viernes, 29 de diciembre de 2023

Glaciares, bosques y quema de tierras: qué plantea la Ley Ómnibus para el cuidado del ambiente
El proyecto impulsa cambios en las autorizaciones para el inicio del fuego y modifica la jerarquización de las áreas autorizadas para el desmonte. Los detalles de las modificaciones.
Por Maria Eugenia Cazeneuve


Ley Ómnibus busca reformar normativas sobre glaciares y bosques en Argentina (David English)


El proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso de la Nación para ser tratado en sesiones extraordinarias, dedica el capítulo tres a reformas de leyes claves para el ambiente.

La iniciativa del Gobierno del Presidente Javier Milei propone modificaciones a la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Estas modificaciones van desde la ampliación de zonas autorizadas para el desmonte a la autorización de actividades productivas en zonas periféricas a las grandes masas de hielo de la Patagonia. Aquí, el detalle de las reformas propuestas:

Cambios en la Ley de bosques

El proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei propone modificar el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como Ley de Bosques) por el siguiente: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.

Así, la modificación elimina las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente que establece qué tipo de información deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre las actividades ambientales que desarrollen. También se elimina la obligación de las autoridades nacionales del área de presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país.

La reforma impulsa también cambios en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa. La joven activista ambiental Nicki Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina, planteó: “En la ley actual se establece una especie de semáforo para la deforestación. La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibido la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”.

Respecto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el proyecto modifica los primeros ítems del artículo 31 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En ese sentido, Becker advirtió en un video subido a sus redes sociales que estas reformas, le quitan al Estado recursos que hoy están disponibles para el cuidado de los bosques según la normativa actual: “Antes se financiaba con un 0,3% del PBI y 2% de las retenciones. Si bien es verdad que nunca se cumplió esto, ahora el Gobierno (de Milei) va a poder decidir cuánto financiarla de manera discrecional”.


Cambia la modalidad de la información de desmonte de bosques nativos que deben brindar las personas físicas o jurídicas sobre la calidad ambiental de las actividades que se desarrollan en dichos terrenos (Imagen Ilustrativa Infobae)


Cambios en Ley de Quemas

Según las modificaciones al artículo 3 de la Ley N°26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema se establece la prohibición “en el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”.

Sin embargo el texto de la Ley Ómnibus detalla que dicha autorización será otorgada “en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización” y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

Becker señaló que con la normativa actual “si un productor quiere quemar la tierra, para ´limpiarla´, que es una práctica totalmente habitual, hoy tiene que pedir permiso al Estado. Esto es así porque la mayoría de los incendios que vemos son intencionales, empiezan con un fuego pequeño que después no se puede controlar. La modificación (a la ley vigente) lo que plantea es que si se hizo una solicitud y no se contesta en el plazo de 30 días, queda de todas formas habilitado a poder iniciar el incendio”.

Cambios en la Ley de Glaciares


La ley proyectada contemplaría actividades económicas en áreas periglaciares, aumentando la vulnerabilidad de los glaciares (Imagen Ilustrativa Infobae)


La ley Ómnibus plantea cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº26.639, que regula la protección de los glaciares en Argentina.

La iniciativa de La Libertad Avanza contempla la protección de las siguientes geoformas: “Los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial, en la medida que dichas geoformas se ubiquen en el territorio de la República Argentina”.

También establece que “los glaciares constituyen bienes de dominio público de la Nación o de las Provincias según el territorio en el que se encuentren”.

Además, los glaciares deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser protegidos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

“Hoy, en la zona Periglaciar no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero con esta modificación se podría. Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. La ley no está aprobada. Todavía queda mucho por hacer”, remarcó la líder de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.

Mercado de carbono

También se impulsa crear un mercado de carbono con controles sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de los distintos sectores de la industria y servicios. El texto del proyecto señala que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento, penalizarlo”

“En materia energética se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático”, dice el texto enviado al Congreso.




Fuente: infobae.com
Quieren privatizar la actividad nuclear. Ya lo había intentado Menem
por Daniel E. Arias y Jose A. Fernandez




Lo primero a entender es que no estamos en 1997 y hoy NA-SA es una empresa estratégicamente valiosa por su capital y su capacidad de recaudación. Pero las opciones diplomáticas son aún más atractivas (no para nuestro país): privatizar NA-SA hoy permitiría cavarle la tumba definitiva al Programa Nuclear Argentino tal como se lo concibió entre 1950 hasta 1989: independiente.

En 1997 en el gobierno de Carlos Menem ya habÍa planteado la privatización de la actividad nuclear en la República Argentina con la Ley 24.804 que estableció:

«ARTICULO 35.-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos. ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica.

ARTICULO 36.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades. considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.»

Como se ve el Estado conservaba una acción con poder decisivo en una serie de casos específicos, como ser adquisición de nuevas centrales o cierre de las anteriores. Esa NA-SA menemista fracasó en su objetivo inicial de privatizar dos centrales en buen funcionamiento (Atucha 1 y Embalse) a cambio de terminar una tercera (Atucha 2) clavada durante 27 años en atrasos por desfinanciación de la obra a partir de fines de 1982.

Nadie quiso hacerse cargo de ese niño huérfano. A los «capitanes de la industria», el título que se daban en Clarín las empresas que mal o bien habían practicado algunas ingenierías complejas, ahora preferían cosas menos complicadas, como cobrar peajes.

Pero la situación actual es otra: las dos Atuchas funcionan al pelo, tras haber sido reparadas de vicios de diseño típicos de prototipos, porque ambas lo son. Atucha 1, la más vieja y chica, ya atravesó una reparación de internos entre 1988 y 1990, más repotenciaciones y extensiones de vida.

Se le logró aumentar la potencia de 320 a 362 MWe, mejorar su quemado del combustible en un 80%, incrementar su seguridad contra accidentes por recalentamiento del núcleo, que ya era altísima cuando se la inauguró, e incrementar su disponibilidad de un 70% a un 93%. Ahora encara otra que le dará 20 años más de vida operativa y costará U$ 450 millones.

En esta tercera reencarnación, salvo que el nuevo gobierno o los nuevos dueños la impidan, la central estará facturando U$ 130 millones/año, es decir U$ 5400 millones a valor de hoy a término. Se abre la posibilidad de que el estado nacional invierta U$ 450 millones para que alguien que no es el estado facture U$ 2600 a término, y a dólar constante. ¿Es negocio?

Atucha 2 parece haber sido reparada de dos problemas de diseño. El primero fue una bomba del circuito primario, antes de la pandemia. El segundo fue el desprendimiento de una pieza inútil y redundante de soporte del núcleo, otro error de SIEMENS, por cuya reparación la multinacional alemana pidió 400 millones de euros con la central entre 4 y 6 años fuera de servicio. NA-SA, que terminó la máquina sin ayuda alguna de SIEMENS entre 2006 y 2014, hizo la reparación en 9 meses y por U$ 21 millones.

¿Se hubiera atrevido a lo mismo el capitalista privado acostumbrado a medio siglo de prebendas? No, y porque no habría tenido a mano el nivel técnico de recursos humanos que juntan entre NA-SA y la CNEA. El decreto de Milei le daría lo que jamás habría conseguido por su cuenta.

Es presumible que la primera vida útil de Atucha 2 llegue hasta 2047, si repite la buena performance que tuvo Atucha 1 desde que la CNEA y luego NA-SA la fueron cepillando de sus defectos de diseño. Si logra esa disponibilidad fabulosa del 93%, estaría facturando U$ 267 millones/año durante los próximos 23 años, lo que da U$ 6141 millones de recaudación a algún vampiro del estado sin haber puesto antes un mango en la terminación y las reparaciones. ¿Es negocio?

Los números se repiten con ligeras variaciones para la Central Nuclear de Embalse, que por su tecnología de tubos de presión en lugar de recipiente de presión, debe ser «retubada» cada 30 años. Es una de las 11 CANDU-6 que se vendieron en Canadá y 6 países más, un producto estandarizado, pulido, seguro y predecible. Fue retubada a nuevo entre 2014 y 2018, ganó un 6% de potencia, su disponibilidad aumento del 89% (alta) a 93% y su prolongación de segunda vida probablemente expire en 2048, lo que supondría una facturación de U$ 232 millones/año durante 24 años, ergo un total de U$ 5568 millones.

