Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU a toda prueba (III y final)

Herminio Camacho

Rebelión

Canberra ha demostrado un celo encomiable en el cumplimiento de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de EE.UU., contra Irán y Corea del Norte. Además ha adoptado sanciones autónomas para ejercer sobre estos Estados, tal como pretende su principal aliado, toda la presión posible. Sin embargo, siguiendo la posición de Washington, nunca ha condenado a Israel por sus crímenes contra el pueblo palestino, y le ha brindado, por el contrario, todo su apoyo.

 

Australia cuenta con un sistema cuidadosamente diseñado para poner en vigor las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra diferentes Estados.

Así, la Migration (United Nations Security Council Resolutions) Regulations 2007 prevé la aplicación de prohibiciones de viaje y restricciones a personas o clases de personas definidas por ese órgano, ya sea denegando una visa solicitada o cancelando una concedida.

Igualmente, las Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958  y las Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 controlan la exportación desde el país y la importación hacia este, respectivamente, de productos cuya comercialización haya sido prohibida por el Consejo de Seguridad. Otras regulaciones ponen en vigor restricciones financieras contra personas y entidades sujetas a medidas aprobadas por el mismo.

Por otra parte, los incumplimientos de los controles sobre el comercio de las mercancías y servicios prohibidos y las relaciones con las entidades o individuos sancionados son considerados delitos graves, que pueden conllevar sanciones severas.

Estas pueden ser, si se trata de una persona natural hasta de 10 años de privación de libertad o multa de hasta tres veces el valor de la transacción que se considera un incumplimiento de las medidas establecidas. Si este valor no pudiera calcularse, el máximo de la multa aplicable sería de 275 000 dólares australianos, equivalentes en la actualidad a poco más de 258 000 dólares estadounidenses.

Las entidades corporativas pueden ser objeto de multas de hasta tres veces el valor de la transacción, si este pudiera calcularse, o de lo contrario, de un máximo de 1 100 000 dólares australianos (aproximadamente 938 400 dólares estadounidenses).

Ahora bien, específicamente en cuanto a la implementación de las medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a instancias de Washington contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la República Islámica de Irán, Australia ha manifestado un celo encomiable y una diligencia envidiable. Además, ha puesto en vigor otras sanciones contra cada uno de ellos —desde 2006 las de Corea del Norte, después de las pruebas nucleares realizadas por este Estado, y a partir de octubre de 2008 las de Irán—, que son actualizadas sistemáticamente.

Con el propósito de fortalecer su régimen autónomo de sanciones y crear un marco legislativo para tales medidas, que actualmente son implementadas por diversos instrumentos jurídicos, el 26 de mayo de 2010 fue presentado a la Cámara de Representantes un proyecto de ley, cuyo curso legal se vio interrumpido al ser disuelta la misma por la Gobernadora General de Australia el 19 de julio de 2010.

Este régimen comprende seis países, pero para justificar la necesidad de aprobación del proyecto de ley, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio alegó, entre otras razones, que el mismo mejoraría la capacidad australiana de responder rápidamente a asuntos de preocupación internacional, y ejemplificó con los casos de Irán y Corea del Norte.

Particularmente en el caso de Irán, el secretario de Estado asistente estadounidense para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Kurt Campbell, reconoció el 8 de mayo de 2010, según The Australian, que Australia, junto a Japón y la India eran Estados que habían tenido una participación clave en la campaña diplomática para hacer ver a otros la “inaceptabilidad” de las acciones iraníes y la importancia de una respuesta internacional concertada.

El diario australiano se refirió en la misma fecha a la probabilidad de que Washington pidiera cooperación a Canberra en una estrategia para presionar a Irán que fuera más allá de las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el propósito de que este Estado renunciara a lo que llamó “sus ambiciones de desarrollar armas nucleares”.

Ya fuera como respuesta a tal solicitud, o por propia iniciativa, buscando hacer méritos a los ojos del que consideran su principal aliado, el pasado 10 de junio, el canciller australiano Stephen Smith declaró que su país se comprometía no solo a aplicar en el plazo más breve posible la cuarta ronda de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad mediante su Resolución 1929, del día anterior, sino que se encontraba listo para apoyar medidas más duras, incluyendo sanciones autónomas adicionales para persuadirlo de “atender las preocupaciones de la comunidad internacional acerca de su programa nuclear”.

