Extranjerización del Mar Argentino: se afirma la resistencia a las medidas que plantea Milei

“Es una bomba que va a generar una reacción impresionante”, avisó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca). Los gremios también se pusieron en pie de guerra y encima tuvieron que aguantar la chicana de la canciller Diana Mondino, que los trató de “tarados”.

La embestida oficialista tiene destino de naufragio: generó un sector pesquero unido por el espanto, en el sur y también en Mar del Plata, con la participación de cámaras empresariales, sindicatos, astilleros, fresqueros, congeladores y de la industria naval. Tanto prendió la mecha que en la Patagonia hasta los gobernadores tuvieron que salir a plantarse en conjunto. El pampeano Sergio Ziliotto hizo pública su «solidaridad» con sus pares de la región. En el partido bonaerense de General Pueyrredón, el intendente Guillermo Montenegro también se puso en contra. «Nos complica, disminuye los puestos de trabajo», dijo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le puso más pimienta al comunicado conjunto con sus pares patagónicos. «Más que desregular, no fomenta la industria y la posibilidad de agregarle valor. La pone en jaque. Y nos preocupan las formas. De manera inconsulta y llevándose puesto el Consejo Federal Pesquero», y añadió: «Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida». Este jueves tiene un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La furia del sur

En la Patagonia sur estalló la bronca en grande. El cóctel con asuntos locales derivó en un paro que en Chubut generó pérdidas millonarias en las últimas horas. La ley ómnibus pretende desregulaciones de tal gravedad que atacan de modo directo la producción, la rentabilidad, las fuentes de trabajo, la soberanía y el ambiente. La industria pesquera genera unos 46 mil puestos de trabajo directos. Hay en el país más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar y más de 1.000 buques pesqueros. Entre enero y noviembre de 2023, el sector exportó U$S 1.624 millones.

En Chubut, donde la pesca es la segunda actividad exportadora, Oscar Hughes, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), habló con Letra P y describió la iniciativa del Ejecutivo como un terremoto para el sector pesquero. “Directamente están eliminando la Ley Federal de Pesca; se perderían muchísimos puestos de trabajo, especialmente en tierra. No se puede permitir que venga cualquiera a llevarse nuestros recursos. Es un error gravísimo del gobierno nacional. Esta no es la libertad que se pretendía, la libertad es para otras cosas, no para generar la pérdida de fuentes de trabajo”, advirtió.

Hughes destacó el rol que tomaron los gobernadores y avisa: “Le ponemos el pecho a las balas en el inicio de 2024, que va a ser duro para los trabajadores y para los gremios, a los que nos quieren impedir las protestas y reclamar por los derechos que corresponden. Empezamos una lucha que no sé cómo va a terminar”.

El miércoles hubo una cumbre de gremios marítimos. Se declararon en alerta y movilización y en el reclamo se mezclan también la afectación del derecho a huelga y el retroceso de volver a pagar el impuesto a las Ganancias.

En la misma vereda, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca aseveró en un documento que la ley ómnibus “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, cruzó directamente a la canciller Mondino. La funcionaria dijo, para justificar la desregulación del sector: “no seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos. ¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?. Si hay algo que es de tarado es la pesca”.

El gremialista respondió que “esas ciudades de barcos, de las que habla Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200. Literalmente, no tiene ni la más remota idea de lo que habla y es firmante de un paquete de medidas y un DNU que destruye el trabajo argentino”.

El mismo posicionamiento tiene Luis Núñez, de la CGT del Valle-Puerto Madryn: «este modelo es de entrega de recursos al mejor postor, termina con la pesca en nuestro país tal como la conocemos. Va contra el interés nacional».

Chubut y las empresas

La medida inserta en la ley ómnibus deroga el Artículo 40 del Régimen Federal de Pesca, que establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra argentina (capitanes, maquinistas y marinería). También le quita facultades al Consejo Federal de Pesca. Chubut denunció que esa maniobra “hace muy poco democrática la toma de decisiones en relación a la materia pesquera”. Uno de los puntos cuestionados es que se permita trabajar con una tripulación extranjera o que se pueda descargar en los puertos con el permiso del secretario de Pesca de la Nación, sin intervención del Consejo Federal.

El secretario chubutense de Pesca, Andrés Arbeletche, fue una de las primeras voces contra la embestida, también sobre otro punto: “Las retenciones son una cuestión alarmante, un 15% que nos deja afuera de poder trabajar con la merluza. Nos trastoca todo y nos condena a exportar bloque de cola para que se haga el proceso en otros países, porque los números no dan. Contrariamente a generar trabajo, se lo castiga con más retenciones”, lamentó.

El sector empresarial organizado en Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina apuró su resistencia a la medida: lamentó que fue inconsulta, denunció la vulneración de derechos adquiridos y reclamó al Congreso una convocatoria. “Se deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada”, advirtió.

«Un tiro certero al desarrollo de la Industria Naval», define Sandra Cipolla, presidenta de Servicios Portuartios Integrados, entrevistada por el sitio especializado Pescare. También es contundente César Augusto Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel): «es un engendro».

La propuesta se rechazó de modo formal con firmas de asociaciones pesqueras de todas las regiones afectadas: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf); Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

Boiero, de la Capeca, resumió: “Es una irresponsabilidad total que genera inseguridad jurídica y va a provocar una grave crisis”.

