Según se aprecia, estarían a poco de llover los primeros “petridólares” para la otanización. Se trata de satisfacciones en materia de seguridad para el eje Washington-Bruselas-Londres que traerían como correlato inversiones en el marco de la desnacionalización estratégica de Fabricaciones Militares. Con retraso, la satisfacción también alcanza al olvidado Oris de Roa.

Petri y la ministra de Defensa de República Checa, Jana Černochová.

En paralelo, se conoció el pasado 27 de agosto la visita de una comitiva a cargo del comandante de Operaciones Especiales Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, contraalmirante Mark Schafer, al Área Naval Fluvial de la Armada Argentina, para recorrer diversas instalaciones e interiorizarse sobre las actividades operativas de ese estratégico sector de la defensa nacional. El militar norteamericano fue recibido por el comandante del Área Naval Fluvial (ANFL) y jefe de la Base Naval Zárate, contraalmirante Daniel Finardi. La información fue dada a conocer por el órgano de prensa naval, Gaceta Marinera, sin ningún tipo de precisión sobre las fechas de la visita ni sobre el tiempo de permanencia en el país de los uniformados estadounidenses. Según reflejó el medio: “La delegación inició la jornada con una exposición a cargo de los jefes de Operaciones del ANFL y del Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Alte. Eleazar Videla” (BIM3), quienes abordaron las funciones y tareas que se cumplen en esta zona naval y sus unidades subordinadas (…) A continuación, la comitiva se dirigió al BIM 3 para recorrer las instalaciones y conocer el material y los medios con que cuentan, para luego realizar una navegación por aguas del río Paraná a bordo de las lanchas Guardian 22, pertenecientes a la Compañía de Embarcaciones Menores”.

La información adquiere particular relevancia, toda vez que —como indicó el sitio Agenda Malvinas— la visita podría dar cuenta del inicio de la “toma de control de la cuenca argentina de los ríos Paraná y Paraguay por parte de los Estados Unidos”. Debe recordarse que el Área Naval Fluvial de la Armada Argentina tiene la estratégica jurisdicción sobre “las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los ríos y vías navegables de la Cuenca del Plata, limítrofes e interiores, y el Río de la Plata hasta la línea materializada por Punta Rasa y Punta del Este”. Por lo tanto, una de sus responsabilidades principales se vincula con el objetivo de contribuir en la restricción de poder sobre eventuales intromisiones en la estratégica Via Troncal Fluvial, mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, tal como se conoce a uno de los mayores sistemas navegables del mundo, que recorre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que cuenta con una extensión de 3.442 kilómetros que van desde Puerto Cáceres en Mato Grosso do Sul, Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay.

No debe desligarse la presencia militar estadounidense en la ruta fluvial más importante y estratégica de la región de la operación de empresas multinacionales de ese origen como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Algunas de estas compañías —comercializadoras de materias primas que controlan el mercado de la soja en América Latina— disponen de puertos privados y controlan la salida de la mayoría de las exportaciones. Se trata de empresas con una injerencia notable en la matriz agroexportadora del país, por lo que la presencia militar estadounidense en el segundo nodo portuario agroexportador del planeta —detrás del de Nueva Orleans— constituye un dato de enorme relevancia estratégica. No puede perderse de vista que el Congreso de los Estados Unidos autorizó el año pasado a sus ingenieros militares a trabajar en temas de navegación, con la premisa estratégica de monitorear la presencia de China en regiones claves y tener acceso de primera mano a información vinculada a delitos transnacionales como el narcotráfico. Al respecto, conviene recordar, por ejemplo, que en la Vía Troncal Fluvial Paraguay-Paraná opera la multinacional china COFCO, y que localidades como Rosario, Puerto General San Martín o San Lorenzo —de donde sale el 80% de las exportaciones de granos, aceite, harinas y otros productos relacionados al agro— son puntos neurálgicos de comercio ilegal utilizado por el narcotráfico para sus negocios.

