Un río de acero fluye a través de la frontera entre México y EE.UU.
Asesinatos S.A.: Armas, la NRA y la política de la violencia en la frontera mexicana
Truthout
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Una falange de personal policial y militar estadounidense patrulla la frontera mexicana a la busca de migrantes indocumentados y narcotraficantes, pero hay relativamente pocos esfuerzos por impedir que armas de fuego, cada vez más semiautomáticas de estilo militar, ingresen a México. Por cierto, mientras el flujo del Río Grande separa la mayor parte de Texas de México, las armas fluyen hacia México en un “río de acero” desde EE.UU.
A
diferencia de las verdes aguas del Río Grande, que comienza en Colorado
e inicia su flujo hacia el sur a través del Estado de Nuevo México
antes de llegar a la frontera mexicana cerca de El Paso, el río de acero
de armas ilegalmente traficadas fluye hacia el sur, a lo largo de una
frontera de cuatro Estados (que incluye terreno desértico, montañoso y
urbano), con pocos obstáculos que desvíen su mortífero curso.
El
mayor punto de ingreso de armas ilegalmente transportadas a México para
armar a los cárteles es, supuestamente, el Puente Internacional Gateway
que cruza en Brownsville, pero es difícil de confirmar. De hecho, las
armas entran a México a lo largo de toda la frontera (de cerca de 3.200
kilómetros), en su mayoría a través de pequeños traficantes que ocultan
el contrabando en sus coches, camionetas o camiones. Las armas de fuego
son básicamente imposibles de conseguir en México por los ciudadanos,
pero tal vez hasta un 90% del armamento utilizado en la narco-violencia
en México procede de EE.UU., según rastreos estadounidenses, aunque
algunos argumentan que la cifra es mucho más baja, y que cantidades
considerables de armas cortas también provienen de otros países.
El
resultado de la negligente regulación de armas en EE.UU. es
literalmente letal. Una serie de cálculos, combinados con cifras
mexicanas oficiales pero imperfectas, estiman que las víctimas mortales
de la guerra de la droga fueron de 40.000 a 5.000 en los últimos cinco
años. Es probable que muchas de las víctimas hayan muerto por armas
provenientes de EE.UU.
Hacia el Valle de Juárez, tal vez con la tasa más alta de asesinatos del mundo
El macabro impacto sobre México es espantoso, como describe la periodista del Texas Observer
Melissa Del Bosque, en un artículo sobre el Valle de Juárez: “Para
llegar al sitio más letal de México se toma la Carretera Federal 2, un
trecho bien pavimentado de carretera que comienza en las afueras de
Juárez, siguiendo hacia el este durante 80 kilómetros a lo largo del Río
Grande, pasando por campos de algodón y alfalfa hasta que se llega al
rural Valle de Juárez, del que se dice que tiene la mayor tasa de
asesinatos del país, si no del mundo”.
Del Bosque revela una
sombría imagen del coste de la guerra contra la droga, que se nutre de
armas estadounidenses y un multimillonario mercado de consumo de
cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina en EE.UU.:
Durante décadas, este lucrativo corredor de contrabando, o “plaza”, fue controlado por el cártel de Juárez. En 2008, el mayor y más poderoso sindicato –el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán– declaró la guerra al cartel de Juárez y se trasladó para tomar el territorio. El gobierno federal envió a los militares para sofocar la violencia. En su lugar, la tasa de asesinatos en el Estado de Chihuahua explotó. El derramamiento de sangre en ciudad de Juárez llegó a las noticias internacionales. Recibió el apodo de “ciudad más letal del mundo”. Se estaba derramando tanta sangre en Juárez que pocos fuera de la región notaron que la violencia se propagaba al valle rural hacia el este, donde los asesinatos y atrocidades comenzaron a ocurrir a diario. Agentes de la policía, dirigentes políticos y activistas eran eliminados a tiros en las calles. En 2009, el valle con una población de 20.000 personas, tenía una espantosa tasa de asesinatos de 1.600 por 100.000 habitantes –seis veces superior a la de su vecina “ciudad más letal del mundo”– según cálculos gubernamentales.