En ese contexto conflictivo, en Chubut el Sindicato de Empleados Portuarios Argentinos (SUPA) paralizó la actividad en forma de protesta -se mezclaron también reclamos salariales locales- y según las cuentas oficiales generó una pérdida de 350.000 kilogramos de langostinos que no pudieron descargarse en las bodegas de los barcos. El empresariado calculó el costo en unos cinco millones de dólares. El paro arrancó el jueves 28 de diciembre y obligó a suspender la temporada, que se retomó este miércoles 3 de enero a partir de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

El sector empresarial estalló tras esa medida de fuerza. Incluso formalizó una denuncia penal contra el gremio, a la que le pusieron la firma Gustavo González de la Cámara Flota Amarilla, el empresario Fernándo Álvarez Castellano (Conarpesa), la Flota Artesanal y la Fiscalía de Estado.

Fuente: agendarweb.com.ar

¿Qué empresas del sector científico se verían alcanzadas por la Ley Ómnibus?

Compañías ligadas con el sector energético, espacial y de Defensa podrían ser privatizadas si avanza el proyecto del oficialismo. Las implicancias sobre áreas estratégicas.

Veng, una de las empresas que figuran en la Ley Ómnibus.

Empresas estatales asociadas ligadas al sector de Energía, de Defensa y de Desarrollo Aeroespacial se encuentran a al espera de la definición del proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ que el Ejecutivo envió al Congreso.

La iniciativa deja expuestas a privatización a un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras. En total suman 134.027 empleados, según los datos relevados de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) y distintas fuentes oficiales.

La gran mayoría son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022 como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos el año pasado la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, según un informe de la Fundación Libertad.

En el artículo 9 del extenso proyecto de ley que le entregó ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”. A su vez, en el artículo 37, se establece que “a los fines de las privatizaciones, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo Nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. De hecho, muchas de las empresas incluidas en el proyecto ya son sociedades anónimas y otras son sociedades del Estado. La gran pregunta es si habrá interesados en adquirir parte o todo del paquete accionario estatal de estas compañías.

Empresas estratégicas, también en la lista

En la actualidad se están conformando las comisiones para avanzar en el debate y un grupo de empresas consideradas “estratégicas” por su impacto en áreas clave de la economía y la actividad productiva, esperan la definición.

Se trata de compañías ligadas al sector científico y tecnológico que absorben el conocimiento de los organismos de Ciencia y Tecnología.

Los casos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitek, asociada al sector energéntico, y VENG, vinculada con el desarrollo aeroespacial, son emblemáticas. También, en Telecomunicaciones se encuentra ARSAT, que es clave para la interconexión de datos a nivel nacional.

En Córdoba, también, está FADEA (Fábrica Argentina de Aviones), que desarrolla e incorpora Investigación y Desarrollo para el sector de Defensa, al igual que INVAP, con la diferencia de que ésta última pertenece al estado de Río Negro.

En VENG desarrollan tecnología clave para el sector aeroespacial.

El proyecto de “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei promueve la privatización de 41 empresas estatales que tienen un impacto de importancia capital en el sistema productivo y científico-tecnológico.

El carácter estratégico de estas compañías radica en que la inversión pública que se destina a ellas no se puede calcular en términos monetarios inmediatos, al igual que se lo hace en el caso de empresas privadas, pero su impacto “intangible” a largo plazo es incalculable.

Empresas dentro de la Ley Omnibus, por cantidad de empleados.

Un caso es el de ARSAT y la llegada de conexión a escuelas y hospitales, o el desarrollo energético de empresas como CONUAR o Dioxitec, que abastecen a las centrales nucleares que “encienden” la actividad productiva día a día a través del sistema nacional de energía.

En cada uno de estos sectores hay razones productivas, financieras y sociales que cumplen un rol fundamental en la producción industrial, además.

VENG

VENG, la empresa dedicada al desarrollo satelital, ubicada en el predio de Falda del Cañete cuenta con 500 empleados, la mayoría radicados en Córdoba capital y su alrededores, todos de altísima capacitación, que ubican al desarrollo tecnológico nacional en el círculo privilegiado de pocos países que manejan todo su proceso de desarrollo. La empresa desarrolla tecnología que los países no venden, porque no quieren que otros países la posean. Así de simple. Su valor de mercado no está definido, pero su impacto productivo, científico y tecnológico es incalculable por el efecto dominó que implica para la actividad del país.

“La privatización de la empresa implica la pérdida de una herramienta estratégica fundamental para el país como son los servicios satelitales. Es una tecnología que aporta a los controles territoriales, sanitarios, agropecuarios. Carecer de estos servicios en el Estado implica gastos multimillonarios para el país”, dice uno de sus trabajadores.

VENG comparte el proyecto satelital como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo creado en 1991 que actualmente cuenta con dos satélites en órbita: SAUCOM 1A y 1B, mientras aguarda la concreción del proyecto de Satélite SABIA MAR, en desarrollo, para que apuntará exclusivamente a recabar información sobre el mar y las costas de argentina y Sudamérica.

Otro proyecto es el Tronador, lanzador argentino de satélites. “La información satelital aporta que el país maneje variables ambientales, de calidad de agua, sanitarias, mineras, climáticas, etc”, explican desde el organismo.

Fabricaciones Militares

En las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, en tanto, se desempeñan más de 800 trabajadores entre las dos ciudades.

En el caso de Villa María, planta cuenta con unos 420 trabajadores entre su área administrativa y la productiva. El secretario General de la Junta Interna de FFMM Villa María, Jonathan Cruzeño, dice que la fábrica se encuentra trabajando al 50% de capacidad por falta de materia prima, y de mantenimiento y de inversiones por parte del Estado. “Tenemos contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos un componente activo que se usa para la elaboración de dinamitas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que se utiliza para pólvoras o la fabricación de explosivos propios”, explica.

Y recuerda que FFMM no da pérdidas. “Es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando lo que producimos”, enfatizó.