El 15 de junio, Smith anunció efectivamente que para reforzar las medidas recién aprobadas mediante la referida Resolución 1929, Australia impondría otras autónomas contra dos organizaciones —Bank Mellat y Islamic Republic of Iran Shipping Line— y un individuo —el general Rostam Qasemi, comandante de Khatem ol-Anbiya Construction Organisation, una compañía propiedad del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Según alegó, las organizaciones y el individuo sancionado ayudaron a Irán en la violación de las obligaciones establecidas por resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad: la 1737, de diciembre de 2006; la 1747, de marzo de 2007, y la 1803, de marzo de 2008.

Esta es una de las causas que pueden “justificar” la adopción de medidas financieras específicas y de restricciones de viaje contra determinadas personas y entidades de Irán, en virtud del régimen autónomo de sanciones implementado contra ese país, que contempla además el cese de nuevo apoyo financiero bajo los programas australianos de promoción y financiamiento del comercio. La otra es la contribución al desarrollo de los programas nuclear o de misiles del Estado islámico.

Según el Canciller australiano, las medidas anunciadas el 15 de junio —que elevaban a 21 los individuos y a 20 las organizaciones sujetas al régimen autónomo de sanciones contra Irán—, combinadas con el ya riguroso cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluyendo la que se proponía llevar a cabo el Gobierno en el caso de la Resolución 1929, ponían a Australia a la vanguardia de los países que presionaban a Irán para detener el desarrollo de su programa nuclear.

Para ello, Canberra incluso ha invocado en varias ocasiones en relación con Irán el Acta de Medios de Destrucción Masiva [Weapons  of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act], de 1995 —un instrumento legal raras veces utilizado—, que otorga poderes especiales al Ministro de Defensa para prevenir la proliferación de estas armas.

Así, el 29 de mayo de 2010, Australian Associated Press (AAP) informó que el actual ministro de Defensa de Australia, John Faulkner, había prohibido a una firma de ese país —cuyo nombre el Ministro no reveló— exportar determinado artículo industrial a una entidad iraní, sobre la base de que el mismo podía ser desviado para su uso en un programa de desarrollo de medios de destrucción masiva.

La agencia se refirió también a que reportes de prensa del mes anterior habían dado cuenta de que GBC Scientific Equipment, una firma con sede en Melbourne dedicada a la fabricación de instrumentos científicos avanzados, había sido repetidamente bloqueada en sus intentos de vender instrumentos a Irán y Pakistán.

La aplicación del Acta de Medios de Destrucción Masiva ya había sido reconocida por el ex primer ministro Kevin Rudd en declaraciones a ABC Radio en febrero pasado, citadas por The Australian, en las que se refirió a que Faulkner, haciendo uso de los poderes concedidos por este instrumento jurídico, había bloqueado hacía poco cargamentos destinados a Irán.

Según afirmó, esta decisión se correspondía con las obligaciones de su Gobierno de actuar como sujeto internacional responsable y hacer cuanto estuviera a su alcance para prevenir la proliferación de armas nucleares. 

Curiosamente tales declaraciones fueron hechas un día después que Estados Unidos circulara un documento de discusión sobre posibles sanciones adicionales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán a causa de su programa nuclear, que fueron definitivamente aprobadas por este órgano mediante la ya referida Resolución 1929.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que el Gobierno australiano no haya manifestado la disposición de actuar con la misma “responsabilidad internacional” en relación con Israel, que no solo nunca ha firmado, a diferencia de Irán, el Tratado de No Proliferación Nuclear, sino que subrepticiamente y con el beneplácito de Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales, y cuanto menos con el silencio cómplice de Australia, ha logrado ubicarse entre las principales potencias nucleares del mundo,¹ un hecho que han sido extremadamente cuidadosos en no reconocer oficialmente.

Es difícil, además, conciliar la imagen de Canberra como “sujeto internacional responsable” y su posición ante los crímenes cometidos por el Estado sionista contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

Australia, como Estados Unidos, y como es lógico Israel, votó en contra de la Resolución que aprobó la Asamblea General de la ONU el 5 de noviembre de 2009, apoyando el Informe Goldstone, elaborado por la misión de la ONU que investigó los atropellos a los derechos humanos durante la incursión militar israelí en la Franja de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, en la que murieron 1300 palestinos y 13 israelíes, y pidiendo al Secretario General que lo trasladara al Consejo de Seguridad.

