Fuerte advertencia de científicos al Congreso: "El DNU puede ser una condena a muerte"

Un grupo de los más destacados investigadores del país firmó una declaración en la que le reclamaron a los legisladores que consideren los graves peligros que entraña el DNU de Milei para las capacidades científico-tecnológicas indispensables para el desarrollo.

Un grupo de los más destacados investigadores del país, referentes en la Argentina y en el mundo, como Juliana Cassataro, Gabriel Rabinovich, Carlos Balseiro, Andrea Bragas, Alicia Dickenstein, Karen Hallberg, Fernando Stefani y muchos otros (lista al final), firmaron una declaración en la que advirtieron a los legisladores -que actualmente debaten las reformas y desregulaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei- su alarma "por la posible pérdida y deterioro de recursos y capacidades estratégicas", y expresan profunda preocupación por algunas iniciativas del gobierno contenidas en el DNU 70/2023 que, de concretarse, representarán "una condena a muerte de capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo a futuro".

"En particular –afirmaron–, queremos llamar la atención de los legisladores por la posibilidad que abre el DNU referida a la venta y/o cesión irrestricta a capitales extranjeros de territorio (incluidos aguas y glaciares), cielos, espacio exterior y empresas estratégicas. Estas medidas representan una cesión de soberanía nacional sin precedentes, y una amenaza existencial a la seguridad y a las posibilidades de desarrollo económico, social, y cultural de la Argentina.

"Estamos a favor de la inserción económica del país en el contexto global, pero esto debe hacerse con visión estratégica, defendiendo el interés nacional, protegiendo el ambiente y resguardando las posibilidades presentes y futuras relativas al bienestar del pueblo argentino. La venta y/o cesión de nuestro territorio a capitales internacionales pone en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos naturales, el suministro de agua y la integridad ecológica. Tierras, aguas, cielos, y espacio exterior, son fundamentales para la economía y para la defensa del país. Su apertura desregulada conduciría a un aumento de la vulnerabilidad frente a amenazas externas y a una pérdida de soberanía. Estos recursos, junto con empresas estratégicas de participación estatal, como YPF, son claves para el desarrollo tecnológico y la competitividad económica. Su apertura desregulada conduciría a un aumento de la vulnerabilidad frente a amenazas externas y a una pérdida de soberanía. Estos recursos, junto con empresas estratégicas de participación estatal, como el caso de YPF, son claves para el desarrollo tecnológico y la competitividad económica del país.

"Si bien consideramos que el citado DNU define también otras normas cuestionables, como las referidas al campo de los derechos individuales y laborales, depositando en el Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Congreso de la Nación, hacemos foco aquí en la posible pérdida y deterioro de recursos y capacidades estratégicas, porque sumadas al plan en marcha para dolarizar la economía y perder nuestra moneda, tendrían un impacto catastrófico en la capacidad de Argentina de defenderse y competir en el escenario global, reduciendo drásticamente las posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías y productos, y limitando severamente la generación de riqueza y empleo calificado.

"Por estos simples e inexorables motivos, y sobre la base de nuestra formación y experiencia, alertamos a los legisladores nacionales que, mientras siga en vigencia el mega DNU, el futuro de la Argentina se encuentra en grave peligro".

Y finalizan: "Apelamos a que cada uno de los legisladores se comprometa a actuar con el fin de resguardar las capacidades y recursos estratégicos de la Nación. Desde ya quedamos a disposición para acercarnos al Congreso a fin de profundizar sobre las implicancias de estas medidas".

Firmantes:

Aizen, Marcelo; Alvarez, Vera; Angel, Sergio; Aramendía, Pedro; Arrachea, Liliana; Azzaroni, Omar; Balseiro, Carlos; Balseiro, Esteban; Bartoli, Carlos; Bollini, Mariela; Bragas, Andrea; Busnengo, Fabio; Cáceres, Alfredo; Carrillo, Néstor; Cassataro, Juliana; Chan, Raquel; Chiabrando, Gustavo; Chuluyán, Eduardo; Comerci, Diego; Costas, Mónica; Davio, Carlos; De Florian, Daniel; De Mendoza, Diego; De Miguel, Natalia; Della Védova, Carlos O.; Diaz, Sandra; Dickenstein, Alicia; Docena, Guillermo; Dova, Teresa; Drincovich, Fabiana; Dubner, Gloria; Duran, Guillermo; Elgoyhen, Belen; Erijman, Leonardo; Estrin, Darío; Fainstein, Alejandro; Farina, Walter; Flexer, Victoria; Gamarnik, Andrea; Gamberale, Romina; Geffner, Jorge; Goldbaum, Fernando; Golombek, Diego; González, Daniel H.; Grigera, Santiago; Hallberg, Karen; Iglesias, Alberto; Kornblihtt, Alberto; Lamas, Diego; Lanusse, Carlos E.; Levi, Valeria; Litter, Marta; Llois, Ana María; Menzella, Hugo; Molina, Victor; Monti, Gustavo; Murer, Mario Gustavo; Murgida, Daniel; Palatnik, Javier; Parodi, Armando; Paruelo, José; Fernando; Politis, Gustavo; Ponce Dawson, Silvina; Rabinovich, Gabriel; Ramos, Victor; Reboreda, Juan Carlos; Rubinstein, Marcelo; Rubio, Gerardo; Rumbo, Martín; Salvatierra, Guillermo; Santa María, Guillermo; Schijman, Alejandro; Schinder, Alejandro; Somoza, Gustavo; Stefani, Fernando Daniel; Steren, Laura; Uchitel, Sebastián; Ugalde, Juan; Varela, Oscar; Vila, Alejandro; Yanovsky, Marcelo; Zwirner, Norberto Pastoriza, Hernán; Pecci, Adali; Pitossi, Fernando; Politis, Gustavo; Ponce Dawson, Silvina; Rabinovich, Gabriel; Ramos, Victor; Reboreda, Juan Carlos; Rubinstein, Marcelo; Rubio, Gerardo; Rumbo, Martín; Salvatierra, Guillermo; Santa María, Guillermo; Schijman, Alejandro; Schinder, Alejandro; Somoza, Gustavo; Stefani, Fernando Daniel; Steren, Laura; Uchitel, Sebastián; Ugalde, Juan; Varela, Oscar; Vila, Alejandro; Yanovsky, Marcelo; Zwirner, Norberto.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/ciencia/fuerte-advertencia-de-cientificos-al-congreso-el-dnu-puede-ser-una-condena-a-muerte--202411116220

Argentina y la desnacionalizacion estratégica

Ley ómnibus, defensa nacional y ajuste fiscal

Por Luciano Anzelini y Sergio Eissa

El 20 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional emitió el Decreto 70/2023, al que denominó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Asimismo, fija en el decreto la casi total desregulación del andamiaje económico nacional mediante la eliminación o modificación de cientos de leyes. Sin embargo, en la norma no hay prácticamente referencias a la defensa nacional, con excepción de dos menciones genéricas relativas a los códigos Aduanero (en el artículo 144) y Aeronáutico (en el artículo 184).