Ninguna de estas cifras es 100% segura, porque a término de segundas o terceras extensiones de vida de centrales nucleares es predecible una pequeña merma de disponibilidad, por desperfectos debidos a desgaste.

Otro ángulo codiciable de NA-SA es el blindaje político que le otorgaría a los eventuales capitales petroleros que compren su paquete de centrales. Como dijimos en este mismo portal, no hace falta decir que las centrales nucleares tienen el megavatio hora más barato del país U$ 46 frente a los U$ 65 a 70 de las renovables, y que a término de vida útil, emitieron menos dióxido de carbono fósil y casi no generaron efecto invernadero. ¿O sí hace falta?

A mediano plazo es esperable que ante la total inepcia de las Naciones Unidas por mitigar el recalentamiento global, los países más perjudicados empiecen a aplicar sanciones unilaterales a los grandes emisores, ya se trate de empresas o países. Tener algunas centrales nucleares en el capital accionario es un apalancamiento ante posibles pérdidas. Y en términos de imagen, ahora que en la percepción pública el demonio es el clima extremo y no el átomo, para cualquier petrolero el operar centrales nucleares es un buen «greenwashing» de imagen.

Pero lo que resulta altamente improbable es que el nuevo dueño privado que se quede con este paquete tecnológico se conforme con cobrarle a CAMMESA U$ 46 el megavatio hora. Máxime ante un nuevo episodio de tarifazos. Las posibilidades de que el estado le diga a un particular que siga cobrando lo mismo por electricidad nuclear, limpia y de alta disponibilidad como no la dan ni las centrales hidroeléctricas, en lugar del doble o el triple, acaban de desaparecer.

Ahora el proyecto que envio Javier Milei al Congreso elimina esa salvaguardia para Nucleoeléctrica Argentina y la conserva mas limitada y bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo de la Nación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ya no será Javier Milei o quien lo suceda en el actual gobierno, y menos que menos el Poder Legislativo, quienes decidan si una central nuclear argentina se repara o no, se mejora o no, sale de servicio o no, si se revende a terceras partes o no. Será el nuevo dueño de NA-SA.

Esta privatización empieza peor que la que terminó con YPF en manos de REPSOL. Aquella privatización en la que el estado resignó la acción de oro permitió que la firma española, una nulidad mundial sin petróleo ni gas ni desarrollos tecnológicos propios, vaciara (en términos físicos, no sólo contables) el gigantesco yacimiento de gas de Loma de la Lata. En 1986 se estimaba duraría 60 años con un crecimiento anual del PBI del 6,5%.

Pero mágicamente, a fuerza de una década de ventas subvaluadas a las «utilities» eléctricas y a Chile, Loma de la Lata estaba despresurizada y casi muerta en 2004. El país zafó -y sólo un poco- con nuevo gas off-shore en Tierra del Fuego, y desde 2014, con fracking en Vaca Muerta y a un costo ambiental que te la cuento.

Los artículos que dejaban al estado argentino con la acción de oro de YPF en última instancia fueron apartados sin miramientos para que, vista la falta de oposición legislativa, Menem los quitara de en medio para permitir que REPSOL hiciera lo que se le dio la gana. Eran:

«ARTÍCULO 10.- Derógase los artículos 35 de la Ley N° 24.804.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 24.804, por el siguiente:
“ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

En la privatización de NA-SA por parte de Milei no hay acción de oro ni niño muerto, como dicen en el campo. La empresa se regala sin condiciones. El presidente está casi logrando que extrañemos a Menem.

De todos modos, todo esto que acabamos de explicar sobre el futuro NA-SA es nada, frente a lo que se abre: la posibilidad de comprarla a algún privado que le saque todo el jugo posible y luego la cierre. O la venda, ya devaluada y hecha percha, a un operador yanqui para que éste la cierre, y así quitarse la responsabilidad pública de haber matado al activo joya del Programa Nuclear más dinámico y exitoso de todo el Hemisferio Sur.

Nada podría alegrar más a La Embajada y al mundo petrolero. Por causas distintas en cada caso.

La Embajada, porque desde que INVAP S.E. la otra empresa ESTATAL exitosa del Programa Nuclear, salió a competir en el mercado mundial de reactores multipropósito, los EEUU sólo pudieron ganar una licitación, la de Tailandia, sumamente amañada y con un impresentable TRIGA de la época del jopo. INVAP entre tanto ganó en Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. EEUU tiene radioisótopos médicos sólo gracias al reactor OPAL que INVAP le vendió a Australia en 2000. Los autodenominados americanos ya ni tratan de competir con esta empresa barilochense.

Los petroleros tienen otras razones. Los 1763 MW nucleares instalados de NA-SA evitan la quema de 2820 millones de metros cúbicos de gas por año.

Somos un clavo en más de un zapato, lectores. Y de seguridad nuclear todavía no hemos hablado.

Es cara.



miércoles, 27 de diciembre de 2023

Un multimillonario compró tierras en Mendoza porque “es uno de los lugares más seguros para sobrevivir a una guerra nuclear”
El empresario Martín Versavsky explica que compró una propiedad en la provincia por más de un motivo, pero uno específico: “sobrevivir a una guerra nuclear”.


Para un multimillonario, Mendoza puede ser un “refugio” ante las guerras y pide implementar una “Visa de oro”/ Foto: Orlando Pelichotti

Martín Varsavsky, uno de los empresarios argentinos más exitosos en el exterior con una fortuna personal de US$ 300 millones (de acuerdo con Forbes), sorprendió con un análisis sobre el potencial de las propiedades en Argentina como “refugio” ante el clima bélico internacional.

En la red social X (Twitter), Versavsky, aseguró que, “emprendedores de USA y Europa creen que es posible que haya una guerra nuclear y les parece atractivo comprar una propiedad en Argentina para tener un refugio”.

“Se que suena paranoico pero si uno mira la cantidad de guerras que hay y hubo en el hemisferio norte comparadas con las guerras del cono sur en los últimos 150 años, la Argentina destaca por su estabilidad. Si suena raro porque nadie cree que la Argentina es un país estable pero lo es en términos de guerras si la comparación es la primera guerra mundial, la guerra civil española, o la segunda guerra mundial más todas las guerras menores pero muy letales de los Balcanes, Rusia Ucrania, Irak Iran, etc. También lo son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil”, suma.

¿EL PAÍS NECESITA UNA VISA DE ORO?

De acuerdo con Versavsky, la pregunta es al menos válida, para quienes invierten o compran propiedades, se podría tramitar una residencia o pasaporte. Y es que, en caso de un conflicto bélico en el hemisferio Norte, un documento como ese podría servir para que estos pudieran mudarse sin problemas al país.

“Si no lo tiene (al pasaporte especial), Javier Milei debería implementarlo, así como también un tax holiday para los extranjeros que se mudan, en todo lo que ganen afuera de la Argentina, como tiene España”, planteó.

MENDOZA, ¿PARA SOBREVIVIR UNA GUERRA NUCLEAR?

“Estas fiestas me puse a pensar por qué la paz es mucho más común en las Américas que en Europa, Oriente Medio y Asia. Concretamente desde 1900 se han muerto unas 170 millones de personas en guerras principalmente en Europa mientras que en todas las Américas norte, central y sur, solo se han muerto unas 4 mil en guerras entre países. En las Américas hay una alta criminalidad pero no hay guerras. Lo que sigue es una teoría qué argumenta lo que se observa empíricamente. Que las sociedades de inmigrantes casi no hacen guerras a otras sociedades de inmigrantes”, plantea el empresario.

“Esta diversidad interna ha contribuido a la relativa ausencia de guerras nacionalistas entre naciones de las Américas. La historia de los siglos XX y XXI muestra que, si bien la región no ha sido inmune a los conflictos, la naturaleza y la escala de las guerras en las Américas difieren notablemente de las de otras partes del mundo. A mis lectores latinoamericanos probablemente les suena raro escuchar que con amigos acabamos de comprar un campo en Mendoza y que además de elegir Mendoza por su belleza natural, el encanto de su gente, el vino y la buena comida, compramos en Mendoza porque es uno de los lugares más seguros del mundo para sobrevivir una guerra nuclear”, cerró.