El
presidente mexicano Felipe Calderón, quien se ha presentado a veces como
si cooperara con la guerra contra la droga de EE.UU. (y que solo
expresó recientemente que tal vez un énfasis en la reducción del consumo
de droga en EE.UU. –o la legalización de las drogas– podría ser una
alternativa más efectiva) se desesperó en público respecto al arsenal de
armas que EE.UU. envía en su dirección. De hecho, en febrero, MSNBC
informó de que Calderón “publicó un cartel de ‘No más armas’ hecho con
armas de fuego destruidas”.
“Instó a EE.UU. a detener el flujo de
armas hacia México”, sigue diciendo el informe. “El cartel, que está
escrito en inglés y pesa 3 toneladas, se colocó cerca de un puente
internacional en Ciudad de Juárez y se puede ver desde EE.UU.”
“Queridos
amigos de EE.UU., México necesita vuestra ayuda para detener esta
terrible violencia que estamos sufriendo”, rogó Calderón en inglés en la
presentación del cartel. “La mejor forma de hacerlo es detener el flujo
de armas automáticas hacia México”. (Aunque algunos críticos de
Calderón, hay que señalar, dicen que está utilizando el problema del
suministro de armas de EE.UU. para distraer del papel del gobierno en el
baño de sangre en México).
La Asociación Nacional del
Rifle (NRA por su acrónimo en inglés) asegura que incluso gente en la
Lista de Vigilancia de Terroristas puede comprar armas
Las
fuentes del río de acero de armas hacia México comienzan lejos, (como
ha señalado Truthout también es el caso de los catalizadores tras el
muro de la frontera). Las fuentes del río están en Washington, DC y en
congresos estatales de toda la nación, donde la Asociación Nacional del
Rifle y la industria de las armas de fuego se han asegurado de que las
frágiles leyes de armas posibiliten que incluso gente en la lista de
vigilancia de terroristas compre armas.
Calderón, en Juárez,
afirmó que “el actual período de violencia en México comenzó en 2004
después de la expiración de una prohibición federal de EE.UU. de la
venta de armas de asalto”. Según El Paso Times : “Dijo que la
fuerte presión de la industria de armas de EE.UU. sigue existiendo y que
lamenta la falta de voluntad política del Congreso de EE.UU. para
renovar la prohibición [de armas de asalto]. (Críticos de Calderón
argumentan que esto representa una estrategia oportunista para distraer
la atención de la participación del gobierno y de los militares
mexicanos en el aumento de los asesinatos, una gran cantidad de ellos
muertos civiles).
La exitosa derrota por parte de la NRA de una
prohibición nacional ampliada de las armas de asalto ha jugado
aparentemente un papel significativo en la disponibilidad y uso de armas
de estilo cada vez más militar por parte de los cárteles. Según la
Oficina de Auditoría General de EE.UU. (GAO) –citada en un caso
judicial– “las armas de fuego se han hecho cada vez más poderosas y
letales en los últimos años… [Cerca de un 25% de las armas de fuego
confiscadas en México y rastreadas en el año fiscal 2008 [eran de]
grueso calibre y de gran potencia, como rifles semiautomáticos de tipo
AK y AR-15, que disparan munición capaz de perforar blindaje utilizado
frecuentemente por la policía mexicana”.
El lazo entre la NRA y
la industria de armas –incluidos fabricantes, traficantes de armas y
“coleccionistas”– hace que sean inseparables y una fuerza virtualmente
indomable en Washington DC y en los congresos estatales. Sean las que
sean las interpretaciones legales de la Segunda Enmienda que pueda
provenir de los tribunales, es evidente que las armas semiautomáticas no
existían en la época de la Revolución Estadounidense.
Los cárteles mexicanos son un lucrativo mercado final para los fabricantes y vendedores de armas de EE.UU.
“La
militarización define el mercado de armas actual de EE.UU., desde armas
de asalto hasta rifles perforantes de blindaje de calibre 50 para
francotiradores”, dice Tom Diaz del Violence Policy Center y autor de Making a Killing: The Business of Guns in America.