Del mismo modo, Mayra Luján, delegada de ATE de la Fábrica Militar de Río Tercero, indicó entre la planta química y la metalmecánica, hay 384 trabajadores.

FAdeA, también podría ser privatizada.

“En la planta química producimos ácido nítrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico y éter. Y en la planta Metalmecánica nos dedicamos a la reparación de vagones para recargar granos, y ahora estamos desarrollando un proyecto para armar los kits de los jeeps de exploración para el Servicio Militar”, explicó.

La delegada dijo que la empresa produce no solamente para el Estado, sino también para “privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata para hacer reparaciones”.

Dioxitek

Dioxitek es una empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60 y es única en su tipo en el país. El polvo de dióxido de uranio es utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para los argentinos. En la planta de Alta Córdoba, trabajan cerca de 300 empleados.

Trabaja junto a otros organismos del sector nuclear, como Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), CONUAR, PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, Neuquén) y CNEA.

Otra de las empresas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la firma estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares del país, tiene en su planta 3.188 trabajadores. En tanto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), cuya función es controlar el tránsito aéreo y coordinar los servicios de información y comunicación aeronáutica para los vuelos, cuenta con 2.472 empleados.

Dioxitec, tecnología para el sector de energía.

Universidades

En el listado figuran además dos medios universitarios, Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, que tiene 283 trabajadores, y Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, con 62. Son los únicos dos medios universitarios del país que son sociedades anónimas desde 1979, para poder emitir publicidad por lo que, si bien tienen asignados una partida en el Presupuesto nacional, tienen otras vías de ingreso.

Yacimientos Carboníferos Fiscales, la empresa estatal que se dedica a la explotación, transporte y comercialización del carbón del Yacimiento Río Turbio, en Santa Cruz, también está en el listado de las empresas sujetas a privatización. Con 2.187 trabajadores, es conocida como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el nombre adoptado cuando había sido privatizada hasta pasar nuevamente a manos del Estado, que hoy la maneja a través de un interventor.

En el Anexo I del proyecto de ley figura, asimismo, Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, cuenta con 1.673 trabajadores; Fabricaciones Militares, con 1.471; la Casa de la Moneda SE dedicada a la impresión de billetes, con 1.411; y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, que emplea a 939 personas.

Puertos

La Administración General de Puertos, que hoy cuenta con 782 empleados, es otro organismo estatal que podría privatizarse, así como la Empresa Argentina de soluciones Satelitales (ARSAT) que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y emplea a 777 personas.

En el proyecto también figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que registra 504. Esta empresa es, sin embargo, controlada en un 60% por el gobierno de Catamarca, y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, en la que el Gobierno nacional designa el presidente.

En el Anexo I del proyecto de ley también figuran TANDANOR, talleres que emplean a 507 trabajadores; Vehículo Espacial Nueva Generación SA (VENG) la empresa aeroespacial argentina que cuenta con 470 empleados; y EDUC.AR, que tiene a cargo el portal educativo del Ministerio de Educación, con contenidos y recursos digitales para docentes y estudiantes, que tiene 464 personas en su planta.

Energía

Por su parte, Energía Argentina SA (ex ENARSA) tiene 374 personas en su planta de personal, y es la firma que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, su distribución, comercialización e industrialización de sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, y la generación y comercialización de energía eléctrica.

El listado de las 41 empresas sujetas a privatización incluyen a DIOXITEK SA, una empresa con 264 empleados creada en 1996 y dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes. También se dedica a producir fuentes selladas de Cobalto 60 que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas.

El proyecto también menciona al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la sociedad del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), la desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación; la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad; y el Polo Tecnológico Constituyentes SA, creado en 1998 en la localidad bonaerense de Villa Martelli e integrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y el Servicio Geológico Minero.

https://periferia.com.ar/politica-cientifica/que-empresas-del-sector-cientifico-se-verian-alcanzadas-por-la-ley-omnibus/

UNLP: con Aeroespacial a la cabeza, Ingeniería registró un récord de inscriptos

De cara al ciclo lectivo 2024, un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La cifra representa un incremento del 32%, tomando como referencia las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes. A partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

Rossana Di Domenicantonio, secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, afirmó que Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año “explotó” de inscriptos. Cabe recordar que a partir del año 2020 la carrera cambió de denominación – anteriormente era Aeronáutica – y de un promedio de tan sólo 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos. En el 2022 el estudiante David Williams se convirtió en el primer egresado de Ingeniería Aeroespacial, mientras que este año se graduó la primera mujer, Valentina Marletta.

“Es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”, mencionó.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería" (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

La secretaria señaló, asimismo, que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. En el caso de esta última -anteriormente Ingeniería Electricista- se inscribieron este año 64 alumnos. Es importante resaltar que el 21 de diciembre pasado egresaron de la Facultad los primeros 4 ingenieros en Energía Eléctrica del país. Tanto estos profesionales como otros jóvenes recibidos en los últimos años son muy requeridos por empresas e instituciones de diferentes provincias argentinas.

En el caso de Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes. Este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

Desde la Secretaría Académica de Ingeniería se indicó que el plan “se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería”. Además, “se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”.

Ingeniería Industrial también es muy elegida por los ingresantes. Los profesionales que egresan de dicha carrera tienen la formación necesaria para desempeñarse en diversas industrias.

Cursada intensiva de verano

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario. La materia se dicta durante enero y febrero. Las clases son presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Di Domenicantonio recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

La profesora recalcó que “la Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”.

https://www.impulsobaires.com.ar/nota/312347/unlp-con-aeroespacial-a-la-cabeza-ingenieria-registro-un-record-de-inscriptos/

La Universidad Nacional de La Plata, con récord de inscriptos en Ingenierías

En total, 2020 alumnos se inscribieron en las 13 carreras de la Facultad. Ingeniería Aeroespacial lidera el ránking y marca un nuevo año con crecimiento sostenido.

