Competencia espacial: el gobierno argentino quedó en la mira por "paralizar" un multimillonario proyecto con China
En San Juan, vecinos, académicos y científicos alertan sobre el proyecto CART, el radiotelescopio construido en conjunto desde 2016 y que está casi finalizado. Quedó en suspenso por una "omisión" del Conicet y una resolución que desliza la presión de Estados Unidos en el marco de la puja por el Atlántico sur.
por Cecilia Degl'Innocenti
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| Informe sobre proyecto CART. | Cedoc |
En el corazón de los Andes sanjuaninos, una gigantesca antena blanca mira al cielo. Es el CART, el Complejo Argentino-Chino de Radioastronomía, un proyecto concebido hace casi una década como símbolo de cooperación científica entre Buenos Aires y Beijing, y que hoy se encuentra en el centro de una tormenta diplomática. Lo que alguna vez fue celebrado como un hito tecnológico —y una política de Estado que superó la grieta—, se transformó en un nuevo campo de disputa en la competencia entre China y Estados Unidos, con Argentina, una vez más, en el incómodo lugar de rehén de esa rivalidad.
El CART comenzó a construirse en 2016, impulsado por la Universidad Nacional de San Juan, el Conicet, el gobierno provincial y la Academia China de Ciencias. El esquema fue claro: China aportaba la tecnología —unos 20 millones de dólares, según datos oficiales—, San Juan ofrecía la infraestructura —caminos, energía, red de datos y agua—, y el Conicet contribuía con el conocimiento científico. El acuerdo establecía un uso compartido: sesenta por ciento del tiempo de observación para China, veinte por ciento para Argentina y el restante para la comunidad internacional. La elección del sitio tampoco fue casual. Desde los años ‘50, universidades estadounidenses como Yale y Columbia ya observaban los cielos diáfanos de San Juan, por su baja humedad y la estabilidad atmosférica. El CART coronaba esa tradición, pero también marcaba un punto de inflexión: por primera vez, una infraestructura espacial china se instalaba en el hemisferio sur.
Durante años, el proyecto fue presentado como un ejemplo de cooperación Sur-Sur y de diplomacia científica, proyectando a Argentina como un actor "privilegiado" en el campo de la investigación espacial. La imagen de una antena gigante en los Andes de 40 metros de diámetro condensaba una narrativa de cooperación, de apertura al conocimiento de la potencia asiática pionera en la materia a través del FAST. Conocido como el "ojo de China", el radiotelescopio más grande del mundo fue inaugurado en 2016. El país, en tanto, buscó posicionarse como socio confiable en la exploración del universo, una de las áreas que terminaron definiendo la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
La iniciativa, además, se convirtió en una política de estado que sobrevivió a la propia grieta: avanzó con Mauricio Macri, quien además estrechó lazos con Xi Jinping en suelo chino; y con Alberto Fernández, que lo consideró un "ícono de la cooperación científica internacional". Sin embargo, comenzó a resquebrajarse con el cambio de signo político y el nuevo rumbo de la Casa Rosada a partir de la llegada del binomio Milei.
La "omisión" del Gobierno y denuncias de abandono
El presidente Javier Milei, en su alineamiento explícito con Washington, reactivó el cuestionamiento a las inversiones chinas en el país. En el marco de su visita a la Casa Blanca, donde viajó para sellar el alcance del "rescate financiero", la agenda bilateral quedó sellada. Como parte de la alianza norte-sur, Argentina debía dejar afuera la colaboración en materia no solo de tierras raras o minerales crÍticos, sino de puertos, bases militares e "infraestructura observacional". El CART, que al finalizarse se convertirá en el primer radiotelescopio con tecnología china en el Hemisferio sur, estaba implícitamente en esa lista.
El primer indicio fue la demora para renovar el acuerdo firmado en 2015 a falta de la firma de una de las tres integrantes del proyecto: el Conicet. A partir de entonces, los trámites administrativos se congelaron. Un pedido de importación de piezas fundamentales se demoró más de tres meses, los sensores quedaron varados en Shanghái, y varios paneles solares se dañaron mientras aguardaban autorización en la Aduana argentina. La cláusula de renovación del acuerdo bilateral venció en junio y nadie en el Gobierno la prorrogó. “La injerencia es muy fuerte y muy evidente. No dejaron nada por escrito, simplemente lo dejaron caer”, contó a PERFIL la ingeniera química María Verónica Benavente, una de las referentes del proyecto y exministra de Ciencia y Tecnología de San Juan.
Según Benavente, el primer indicio del viraje fue la demora de la papeleta ROECyT, el documento que autoriza la importación libre de impuestos para equipos científicos. "Se presentó en febrero y recién se aprobó en mayo. En el medio, los equipos se deterioraron y el proyecto quedó en pausa”, detalló. Hoy, los paneles siguen varados en la Aduana y los sensores, en Shanghái. “Se va a convertir en chatarra, como pasó en Rusia”, advierte con resignación.