“El
diseño y mercadeo de armas de fuego de estilo militar por parte de la
industria de armas de EE.UU. encaja perfectamente con los deseos de los
traficantes mexicanos que quieren armas letales, fiables, asequibles y
fácilmente disponibles adecuadas para un ejército”.
Es importante
recordar que la industria de las armas es un sector empresarial de
manufactura/comercio al estilo de la Cámara de Comercio, pero con la
dimensión adicional de tener un lobby en la base de propietarios de
armas –primordialmente varones mayores, blancos– que consideran
cualquier regulación como una violación de su masculinidad y de lo que
consideran sus derechos según la Segunda Enmienda. Como señala Diaz, es
una industria que busca nuevos mercados expandidos que puedan aumentar
su rentabilidad mientras disminuye el porcentaje de consumidores
estadounidenses que poseen armas. Uno de los productos “innovadores”
clave de la industria son las armas de estilo militar, y los cárteles
mexicanos son grandes y lucrativos consumidores finales.
La NRA
se opone no solo a importantes formas de control de armas (prohibiciones
de pistolas, por ejemplo), sino incluso a las leyes y regulaciones más
sensatas que ayudan al mantenimiento del orden. Hace poco, ha emprendido
una lucha de un año de duración contra su némesis, la Agencia de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), contra
requerimientos de información de comerciantes de gran volumen con
licencia federal en el área de cuatro Estados contiguos a México que
realizan múltiples ventas de armas de asalto a un solo cliente.
Este
requerimiento fue considerado necesario por la ATF porque el rastreo de
armas ha revelado que la mayor parte de las armas de fuego entran a
México en manos de lo que son llamados compradores testaferros. Son
individuos reclutados por los cárteles para que compren armas en Estados
como Texas (o incluso más al norte) pretendiendo que son compras
personales, cuando, en los hechos, la intención es revenderlas con una
comisión considerable a los cárteles de México.
La información
sobre múltiples ventas de armas largas altamente letales a compradores
individuales ayuda a identificar a potenciales compradores testaferros.
Las oficinas locales de la ATF en la región cuatro Estados del sur de
EE.UU. confirmaron a Truthout que el papeleo de múltiples ventas de
ciertas armas largas a la misma persona, un documento conocido como
formulario 3310.12, se requiere actualmente a comerciantes designados en
California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Pero incluso este
requerimiento no capacita a los funcionarios del mantenimiento del orden
para obstruir vigorosamente el tráfico ilegal hacia México. Se debe,
como un agente de la ATF dijo a Truthout , a que el formulario no
soluciona el problema de un comprador testaferro individual que compra
armas de múltiples comerciantes o las compra fuera de los cinco días
hábiles requeridos para la información. Tampoco encara la escapatoria de
las ferias de armas, donde los coleccionistas pueden vender armas sin
ningún requerimiento de información, o el problema de múltiples ventas
de armas de asalto fuera de la región de cuatro Estados. (Las armas de
asalto provienen pocas veces de California, dijo el agente de la ATF,
por la prohibición estatal en ese Estado.) Tampoco elimina las esposas
que se han colocado a la ATF y al mantenimiento del orden local que
prohíben muchos potenciales esfuerzos sistémicos, nacionales, de control
y medidas para detener el crimen de las armas.
La NRA y
la industria de las armas se oponen a regulaciones mínimas para reducir
la cantidad de armas de fuego ilegales destinadas a México
Por
cierto, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y la NRA siguen
impulsando litigación contra el instrumento mínimo de la información de
las ventas de armas de asalto múltiples en los cuatro Estados, a pesar
de que ayudará a reducir la cantidad de armas que cruzan hacia México.
Cuando
un juez de distrito federal dictaminó a favor de la regulación de la
ATF en enero, la NRA indicó rápidamente que seguirá luchando por anular
el requerimiento de información.
“Estamos en desacuerdo con el
juez y presentaremos una apelación”, dijo, según ABC , el portavoz de la
NRA Andrew Arulanandam cuando le preguntaron por el dictamen. “Es una
prueba más de que el gobierno de Obama tiene la intención de culpar a
los propietarios de armas y a la Segunda Enmienda por un problema que
tiene su raíz en México”.