El Conicet, ante el peligro de la parálisis; no se pagaron los premios Houssay, Sábato e Investigador de la Nación
Temen que no puedan hacerse efectivos los ingresos ni las promociones del último concurso del organismo.
Por Nora Bar


Al retirarse, Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+I, el principal financiador de la ciencia local, dejó en sus arcas 5000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares. Pero las autoridades designadas y por designar para el nuevo organigrama que regirá al sistema científico solo repiten el mantra que se escucha del resto de los funcionarios: “No hay plata”. Con esa excusa no solo están incumpliendo con compromisos ínfimos que habían quedado del gobierno anterior. Con la advertencia "de palabra" (todavía no hay nada firmado ni publicado en el Boletín Oficial) de que deberán manejarse con el presupuesto de 2023, están poniendo al Conicet (y al resto del aparato estatal, incluyendo universidades) en riesgo de parálisis.

Aunque la orden fue emitida antes de que cesara en sus funciones la gestión previa y su monto es despreciable en términos del presupuesto del Estado, y a pesar de gestiones realizadas ante las nuevas autoridades, los científicos galardonados por su tarea destacada no reciben respuesta.

Pero si esto no tiene una justificación plausible, es peor lo que anticipa un documento no oficial que circuló ampliamente sobre una reunión de directores de Centros Científicos y Tecnológicos del Conicet con los vicepresidentes, Claudia Capurro y Alberto Baruj en la que se les habría informado que desde el 10 de diciembre el organismo está imposibilitado de realizar pagos, porque no hay nadie que tenga firma autorizada, y que deberán enfrentar el próximo año, para el que se calculan niveles de inflación del 300% o más, con el mismo presupuesto de 2023, por lo que deberán pagar “los gastos mínimos e indispensables” para que las instituciones sigan funcionando. Todo, de palabra.


Daniel Salamone, en una reciente entrevista con Diego Sehinkman

Incluso sin aumento de salarios, ese presupuesto solo permitiría llegar hasta mediados de año. Como se mencionó, la parálisis en junio no solo valdrá para el Conicet, sino para el Estado en su conjunto, porque no hay forma de pagarle a todo el personal el sueldo de diciembre con el presupuesto actual, que es la suma de lo que se pagó en todo el año que concluye, incluyendo los primeros meses, cuando las remuneraciones eran mucho más bajas.

Mientras Daniel Salamone (cuya designación aún no fue publicada en el Boletín Oficial) sigue reuniéndose con diferentes áreas para conocer su funcionamiento, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a una subsecretaría (también sin responsable nombrado) dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino. El Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica dependerán en forma directa del titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse.

Aunque ya están los resultados de los concursos para ingreso a carrera, el directorio del Conicet debería publicar el orden de mérito el 12 de enero, pero en principio se habría resulto hacerlo sin el otorgamiento de la beca hasta que no estén los fondos. La incorporación de los nuevos investigadores debería ser en abril.

La misma conducta se seguiría con respecto a las promociones. Se comunicarían los resultados de las evaluaciones, pero no se podrían hacer efectivas hasta que no se disponga del presupuesto. Y lo mismo con los ingresos pendientes de 2022 y 2023: solo se irían dando las altas a medida que haya presupuesto.

Aunque seguirían haciéndose los concursos para ingreso a la carrera del investigador y becas posdoctorales, no se comunicarían los resultados ni se haría efectiva su incorporación. Además, siempre según esta minuta de la reunión, se dieron de baja varios convenios y obras en curso del Programa Federal Equipar y Construir, se suspendió el teletrabajo y no se pagarán horas extras, ni se firmarán convenios. Queda frenada por el momento la conformación de nuevos centros científico-tecnológicos.

Según este recuento, Salamone les habría comunicado que, como el país está en una crisis muy profunda, la institución “deberá ser parte de la solución y no del problema”. Entre las “soluciones” que habría sugerido figura que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga, y que se potencie la vinculación con privados y la cooperación internacional.

Se espera la designación del experto en clonación para los próximos días.



martes, 26 de diciembre de 2023

Río Negro buscará blindar a INVAP de una posible privatización
El gobernador, Alberto Weretilnek y dirigentes rionegrinos estudian estrategias para proteger a la empresa estatal de alta tecnología que pertenece a la provincia y a la Comisión Nacional de Energía Atómica.


Buscan proteger a la empresa de alta tecnología rionegrina INVAP de un posible triunfo de Milei.

Una de las reformas del presidente Javier Milei traducidas en el DNU es la transformación de las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, que luego serían factibles de privatización, pone en la mira a la empresa estatal provincial de alta tecnología, Invap, que tiene sede en Bariloche.

La composición societaria de Invap no incluye al Estado nacional, pertenece a la Provincia de Río Negro, aunque en el directorio tiene integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en una modificación del Estatuto Social de Invap S.E, el artículo 4 agregó que “la CNEA goza del privilegio para suscribir y mantener hasta el 51% del capital social, no pudiendo bajo ningún concepto ser disminuido tal porcentaje”. Por ahora no se realizó esta opción.

En el esquema provincial, Invap está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, que conduce el barilochense Federico Lutz.

Blindar INVAP

Dirigentes peronistas ya habían manifestado su preocupación por el futuro de Invap meses atrás y presentaron un proyecto desde el bloque Unidad Ciudadana en la Legislatura Provincial para que una ley expresamente restringa la venta de Invap. La idea fue del senador Martín Doñate, pero hasta el momento no avanzó en un debate legislativo más que en una comisión, antes del cambio de gestión.

“No modificaremos el estatuto de INVAP”, dijo el gobernador, Alberto Weretilneck.

El legislador Daniel Belloso, hoy presidente del bloque Partido Justicialista -Nuevo Encuentro- dijo semanas atrás que la ley impulsada era preventiva y recordó privatizaciones anteriores de empresas rionegrinas por la “presión” de Nación, en la década del ’90.

El senador del Valle Medio volvió con esa advertencia. Anoche desde la red social X con el hashtag #ElInvapNoSeVende afirmó: “Tal como lo advertimos, con la eliminación de las sociedades del Estado, acaban de habilitar mediante el decretazo la privatización de Invap y todas las empresas que son orgullo de las y los rionegrinos”.

Emblema provincial y nacional

Doñate indicó además: “No vamos a permitir que nuestros recursos estratégicos y productivos que son bandera y el más alto emblema del patrimonio nacional, sean entregados de manera infame a las garras del Mercado”.

En la misma línea, anoche el Partido Justicialista de Río Negro, que preside el intendente de Lamarque Sergio Hernández, alineado con Doñate, replicó esa premisa en un comunicado oficial: “Con el fin de las sociedades del Estado el Invap será vendida y nuestra soberanía tecnológica corre riesgo real de desaparecer”.

“El Partido Justicialista no va a permitir que nuestros recursos estratégicos y productivos se sumerjan al libre mercado, no vamos a permitir que nuestros suelos y nuestra soberanía corra peligro. No pasarán”, advirtió.



Para qué el DNU de Milei derogó la Ley de Tierras: el litio, el agua y el suelo con bandera de remate
La Ley de tierras de 2011 puso límites a la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras y prohíbe la venta en zonas ribereñas. La derogación habilita la entrega a otros países, a corporaciones económicas y financieras.
Por Irina Hauser




Ni lerda ni perezosa, Mirtha Legrand pasó una velada de sábado a la noche con Javier Milei y Patricia Bullrich donde casi todo era meter el dedo en la llaga.

--¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio... -- lanzó la conductora.

--Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad-- respondió el Presidente con sonrisa y el pecho inflado.

El breve comentario de Milei deja en claro por qué una de las disposiciones del mega DNU 70/2023 es derogar la llamada Ley de Tierras (26.737): el propósito es habilitar la extranjerización de la tierra para entregar los recursos naturales propios de la Argentina a otros países, las corporaciones económicas y financieras, poderosos del mundo y capitales desconocidos. El litio es uno de ellos, pero hasta el agua está en juego, los derechos de los pueblos indígenas y hasta la producción agropecuaria en zonas claves.

¿Qué es la Ley de Tierras?