Una semana más tarde, el Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación un extenso proyecto de ley al que denominó —parafraseando el título del histórico texto de Juan Bautista Alberdi— “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, pero que inmediatamente se popularizó como “Ley Ómnibus”. El proyecto de ley, que profundiza la línea fijada en el Decreto 70/2023 —desregulando drásticamente el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurando dejar sin efecto todo lo que entiende como restricciones a la oferta de bienes y servicios—, sí tiene referencias concretas a la defensa nacional. En efecto, ya en su artículo 1° anticipa que la norma proyectada contiene “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia de (…) seguridad y defensa”.

En consecuencia, atento a la trascendencia que tiene semejante decisión —nótese que el artículo 76 de la Constitución nacional establece la prohibición “de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”—, urge la necesidad de un análisis detallado de lo que la norma propuesta prescribe en materia de defensa nacional.

El consenso permanece, ¿pero está firme?

En la edición del Cohete del pasado domingo 31 de diciembre, su director, Horacio Verbitsky, advertía correctamente que “el gobierno decidió no incluir en el ómnibus ninguna modificación a las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia nacional que permitieran la actuación castrense fuera de su actividad específica. Esas leyes, promulgadas durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, expresan el consenso multipartidario que rigió durante cuatro décadas, al dividir en forma tajante entre defensa nacional y seguridad interior. Modificarlo por decreto no satisface las exigencias de los miembros de las actuales promociones para volver a enterrar sus borceguíes en el fango que ensució los uniformes de quienes los precedieron, y por ley no cuenta con el número suficiente”.

Este saludable reflejo de preservación de los militares —que advierten las consecuencias que acarrearía un involucramiento en seguridad interior— nos remonta a más de dos décadas atrás, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, rechazó el pedido del Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), de su secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para reprimir las protestas que estaban ocurriendo en diferentes lugares del país. A criterio de Brinzoni, no sólo no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad previstas en la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, sino que además consideraba que se trataba de un problema político y socioeconómico que debía resolverse institucionalmente.

Si bien por ahora el “consenso permanece”, cabría preguntarse cuán sólido está. La Vicepresidenta, Victoria Villarruel, afirmó, cuando aún estaba en plena campaña electoral: “No estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas combatan el delito”. Por su parte y en sentido contrario, la actual ministra de Seguridad y entonces precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, señaló: “La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel; debemos usar todos los medios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas”. Estas disonancias se extienden hasta el presente: si bien el proyecto de Ley Ómnibus no avanza abiertamente contra el consenso democrático de separación entre defensa y seguridad, fuentes de Casa Rosada dejan trascender que “Milei quiere avanzar cuanto antes en una fuerte batalla contra el crimen organizado y el terrorismo, no sólo con las fuerzas de seguridad, sino también con los militares”.

En este marco, es importante advertir que el artículo 3º del proyecto de Ley Ómnibus declara la emergencia en materia de defensa y seguridad, delegándole al Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas, tal como sostiene el artículo 1º, en clara violación con el artículo 76 de la Constitución nacional, en tanto no existe una situación excepcional y de emergencia que exija esa delegación en materia de defensa.

Ahora bien, la delegación no resulta inocua. En primer lugar, el Presidente podría modificar sin intervención del Congreso de la Nación las leyes de Defensa Nacional N.º 23.554, de Seguridad Interior N.º 24.059 y de Inteligencia Nacional N.º 25.520 y sus modificatorias, quebrando así el denominado “consenso básico” y autorizando el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, como anhela la ministra Bullrich. Asimismo, podría otorgarle nuevas facultades al Poder Ejecutivo Nacional, como ya lo hizo el ex Presidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando a través del artículo 10º del Decreto N.º 228/2016 autorizó el derribo de aeronaves que, como sostuvo oportunamente José Manuel Ugarte, implicaba el establecimiento de la pena de muerte sin juicio previo. Por último, más allá del loable principio establecido en el inciso l) del artículo 4º del proyecto, en lo que respecta a “los altos intereses de la Nación”, en nombre de estos ya se han introducido otras aberraciones en nuestro país como la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa o la Doctrina de Seguridad Nacional.

El eventual involucramiento de los militares en tareas policiales, que podría convertir a las Fuerzas Armadas en lo que Juan G. Tokatlian denomina “crime fighters” o “combatientes del crimen”, no requeriría de un aumento del presupuesto, por lo que resultaría compatible con lo que sostienen “aquellos que la ven” y que afirman que “no hay plata”. Todavía más, no sería necesaria la incorporación de material pesado a las Fuerzas Armadas, así como tampoco resultaría relevante la inversión en ciencia, tecnología y producción para la defensa. Como correlato de estas transformaciones, las Fuerzas Armadas quedarían sobredimensionadas para cumplir con estas tareas, lo que exigiría —en el mejor de los casos— llevar adelante procesos de reconversión del personal para lidiar con el “exceso de efectivos militares”.

Reconversión laboral y ajuste presupuestario

El artículo N.º 603 del Proyecto de Ley Ómnibus reemplaza el artículo 10º de la Ley N.º 25.164 que, en su redacción original, establecía el régimen de “designación y prestación de servicios del personal de gabinete”, creando un Fondo de Reconversión Laboral. Este fondo “tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos”. El descabezamiento de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente pase a retiro de oficiales superiores, es un adelanto de lo que puede suceder en el resto de las jerarquías, en línea con este artículo del proyecto de Ley Ómnibus que ha despertado creciente malestar en las Fuerzas.