Sospechas por un avión estadounidense en San Juan
El 26 de septiembre en el pueblo sanjuanino de Barreal Blanco, a 12 kilómetros de donde se levanta la estructura, vecinos denunciaron la inusual maniobra de un avión y dieron aviso a personal de Gendarmería. La aeronave que sobrevolaba el área comprendida entre el pueblo de 9.000m habitantes y la zona astronómica donde se ubica el CART era un Beechcraft B-200 "Hurón" de la Fuerza Aérea de EE. UU.
"La aeronave realizaba una inspección rutinaria, programada y autorizada, de una zona de aterrizaje utilizada para visitas oficiales. Si bien se pospuso una reunión prevista originalmente en San Juan para ese día, la inspección se llevó a cabo como parte de los procedimientos estándar de seguridad aérea", explicó un vocero de la embajada de Estados Unidos en Argentina, ante la consulta de PERFIL.
En aquel entonces, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el gobierno de San Juan aclararon que el avión estaba autorizado para circular y aterrizar, los rumores se multiplicaron al igual que la lectura política particularmente desde la oposición al oficialismo nacional. Dado que, en paralelo, las principales figuras del gabinete, como Luis Caputo y el entonces canciller Gerardo Werthein, ultimaban los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump desde Washington, presionados por el termómetro electoral y los escándalos que socavaron la imagen del gobierno libertario.
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| El avión que vieron los vecinos de la localidad de Barreal Blanco, en San Juan. |
El hecho volvió a poner bajo la lupa la terminación del radiotelescopio que, a diez años de haber comenzado, está al 90% de terminación según indicaron desde la UNSJ. Desde sectores militares, una fuente que conoce de cerca el caso confió a PERFIL que "la orden fue dejar morir el proyecto en silencio". El clima de sospecha no tardó en filtrarse a las comunidades científicas, que ven en este caso el síntoma más visible de un cambio de paradigma: la ciencia subordinada a la lógica no solo partidaria sino geopolítica.
La resolución que puso en duda el futuro de CART
Pero el punto de inflexión llegó con la Resolución 151/2025, firmada el 17 de octubre por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que establece que "toda instalación de radares, observatorios o sistemas aeroespaciales deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Defensa". En los hechos, el decreto militariza la supervisión científica y pone bajo tela de juicio proyectos con participación de otros países.
"Que la evolución tecnológica y las nuevas formas de concebir los conflictos impone la necesidad de reforzar la soberanía en el ámbito del ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, cuando pudieran afectar intereses estratégicos", reza la resolución-
Sin embargo, este medio accedió a una opinión consultiva de 2016, cuando el propio Ministerio de Defensa, junto a Cancillería y la CONAE, había evaluado y aprobado el funcionamiento del proyecto científico y público CART, concluyendo que “no existía riesgo alguno para la soberanía nacional”. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el radar de Ushuaia, de naturaleza privada y comercial, actualmente frenado por una cautelar. Aquella auditoría —avalada en su momento por la entonces Subsecretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa— había sido solicitada por Cancillería, en función de los procedimientos administrativos necesarios en torno a sectores estratégicos.
El exnúmero dos del Ministerio de Defensa, Francisco Cafiero, interpretó la situación como un síntoma de algo mayor. “El problema de fondo es político. Esto manifiesta otra vez los cambios erráticos en las políticas estratégicas. No sólo afecta la cooperación con China, sino con otros Estados", puntualizó en diálogo con PERFIL. Y agregó: “Esto perjudica a la comunidad científica argentina, especialmente la de San Juan, que había encontrado en el CART un espacio de investigación único. Nunca vimos, al menos desde la vuelta de la democracia, un grado de dependencia tan alto con Estados Unidos”.
La mirada desde China
La Embajada china en Buenos Aires, por su parte, evitó referirse al tema. “No hay comentarios por ahora”, respondieron ante la consulta de PERFIL. Según fuentes cercanas a la representación diplomática, el embajador Wang Wei regresará en noviembre, justo cuando el Partido Comunista Chino presente su nuevo plan quinquenal, con directrices en materia de cooperación científica y tecnológica.
Sin embargo, varias voces, incluidos legisladores nacionales y la comunidad académica sanjuanina, presionaron al Gobierno para que habilite la finalización del proyecto. Por su parte, el exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, explicó que "el CART era una política de Estado".
"Representaba la cooperación científica internacional en su mejor expresión. Les molesta a los estadounidenses porque están en una carrera espacial. Este tipo de radiotelescopios puede determinar la existencia de vida exterior, y ellos no tienen uno en el hemisferio sur. Los chinos fueron más rápidos, instalaron otro en Canadá, y nosotros éramos parte de esa agenda estratégica”, agregó, en diálogo con este medio.
Desde Defensa, en cambio, justifican la medida: aseguran que la resolución busca “ordenar el espacio aéreo y prevenir riesgos potenciales”. Pero admiten que “los proyectos con participación extranjera serán revisados caso por caso”, lo que en la práctica equivale a un congelamiento. Mientras tanto en la región sanjuanina de Calingasta, la antena blanca sigue ahí. Imponente, silenciosa, pero inmóvil, a la espera del 5 de noviembre, el momento en que las autoridades científicas tendrán una audiencia para destrabar la importación de los insumos y evitar que la estructura estratégica termine de deteriorarse.