Es una ley de 2011 que puso límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras que vienen a aprovechar las riquezas argentinas. Dice que sólo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas) o sus equivalentes. Prohíbe la venta a extranjeros de tierras "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes": mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. La misma restricción rige para "inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera". Las compraventas deben ser autorizadas por el Estado y creó un Registro de Tierras.

"Esta ley fue producto de la lucha de años por parte de organizaciones agrarias, ambientalistas y sociales y de partidos políticos. Puso freno al proceso de extranjerización que se profundizó en los noventa con leyes laxas que permitieron que muchos grupos de inversión extranjeros, hasta aprovechando ofertas por internet que promocionaban la venta de tierras con costas de ríos y lagos, compraron y colocaron alambrados, tranqueras y cerraron pasos públicos, como el caso paradigmático de Lago Escondido, que no es el único. Esto se extendió al resto de la Argentina. Esta ley está en la mira de los empresarios extranjeros fundamentalmente árabes", explica a Página/12 Magdalena Odarda, abogada Magíster en Políticas Públicas y Gobierno y legisladora provincial de Río Negro (Bloque Vamos con Todos). Odarda recuerda que Mauricio Macri flexibilizó los controles por decreto, al levantar las regulaciones sobre la información que se debía presentar ante el registro. Esto permitió la transferencia de acciones a extranjeros sin control. Si queda firme, el DNU barrerá con todo.

"La ley de tierras que se busca derogar fue sancionada para impedir la extranjerización de los bienes naturales y evitar que peligren bienes de dominio público que poseen un rol estratégico en materia de desarrollo económico, bienestar social, cuidado ambiental, protección de cuerpos de agua, derechos fundamentales de los pueblos indígenas y reivindicación de la soberanía nacional", dice un texto del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, que no ve motivos de necesidad y urgencia para su derogación.

El litio

El litio es un mineral que se obtiene de rocas o salares de altura. En Argentina se extrae en zonas de la Puna (en Jujuy, Catamarca y Salta). Es un insumo para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y celulares, de ahí su alta demanda. También se usa para almacenar energía renovable. Cerca de la mitad de la reserva mundial de litio está en el "triángulo del litio" que integran Argentina, Bolivia y Chile. En 2022 el país aumentó las exportaciones de litio más de 230 por ciento. Es el cuarto productor mundial.

Entre la posibilidad de venta de tierras y la idea de privatizar YPF (y con eso YPF Litio e Y-Tec), por ejemplo, lo que estaba pensado como aporte a las economías regionales y negocio estratégico local, iría a manos privadas y/o extranjeras. En octubre último se había anunciado la primera fábrica de baterías de litio en un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de La Plata. YPF había firmado también un acuerdo con Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado para exploración en Tinogasta. Algo central: los recursos son de las provincias y se requiere autorización para explotarlos. La compra de tierras, con la ley derogada, estará liberada. El combo es una puerta a las negociaciones. La experiencia en Jujuy mostró que el exgobernador Gerardo Morales armó una reforma constitucional que apuntó a flexibilizar la explotación de litio, en perjuicio de pueblos indígenas y la gestión del agua.

Aquí viene la otra cara del asunto. "Cuando Milei refiere a Elon Musk y el litio, debemos tener presentes los derechos de los pueblos indígenas y el reclamo acerca del derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a decidir sobre sus territorios. En las provincias con humedales altoandinos los reclamos giran en torno a las falencias en los estándares de participación y de derechos humanos", dice Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales. La abogada recuerda que hay un amparo en la Corte Suprema desde 2019 donde "las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales alertaron sobre el daño irreversible que provocará la minería del litio y borato". En marzo el tribunal pidió información sobre permisos de exploración y explotación, pero no resolvió el fondo.

El agua

"La extranjerización de la tierra facilitaría la extranjerización de los recursos naturales de hecho", señala Gómez, quien entiende que la Ley de Tierras es sustancial para el desarrollo humano. La derogación de la ley iría de la mano con la extranjerización del agua, algo que ya sucede de hecho. El agua no podría ser apropiada por privados, pero sí el acceso a ella.

El ejemplo paradigmático es el de Joe Lewis, quien con la anuencia de la provincia de Río Negro y el Poder Judicial, más su ejército parapolicial, bloqueó el acceso al Lago Escondido. El magnate es investigado en Estados Unidos, pero no en Argentina. Peor: el extitular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien pidió la intervención de la firma "Hidden Lake SA" de Lewis, propietaria de 12.000 hectáreas que contienen al lago, será investigado por una orden de la Cámara Federal de la semana pasada. En noviembre, todavía con Nissen, la IGJ prohibió en el país a la Fundación Humedales de Paul Tudor Jones II. La consideró una fachada para apropiarse de los Esteros del Iberá y otras áreas protegidas de bañados, esteros, lagunas y arroyos.

Cuando dirigía la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz pidió información sobre la titularidad de los puertos del río Paraná. "Era para saber si estaban habilitados, si eran extranjeros, quiénes los explotan, la documentación de socios. No tuvimos respuesta. Por el corredor litoral pasan el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. Operan una decena de empresas extranjeras y buscábamos ver si eran dueños de los territorios ribereños", explica. Cruz, titular de la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires, alerta: "Esta vía fluvial sin controles es, además, usada para narcotráfico, trata de personas, contrabando. Si se deroga la ley de tierras las empresas extranjeras podrán comprar legalmente la parte ribereña y manejar este corredor con implicancias geopolíticas. Hasta si quieren pondrán una base de distribución de droga".



Un joven salteño se convirtió en el primer ingeniero espacial de su provincia
Matías Escobar dejó su lugar, se radicó en Buenos Aires, para convertirse en la primera generación de universitarios de su familia. "Es nuestro primer ingeniero en la familia, el primero en salir de una universidad pública", expresó emocionada su madre.
Por Giuliana Biasotto


Foto: Alejandro Santa Cruz 

Matías Escobar es un joven salteño de 29 años que se recibió de la carrera de Ingeniería Espacial de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), convirtiéndose en el tercer graduado en esta carrera y el primero de su provincia, quien espera "devolverle al país" un poco de lo que le dio mientras trabaja en la empresa rionegrina de desarrollo tecnológico, Invap.

En diálogo con Télam, el salteño contó que estudió durante dos años la licenciatura en Física, pero que le "empezó a aburrir la salida que tenía esa carrera" ya que "era muy teórica" y "buscaba algo más práctico".

El gusto por la ingeniería le surgió desde que se interesó por estudiar en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, y mientras investigaba sobre otras carreras en el año 2015 "se empezaba a hablar de la apertura de la carrera en Ingeniería Espacial".

"Tuve que tener una conversación difícil con mis viejos y decirles que me quería venir a vivir a Buenos Aires. Quería dejar una carrera y empezar otra nueva desde cero. Por suerte, rápidamente entendieron y me ayudaron", contó.

Escobar es la primera generación de universitarios de su familia, su padre es chofer de colectivo y su madre posee un local de ropa.

"Matías es nuestro primer ingeniero en la familia. El primero en salir de una universidad pública", expresó emocionada su madre en un video compartido en la red social X por la Unsam.

En el video aparecen sus padres, quienes estuvieron presentes al momento de su defensa de proyecto final, en el que lo calificaron con un diez.


Foto: Alejandro Santa Cruz 

"Somos de Salta y vinimos especialmente para acompañar a mi hijo en este momento tan importante. Nos sentimos súper orgullosos", añadió su madre.

Por su parte, su padre reconoció que estaban "muy emocionados" mientras que coincidieron estar "felices" por todo lo que ha logrado su hijo y "el esfuerzo que ha tenido durante todos estos años se ve reflejado hoy".

"Él (Matías) ha venido de muy lejos, ha vivido mucho tiempo en una pensión chiquita y ha tenido mucho esfuerzo. Nosotros, como papás, estamos muy orgullosos", agregaron mientras se los mostraba en plena algarabía festejando con su hijo.

En 2016 el joven arribó a Buenos Aires para comenzar a cursar Ingeniería Espacial en la Unsam, la primera en su tipo en América Latina, que tiene como uno de sus objetivos la creación, el diseño, la implementación y operación de sistemas espaciales.