El modelo de “Crime Fighters” o “Small Armed Forces” encuentra también su correlato conceptual en el desmantelamiento del sistema de producción para la defensa. El artículo 8º de la Ley Ómnibus, por ejemplo, declara sujetas a privatización empresas del complejo militar-industrial de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado —algunas de cuyas instalaciones, como la ubicada en la localidad de Azul (provincia de Buenos Aires) habían sido cerradas por el expresidente Mauricio Macri y puestas en valor y operatividad nuevamente por el gobierno del Frente de Todos—; la emblemática Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), y Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA). Asimismo, el postergado lugar de la ciencia, la tecnología y la producción para la defensa —o al menos un desconocimiento importante de su trascendencia— ha quedado de manifiesto en el reciente Decreto N.º 6/2024, que aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional en lo relativo al Ministerio de Defensa, en el que la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa aparece simultánea —y erróneamente— como parte de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados del sector.

El gobierno también ha tomado otras medidas por fuera de este proyecto que suman incertidumbre. Durante el mes de enero de este año se debió haber pagado la cuarta cuota de la recategorización salarial, establecida por la gestión anterior y cuya tercera cuota fue efectivizada el 1º de noviembre de 2023 a través de la Resolución Conjunta N.º 52/2023 suscripta por los entonces ministros Massa y Taiana. Al día de hoy crece el malestar en las Fuerzas Armadas por la falta de novedades sobre este asunto.

Asimismo, el presupuesto del Sistema de Defensa 2023, como el de toda la Administración pública, fue prorrogado para el presente año a través del Decreto N.º 88/2023. La Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) N.º 1/2023 actualizó algunas de las partidas y, en el caso del Ministerio de Defensa, se modificaron las partidas del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para atender los gastos correspondientes a los retiros y pensiones. Al cierre de esta nota, el resto de las partidas de la jurisdicción no habían sido actualizadas y no había certeza sobre lo que podría ocurrir con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). De no mediar una nueva decisión administrativa de la JGM que actualice los gastos del Ministerio de Defensa, de acuerdo con las proyecciones de inflación para el año 2024, las actividades de adiestramiento, alistamiento y sostenimiento se verían seriamente afectadas.

Finalmente, la Ley Ómnibus crea, a través del artículo N.º 347, una comisión auditora para determinar el estado de alistamiento del sistema de defensa, lo cual refleja un desconocimiento del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) y del funcionamiento del Estado. El CPDN, que culminó exitosamente con la aprobación del PLANCAMIL 2023, tiene incorporado un análisis del estado de alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene facultades para efectuar este tipo de auditorías o evaluaciones de manera transparente. Un ejemplo de esto último puede encontrarse en el Informe de dicho organismo (IF-2022-12758871-APN-GCSI#SIGEN), que dictaminó que los aviones Super Etendard Modernisé (SEM) comprados durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) no estaban en condiciones de volar y tenían componentes británicos.

Alineamiento irrestricto con los Estados Unidos

El proyecto de ley presenta la sorpresa de incorporar un tema adecuadamente regulado por la Ley 25.880, que fija desde el año 2004 el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización —establecida en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución nacional— para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Una lectura rápida y no muy atenta de los artículos 345 y 346 del proyecto de ley ómnibus podría llevarnos a abonar aquello que Carlos Pagni catalogó como la “wikiley” de Milei, es decir, una suerte de “cuerpo normativo elaborado con el sistema de Wikipedia, donde cada usuario puede agregar lo que se le ocurre”.

En este sentido, ¿cuál sería la razón de incorporar a esta altura los ejercicios militares a desarrollarse durante 2024 y 2025, cuando la ley que regula el tema fija que es recién en marzo cuando hay que mandar el programa de ejercitaciones al Parlamento? Todavía más, el artículo 345 anticipa que los ejercicios a realizarse durante dicho bienio no alteran la propuesta diseñada por la gestión del ministro saliente, Jorge Taiana, aunque sí corresponde advertir que se omiten los requerimientos de la Ley 25.880 en cuanto a la información básica para cada autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él [1].

Lo verdaderamente relevante del asunto, sin embargo, aparece en el artículo 346 del proyecto de ley, en el que se faculta al Poder Ejecutivo a “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países, para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”. Ello supone delegarle al Poder Ejecutivo Nacional una facultad legislativa en materia de entrada y salida de tropas cuando no existe ninguna situación de emergencia que justifique esa delegación. El resultado de la eventual aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos sería el de evitar la intervención del Congreso de la Nación ante la histórica presión de los Estados Unidos por conseguir una inmunidad total para sus soldados y así quedar fuera del alcance de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción universal el Pentágono rechaza.

Este alineamiento irrestricto con los intereses y demandas de Washington por parte de la administración Milei posiblemente —si aparece la plata que el Presidente dice que “no hay”— se vea reflejado en el plano de las adquisiciones. En efecto, la gestión anterior —tanto a nivel ministerial como de asesoramiento técnico-militar del Estado Mayor Conjunto— no descartaba la incorporación de los cazas chinos JF-17 porque, al ser un avión de última generación y al no tener componentes británicos, cumplía con las aptitudes que exige el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2023). Sin embargo, el actual gobierno habría optado por adquirir los cazas estadounidenses F16 en el marco del alineamiento automático con los Estados Unidos y para no generar preocupación al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este alineamiento con el Pentágono en el plano defensivo-militar —perfectamente discernible también en la trayectoria de los hombres elegidos para conducir el Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas— no debe sorprender: sigue la lógica de la reciente decisión de desistir del ingreso a los BRICS, en lo que representa una evidente mala lectura de las dinámicas e intereses que imperan en el escenario internacional.

Reflexión final

Todas estas medidas hay que enmarcarlas no solamente en los nuevos lineamientos de la política exterior argentina, sino también en una serie de medidas confluyentes en una “desnacionalización estratégica”. Cabe citar, en este sentido, la eliminación del límite para la posesión de tierras en manos extranjeras; el permiso para que otros países lleven adelante actividades pesqueras en la Zona Económica Exclusiva (ZEE); el avance sobre facultades de las provincias en materia de hidrocarburos, otorgándole más poder a las empresas del sector, y el potencial acuerdo con los Estados Unidos para patrullar conjuntamente las aguas del Atlántico Sur. El modelo económico que se está implementando afecta la soberanía y los recursos estratégicos de la Argentina y, en este esquema, las Fuerzas Armadas se convertirían en una pieza de museo. Por el contrario, si se las reconvirtiera en “Crimen Fighters” o “Small Armed Forces”, resultarían funcionales al modelo liberal-libertario, no sólo para combatir los delitos, sino para garantizar la represión de las protestas sociales. La derecha requiere guardias pretorianas antes que Fuerzas Armadas.