La UNLP, con récord de inscriptos en las ingenierías.

Un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar en alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un incremento del 32% respecto a las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década y dejando a la carrera de Ingeniería Aeroespacial como la más requerida.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes y a partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

“La carrera de ingeniería Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año explotó de inscriptos”, afirmó la secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, Rossana Di Domenicantonio, la cual de un promedio de 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos.

En ese sentido, se detalló que “es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería” (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

Aeroespacial

A su vez, se destacó que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. Mientras que Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes y este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

“El plan se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería. Además, se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”, se precisó.

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario.

La materia se dicta durante enero y febrero con clases presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Se recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

“La Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”, recalcó Di Domenicantonio. (Télam)

https://periferia.com.ar/Desplazamientos/la-universidad-nacional-de-la-plata-con-record-de-inscriptos-en-ingenierias/

¿"Todo lo que hace el sector público lo hace mal"? La historia de ARSAT e INVAP, empresas de vanguardia y rentables

Con el lanzamiento de ARSAT-1, Argentina se convirtió en uno de los únicos ¡ocho! países del mundo capaces de diseñar y construir sus propios satélites. La empresa estatal INVAP exporta reactores nucleares a Australia, Holanda y Arabia Saudita. Para defender algo hay que quererlo y para quererlo hay que conocerlo.

Por Claudio Cormick y Valeria Edelsztein

Foto: ARSAT

Cuando apretó el botón y el satélite partió, la ingeniera electrónica Ana Caumo giró, levantó su pulgar y miró a cámara. Aunque todo un país estaba pendiente del despegue, viéndolo por televisión, su familia sintió que ese gesto estaba dedicado a ellos. Reunidos con camisetas de Argentina y la emoción a flor de piel, acompañándola y apoyándola, nadie pudo contener las lágrimas.

Ana había sido la responsable del equipo encargado de fabricar, probar y lanzar al espacio al ARSAT-1, un hito que convirtió a nuestro país en una de las únicas ocho naciones que desarrollan, producen y operan sus propios satélites geoestacionarios.

Foto: ARSAT

Nacida en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Ana es “hija” del sistema público de enseñanza: atraída por el mundo de las ciencias exactas se fue de La Pampa para estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió en 2005. Al poco tiempo de su graduación, viajó a Bariloche para trabajar en INVAP, la empresa estatal argentina —propiedad de la provincia de Río Negro— que desarrolla proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria nuclear, espacial y de comunicaciones. Allí, se unió a un equipo con una gran misión: construir el satélite ARSAT-1. No se trató del primer satélite argentino. Ya desde la década del ‘90 se había logrado poner en órbita los Satélites de Aplicaciones Científicas, la llamada serie SAC. Pero sí fue el primero geoestacionario.

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Un satélite geoestacionario orbita a 36.000 km del centro de la Tierra, siguiendo una trayectoria sobre el ecuador y rotando a la misma velocidad angular que nuestro planeta. Esto hace que pueda mantenerse constantemente «arriba» de un lugar específico, y de allí su mote de “estacionario”. Podemos imaginarlo como si estuviera conectado mediante un inmenso soporte invisible a la superficie terrestre. En este caso, justo arriba de Argentina: gira la Tierra, gira el país, gira el satélite, todo a la misma velocidad y no se mueven uno respecto del otro.

¿Por qué querríamos algo así? Si cuando vamos por la ruta solemos “perder señal” porque nos alejamos de las antenas que están en las grandes ciudades, podrán imaginarse que en lugares realmente remotos del país, como las escuelas rurales, el acceso a Internet corre el riesgo de ser simplemente inexistente. Con un satélite geoestacionario eso no pasa: tenerlo permanentemente sobre nuestras cabezas es como contar con una antena gigantesca que ofrece servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos y televisión digital, y conecta entre sí y con el resto del mundo a los pueblos más alejados de la Argentina.

Hasta el año 2004, la empresa encargada de operar un satélite geoestacionario de comunicaciones para el país, el satélite Nahuel 1A —de construcción europea— fue la privada Nahuelsat. En aquel año, sin embargo, la empresa, que ya arrastraba dificultades para competir con sus contrapartes estadounidenses en el mercado de servicios satelitales a partir del “convenio de reciprocidad” firmado por el gobierno de Menem, se declaró en quiebra. Esto fue muy preocupante porque las posiciones orbitales para la colocación de satélites artificiales no son infinitas, su distribución está regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el colapso de la empresa ponía al país en riesgo de perder una de las posiciones que tiene asignadas. Afortunadamente, el Estado presente logró, gracias a diversas negociaciones, mantener la posición orbital 81° de Longitud Oeste hasta poder ocuparla con nuestro propio satélite.

ARSAT-1 fue lanzado en octubre de 2014 con el cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa. Puede parecernos curioso el lugar elegido, pero esto no es un capricho. Enviar un cohete al espacio requiere de mucha potencia porque es necesario “vencer” la fuerza de gravedad que lo atrae hacia la Tierra. Y resulta ser que la fuerza de gravedad no es igualmente intensa en todos los puntos de la Tierra: es mayor en los polos que en el Ecuador. Aunque para los seres humanos está diferencia sea imperceptible, para un cohete no lo es y, por eso, las plataformas de lanzamiento suelen estar ubicadas lo más cerca posible de la línea imaginaria que divide al hemisferio norte del sur. Uno de estos lugares es la Guayana Francesa.

Ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la soberanía argentina en ciencia y tecnología, motivo de orgullo para nuestro sistema educativo público y nuestras universidades nacionales.