"Como me vine apenas abrió la carrera tuve la suerte de formar parte de esta camada de primeros egresados. Somos varios estudiando esta carrera, seguramente a partir del año que viene aparezcan más graduados", añadió.

Matías remarcó que al momento de anotarse hubo un "récord de inscriptos dentro de la facultad" y que "espera que se replique" en los próximos años ya que "es una carrera que está buenísima, es divertida y a la Argentina le hacen falta este tipo de profesionales".

Sobre su paso por la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la Unsam, el reciente egresado destacó que al realizar distintos proyectos a lo largo de las 33 asignaturas que componen la carrera "se nos enseña la diferencia entre lo que sucede en la teoría y lo que realmente termina sucediendo en la práctica".

"Cuando uno hace un satélite tiene 'un solo tiro', lo lanzás y una vez que está en órbita tiene que prender. Para eso, en el medio, tienen que suceder muchas cosas y, por suerte, Argentina es capaz de producirlo", expresó.

Y agregó que "a la hora de construir un satélite hay un montón de problemas para afrontar" y que "en esta carrera se intenta explicar y presentar a los alumnos".

Para su proyecto final, el joven planteó cómo sería implementar ingeniería en sistemas basada en modelos en un proyecto espacial.

"La ingeniería en sistemas es lo que yo estudié durante la carrera. Se hace de una manera clásica a través de documentos. Hace un par de años está surgiendo algo en donde, en vez de usar documentos para concentrar información, se usa un modelo", explicó el joven.


Foto: Alejandro Santa Cruz 

"A partir de ese modelo uno presenta la información y diseña un satélite, un proyecto complejo en sí", agregó.

Hace dos años que el joven se encuentra trabajando en el Invap en el área satelital.

"Por suerte hoy tengo la oportunidad de estar aprendiendo de un montón de gente que tiene muchísima experiencia haciendo satélites como los Saocom 1A y 1B", que fueron diseñados, producidos, testeados y operados por argentinos en el marco del Plan Espacial Nacional.

A futuro, el joven espera continuar compartiendo con sus compañeros de oficina, de los cuales espera "absorber un poco de sus conocimientos", hecho al que calificó como una "oportunidad única para intentar devolverle al país un poco de lo que me dio".

Por último, Martín indicó que "la educación pública le da oportunidad a pibes que de otra manera no podríamos ni siquiera soñar en recibirnos en una carrera". Y agregó que exactamente por eso "en mi tesis, en la parte de los agradecimientos, lo que más destaco es la educación gratuita de calidad" que dispone la Argentina.



Plan anti privatizador: desde la oposición proponen crear una Empresa Federal de Litio
En plena desregularización de la economía aplicada por el Presidente Javier Milei, surge una propuesta para no dejar librado a extranjeros la explotación de un recurso clave para el futuro. Quién la ideó y cómo se aplicaría.




En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei en la desregulación de la economía y el corrimiento del Estado de la escena nacional, la oposición no se resigna y plantea una resistencia discursiva que tiene un correlato en la calle con distintas movilizaciones. No obstante, hay algunos sectores que ya avanzan en propuestas para contrarrestar las medidas libertarias.

Una de ellas tiene que ver con la explotación del litio en el país, que asoma como un mineral fundamental para el avance de los sistemas de almacenamiento energético que sostienen la electromovilidad y el funcionamiento de las nuevas tecnologías en todo el mundo. Por eso su demanda es creciente y su manejo estratégico.

"El litio es estatal, es propiedad de los estados provinciales pero hay que poner una defensa. No voy a permitir las ideas de Milei que pretendan avasallar las instituciones y los derechos de recursos de los argentinos", aseguró en diálogo con FM Delta 90.30 el Director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez.

El exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal propone la creación de una empresa federal de litio.

La iniciativa surgió después de las declaraciones de Milei sobre la posible llegada de Elon Musk para avanzar en el negocio del litio tras las reformas de marcos jurídicos para que empresas y empresarios extranjeros.

Según indicó Rodríguez, Argentina ocupa la cuarta posición global en el ranking de productores mundiales de litio y ya operan en el país tres proyectos en fase de producción, con empresas nacionales y extranjeras: de Estados Unidos (Livent) y de Australia (Alikem), además de una sociedad argentina en la que tienen acciones una empresa canadiense y una china.

Por otra parte, indicó que unos 35 proyectos avanzan con inversiones pero aún sin haber iniciado la fase productiva. Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha involucrado. A través de BIDInvest, ya se está financiando un proyecto de litio en Catamarca, denominado “Sal de Vida”.

“En el caso del litio, lo que se decida y ejecute en los próximos dos años puede marcar el destino de ese recurso argentino, propiedad de las provincias. Se sabe que Milei intentará ejercer presiones para abrir la cancha a los negocios que ya anunció. Ante ello, no sirve sólo oponerse sin más. Corresponde tener una respuesta seria, racional y rápida”, aseguró el “Topo”.

La iniciativa de Rodríguez surge como reacción al interés del empresario Elon Musk en el litio argentino.

En este sentido, el exdiputado plantea que varias provincias argentinas, propietarias del litio, pueden asociarse para constituir una empresa estatal: la empresa federal de litio argentino. India, Arabia Saudita, Turquía y Rusia son algunos de los países que cuentan con empresas estatales de litio. Bolivia tiene también su empresa estatal, Yacimientos de Litio Bolivianos (YTB), creada en 2017 bajo la dependencia del Ministerio de Energía.

México cuenta con LitioMx (Litio para México), un organismo estatal creado hace dos años para la exploración y explotación del litio mexicano. En Chile ya están en marcha los planes para que la estatal CODELCO (especializada en cobre) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), expandan con más fuerza sus actividades hacia el sector del litio.

En Argentina existen y funcionan dos empresas estatales provinciales de litio: Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Rodríguez señala que ambas podrían asociarse con EMSE, de La Rioja (Energía y Minería Sociedad del Estado), y con REMSa S.A. de Salta (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), para “neutralizar o ponerle límites a una política pública primaria de entrega”.

La nueva empresa, podría, según Rodríguez, definir una estrategia de integración productiva con la cadena de valor; decidir asociarse a capitales privados, nacionales o extranjeros, seleccionando de manera exigente en qué proyectos de inversión participar; y abrir su propio capital accionario al sector privado, nacional o extranjero, asegurando siempre un mínimo del 51% de participación estatal provincial.



Arsat es una joya estatal que no tiene precio y Milei la quiere rematar
La empresa de telecomunicaciones Arsat maneja tecnologías de punta, acumula inversiones millonarias en infraestructura y cuenta con experiencia clave en el negocio satelital. Se trata de un activo del Estado que atraviesa el día a día de la mayoría de los argentinos.
Por Federico Kucher


Arsat es la responsable de un tendido de casi 40 mil kilómetros de fibra óptica.

El decreto de necesidad y urgencia publicado la semana pasada generó una catarata de reacciones políticas, sociales y económicas. La intención de desregular sectores estratégicos de la economía sin pasar por el Congreso y el objetivo de reducir el Estado a su mínima expresión son algunos de los puntos que más rechazo e impacto provocaron del decreto.

El texto fue presentado casi como un apéndice de las sagradas escrituras, donde el centro estuvo puesto en el mercado y el libre albedrío. Dos conceptos que perdieron razón de ser en las primeras décadas de este siglo.

Las críticas que se hicieron en los últimos días a la propuesta del Gobierno de derogar leyes sin una votación en el Congreso son innumerables. Es casi imposible resumirlas todas en unos pocos párrafos sin perder de vista los detalles importantes. Una tarea más fructífera es la de concentrarse en algunos de los puntos cardinales del decreto y a partir de ahí intentar pensar la dirección de la propuesta y los impactos posibles.

Uno de estos puntos clave para analizar es la apuesta del Gobierno para reabrir las puertas de la privatización a las empresas del Estado. Se trata de una idea que había sido planteada como un caballito de batalla en la campaña electoral y que ahora intentará llevarse a la práctica.

La petrolera YPF es una de las que tiene el boleto picado si prospera el objetivo del nuevo Gobierno de vender las empresas públicas. La petrolera es la compañía estatal más reconocida por el capital social que representa para la Argentina. Sin embargo, no es la única con relevancia estratégica. En la lista de otras que podrían venderse figuran imprescindibles como Arsat.