Esto último no es una novedad. La Argentina ya ha pasado por este trance en varias oportunidades, la más trágica durante la última dictadura militar (1976-1983). Si bien el proyecto de ley ómnibus todavía conserva el “consenso básico” —aunque podría quebrarlo vía delegación al Poder Ejecutivo de facultades legislativas—, lo cierto es que sectores importantes del actual gobierno presionan para que los uniformados vuelvan a embarrarse en la seguridad, control y represión internos. De hecho, la administración Milei se deshizo rápidamente de las promesas de campaña efectuadas a los militares —así como a su vicepresidenta Victoria Villarruel— y volvió a repetir las tendencias ya reflejadas en otros gobiernos de derecha de la historia argentina: subordinación incondicional a los Estados Unidos y ajuste fiscal, aunque este último con un carácter inédito por su radicalidad. Como señaló un historiador en las redes sociales: la historia nos enseña a no repetir el pasado, pero ello no garantiza que aprendamos de sus enseñanzas.

[1] Nos referimos a los siguientes aspectos: 1. Tipo de actividad a desarrollar.; 2. Origen del proyecto: (con el detalle de convenios o acuerdos marco y de los respectivos actos aprobatorios, si los hubiera); 3. Fundamentos de los objetivos de la actividad: a) Políticos. b) Estratégicos. c) Operativos. d) De adiestramiento. e) De adiestramiento combinado. f) De interoperatividad. g) Operaciones combinadas. h) Operaciones de imposición de la paz. i) Operaciones de mantenimiento de la paz. j) Operaciones de carácter armado y/o bélico. 4. Configuración de la actividad: a) Lugar de realización. b) Fechas tentativas de ingreso/egreso (según corresponda), tiempo de duración de la actividad. c) Países participantes y observadores: efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento. d) Despliegue de las tropas y medios. e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan. f) Costo aproximado. g) Fuentes de financiamiento. 5. En todos los casos se detallará la situación operacional real o simulada. 6. Información adicional del Ministerio de Defensa.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).

** Sergio Eissa doctor en Ciencia Política (UNSAM). Ex director nacional de Formación (Ministerio de Defensa).

Fuente: elcohetealaluna.com

«Sin ciencia y tecnología no hay futuro para la Argentina»

Declaración de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología

El plan de ajuste comunicado por Caputo el 12 de diciembre, el DNU 70/2023 anunciado por Milei el 20 de diciembre, el DNU 84/2023 del 23 de diciembre y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus) presentado el 27 de diciembre constituyen un ataque frontal contra la democracia, la república, la nación y el Estado.

Se trata de un verdadero avasallamiento a derechos políticos, económicos, sociales y culturales que la sociedad conquistó trabajosamente a lo largo de décadas. En nombre de la libertad, el mercado y el capital, pretenden hundir definitivamente a nuestra patria en el atraso, el subdesarrollo y la desintegración social.

En cuanto al sector CyT nacional, en particular, de aplicarse el conjunto de medidas impulsadas por el actual gobierno, las consecuencias serían netamente destructivas y de difícil reversión. Al previsible desfinanciamiento, desjerarquización, achicamiento y giro mercantilista de parte de una gestión neoliberal se le suman una batería de iniciativas destinadas a privatizar y desmembrar el sistema argentino de ciencia, tecnología e innovación. Nos detenemos en este último punto por ser el más grave en relación con nuestro sector. Entre las 41 empresas públicas sujetas a privatización, según el anexo 1 del proyecto de Ley Ómnibus, se encuentran diez de base tecnológica:

• Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), compañía argentina​ de energía, mayormente gas y petróleo y derivados de los hidrocarburos, que alberga una importante actividad tecnológica asociada a esas actividades y otras vinculadas a distintas fuentes de energía en empresas creadas ad hoc (Y-TEC, YPF Litio, etc.);
• Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), que brinda servicios de almacenamiento seguro y transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial;
• Dioxitek, dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen a las centrales nucleares argentinas, y a producir fuentes selladas de Cobalto 60, que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina y tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas;
• Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), empresa aeroespacial orientada al desarrollo de medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, la operación de antenas terrestres y la comercialización de imágenes obtenidas de satélites argentinos;
• Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), a cargo de la operación de las centrales nucleares en funcionamiento en el país, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos de investigación y desarrollo para el mantenimiento de las centrales y el desarrollo de futuras plantas nucleares;
• Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), sociedad anónima integrada por seis organismos de CyT nacionales (UNSAM, INTI, INTA, CNEA, CITEDEF, SEGEMAR), destinada a la promoción de proyectos de transferencia de tecnología y la incubación de empresas tecnológicas;
• Fabricaciones Militares (FM), Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (Fadea) y Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), empresas públicas con competencia en el desarrollo y producción de armas, aeronaves y buques, que fomentan una amplia red de proveedores tecnológicos;
• Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad.

Mención aparte merece la política definida en relación con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). El cierre de la agencia, que articula más de treinta laboratorios públicos dependientes de la Nación, las provincias y las universidades nacionales, es un atentado directo contra el derecho a la salud. La ANLAP promueve la producción y el desarrollo de medicamentos y vacunas que no son de interés para el sector privado por no considerarse “rentables”. Por todo esto, una política de esta magnitud lesionaría profundamente la capacidad CyT argentina en la materia.

En síntesis, de concretarse las privatizaciones de aquellas empresas públicas y la desarticulación de la ANLAP se verán severamente afectadas las capacidades nacionales en los sectores nuclear, aeroespacial, de energía, salud y defensa; todas áreas estratégicas para la soberanía tecnológica y el desarrollo del país.

Por último, entre las consecuencias más relevantes del desfinanciamiento, desjerarquización y achicamiento, se pretende una parálisis en la formación de jóvenes investigadores/as y en su incorporación como doctores al sistema CyT, con la inevitable fuga de cerebros que la acompañaría. Estamos hablando de miles, si no decenas de miles de trabajadores de la CyT -científicos/as, tecnólogos/as, universitarios y especialistas- que abandonarán el país ante la imposibilidad de desarrollarse profesionalmente. Si bien este es un problema constante de los países periféricos, la violencia del ajuste desatado por el gobierno de Milei conducirá a una porción significativa de los recursos más calificados del país a optar por continuar sus carreras en otras latitudes.