Pero ARSAT-1 es solo uno de los logros de INVAP.

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Esta empresa fue creada en 1976 a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de la provincia de Río Negro. La localización no es casual: Río Negro es la provincia donde se encuentra el Instituto Balseiro, otra joya del sistema universitario público. Fueron sus egresados quienes elaboraron el proyecto que daría lugar a la empresa, inicialmente llamada Investigaciones Aplicadas.

Mucho antes de su rol en el desarrollo del satélite geoestacionario, la empresa ganó prestigio a nivel internacional por la construcción de reactores nucleares, de crucial importancia, dicho sea de paso, para la transición energética a fines de mitigar el calentamiento global. Entre sus logros más destacados se encuentra la construcción de un reactor en Sidney, Australia, que comenzó a operar en 2007, y, más recientemente, de uno en Arabia Saudita y otro en los Países Bajos (ex Holanda). INVAP también es responsable del desarrollo de la Central Argentina de Elementos Modulares o CAREM, un proyecto de reactor nuclear, de vanguardia a nivel mundial, susceptible de ser fabricado en pequeñas instalaciones y de contribuir a la generación de energía para zonas aisladas y el abastecimiento de parques industriales.

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La defensa de los desarrollos científicos y tecnológicos estatales no puede limitarse a hablar únicamente de números. En una columna anterior ya hemos defendido el rol de la investigación con fondos estatales en enfermedades “de pobres”, aquellas en las que “el mercado” no se interesa. Pero, justo en este caso, INVAP y ARSAT no solo muestran que la ciencia y la tecnología argentinas son de vanguardia. Además son rentables. Y mucho.

Con su historial de desarrollos de excelencia y licitaciones ganadas son una piedra en el zapato para el “relato” de los cultores del libre mercado que celebran la inversión privada como clave del desarrollo, añoran un país agroexportador sin desarrollo industrial ni científico y con brutales niveles de desigualdad, y desacreditan el rol de las empresas públicas.

Sus logros son un orgullo y conocerlos es crucial a la hora de pensar colectivamente qué desarrollo futuro queremos para sociedades como la nuestra; es reconocer la importancia de tener una comunicación integral en todo nuestro territorio, sin depender de decisiones empresariales extranjeras o privadas; es dimensionar el enorme talento humano del que disponemos capaz de alcanzar proezas tecnológicas como estas, y que son exclusivas de muy pocas naciones en el mundo, y es respaldar el progreso en ciencia y tecnología que permite el crecimiento de los países y la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Foto: INVAP

Fuente: tiempoar.com.ar

Argentina tendrá la primera planta de fabricación de robots no tripulados de Latinoamérica

Es un emprendimiento de la compañía American Robotics, de Gualeguaychú, y el gobierno de Entre Ríos con una inversión de cinco millones de dólares. Comenzará a operar en marzo de 2024.

En Entre Ríos se construye la primera planta de robots no tripulados de Latinoamérica.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, recibieron a Sebastián Mirich, presidente del Grupo Mirich y de la firma American Robotics, para definir detalles de la construcción de la primera planta de fabricación de robots no tripulados de Latinoamérica, en la ciudad de Gualeguaychú.

La reunión se concretó en la Casa de Gobierno entrerriana y fue calificada de “altamente provechosa” por el titular del Poder Ejecutivo ya que, además de su inversión, la empresa brindará trabajo calificado a más de 100 personas, según lo anticipado por el empresario, quien concurrió acompañado por la secretaria de Inversiones de la Municipalidad de Gualeguaychú, Estela Miño.

“Es la puerta de entrada a otras oportunidades de negocio en el territorio. Es una industria del conocimiento de punta, que elige a la provincia de Entre Ríos, y puntualmente a la ciudad de Gualeguaychú, por las ventajas comparativas y competitivas que ofrece”, destacó la funcionaria gualeguaychuense.

La planta iniciará su construcción en marzo de 2024.

Sebastián Mirich, de American Robotics, se reunió con el gobernador, Rogelio Frigerio.

American Robotics

“American Robotics”, radicada en Gualeguaychú, realizó, entre sus últimos diseños, un prototipo de vehículo no tripulado con el objetivo de brindar apoyo y seguridad a los expertos en la Antártida.

Bautizado “Skúa” como el ave antártica, está equipado con sensores que le permiten detectar grietas cubiertas por la nieve y trazar caminos seguros.

Así serán los desarrollos que planean para la nueva planta. La empresa tecnológica se encuentra desplegando en bases antárticas de Argentina el nuevo prototipo de un vehículo no tripulado, concebido para ayudar a los investigadores a moverse con seguridad en el continente blanco y colaborar con sus tareas logísticas y científicas, se informó.

Skua está equipado con sensores que le permiten detectar grietas cubiertas por la nieve y trazar caminos seguros, sus sensores meteorológicos colaboran con el registro de datos científicos de diversas investigaciones y además se lo dotó de una inteligencia artificial que le permitiría llevar adelante de forma autónoma tareas como el relevamiento de las poblaciones de pingüinos.

De Entre Ríos al mundo

“American Robotics” está integrada por 18 tecnólogos y desarrolladores que durante el verano pasado pusieron a prueba en las bases Marambio y Esperanza al primer prototipo del “Skúa”, que mide cerca de 1,40 metros de largo, 0,70 de ancho y 1,40 de alto, y pesa cerca de 300 kilos.

Los aprendizajes de esos ensayos llevaron al desarrollo del “Skúa II” que tendrá su debut en el continente blanco durante el próximo verano y será bastante más grande que su antecesor con cerca de 2,10 metros de largo, 1 de ancho y 1,70 de alto, con un peso cercano a los 600 kilos.