Esta empresa de telecomunicaciones maneja tecnologías de punta, acumula inversiones millonarias en infraestructura y cuenta con experiencia clave en el negocio satelital. Se trata de un activo del Estado que atraviesa el día a día de la mayoría de los argentinos por detrás de las bambalinas.

Arsat es la responsable de un tendido de casi 40 mil kilómetros de fibra óptica que permite que podamos usar internet, mirar una película a través del celular o la computadora y mandar un WhatsApp.

“Esta red federal de fibra óptica es una de las mayores obras de integración territorial de la Argentina en el siglo XXI”, explica el experto en tecnología de satélites y telecomunicaciones, Daniel Arias. Los cables de vidrio se encuentran blindados y a dos metros de profundidad en promedio.

A diferencia de los ferrocarriles, transporta información en lugar de bienes y personas, no tiene una estructura lineal sino una malla de enormes anillos regionales, se construyó con ingeniería propia, cubre todo el país continental incluida la Patagonia, no tiene acreedores y no hay forma que el país funcione sin ella. Con esto, Arias se hace una pregunta elemental: “A Arsat no se le puede poner un precio. ¿Cuánto vale que el país funcione?”.

Los posibles compradores de Arsat también miran de reojo el resto de activos que maneja esta empresa estatal. Además del enorme tendido de fibra óptica, cuenta con dos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, que le dieron fama a la compañía, y permiten que llegue internet a lugares remotos, incluidas escuelas rurales, zonas despobladas y las bases antárticas.

Arsat también es la responsable del servicio de televisión digital abierta (TDA), con el cual se puede capturar señal en casi 90 por ciento de las zonas habitadas de la Argentina. Simplemente se necesita un decodificador, que actualmente se entrega gratuitamente a distintos segmentos de la población.

La idea de privatizar empresas estratégicas de este calibre, que generan externalidades en todas las direcciones, resulta difícil de comprender. ¿Por qué el mercado va manejar mejor esta infraestructura estratégica? ¿Por qué va a invertir para llegar a lugares donde los criterios de rentabilidad meramente económica no lo justifican? Como dijo uno de los más grandes pensadores de la historia el único argumento es “la furia del interés privado”.



ARSAT no puede venderse, porque su infraestructura de comunicaciones no tiene precio
por Daniel E. Arias


El Arsat 1. No conocemos a nadie que haya visitado su sala de integración, incluidos funcionarios taxativamente macristas, sin sentirse al menos ligeramente aturdido por el tamaño de todo, por la exquisitez del equipamiento, por la minuciosidad de los procedimientos. ¿Esto había que matar?


El que compre ARSAT, si sucede (y sería trágico para el país) no puede pagarla. Cualquier cifra es una estafa al estado. No puede porque más allá del puro prestigio, ARSAT tiene demasiados activos demasiado estratégicos. Pero hay uno que sencillamente no tiene tasación posible: la REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica.

Es una estructura anillada de enorme ancho de banda y 38.000 km de extensión lineal, pero cubre todo el país continental. Es la mayor obra de integración territorial de la Argentina en el siglo XXI. A diferencia de los ferrocarriles, transporta información en lugar de bienes y personas, no tiene estructura lineal sino es una malla de enormes anillos regionales, se hizo con plata e ingeniería propias, cubre todo el país continental con inclusión de la Patagonia, se hizo sin ingleses, no tiene acreedores y no hay modo de que el país funcione sin ella. Ésa es la causa por la que no se puede pagar. ¿Cuánto vale que el país funcione?

Antes de la construcción de la REFEFO, que empezó alrededor de 2010, internet y la telefonía celular eran pésimas incluso en el AMBA. Y del interior, ni hablar. Entre 2004 y 2015, la velocidad promedio de internet en Argentina se multiplicó casi 400 veces, y eso nos alineó un poco con la región. Antes dábamos vergüenza.

Sin la REFEFO, Watsapp y Telegram, por citar 2 servicios IP gratis y muy populares, hoy serían imposibles. Salir sin billetes y pagar con el celular, también. Operar cuentas bancarias, ver películas por streaming, ser Tik-Tokker o Youtubber, lo mismo. El que se quede con la REFEFO, será además el dueño de las comunicaciones hiperveloces 5G.

Además de cobrarnos el uso de una autopista construida con plata federal, el posible dueño privado de la REFEFO tendrá el mismo control de la información que adquirió el grupo Clarín, durante el Proceso, cuando se hizo con las acciones de Papel Prensa. Su capacidad de abastecer o desabastecer de papel, de financiar, endeudar o ejecutar al resto de la prensa gráfica del país con su insumo básico se hizo inmensa.

Eso le permitió comprar otros medios de papel y de aire, y le posibilitó incluso un control fino de la línea editorial de sus competidores, lo que habilitó un negocio fabuloso: vender no información sino silencio. Los mayores estafadores nacionales e internacionales del país, agradecidos. Esta película la venimos viendo «non stop» desde 1977. Pero la secuela, adueñarse de la REFEFO, da acceso a poderes de exacción y control ilimitados sobre otras empresas y la ciudadanía, y una capacidad de silenciamiento mucho mayores que el monopolio del soporte papel.

Privatizar ARSAT pasa necesariamente por canibalizarla. Hay activos estratégicos serruchables como para enriquecer a muchos empresarios amigos.


Cámara anecoica (que no contiene ecos reflejados en su interior) de CEATSA en testeo de las antenas del ARSAT 2, poco antes de su disparo.

Están los satélites geoestacionarios de telecomuniaciones ARSAT-1 y 2, cuyo diseño y construcción le dieron fama a la empresa. Funcionan impecablemente, ganan unos U$ 40 millones/año, dan internet a escuelas rurales, comisarías, municipios, hospitales de ciudades chicas y destacamentos militares en zonas despobladas, incluídas las bases antárticas argentinas. Lanzados en 2014 y 2015 y con una construcción excepcionalmente robusta, los ARSAT-1 y 2 tienen vida útil planificada hasta pasando 2030.

Está el satélite SG-1 en diseño en INVAP. Tiene la tecnología que se había esbozado para el ARSAT-5, a la que se habría llegado paso a paso si el gobierno de Mauricio Macri no hubiera cancelado los ARSAT desde el 3 al 6 al toque de desembarcar en la empresa. El ancho de banda de este satélite nuevo satélite será fenomenal, si Milei no impide su desarrollo.

Sus satélites 1 y 2 son lo que volvió bruscamente conocida a ARSAT. Y sin embargo, necesitaríamos centenares de SG-1 para acercarnos siquiera al ancho de banda de la REFEFO. Eso no lo tiene ningún país desde el Río Grande hacia el sur.

E incluso con una flota de SG-1 el servicio sería inferior, porque a 36.586 km. de altura sobre el cinturón ecuatorial, la distancia de los catetos del triángulo formado entre hablante y oyente en tierra y el satélite en su sitio orbital raramente anda debajo de los 100.000 km, y eso sin siquiera salir del país. Es un trayecto muy largo, incluso para las señales de radiofrecuencia, que tienen la velocidad de la luz.

De modo que una conversación telefónica por satélite se hace difícil, por ese segundo y medio de demora de la señal en recorrer el ascenso y descenso de la señal. Pero participar en un videojuego, hacer cirugía robótica a distancia o controlar un dron civil o militar, cosas que requeren reacción rápida y tiempo real, eso por satélite es imposible.

Ahí, en la comunicación bidireccional prácticamente instantánea, es donde talla la REFEFO. Afanarse los satélites ARSAT para armar una corporación a beneficio de la Hughes, como intentó Macri (y el Parlamento lo impidió), es un premio consuelo en comparación.

Para resumirlo: los ARSAT-1 y 2 nos pusieron en el mapa de los 10 países espaciales «top». La REFEFO nos permite algo más básico: integrar nuestro propio mapa. Somos el 8vo país del planeta, por superficie, y con poca población y mal distribuida. ¿Qué precio tiene sujetar entre sí 24 provincias?

Otro activo son las 104 inmensas antenas de la TDA, la televisión digital de alta definición directa al hogar. Apuntaladas por la REFEFO en sus bases, reparten señal gratis en áreas donde vive el 90% de la población argentina actual, dentro de un radio que llega a los 90 km. si están situadas en sitios altos. Lo único que requiere el usuario es pedir un decodificador a ARSAT, que acreditando jubilación o bajos ingresos, también es gratis.