Por todo esto, la Mesa Federal rechaza contundentemente el Plan Caputo, los DNU y la Ley Ómnibus, y adhiere y se suma a las iniciativas, tanto a nivel local como nacional, emprendidas por distintos sectores para frenar este ataque, en particular, aquellas dirigidas a la defensa de los trabajadores/as despedidos/as. Nos comprometemos, además, a iniciar acciones que permitan visibilizar y difundir en ambas cámaras del Poder Legislativo y en la sociedad los efectos de estas políticas sobre el sector CyT argentino.

No es momento para medias tintas.

Como dijera nuestro libertador, el General San Martín, “cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología agrupa a:

Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS) | Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) | Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) | Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) | Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria | Ideas de Pie | Ciencia Nuestra | Red EsPeCie (Es Periodismo Científico) | Ateneo Científicxs Tucumanxs | CNEA Unida y Organizada (CNEA UyO) | Las Curie | Red Ité | Agrupación Rolando García (ARG) | Científicxs y Universitarixs Autoconvocadxs (CUyA Bariloche) | Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano (Foro PNL) | Foro Ciencia Santa Fe | Liberación – Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología (Liberación UCyT) | Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata.

Fuente: agendarweb.com.ar

Excombatientes de Malvinas denunciaron un "plan de entrega de la soberanía nacional"

Desde la agrupación platense criticaron el comunicado de Cancillería al cumplirse 191 años de la usurpación de las islas y apuntaron a la política del actual gobierno que propone una "relación madura de diálogo" con el Reino Unido. "Ya vivimos la época de las relaciones carnales de los gobiernos liberales", explicaron.

El CECIM de La Plata criticó la política "Winnie Pooh" que quiere llevar adelante la Cancillería / Foto: X @cecimlaplata.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata tildó de "engañoso" el comunicado difundido por Cancillería argentina al cumplirse 191 años de la usurpación británica a las Islas Malvinas y denunció un "plan de entrega del Gobierno de Javier Milei de nuestra soberanía nacional".

En el escrito se cuestionó el comunicado emitido desde la Cancillería donde, según denunciaron, "advertimos un entrelíneas en un párrafo engañoso que coincide con lo que LLA dejó por escrito en su plataforma electoral, que dice: 'En este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones'".

"Ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur"

En ese aspecto, rechazaron que "ya vivimos la época de las relaciones carnales en los años 90 con los acuerdos de Madrid I y II, con la política de los ositos Winnie Pooh que se repite en los ciclos neoliberales con el nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y la canciller (Susana) Malcorra, acuerdo conocido como Foradori-Duncan firmado en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires donde se entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur".

"No hay soberanía posible cuando cada día queda más en evidencia a un gobierno que responde a una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales", sentenció el CECIM La Plata.

A la vez, resaltó que "hoy estamos nuevamente en manos de una fuerza de tareas para entregar todo vestigio de política soberana y así lo declararon en su plataforma electoral la Libertad Avanza".

"La última gestión de gobierno neoliberal endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quieren avanzar en forma antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social", enfatizó la entidad.

Fuente: telam.com.ar

Extranjerización del Mar Argentino: se afirma la resistencia a las medidas que plantea Milei

“Es una bomba que va a generar una reacción impresionante”, avisó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca). Los gremios también se pusieron en pie de guerra y encima tuvieron que aguantar la chicana de la canciller Diana Mondino, que los trató de “tarados”.

La embestida oficialista tiene destino de naufragio: generó un sector pesquero unido por el espanto, en el sur y también en Mar del Plata, con la participación de cámaras empresariales, sindicatos, astilleros, fresqueros, congeladores y de la industria naval. Tanto prendió la mecha que en la Patagonia hasta los gobernadores tuvieron que salir a plantarse en conjunto. El pampeano Sergio Ziliotto hizo pública su «solidaridad» con sus pares de la región. En el partido bonaerense de General Pueyrredón, el intendente Guillermo Montenegro también se puso en contra. «Nos complica, disminuye los puestos de trabajo», dijo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le puso más pimienta al comunicado conjunto con sus pares patagónicos. «Más que desregular, no fomenta la industria y la posibilidad de agregarle valor. La pone en jaque. Y nos preocupan las formas. De manera inconsulta y llevándose puesto el Consejo Federal Pesquero», y añadió: «Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida». Este jueves tiene un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La furia del sur

En la Patagonia sur estalló la bronca en grande. El cóctel con asuntos locales derivó en un paro que en Chubut generó pérdidas millonarias en las últimas horas. La ley ómnibus pretende desregulaciones de tal gravedad que atacan de modo directo la producción, la rentabilidad, las fuentes de trabajo, la soberanía y el ambiente. La industria pesquera genera unos 46 mil puestos de trabajo directos. Hay en el país más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar y más de 1.000 buques pesqueros. Entre enero y noviembre de 2023, el sector exportó U$S 1.624 millones.

En Chubut, donde la pesca es la segunda actividad exportadora, Oscar Hughes, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), habló con Letra P y describió la iniciativa del Ejecutivo como un terremoto para el sector pesquero. “Directamente están eliminando la Ley Federal de Pesca; se perderían muchísimos puestos de trabajo, especialmente en tierra. No se puede permitir que venga cualquiera a llevarse nuestros recursos. Es un error gravísimo del gobierno nacional. Esta no es la libertad que se pretendía, la libertad es para otras cosas, no para generar la pérdida de fuentes de trabajo”, advirtió.

Hughes destacó el rol que tomaron los gobernadores y avisa: “Le ponemos el pecho a las balas en el inicio de 2024, que va a ser duro para los trabajadores y para los gremios, a los que nos quieren impedir las protestas y reclamar por los derechos que corresponden. Empezamos una lucha que no sé cómo va a terminar”.

El miércoles hubo una cumbre de gremios marítimos. Se declararon en alerta y movilización y en el reclamo se mezclan también la afectación del derecho a huelga y el retroceso de volver a pagar el impuesto a las Ganancias.

En la misma vereda, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca aseveró en un documento que la ley ómnibus “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, cruzó directamente a la canciller Mondino. La funcionaria dijo, para justificar la desregulación del sector: “no seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos. ¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos que te molesta?. Si hay algo que es de tarado es la pesca”.

El gremialista respondió que “esas ciudades de barcos, de las que habla Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200. Literalmente, no tiene ni la más remota idea de lo que habla y es firmante de un paquete de medidas y un DNU que destruye el trabajo argentino”.