Durante años, la NRA ha realizado un
desdeñoso y exitoso esfuerzo para menoscabar la autoridad de prevención
del crimen de las armas de la ATF. Es el motivo por el cual el Senado,
controlado por la NRA, no ha confirmado un director de la ATF desde
2006, dejando a la agencia bajo la dirección de una serie de directores
interinos.
Hay que comprender que la NRA obedece al punto de
vista de Ayn Rand respecto a la regulación de la ley de armas: no
debería existir un “mercado libre” idealizado, incluso si impide la
actividad criminal y la violencia. Se opone a un esfuerzo de la ONU para
limitar el tráfico de armas pequeñas entre naciones. A mediados de los
años noventa, el jefe de la NRA, Wayne LaPierre incluso comparó a los
agentes de la ATF con milicianos nazis, llamándolos “matones del
gobierno”. Esto enfureció tanto al expresidente George H.W. Bush que
renunció a su calidad de miembro en la NRA.
Hace poco, la NRA
utilizó al congresista republicano por California Darrell Issa para
emprender una cruzada contra la ATF basada en su llamada operación
Rápido y Furioso orientada a seguir a compradores testaferros a sus
clientes de los cárteles de México a fin de identificar a los
cabecillas. Algunas armas “se perdieron”, y una de ellas se utilizó para
matar a un agente de la Patrulla Fronteriza. Por lo tanto, ahora Issa y
la NRA están recriminando a la ATF a fin de debilitar aún más la
regulación de armas.
El único resultado de una cacería de brujas
partidista sería que llegasen más armas a México y que hubiera más
muertes en ese país. Rápido y Furioso se originó realmente de un
programa del gobierno de Bush llamado Proyecto Traficantes de Armas.
Vale la pena señalar que el representante Issa –quien llegó a ser
presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la
Cámara en enero de 2011con el objetivo abiertamente declarado de
perseguir al gobierno de Obama con citaciones legales– votó por una
enmienda en la Cámara que habría prohibido la promulgación del
requerimiento de información sobre múltiples armas de asalto de la ATF
para los Estados del Sur. Issa también alardeó de su calificación “A” de
la NRA.
El Washington Post dice que las débiles leyes sobre armas posibilitan los asesinatos en México
“Las leyes permisivas de armas en EE.UU. posibilitan asesinatos en México” tituló el Washington Post un editorial de este año, oponiéndose al ataque de Issa contra la ATF:
Rápido y Furioso fue una reacción bienintencionada, mal enfocada -y no la causa- de la proliferación de armas ilegales en México. Para contener ese flujo, el gobierno de Obama y el Congreso deberían escuchar los ruegos del señor Poire Romero [un alto funcionario mexicano del mantenimiento del orden y de la seguridad] y sus compatriotas, resucitando la prohibición de armas de asalto y cerrando la escapatoria de las ferias de armas que facilitan demasiado la venta de armas sin un control de antecedentes. La Casa Blanca y los legisladores deberían trabajar para promulgar un estatuto federal de tráfico de armas de fuego y aplicar penas más duras a las compras de testaferros ilegales. Los legisladores también deberían confirmar un jefe para la ATF y dar a la asediada agencia suficiente dinero y personal para cumplir su misión de mantener las armas ilegales fuera de las manos de criminales a ambos lados de la frontera.
Debido al estrecho control de la NRA sobre el Congreso y los congresos estatales, el Washington Post
publico otro editorial, en 2011, que apunta más directamente a la
responsabilidad de la sangría resultante del río de acero de armas hacia
México: “El lobby por los derechos a las armas ha gastado considerable
tiempo y energía en busca de un objetivo: inhabilitar la ATF. Ha tenido
éxito en gran parte, y con calamitosas consecuencias”.
La NRA se
opone a modestas recomendaciones de mantenimiento del orden para
facilitar la reducción del flujo de armas a México –como las incluidas
en un informe presentado por los senadores Dianne Feinstein, Sheldon
Whitehouse y Chuck Schumer– mediante la intimidación y contribuciones a
las campañas electorales en el Senado.