Es cierto que la gente sub 40 mira cada vez menos TV de aire, pero la cifra se compensa con la cantidad creciente de gente que ya no puede pagarse un proveedor privado de CATV, o televisión por cable. O que no quiere, porque transmite cantidades de contenido inútil o indeseable para el usuario con intereses específicos, y eso que no se usa se paga igual.

Las antenas de la TDA no son vendibles por poco apetecibles: sirven a argentinos sin un mango. El distraído negocio de las cableras como Flow o Supercanal será eliminarlas, pero sin apropiárselas. Tras colonizar y/o descuartizar ARSAT, simplemente se las dejará sin mantenimiento, lo que irá generando un apagón gradual, isla por isla, de televisión gratis por aire. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que hizo Macri.

¿Qué otro activo hay para choriarse en ARSAT? El data center, el nodo central de la REFEFO. Hace 10 años era el de mayor seguridad informática, capacidad y disponibilidad del país y de la región. Cuando la empresa la colonizó la gavilla cordobesa de JxC, se fue apartando cada vez más de su perfil original (50% de usuarios estatales, 50% de privados) y se fue brotando de quintitas y kioskitos particulares de los nuevos funcionarios.

Cuando Macri fletó a los cordobeses y los reemplazó por gente del PRO y de su propia guardia pretoriana, ARSAT toda se fue al requinto. Pero el data, que había llegado a 2015 con U$ 70 millones de inversión, en 2019 se había vuelto sencillamente disfuncional por su transformación en un bolsa de pequeños negocios de grandes gatos, y viceversa. Y además se había vuelto tecnológicamente menos competitivo por 4 años de falta de inversión y escaso mantenimiento.

Recuperarlo era como limpiar los establos de Augías, y el nuevo presidente Alberto Fernández no parecía Hércules. De todos modos, una revisión interna de currícula, experiencia y aptitudes profesionales de los funcionarios más paracaidistas, particularmente los venidos con Andrés Ibarra y su Ministerio de Modernización, le devolvió cierta vida y funcionalidad tras el despido de los susodichos. Aún si sigue siendo por su naturaleza tecnológica un sitio donde es fácil hacer negocitos, en cualquier futuro troceo y reparto de ARSAT, el Data dista de ser pata o pechuga.

Un premio grosso, pero no en términos económicos sino políticos, es la empresa CEATSA, un «joint venture» de ARSAT y de INVAP, con un 90 y un 10% de capital accionario respectivos. ARSAT e INVAP son firmas estatales emblemáticas, cuya cabeza el macrismo ambicionó poner en una pica, porque logran el milagro de exportar reactores nucleares, radares y servicios satelitales con poquísimo personal, aunque muy experto, y una administración muy austera. Eso va a contracorriente de la visión macrista de la economía, y como las exportaciones son innegables, tan innegables como que ambas empresas viven de sus ganancias, le arruina el relato.

Si se le saca CEATSA a INVAP a través del cierre o expropiación de ARSAT, INVAP se queda sin sala de testeo de prevuelo para satélites de gran tamaño y potencia. Entonces también se jode por extensión la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, otro pedazo de estado argentino libre de ñoquis y con demasiados satélites de observación de la Tierra exitosos. Tres pájaros de un tiro.

ARSAT sin la REFEFO es como YPF sin Vaca Muerta. ¿Los lectores notaron cómo se aceleró internet en Argentina entre 2010 y 2012? Bueno, es que ARSAT en aquellos 2 años había metido más fibra óptica que Telefónica en 20 años, y del doble de ancho de banda. Nuestra red informática federal no la tienen ni Brasil ni México. ¿Y se la va a llevar el oligarca mexicano Carlos Slim? ¿Por 900 y pico de palos verdes?


En 2014, comparados en ancho de banda con la región, no éramos la potencia comunicacional que es Uruguay, y tampoco Brasil. Pero ya no dábamos lástima. Hoy ya subió a 16 mega. Eso es lo que da la REFEFO.

La REFEFO (yo no le puse ese nombre disfónico) es la mayor obra de infraestructura federal en los que va del siglo, costó un Perú, se hizo con gente y plata argentinos, funciona bárbaro, es imprescindible, casi todos los argentinos la usan, y casi ninguno tiene siquiera idea de que existe.

No tiene idea porque la REFEFO está enterrada a dos metros de profundidad promedio, sino justamente porque funciona bien. Y funciona bien porque las camionetas de ARSAT salen como un tiro desde las cabeceras regionales a repararla cada vez que algún arquitecto o intendente la rompen con retroexcavadoras, aunque su traza está muy señalizada. Los cables de vidrio son muy blindados y aguantan bien los ataques de otros animales más subterráneos. También se defiende bien de raíces de árboles y arbustos. Pero aún sin esa suma de atacantes externos, la fibra óptica va perdiendo su transparencia casi perfecta, y en 20 años hay que sustituirla.

Si se pierde la REFEFO a malas manos, cuando regrese a lo que quede de país algún partido más industrialista y menos «market friendly» (antes se decía «vendepatria»), nos exponemos a que esté hecha percha. Como lo estaba YPF cuando se rajó a REPSOL, después de que el vampirismo ibérico vaciara Loma de la Lata.

Aún si el que manotee la REFEFO la cuida (sería raro), e incluso si invierte en su crecimiento, le estaremos pagando peaje a algún otro vampiro nacional o internacional cada vez que la usemos. Que viene a ser siempre, como ahora que Ud. está leyendo este artículo en AgendAR. O yo cuando lo mandé.

Si el artículo le llegó rápido a AgendAR, si Ud. lo pudo descargar en menos de un segundo, es porque la REFEFO es un tiro. Toda lentitud o corte de servicio son añadidos de su proveedor de internet, que es pura iniciativa privada, pero privada de iniciativa. Una autopista puede ser muy veloz, pero si el concesionario del peaje abre dos cabinas de pago en hora pico, las colas y los bocinazos son cosa de él.

Dice mi excompañero de ARSAT, el Dr. en Informática Alfredo Moreno, titular de las cátedras de TICS en las Universidades de Avellaneda y de Moreno (del partido, no la persona), el nombre de Slim como próximo Señor de los Anillos de la REFEFO podría ser real. Hemos discutito que también una falsa bandera, para que le ladremos al árbol equivocado.

Por ahora, el grupo empresario que más ganaría de esta expropiación al fisco sería Clarín. Ante todo, evitaría la posibilidad, que siempre fue remota, de pagar tarifas reales por su uso. Por ahora, paga tarifas de chiste -es decir subsidiadas- a través de fachadas como Red Intercable, formada por por 230 PyMES de 580 ciudades en 21 provincias argentinas. Ergo, el 2do mayor multimedio de Sudamérica hoy paga como si fuera una flaca cooperativa pueblerina. Si te volvés el dueño de la REFEFO, no pagás nunca más y los demás usuarios te pagan a vos.


Las Toninas, provincia de Buenos Aires, punto de enlace de la REFEFO con el resto del mundo.

Pero además, y perdón por repetirme, sería una adquisición que daría acceso a poderes ilimitados sobre ese nuevo órgano del cuerpo humano: el celular, el soporte físico por el cual el argentino de a pie se informa o desinforma.

Hay dos problemas con esto de ser el nuevo amo de la REFEFO: si no se la mantiene, y eso cuesta plata, se cae, y sólo la puede mantener un grupo que se sabe a prueba de todo. Clarín califica, Slim no sé. Aquí al mexicano le va bien, pero no juega de local.

El otro problema es que ARSAT gana plata, no la pierde. Razones para robársela al estado, no hay, salvo que da un muy mal ejemplo. Pero hay un tercer problema: ARSAT es propietaria legal y efectiva de todos sus activos, no una gerenciadora. Para enajenarlos, se requiere una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso, donde las cosas son resbaladizas porque no hay mayoría segura.

No es imposible que veamos repetirse casos como el de la «Ley Banelco», la reforma laboral de Patricia Bullrich en tiempos de De la Rúa. No hubo que rascar mucho para descubrir que desde tiempos de Menem se pagaban cifras siderales y por sobrecito en ambas cámaras por levantar la mano a favor del gobierno o faltar a sesión.