El mismo posicionamiento tiene Luis Núñez, de la CGT del Valle-Puerto Madryn: «este modelo es de entrega de recursos al mejor postor, termina con la pesca en nuestro país tal como la conocemos. Va contra el interés nacional».

Chubut y las empresas

La medida inserta en la ley ómnibus deroga el Artículo 40 del Régimen Federal de Pesca, que establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra argentina (capitanes, maquinistas y marinería). También le quita facultades al Consejo Federal de Pesca. Chubut denunció que esa maniobra “hace muy poco democrática la toma de decisiones en relación a la materia pesquera”. Uno de los puntos cuestionados es que se permita trabajar con una tripulación extranjera o que se pueda descargar en los puertos con el permiso del secretario de Pesca de la Nación, sin intervención del Consejo Federal.

El secretario chubutense de Pesca, Andrés Arbeletche, fue una de las primeras voces contra la embestida, también sobre otro punto: “Las retenciones son una cuestión alarmante, un 15% que nos deja afuera de poder trabajar con la merluza. Nos trastoca todo y nos condena a exportar bloque de cola para que se haga el proceso en otros países, porque los números no dan. Contrariamente a generar trabajo, se lo castiga con más retenciones”, lamentó.

El sector empresarial organizado en Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina apuró su resistencia a la medida: lamentó que fue inconsulta, denunció la vulneración de derechos adquiridos y reclamó al Congreso una convocatoria. “Se deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada”, advirtió.

«Un tiro certero al desarrollo de la Industria Naval», define Sandra Cipolla, presidenta de Servicios Portuartios Integrados, entrevistada por el sitio especializado Pescare. También es contundente César Augusto Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel): «es un engendro».

La propuesta se rechazó de modo formal con firmas de asociaciones pesqueras de todas las regiones afectadas: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf); Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

Boiero, de la Capeca, resumió: “Es una irresponsabilidad total que genera inseguridad jurídica y va a provocar una grave crisis”.

En ese contexto conflictivo, en Chubut el Sindicato de Empleados Portuarios Argentinos (SUPA) paralizó la actividad en forma de protesta -se mezclaron también reclamos salariales locales- y según las cuentas oficiales generó una pérdida de 350.000 kilogramos de langostinos que no pudieron descargarse en las bodegas de los barcos. El empresariado calculó el costo en unos cinco millones de dólares. El paro arrancó el jueves 28 de diciembre y obligó a suspender la temporada, que se retomó este miércoles 3 de enero a partir de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

El sector empresarial estalló tras esa medida de fuerza. Incluso formalizó una denuncia penal contra el gremio, a la que le pusieron la firma Gustavo González de la Cámara Flota Amarilla, el empresario Fernándo Álvarez Castellano (Conarpesa), la Flota Artesanal y la Fiscalía de Estado.

Fuente: agendarweb.com.ar

¿Qué empresas del sector científico se verían alcanzadas por la Ley Ómnibus?

Compañías ligadas con el sector energético, espacial y de Defensa podrían ser privatizadas si avanza el proyecto del oficialismo. Las implicancias sobre áreas estratégicas.

Veng, una de las empresas que figuran en la Ley Ómnibus.

Empresas estatales asociadas ligadas al sector de Energía, de Defensa y de Desarrollo Aeroespacial se encuentran a al espera de la definición del proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ que el Ejecutivo envió al Congreso.

La iniciativa deja expuestas a privatización a un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras. En total suman 134.027 empleados, según los datos relevados de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) y distintas fuentes oficiales.

La gran mayoría son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022 como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos el año pasado la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, según un informe de la Fundación Libertad.

En el artículo 9 del extenso proyecto de ley que le entregó ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”. A su vez, en el artículo 37, se establece que “a los fines de las privatizaciones, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo Nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. De hecho, muchas de las empresas incluidas en el proyecto ya son sociedades anónimas y otras son sociedades del Estado. La gran pregunta es si habrá interesados en adquirir parte o todo del paquete accionario estatal de estas compañías.

Empresas estratégicas, también en la lista

En la actualidad se están conformando las comisiones para avanzar en el debate y un grupo de empresas consideradas “estratégicas” por su impacto en áreas clave de la economía y la actividad productiva, esperan la definición.

Se trata de compañías ligadas al sector científico y tecnológico que absorben el conocimiento de los organismos de Ciencia y Tecnología.

Los casos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitek, asociada al sector energéntico, y VENG, vinculada con el desarrollo aeroespacial, son emblemáticas. También, en Telecomunicaciones se encuentra ARSAT, que es clave para la interconexión de datos a nivel nacional.

En Córdoba, también, está FADEA (Fábrica Argentina de Aviones), que desarrolla e incorpora Investigación y Desarrollo para el sector de Defensa, al igual que INVAP, con la diferencia de que ésta última pertenece al estado de Río Negro.

En VENG desarrollan tecnología clave para el sector aeroespacial.

El proyecto de “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei promueve la privatización de 41 empresas estatales que tienen un impacto de importancia capital en el sistema productivo y científico-tecnológico.

El carácter estratégico de estas compañías radica en que la inversión pública que se destina a ellas no se puede calcular en términos monetarios inmediatos, al igual que se lo hace en el caso de empresas privadas, pero su impacto “intangible” a largo plazo es incalculable.

Empresas dentro de la Ley Omnibus, por cantidad de empleados.

Un caso es el de ARSAT y la llegada de conexión a escuelas y hospitales, o el desarrollo energético de empresas como CONUAR o Dioxitec, que abastecen a las centrales nucleares que “encienden” la actividad productiva día a día a través del sistema nacional de energía.

En cada uno de estos sectores hay razones productivas, financieras y sociales que cumplen un rol fundamental en la producción industrial, además.

VENG

VENG, la empresa dedicada al desarrollo satelital, ubicada en el predio de Falda del Cañete cuenta con 500 empleados, la mayoría radicados en Córdoba capital y su alrededores, todos de altísima capacitación, que ubican al desarrollo tecnológico nacional en el círculo privilegiado de pocos países que manejan todo su proceso de desarrollo. La empresa desarrolla tecnología que los países no venden, porque no quieren que otros países la posean. Así de simple. Su valor de mercado no está definido, pero su impacto productivo, científico y tecnológico es incalculable por el efecto dominó que implica para la actividad del país.