Desnacionalización estratégica

Como hemos señalado, las novedades en torno a la subordinación de Fabricaciones Militares a las necesidades de la OTAN y a la injerencia militar estadounidense en la Vía Fluvial Troncal Paraguay-Paraná se inscriben en la política de “desnacionalización estratégica” que ha guiado la gestión de Luis Petri a lo largo de sus diez primeros meses como ministro de Defensa. Se trata de una política que procura: cumplir con el “mandato” estadounidense de convertir a las Fuerzas Armadas argentinas en una guardia costera policial con funciones antidrogas y antiterroristas, lo que diferentes autores han caracterizado como Crime Fighters o Small Armed Forces; alterar el “consenso básico” de separación entre funciones militares y policiales, es decir, poner en discusión el andamiaje jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional (1988), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001, reformada en 2015), contribuyendo así a la desprofesionalización castrense en relación con su misión primaria y esencial que es la preparación para la guerra interestatal; y subordinarse de modo irrestricto a la política exterior y de seguridad internacional de los Estados Unidos en su puja global con la República Popular China, con efectos perniciosos respecto de los propios intereses en materia de defensa nacional.

Con este telón conceptual de fondo, el gobierno de Milei se posiciona como una “correa de transmisión”, cuyas decisiones se adoptan en la Casa Blanca. Carente de capacidad pragmática para visualizar, de modo sopesado, dónde reside el interés nacional, presenciamos un gobierno que hace esfuerzos ímprobos por complacer a Washington e insertarse en un mundo que ya no existe. O, para ser más precisos, para colocarse imaginariamente en las diversas dimensiones —la del conflicto Este/Oeste, la del unipolarismo norteamericano o la de una irrefrenable globalización financiera— de un orden mundial perimido hace dos décadas.

Las dos noticias reseñadas en esta nota constituyen los últimos aportes de una prolífica serie de medidas, anuncios e iniciativas legislativas del gobierno de Milei —desde el 10 de diciembre de 2023 hasta fines de agosto de 2024— orientadas al debilitamiento del sistema defensivo-militar argentino y a la alteración del ordenamiento normativo y doctrinario construido desde la recuperación de la democracia en 1983.

De todo ese conjunto de medidas que hemos analizado en detalle en estas páginas a lo largo de los últimos diez meses, sin dudas hay dos que constituyen los ejes estructurantes de la política de defensa de Milei:el ingreso de la Argentina al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (Grupo Ramstein) y la solicitud de convertirse en socio global de la OTAN, y sus implicancias en materia de concesiones en torno a la cuestión Malvinas; y el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 enviado por el Ejecutivo, que supone el desmantelamiento de una política de Estado con el consiguiente retroceso democrático que representaría la asignación de funciones “anti-terroristas” —léase misiones antidrogas y de represión al conflicto social— a las Fuerzas Armadas.

En este contexto, resulta fundamental que la oposición parlamentaria, por una parte, y las burocracias profesionales de Cancillería y Defensa, por la otra, encuentren los mecanismos adecuados para persuadir al gobierno de llevar adelante una política exterior y de defensa prudentes y centradas en el interés nacional, a la vez que eviten medidas trasnochadas como el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén o aventuras de apoyo militar a Ucrania, en donde no se juega ningún interés vital para la nación.

Paralelamente, se torna indispensable que los diputados y senadores de la Nación —en particular los radicales que deben defender el legado de Raúl Alfonsín— rechacen de plano el fantasmagórico proyecto de ley a través del cual el Poder Ejecutivo propuso modificar la Ley de Seguridad Interior. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la asignación a los militares de tareas de policía urbana y represión social exhibe —como lo han hecho saber masivamente los propios sectores militares— una incomprensión total y absoluta de la naturaleza de la profesión militar.

Al terrorismo no se lo combate de este modo, sino con un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) profesionalizado, cuyo objeto no sean los propios funcionarios del oficialismo o familiares de militares caídos en cumplimiento del deber como sucedió con los deudos de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Para ello, resulta necesario fortalecer al SIN a través de un debate democrático en el Congreso, como sucedió en 2001 y 2015, y no modificarlo a través de un DNU como ocurrió con el Decreto 614/2024.

El balance de estos primeros diez meses de gestión en materia de Defensa Nacional no podría ser peor. La occidentalización dogmática, la desnacionalización estratégica y la búsqueda de policialización de las Fuerzas Armadas —azuzando imprudentemente la amenaza del terrorismo como ha hecho el propio Presidente en más de una oportunidad— sintetiza un cúmulo de iniciativas desancladas del interés nacional y de los intereses vitales del país que aumenta sensiblemente nuestra vulnerabilidad estratégica. Se torna indispensable el retorno a la normalidad y al núcleo de coincidencias básicas construido desde 1983 en materia de política exterior y defensa. De profundizarse el actual camino, los costos podrían ser inconmensurables.

* El autor es profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa (2019-2022).

Fuente: elcohetealaluna.com