“El ‘Skúa’ fue diseñado para liderar las caravanas mientras monitorea la superficie con sus sensores para identificar grietas ocultas, y en caso que encuentre este tipo de peligros trazar una ruta alternativa que sea segura”

Este nuevo modelo aumentará su autonomía agregando un generador a combustible que extienda su autonomía eléctrica de 8 horas, dispondrá de plataformas que faciliten colocarle cargas y también incluye ganchos para que pueda ser transportado de una base a otra colgándolo debajo de los helicópteros.

American Robotics trabaja desde hace unos tres años en el desarrollo de vehículos no tripulados para tareas de seguridad corporativa como vigilancia de complejos industriales, barrios cerrados, o campos. “Vimos que se habría un campo de necesidades en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y comenzamos el desarrollo de una plataforma híbrida que pueda atender ambos grupos de necesidades”, dijo Sebastián Mirich.

Sebastián Mirich, durante la prueba del robot Skua, en la Antártida.

En la mira del sector de Defensa

El desarrollador sostuvo que “el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) tomó contacto con nosotros hace unos dos años con la necesidad de un vehículo no tripulado, que pueda acompañar las expediciones en la Antártida para ir detectando grietas que pueden tener más de cien metros de profundidad y que pueden ser cubiertas por una nevada, lo que expone al personal a caer en cualquiera de ellas con sus vehículos y todo como lamentablemente sucedió en alguna oportunidad”.

“El ‘Skúa’ fue diseñado para liderar las caravanas mientras monitorea la superficie con sus sensores para identificar grietas ocultas, y en caso que encuentre este tipo de peligros trazar una ruta alternativa que sea segura”, añadió.

Mirich destacó que “los múltiples sensores de temperatura, partículas de carbono en el aire y otros parámetros ambientales integrados en este vehículo también suman esos registros a las investigaciones científicas, mientras que en estos momentos estamos alimentando a la inteligencia artificial con numerosas imágenes de pingüinos para que este robot pueda facilitar el monitoreo de las poblaciones de estas aves que en la actualidad es llevado adelante por observadores humanos con cuentaganado”.

“Haber llevado la primera versión del ‘Skúa’ a la Antártida durante el verano pasado nos permitió corregir varios aspectos del diseño como hacerlo un 50 por ciento más grande, ensanchar sus orugas, aumentar su ángulo de despeje, mejorar el sistema de calefacción interno, y hacerlo aerotransportable entre otras mejoras, todo esto es posible porque es una plataforma totalmente autóctona desde el diseño hasta la matricería y el software; el motor y los sensores son importados por una cuestión de escala pero el proyecto es completamente nacional”, destacó.

Nuevos desarrollos de American Robotics

El investigador adelantó que “además del ‘Skúa II’, este verano vamos a desplegar en la Antártida a la ‘Mula’, un UGV desarrollado para transportar cargas y que estamos interesados en ver cómo se comporta en el ambiente antártico, y vamos a tratar de volver a llevar a las pruebas el ‘Skúa I’ porque podríamos aumentar los datos sobre la operación del software que es el mismo”.

Está previsto que los robots sean desplegados en la Antártida durante el próximo mes de febrero y que las pruebas se lleven adelante en proximidades de las bases Marambio, Esperanza y Orcadas.

Fuente: periferia.com.ar

Chubut explora un acuerdo con Estados Unidos para que buques norteamericanos puedan patrullar la costa Argentina ante pesca ilegal

En un esfuerzo por combatir la persistente problemática de la pesca ilegal en las costas patagónicas, específicamente en Chubut, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. Según lo informado por El Chubut, la reunión no solo se centró en posibles inversiones, sino también en una alianza estratégica para patrullar conjuntamente las aguas territoriales.

La propuesta contempla que buques de guerra de bandera norteamericana tengan acceso para patrullar la costa o eventualmente amarrar en puertos nacionales.

Durante años, las costas patagónicas han experimentado prácticas ilegales que han tenido un impacto devastador en el caladero local. La presencia masiva de buques, en su mayoría de bandera china, ha llevado a una disminución alarmante de recursos, afectando sectores clave de esta industria nacional. La iniciativa liderada por Torres busca establecer un marco de cooperación con Estados Unidos para llevar a cabo patrullajes más efectivos y disuadir la pesca ilegal. La propuesta apunta a “garantizar la protección de los recursos marítimos de Chubut y fortalecer la infraestructura portuaria local”.

Acuerdo y mecanismos de patrullaje

La visita del embajador Stanley a emprendimientos productivos en Sarmiento, Chubut, proporcionó el escenario para discutir en profundidad las preocupaciones y objetivos compartidos. Como señaló El Chubut, “Torres manifestó su preocupación por resolver el problema de la pesca ilegal en una región estratégica como la Patagonia”.

La concreción de este acuerdo requerirá una coordinación meticulosa entre diversos actores, incluidos los departamentos de Defensa y Cancillería de Argentina, así como el gobierno estadounidense. El objetivo principal es establecer un sistema de patrullaje que permita proteger la soberanía marítima sin recurrir a medidas extremas.

Fuente: escenariomundial.com

La Ley Ómnibus propone el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

El proyecto de ley dedica parte de su tercer capítulo a la actividad pesquera nacional. Propone liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina

Por Fernando Morales

El artículo 245 del proyecto de ley propone cambios para el sector.

Mientras que la Marina Mercante Nacional celebraba la definitiva marcha atrás del gobierno de Javier Milei respecto a su intención de eliminar la ley de cabotaje marítimo que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional, el sector pesquero se encuentra en estado de shock por el giro copernicano que la llamada Ley Ómnibus propone para el sector.