“La privatización de la empresa implica la pérdida de una herramienta estratégica fundamental para el país como son los servicios satelitales. Es una tecnología que aporta a los controles territoriales, sanitarios, agropecuarios. Carecer de estos servicios en el Estado implica gastos multimillonarios para el país”, dice uno de sus trabajadores.

VENG comparte el proyecto satelital como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo creado en 1991 que actualmente cuenta con dos satélites en órbita: SAUCOM 1A y 1B, mientras aguarda la concreción del proyecto de Satélite SABIA MAR, en desarrollo, para que apuntará exclusivamente a recabar información sobre el mar y las costas de argentina y Sudamérica.

Otro proyecto es el Tronador, lanzador argentino de satélites. “La información satelital aporta que el país maneje variables ambientales, de calidad de agua, sanitarias, mineras, climáticas, etc”, explican desde el organismo.

Fabricaciones Militares

En las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, en tanto, se desempeñan más de 800 trabajadores entre las dos ciudades.

En el caso de Villa María, planta cuenta con unos 420 trabajadores entre su área administrativa y la productiva. El secretario General de la Junta Interna de FFMM Villa María, Jonathan Cruzeño, dice que la fábrica se encuentra trabajando al 50% de capacidad por falta de materia prima, y de mantenimiento y de inversiones por parte del Estado. “Tenemos contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos un componente activo que se usa para la elaboración de dinamitas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que se utiliza para pólvoras o la fabricación de explosivos propios”, explica.

Y recuerda que FFMM no da pérdidas. “Es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando lo que producimos”, enfatizó.

Del mismo modo, Mayra Luján, delegada de ATE de la Fábrica Militar de Río Tercero, indicó entre la planta química y la metalmecánica, hay 384 trabajadores.

FAdeA, también podría ser privatizada.

“En la planta química producimos ácido nítrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico y éter. Y en la planta Metalmecánica nos dedicamos a la reparación de vagones para recargar granos, y ahora estamos desarrollando un proyecto para armar los kits de los jeeps de exploración para el Servicio Militar”, explicó.

La delegada dijo que la empresa produce no solamente para el Estado, sino también para “privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata para hacer reparaciones”.

Dioxitek

Dioxitek es una empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60 y es única en su tipo en el país. El polvo de dióxido de uranio es utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para los argentinos. En la planta de Alta Córdoba, trabajan cerca de 300 empleados.

Trabaja junto a otros organismos del sector nuclear, como Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), CONUAR, PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, Neuquén) y CNEA.

Otra de las empresas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la firma estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares del país, tiene en su planta 3.188 trabajadores. En tanto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), cuya función es controlar el tránsito aéreo y coordinar los servicios de información y comunicación aeronáutica para los vuelos, cuenta con 2.472 empleados.

Dioxitec, tecnología para el sector de energía.

Universidades

En el listado figuran además dos medios universitarios, Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, que tiene 283 trabajadores, y Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, con 62. Son los únicos dos medios universitarios del país que son sociedades anónimas desde 1979, para poder emitir publicidad por lo que, si bien tienen asignados una partida en el Presupuesto nacional, tienen otras vías de ingreso.

Yacimientos Carboníferos Fiscales, la empresa estatal que se dedica a la explotación, transporte y comercialización del carbón del Yacimiento Río Turbio, en Santa Cruz, también está en el listado de las empresas sujetas a privatización. Con 2.187 trabajadores, es conocida como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el nombre adoptado cuando había sido privatizada hasta pasar nuevamente a manos del Estado, que hoy la maneja a través de un interventor.

En el Anexo I del proyecto de ley figura, asimismo, Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, cuenta con 1.673 trabajadores; Fabricaciones Militares, con 1.471; la Casa de la Moneda SE dedicada a la impresión de billetes, con 1.411; y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, que emplea a 939 personas.

Puertos

La Administración General de Puertos, que hoy cuenta con 782 empleados, es otro organismo estatal que podría privatizarse, así como la Empresa Argentina de soluciones Satelitales (ARSAT) que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y emplea a 777 personas.

En el proyecto también figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que registra 504. Esta empresa es, sin embargo, controlada en un 60% por el gobierno de Catamarca, y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, en la que el Gobierno nacional designa el presidente.

En el Anexo I del proyecto de ley también figuran TANDANOR, talleres que emplean a 507 trabajadores; Vehículo Espacial Nueva Generación SA (VENG) la empresa aeroespacial argentina que cuenta con 470 empleados; y EDUC.AR, que tiene a cargo el portal educativo del Ministerio de Educación, con contenidos y recursos digitales para docentes y estudiantes, que tiene 464 personas en su planta.

Energía

Por su parte, Energía Argentina SA (ex ENARSA) tiene 374 personas en su planta de personal, y es la firma que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, su distribución, comercialización e industrialización de sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, y la generación y comercialización de energía eléctrica.

El listado de las 41 empresas sujetas a privatización incluyen a DIOXITEK SA, una empresa con 264 empleados creada en 1996 y dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes. También se dedica a producir fuentes selladas de Cobalto 60 que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas.

El proyecto también menciona al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la sociedad del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), la desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación; la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad; y el Polo Tecnológico Constituyentes SA, creado en 1998 en la localidad bonaerense de Villa Martelli e integrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y el Servicio Geológico Minero.

https://periferia.com.ar/politica-cientifica/que-empresas-del-sector-cientifico-se-verian-alcanzadas-por-la-ley-omnibus/

UNLP: con Aeroespacial a la cabeza, Ingeniería registró un récord de inscriptos

De cara al ciclo lectivo 2024, un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La cifra representa un incremento del 32%, tomando como referencia las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes. A partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

Rossana Di Domenicantonio, secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, afirmó que Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año “explotó” de inscriptos. Cabe recordar que a partir del año 2020 la carrera cambió de denominación – anteriormente era Aeronáutica – y de un promedio de tan sólo 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos. En el 2022 el estudiante David Williams se convirtió en el primer egresado de Ingeniería Aeroespacial, mientras que este año se graduó la primera mujer, Valentina Marletta.

“Es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”, mencionó.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería" (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

La secretaria señaló, asimismo, que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. En el caso de esta última -anteriormente Ingeniería Electricista- se inscribieron este año 64 alumnos. Es importante resaltar que el 21 de diciembre pasado egresaron de la Facultad los primeros 4 ingenieros en Energía Eléctrica del país. Tanto estos profesionales como otros jóvenes recibidos en los últimos años son muy requeridos por empresas e instituciones de diferentes provincias argentinas.