El referido Informe, resultado de una investigación de tres meses dirigida por el jurista sudafricano Richard Goldstone y avalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, halló tanto a israelíes como a militantes palestinos culpables de crímenes de guerra. No obstante, es obvio que tal como afirmó el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Manssur, al intervenir en el debate de la Asamblea General sobre las conclusiones del equipo de Goldstone, no es posible equiparar la agresión y los crímenes de Israel con la respuesta del lado atacado, ni existe simetría o proporcionalidad alguna entre el ocupante y el ocupado.

Australia fue también uno de los cuatro países que junto a Estados Unidos e Israel votó en contra de la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas por abrumadora mayoría, pidiendo a Israel que aplicara el dictamen de la Corte de Justicia Internacional de La Haya (CIJ) en el que se exigía el desmantelamiento del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania y el pago de indemnizaciones a los palestinos afectados.

En otro orden de cosas, Australia, que tan activamente ha participado en la “guerra contra el terrorismo” impulsada por Washington, no ha condenado nunca los asesinatos selectivos de líderes y activistas palestinos, particularmente de Hamas, organizados por los servicios de inteligencia del Estado israelí dentro y fuera del Medio Oriente, como represalia o “preventivamente”, los cuales aumentaron sustancialmente a partir de los años 70 y mucho más después del 11 septiembre de 2001.

Tampoco ha aprobado sanción alguna por tales acciones que han cobrado la vida de cientos de palestinos inocentes y que no pueden considerarse como pretende Israel realizadas en defensa propia, sino que violan normas del Derecho Internacional y califican como actos de terrorismo de Estado.

Ni siquiera al hacerse público en marzo de 2010 que agentes del Mossad utilizaron pasaportes falsificados, entre estos algunos con nombres de ciudadanos australianos, para perpetrar en enero pasado, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el asesinato del dirigente de Hamas Mahmoud al-Mabhouh, la reacción del Gobierno de Rudd fue tan violenta como podría esperarse.

Cuando Israel públicamente refutó confirmar o negar estar involucrado en el asesinato, Rudd se limitó a declarar que creía que tal respuesta no era aceptable. Por su parte, el canciller Stephen Smith advirtió que si Israel estaba detrás de las falsificaciones de los pasaportes utilizados en Dubái, Australia podría considerar que esta no era la forma de actuar de un amigo.

Amin Saikal, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos (Centre for Arab and Islamic Studies) en la Universidad Nacional Australiana (Australian National University), al referirse a estos hechos afirmó que era tiempo de que la comunidad internacional, específicamente aquellos Estados amigos de Israel, entre ellos Australia, condenara el terrorismo de Estado israelí y lo presionara para que lograr que se comporte de conformidad con las leyes y normas internacionales.

No hubo condena ni presión alguna para lograr tales propósitos. La reacción del Gobierno de Australia fue provocada no por los hechos en sí mismos, sino por el uso, para llevarlos a cabo, de pasaportes falsificados con nombres de ciudadanos australianos, lo que calificó como intolerable, y de lo cual el 24 de mayo de 2010, culpó a Israel.

A lo más que se llegó fue a la expulsión, según reportó la edición digital del periódico Haaretz, del representante del Mossad en la Embajada israelí en Australia, decisión que el canciller Smith reconoció que podía provocar un cierto período de enfriamiento en las relaciones entre ambos Estados y una disminución de la cooperación, particularmente en las áreas de seguridad e inteligencia, pero enfatizó que se había tomado con más pena que enojo.

Australia también se abstuvo en la votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de una resolución que demandaba que Israel y los palestinos investigaran posibles crímenes de guerra cometidos durante la invasión a Gaza comenzada por el Estado sionista en diciembre de 2008.

De esta forma modificó su tradicional posición de votar con Estados Unidos, para mostrar tanto apoyo a Israel como fuera posible, en los casos de proyectos de resolución relacionados con este último Estado sometidos a la consideración de la Asamblea General de la ONU.