Es fácil comprar armas en Texas porque son "baratísimas"
No
lejos del principal puente Brownsville hacia México, se puede parar en
una tienda que anuncia “Armas, cerveza y fuegos artificiales”. Todo lo
que se necesitará es dinero para la cerveza y los fuegos artificiales y
una licencia de conducir para las armas. O se podría ir de compras a una
tienda de armas de fuego al norte del Boulevard Boca Chica de
Brownsville, en la que anuncian armas “baratísimas”.
Es posible,
argumentarán algunos, que la cantidad generalmente importante de armas
que parten de los mercados de consumidores e ilegales a México sea
exagerada. Charles Bowden, un legendario escritor sobre el área
fronteriza, y Molly Molloy, una tenaz registradora de las muertes en
Juárez desde su posición de bibliotecaria de investigación para
Latinoamérica y la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México en
Las Cruces, creen que muchas armas más provienen de otras fuentes,
incluidas armas de fuego que EE.UU. permite que los traficantes de armas
estadounidenses vendan directamente a las agencias militares y de
mantenimiento del orden de México.
Por cierto, según CBS News,
muchas ventas de armas de estilo asalto militar, aprobadas por el
Departamento de Estado, llevan a armar a los cárteles debido a la
polinización cruzada entre segmentos corruptos del ejército mexicano y
los cárteles. Incluso Larry Keane de la Fundación Nacional de Deportes
de Tiro dijo a CBS News : “150.000 soldados mexicanos, o más,
desertan para ir a trabajar para los cárteles, y pienso que se puede
suponer que cuando desertan se llevan con ellos sus armas de fuego”.
También
se ha argumentado que el ejército mexicano ha jugado un papel
significativo en la matanza de civiles y que, por lo menos en algunos
casos, utilizó armas vendidas por compañías estadounidenses. Además,
Bowden y Molloy argumentan a favor de que incluso si muchas armas
dejaran de llegar de EE.UU., los cárteles y el gobierno mexicano tienen
miles de millones de dólares para encontrar otros proveedores.
Bowden
y Molloy, quienes compartieron con Truthout sus preocupaciones de que
el tema del suministro de armas desde EE.UU. no distraiga la atención
del papel del gobierno mexicano en los continuos asesinatos en México,
pueda efectivamente justificarse.
Pero sin tener en cuenta si la
cantidad de armas de EE.UU. es de un 90%, 70% o incluso 50% o menos del
poder de fuego de los cárteles, de los militares y del “mantenimiento
del orden” mexicanos –y sin tener en cuenta si los mismos que matan
civiles tienen vastos recursos financieros para comprar armas de fuego
de otras naciones– ¿no es una obligación moral de EE.UU., en estas
circunstancias, limitar su papel al posibilitar la cantidad de
asesinatos en la zona de guerra en México?
Es uno de los acuerdos
tácitos que subyacen la política de drogas y armas de EE.UU.: compramos
las drogas a México y los cárteles compran muchas de sus armas a través
de compradores testaferros y otras adquisiciones ilícitas o con
aprobación del Departamento de Estado para los militares y la policía.
Dejemos de lado la retórica política: es la realidad en este sombrío
intercambio de bienes, sea cual sea “el daño colateral”.
Existe
otra ruta que puede ser tomada por EE.UU. Joan Burbick, profesora de
inglés y estudios estadounidenses en la Universidad del Estado de
Washington, concluye su libro Gun Show Nation con esta alternativa a la actual política de armas de EE.UU.:
¡Cuánto más fácil es creer en la política del arma, y luchar por nuestro derecho a estar armados, que enfrentarnos a las armas y edificar instituciones sociales y civiles que sustenten nuestra sociedad y promuevan la justicia económica y social! El arma es, en última instancia, un atajo, una estrategia para soslayar el consenso. Lo que está en juego es una voluntad de participar en la democracia. Sigue existiendo la pregunta: ¿Podemos dejar de lado la política letal del arma y ocuparnos de nuevo del desafío de la democracia?
Sería
por ciento un modelo digno que podríamos suministrar a México, en lugar
de ser la fuente de un río de acero de armas que deja tras de sí una
cantidad de víctimas tan letal y horripilante.
Fuente: Rebelion.org