El fin de la Zona Económica Exclusiva Argentina

“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo 245 de la norma entregada en mano durante el pasado miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nuevo texto modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Dicho en lenguaje llano, para ejercer actividades de pesca comercial en aguas argentinas, la norma vigente indica que los buques deben pertenecer a empresas radicadas en el país con buques que enarbolen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos.

La ley ómnibus plantea el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

Para los principales referentes del sector, este cambio de paradigma va más allá de lo que internacionalmente hacen todos los países con litoral marítimo, que es reservar para sí las actividades extractivas dentro de las 200 millas. Los especialistas consultados señalan ante Infobae que la propia Convención Internacional sobre Derecho del Mar aprobada por la ONU en 1982 reconoce este derecho.

La opinión del sector empresario

“Aún estamos tratando de interpretar cuál sería la ventaja para el país de todo esto. No nos esperábamos que una ley que pretende desregular actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado propinara semejante golpe a una actividad totalmente privada que es ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, generando miles de puestos de trabajo, valor agregado y miles de millones de dólares fruto de la exportación de casi el 90% de lo capturado en el mar”, señala el presidente de una de las cámaras empresarias.

Consultado al respecto, Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, sostiene: “La sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”.

Y agrega: “Como consecuencia de la sanción de esa ley, las empresas obtuvieron sus ‘Cuotas de Captura’ sobre la base de las inversiones realizadas en el país, las exportaciones efectuadas, el promedio de capturas legales realizadas, de productos pesqueros elaborados y, también, para su otorgamiento, se analizaron los antecedentes de sanciones aplicadas a las mismas”.

Vista general de contenedores en el Puerto Comercial de la ciudad de Buenos Aires.

Con la presentación de este proyecto denominado Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, “se introducen profundos cambios en la legislación pesquera que pueden tener consecuencias sumamente graves para las empresas del sector y también para el personal que desarrolla sus actividades en las mismas”, sentencia el empresario pesquero.

“Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, concluye Rivera, no sin antes manifestar el enérgico rechazo del sector que representa a la nueva normativa. Por estas horas, y sin solución de continuidad, se realizan reuniones en las diferentes cámaras empresarias del país.

“Acá no podemos hablar de monopolio ni de oligopolio; hay decenas de empresas pesqueras, algunas de pesca de altura y otras costeras. También nos diferenciamos por el objetivo a capturar y los tipos de buque que utilizamos”, indican los empresarios. Un vocero de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) ante la consulta de Infobae indica: “La industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.

Desde la misma cámara empresaria también alertan: “Una reforma en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento pondrá en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Todo ello merece un tratamiento serio y sin apresuramientos, ya que la pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esta situación”.

La visión de los trabajadores

Por otra parte, desde el sector gremial se observa con preocupación la derogación del artículo 40 de la ya mencionada ley 24.922, que estipula la composición de las tripulaciones, reservando para los trabajadores argentinos el 100% de los puestos de oficiales y el 75% de los correspondientes al personal subalterno. De aprobarse la propuesta libertaria, los armadores estarían en libertad de acción para contratar tripulantes extranjeros sin estar sujetos a los requisitos que rigen para los trabajadores radicados en el país.

Alertados acerca del contenido del proyecto de ley, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, mediante nota firmada por su titular, Capitán Jorge Frías, los pescadores solicitaron al presidente Javier Milei el pasado 19 de diciembre una entrevista para ponerlo al tanto de la situación de la actividad. La misiva enviada por el gremio con mayor representatividad en el sector indica: “En mi carácter de Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca en representación de los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, me dirijo a usted con el objeto de solicitarle una reunión a los efectos de abordar la problemática actual de la actividad de la pesca industrial en la Argentina, en relación a las medidas económicas adoptadas y las que se anuncian por los medios de difusión que se adoptarán próximamente”.

El proyecto ley ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo.

Y finaliza: “En este sentido, es intención de esta organización hacerle llegar en forma directa la visión de los Capitanes y Oficiales de los Buques pesqueros con respecto al desarrollo actual de la actividad pesquera, que se ha convertido a lo largo de los años y como producto del esfuerzo de la totalidad de los actores involucrados en la misma, en una importante fuente de alimento, trabajo y divisas para nuestro país”.

Infobae pudo saber de forma directa desde la Asociación que nuclea a los pescadores que el envío no tuvo respuesta. Por su parte, la Liga Naval Argentina expresó su preocupación por el proyecto al sostener que la actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país y, al mismo tiempo, generadora de miles de puestos de trabajo, que incluye desde el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, pasando por el procesamiento en plantas terrestres, hasta su distribución para ser exportado o bien para el consumo interno.

Desde la misma institución señalan: “En lo que respecta a lo que hasta ahora se conoce como Zona Económica Exclusiva, de aprobarse esta medida, se producirán necesariamente cambios radicales”.

“En primer lugar, la zona dejaría de ser exclusiva, con lo cual perdería sentido su actual denominación. Por otra parte, independientemente de la actividad de la Prefectura Naval y la Armada Argentina en el control y prevención de la pesca ilegal en la milla 200, la autoridad marítima realiza dentro de la hasta ahora reconocida como zona exclusiva controles aleatorios en los pesqueros de matrícula nacional en todo lo atinente a seguridad marítima, dotación a bordo y cualquier otra que haga a la navegación”, subrayan los académicos.

Y concluyen: “La existencia de buques extranjeros pescando implicaría un freno a esta actividad netamente policial, ya que, en principio, salvo presunción de un ilícito, las facultades de la PNA se verían limitadas. Es todo tan novedoso que las derivaciones de esta normativa aún no pueden ser cuantificadas”.