El canciller Smith dijo que este cambio no estaba vinculado con el escándalo de los pasaportes falsos, sino con el hecho de que la nueva resolución, a diferencia de la del 5 de noviembre de 2009, no pretendía específicamente la aprobación del Informe Goldstone. Sin embargo, una fuente del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio dijo al Sidney Morning Herald que no había dudas acerca de que la abstención debía entenderse como una clara señal para Israel de que no debía dar por sentado el apoyo de Australia.

A diferencia de lo ocurrido con el asesinato del dirigente palestino Mahmoud al-Mabhouh, el ex primer ministro Kevin Rudd sí condenó y con inusitada rapidez —fue uno de los primeros líderes mundiales en hacerlo—a la RPDC por el hundimiento, en marzo de 2010, de la corbeta sudcoreana Cheonan, lo cual reiteradamente ha sido negado por el Gobierno de Corea del Norte.

Curiosamente, especialistas navales australianos formaron parte del Grupo de Investigación Conjunta (Joint Investigation Group) que, según se reportó, encontró evidencias conclusivas de que el Cheonan fue impactado por un torpedo de fabricación norcoreana, restos del cual habrían sido encontrados en el lecho marino en el sitio del incidente.

Tal afirmación podría perfectamente ser material para una película de ciencia ficción, si tomamos en cuenta las posibilidades reales de que un submarino norcoreano, de factura soviética, fabricado hace más de medio siglo, pudiera hundir al buque insignia de la Marina de Corea del Sur, un cazasubmarinos dotado de las más moderna tecnología.

Este incidente fue, sin dudas, un nuevo pretexto para endurecer aun más las presiones de Estados Unidos y sus aliados contra Corea del Norte. En el caso de Australia, el actual sistema de medidas para llevarlas adelante, es ya de por sí extraordinariamente abarcador, e incluye un amplio abanico de regulaciones para poner en vigor las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como un régimen autónomo de sanciones.

El Consejo de Seguridad ha establecido un embargo de armas contra Corea del Norte, que incluye la prohibición de realizar transacciones financieras, formación técnica o servicios relacionados con las mismas, con la excepción únicamente de armas pequeñas y armamentos ligeros, así como materiales afines que se provean a ese Estado.

Asimismo, ha decretado un embargo sobre los programas relacionados con armas nucleares, misiles balísticos y otras armas de destrucción masiva; prohibiciones de viaje y/o congelamiento de activos a determinadas personas y entidades, y no permite la exportación a Corea del Norte de artículos de lujo.

Por su parte, el régimen autónomo comprende restricciones financieras específicas implementadas por el Reserve Bank of Australia, desde el 19 de septiembre de 2006, contra compañías e individuos vinculados a los esfuerzos por llevar adelante el programa nuclear u otros de desarrollo de armas de destrucción masiva, la prohibición a los ciudadanos norcoreanos de obtener visa para viajar a Australia, y a los buques con bandera norcoreana de acceder a puertos australianos, estas dos últimas en vigor desde el 10 de octubre de 2006.

Habría que ver si el Gobierno laborista australiano formado a duras penas tras las últimas elecciones federales introduce alguna variación en la proyección del país en política exterior. Es poco probable que si hubiese alguna, fuera significativa, mucho menos en lo tocante a la tradicional posición de Canberra en relación con Corea del Norte, Irán e Israel.

Sin importar que estén el poder laboristas o conservadores, la lealtad de Australia a Estados Unidos está garantizada, y como consecuencia, los amigos de su principal aliado no dejarán de ser sus amigos, de la misma forma que los “enemigos” de este seguirán siendo, a su vez, sus “enemigos”.

NOTAS

1. En que Israel es una de las potencias nucleares coinciden el SIPRI Yearbook 2010 y el Status of World Nuclear Forces 2010, publicado por la Federation of American Scientists (FAS), fundada en 1945 por científicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan para desarrollar las primeras bombas atómicas. Ver además: CIA. Special National Intelligence Estimates (SNIE) 4-1-1974, Prospects for further proliferation of nuclear weapons, pp 2,7 y 20.

El autor es Máster en Relaciones Políticas Internacionales y se desempeña actualmente como subdirector editorial del diario cubano Juventud Rebelde.

Fuente: Rebelion.org