Sólo que si se destapa otra olla de gusanos como aquella, hoy no hay un o una vice que se vaya a ir del cargo con un portazo indignado, como el Chacho Álvarez.



lunes, 25 de diciembre de 2023

Quinta fuerza: ¿China está añadiendo un “comando casi espacial” hipersónico a su ejército para realizar ataques “precisos y despiadados”?
Se cree que la nueva rama es la primera en el mundo y depende de altos niveles del EPL, según muestra el documento. Los investigadores dijeron que la zona tan disputada en el borde del espacio podría determinar el resultado de futuras batallas.
por Stephen Chen


El DF-17 se puede montar en un vehículo de planeo hipersónico. Foto de: Weibo

En lo que se cree que es una primicia mundial, China ha establecido un comando en el espacio cercano equipado con una fuerza profesional de armas hipersónicas que depende directamente del nivel más alto del ejército, según un artículo publicado recientemente.

La nueva fuerza se une al ejército, la fuerza aérea, la marina y las ramas de cohetes del Ejército Popular de Liberación.

“La fuerza de combate en el espacio cercano está en proceso de rápido desarrollo. El establecimiento de unidades pertinentes aún no está maduro y las operaciones de combate no se han estandarizado. Es necesario profundizar la comprensión del mando de combate en el espacio cercano”, afirman los investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa.

"Es necesario ajustar la jerarquía de los poderes de mando y control, la selección de los métodos de mando, la implementación de las órdenes ejecutivas y el apoyo a la comunicación del mando".

Aún no está claro cuándo se estableció la fuerza y el South China Morning Post no puede verificar de forma independiente estas afirmaciones.

En un documento presentado en la 11ª Conferencia de Comando y Control de China en octubre y ahora disponible públicamente en las principales bases de datos académicas chinas, el equipo dijo que el espacio cercano se había convertido en una zona muy disputada que podría "determinar el resultado de futuras batallas".

Los investigadores dijeron que el comando estaría equipado para llevar a cabo ataques “despiadados” contra objetivos críticos, así como vigilancia a gran altitud en todo el mundo a través de drones automatizados y globos espía.

“La fuerza del espacio cercano opera en un campo de batalla especial. Las acciones llevadas a cabo en zonas sensibles o sobre el territorio de otros países pueden desencadenar reacciones políticas o diplomáticas”, dijeron.

Esto hizo necesario “desplazar hacia arriba el poder de toma de decisiones”, hasta las operaciones diarias de preparación para el combate de las aeronaves estratosféricas, los vehículos aéreos no tripulados de larga duración y otras plataformas de la fuerza del espacio cercano.

"El alto mando militar puede aprobar la escala de uso, las áreas de actividad y el método de uso para evitar causar molestias políticas y diplomáticas", decía el periódico.

Los investigadores dijeron que China se había dado cuenta de que las armas hipersónicas eran un arma de doble filo: diseñadas para alcanzar un objetivo en cualquier lugar de la Tierra con una velocidad y capacidad de maniobra imparables, pero que planteaban desafíos en la política y las relaciones internacionales.

Además de sus armas hipersónicas, la fuerza del espacio cercano también operaba "una gran cantidad" de globos espía, drones impulsados por energía solar y otros equipos de apoyo, dijo el periódico.

Estas plataformas automatizadas operaban a bajas velocidades pero podían permanecer a gran altura durante semanas o incluso meses, brindando servicios críticos como vigilancia y retransmisión de comunicaciones, dijo el equipo de investigación.

Pero el deber más importante de la fuerza será ayudar a China a ganar en caso de guerra. Los investigadores dijeron que las armas hipersónicas se entrenarían en activos militares críticos fuertemente protegidos, como antenas gigantes e importantes centros de comunicación, en el corazón de un adversario.

Según los investigadores, la pérdida de infraestructura crítica en las primeras etapas de un conflicto descompondría la máquina de guerra del enemigo y afectaría gravemente su capacidad y voluntad de luchar.

"Esto podría cambiar el ritmo de las batallas y tener un impacto importante en cómo terminaría una guerra", dijeron, y agregaron que la fuerza del espacio cercano también podría apuntar a infraestructura civil, como las plataformas de lanzamiento de SpaceX en Estados Unidos.

"Las armas hipersónicas pueden atacar sitios de lanzamiento de cohetes, [destruyendo] la capacidad del enemigo para disparar misiles antisatélite contra nuestras redes de satélites civiles", dijeron los investigadores. "Estos ataques deben ser precisos, abrumadores y despiadados".

El espacio cercano comienza a una altitud de unos 20 kilómetros (12 millas) y alcanza el límite inferior del espacio a 100 kilómetros de la Tierra. El aire es demasiado fino para soportar aviones y demasiado denso para satélites en órbita, y los operadores militares lo evitan en su mayoría.

Las armas hipersónicas pueden volar en el espacio cercano a más de cinco veces la velocidad del sonido y engañar a los sistemas de defensa aérea con sus maniobras impredecibles. Algunos también están equipados con motores que respiran aire y utilizan oxígeno de la atmósfera para aumentar su autonomía.

China presentó las primeras armas hipersónicas en servicio del mundo en su desfile del Día Nacional en 2019. Desde entonces, otros países, incluidos Rusia, Corea del Norte e Irán, han desplegado tecnología similar, mientras que en Estados Unidos varios prototipos permanecen en fase de prueba.

El documento presentaba una vívida imagen de la sala de guerra del comando en el espacio cercano, donde “a menudo hay tensión en el aire”, con los altos comandantes y los soldados de primera línea trabajando codo con codo.

“Es muy probable que los altos funcionarios emitan algunas órdenes tácticas que no están dentro del alcance de sus responsabilidades, lo que hace que los funcionarios o combatientes de nivel inferior (es decir, los operadores de equipos de armas) no estén seguros de qué hacer, y esto puede afectar negativamente sus acciones”, decía.

Los investigadores dijeron que los comandantes de la fuerza necesitaban una "comprensión profunda" de las situaciones estratégicas internacionales, las políticas nacionales y las directrices estratégicas.

En una “guerra caliente”, los altos mandos del EPL deberían poder transferir algunos poderes de toma de decisiones a la fuerza para acortar los tiempos de respuesta, lo que impondría una carga adicional a sus comandantes, quienes necesitarían poder planificar y comandar el campo de batalla “desde un cargo alto y con amplia visión”, dijeron.

Los investigadores dijeron que los enemigos potenciales de China estarían muy conscientes de la existencia de la nueva fuerza y "probarían todos los medios posibles" para destruirla en caso de una guerra.

“El cuartel general de mando y las estaciones de control de la fuerza del espacio cercano serán los objetivos clave de los reconocimientos y ataques del enemigo. La competencia en torno a la destrucción y antidestrucción de estos objetivos será extremadamente intensa”, dijeron.

El nuevo comando dedicó un tiempo y recursos considerables a garantizar su propia supervivencia, según el periódico. "Están preparados para las situaciones más complejas y difíciles con una amplia gama de planes de respaldo".

También se esperaría que la fuerza del espacio cercano tomara el control total de las armas hipersónicas en otras ramas del EPL, por ejemplo si tuviera la misión de lanzar un ataque estratégico contra objetivos enemigos críticos, dijeron los investigadores.

“Esa coordinación puede ser un desafío. Será necesario que el comando del espacio cercano elabore rápidamente un plan de acción integral con órdenes detalladas”, agregaron.

El éxito de la fuerza en el espacio cercano dependería en gran medida de "estrategias y tácticas de combate innovadoras basadas en un análisis en profundidad de las debilidades del enemigo", afirmaron los investigadores.

La Armada del EPL está equipada con misiles antibuque hipersónicos que, según se afirma, pueden atacar una flota de portaaviones a más de Mach 10 desde más de 1.000 km de distancia.

A principios de este año, un globo chino provocó una disputa diplomática entre Beijing y Washington, cuando entró en el espacio aéreo estadounidense y fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El gobierno chino rechazó enérgicamente las acusaciones de que el globo llevaba dispositivos de recopilación de inteligencia, insistiendo en que se utilizaba para investigaciones científicas.