Al cierre de esta nota, la totalidad de los gremios marítimos que nuclean a distintos sectores del personal embarcado se encuentran preparando comunicados y pedidos de audiencia ante funcionarios de la Subsecretaría de Pesca de la Nación. La dependencia oficial quedó en manos del Director Nacional de Pesca designado oportunamente por el gobierno anterior, Julián Suárez, quien ha sido confirmado en su cargo por al menos 180 días más, contados a partir del 10 de diciembre del corriente año.

Fuente: infobae.com

Derogación de Ley de Tierras: "Es como poner cartel de venta a la Patagonia"

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, sostuvo el abogado del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos.

El Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó este jueves en la justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto presidencial que deroga la llamada Ley de Tierras al advertir que habilita "la extranjerización de la tierra" y pone en crisis la "soberanía nacional" al punto que implicaría "poner un cartel de venta a nuestra Patagonia".

Así lo indicó este jueves el abogado patrocinante del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, al explicar que en la presentación judicial pidió que se anule el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Los argumentos interpuestos por el CECIM refieren a que el DNU "violenta derechos y garantías constitucionales" al modificar una ley nacional de rango superior y "dejando prácticamente sin efecto lo dispuesto por la mencionada Ley de Tierras, que reviste carácter de orden público".

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, añadió el letrado.

Y, agregó “se trata de dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad y disposición del suelo argentino, sino también, los ojos y/o cursos de agua dulce”.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos, sostuvo el CECIM platense.

“Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo”, dijo el abogado.

Y concluyó: “Si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de venta a nuestra Patagonia, a nuestros campos, a los cursos de agua, a los ojos de agua”.

Fuente: telam.com.ar

Glaciares, bosques y quema de tierras: qué plantea la Ley Ómnibus para el cuidado del ambiente

El proyecto impulsa cambios en las autorizaciones para el inicio del fuego y modifica la jerarquización de las áreas autorizadas para el desmonte. Los detalles de las modificaciones.

Por Maria Eugenia Cazeneuve

Ley Ómnibus busca reformar normativas sobre glaciares y bosques en Argentina (David English)

El proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso de la Nación para ser tratado en sesiones extraordinarias, dedica el capítulo tres a reformas de leyes claves para el ambiente.

La iniciativa del Gobierno del Presidente Javier Milei propone modificaciones a la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Estas modificaciones van desde la ampliación de zonas autorizadas para el desmonte a la autorización de actividades productivas en zonas periféricas a las grandes masas de hielo de la Patagonia. Aquí, el detalle de las reformas propuestas:

Cambios en la Ley de bosques

El proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei propone modificar el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como Ley de Bosques) por el siguiente: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.

Así, la modificación elimina las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente que establece qué tipo de información deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sobre las actividades ambientales que desarrollen. También se elimina la obligación de las autoridades nacionales del área de presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país.

La reforma impulsa también cambios en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa. La joven activista ambiental Nicki Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina, planteó: “En la ley actual se establece una especie de semáforo para la deforestación. La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibido la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”.

Respecto al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el proyecto modifica los primeros ítems del artículo 31 de la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En ese sentido, Becker advirtió en un video subido a sus redes sociales que estas reformas, le quitan al Estado recursos que hoy están disponibles para el cuidado de los bosques según la normativa actual: “Antes se financiaba con un 0,3% del PBI y 2% de las retenciones. Si bien es verdad que nunca se cumplió esto, ahora el Gobierno (de Milei) va a poder decidir cuánto financiarla de manera discrecional”.

Cambia la modalidad de la información de desmonte de bosques nativos que deben brindar las personas físicas o jurídicas sobre la calidad ambiental de las actividades que se desarrollan en dichos terrenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en Ley de Quemas

Según las modificaciones al artículo 3 de la Ley N°26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema se establece la prohibición “en el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente”.

Sin embargo el texto de la Ley Ómnibus detalla que dicha autorización será otorgada “en forma específica en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud de la autorización” y en el caso de que transcurra el plazo sin que la autoridad competente se expida expresamente “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”.

Becker señaló que con la normativa actual “si un productor quiere quemar la tierra, para ´limpiarla´, que es una práctica totalmente habitual, hoy tiene que pedir permiso al Estado. Esto es así porque la mayoría de los incendios que vemos son intencionales, empiezan con un fuego pequeño que después no se puede controlar. La modificación (a la ley vigente) lo que plantea es que si se hizo una solicitud y no se contesta en el plazo de 30 días, queda de todas formas habilitado a poder iniciar el incendio”.

Cambios en la Ley de Glaciares

La ley proyectada contemplaría actividades económicas en áreas periglaciares, aumentando la vulnerabilidad de los glaciares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley Ómnibus plantea cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº26.639, que regula la protección de los glaciares en Argentina.

La iniciativa de La Libertad Avanza contempla la protección de las siguientes geoformas: “Los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial, en la medida que dichas geoformas se ubiquen en el territorio de la República Argentina”.

También establece que “los glaciares constituyen bienes de dominio público de la Nación o de las Provincias según el territorio en el que se encuentren”.

Además, los glaciares deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser protegidos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

“Hoy, en la zona Periglaciar no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero con esta modificación se podría. Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. La ley no está aprobada. Todavía queda mucho por hacer”, remarcó la líder de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.

Mercado de carbono

También se impulsa crear un mercado de carbono con controles sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de los distintos sectores de la industria y servicios. El texto del proyecto señala que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento, penalizarlo”

“En materia energética se prevé una agenda integral en el marco del Acuerdo de París a los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI), con la creación de un mercado de derechos de emisión de GEI, con amplia y decisiva participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático”, dice el texto enviado al Congreso.

Fuente: infobae.com