En el caso de Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes. Este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

Desde la Secretaría Académica de Ingeniería se indicó que el plan “se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería”. Además, “se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”.

Ingeniería Industrial también es muy elegida por los ingresantes. Los profesionales que egresan de dicha carrera tienen la formación necesaria para desempeñarse en diversas industrias.

Cursada intensiva de verano

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario. La materia se dicta durante enero y febrero. Las clases son presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Di Domenicantonio recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

La profesora recalcó que “la Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”.

https://www.impulsobaires.com.ar/nota/312347/unlp-con-aeroespacial-a-la-cabeza-ingenieria-registro-un-record-de-inscriptos/

La Universidad Nacional de La Plata, con récord de inscriptos en Ingenierías

En total, 2020 alumnos se inscribieron en las 13 carreras de la Facultad. Ingeniería Aeroespacial lidera el ránking y marca un nuevo año con crecimiento sostenido.

La UNLP, con récord de inscriptos en las ingenierías.

Un total de 2020 alumnos se anotaron para estudiar en alguna de las 13 carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un incremento del 32% respecto a las inscripciones realizadas hasta diciembre de cada año durante la última década y dejando a la carrera de Ingeniería Aeroespacial como la más requerida.

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Articulación Educativa y Seguimiento Académico de la Facultad, para el ciclo lectivo 2015 se habían anotado 1551 ingresantes y a partir de entonces la tendencia en general fue en alza y con un significativo aumento para el año próximo.

“La carrera de ingeniería Aeroespacial viene creciendo de manera sostenida y este año explotó de inscriptos”, afirmó la secretaria de Articulación Educativa y Seguimiento Académico, Rossana Di Domenicantonio, la cual de un promedio de 120 alumnos anotados pasó a la cifra actual de 427 inscriptos.

En ese sentido, se detalló que “es la más numerosa en cantidad de inscriptos en la Facultad este año, por primera vez, seguida por Ingeniería en Computación con 321 e Ingeniería Industrial con 263”.

Di Domenicantonio, que además es profesora titular de la primera materia del plan de estudios de la Facultad “Matemática para Ingeniería” (Mate Pi), atribuyó este aumento de chicos y chicas que deciden estudiar Ingeniería a varias razones, entre ellas, por ser carreras estratégicas para el país y por la gran demanda laboral de profesionales en cualquiera de sus disciplinas.

Aeroespacial

A su vez, se destacó que carreras como Aeroespacial o Energía Eléctrica incorporaron contenido muy actual en su currícula. Mientras que Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, es otra de las carreras preferidas por los estudiantes y este año se aprobó el nuevo plan de estudios de la especialidad, el cual entrará en vigencia en 2024.

“El plan se ajusta a los nuevos estándares de la carrera, quitando contenidos que no se consideran necesarios, reorganizando el ingreso, actualizando contenidos de las asignaturas propias de la carrera y reordenando las materias de ciencias básicas para ajustarlas al resto de los nuevos planes de Ingeniería. Además, se amplía el espectro de materias humanísticas elegibles y se agregan contenidos de computación cuántica”, se precisó.

Los ingresantes que completaron los trámites de inscripción a la materia comenzarán a cursar Mate Pi a partir del lunes 22 de enero, donde repasarán contenidos de matemática del secundario.

La materia se dicta durante enero y febrero con clases presenciales, de lunes a viernes, de cuatro horas de duración.

Se recordó que quienes aprueben esta cursada intensiva de verano luego podrán empezar en marzo el resto de las materias del primer cuatrimestre del plan de estudios.

“La Facultad da muchas posibilidades para que los ingresantes se puedan insertar en el estudio universitario, pero es muy importante que valoren estas instancias y hagan la materia de forma completa”, recalcó Di Domenicantonio. (Télam)

https://periferia.com.ar/Desplazamientos/la-universidad-nacional-de-la-plata-con-record-de-inscriptos-en-ingenierias/

¿"Todo lo que hace el sector público lo hace mal"? La historia de ARSAT e INVAP, empresas de vanguardia y rentables

Con el lanzamiento de ARSAT-1, Argentina se convirtió en uno de los únicos ¡ocho! países del mundo capaces de diseñar y construir sus propios satélites. La empresa estatal INVAP exporta reactores nucleares a Australia, Holanda y Arabia Saudita. Para defender algo hay que quererlo y para quererlo hay que conocerlo.

Por Claudio Cormick y Valeria Edelsztein

Foto: ARSAT

Cuando apretó el botón y el satélite partió, la ingeniera electrónica Ana Caumo giró, levantó su pulgar y miró a cámara. Aunque todo un país estaba pendiente del despegue, viéndolo por televisión, su familia sintió que ese gesto estaba dedicado a ellos. Reunidos con camisetas de Argentina y la emoción a flor de piel, acompañándola y apoyándola, nadie pudo contener las lágrimas.

Ana había sido la responsable del equipo encargado de fabricar, probar y lanzar al espacio al ARSAT-1, un hito que convirtió a nuestro país en una de las únicas ocho naciones que desarrollan, producen y operan sus propios satélites geoestacionarios.

Foto: ARSAT

Nacida en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Ana es “hija” del sistema público de enseñanza: atraída por el mundo de las ciencias exactas se fue de La Pampa para estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió en 2005. Al poco tiempo de su graduación, viajó a Bariloche para trabajar en INVAP, la empresa estatal argentina —propiedad de la provincia de Río Negro— que desarrolla proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria nuclear, espacial y de comunicaciones. Allí, se unió a un equipo con una gran misión: construir el satélite ARSAT-1. No se trató del primer satélite argentino. Ya desde la década del ‘90 se había logrado poner en órbita los Satélites de Aplicaciones Científicas, la llamada serie SAC. Pero sí fue el primero geoestacionario.

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Un satélite geoestacionario orbita a 36.000 km del centro de la Tierra, siguiendo una trayectoria sobre el ecuador y rotando a la misma velocidad angular que nuestro planeta. Esto hace que pueda mantenerse constantemente «arriba» de un lugar específico, y de allí su mote de “estacionario”. Podemos imaginarlo como si estuviera conectado mediante un inmenso soporte invisible a la superficie terrestre. En este caso, justo arriba de Argentina: gira la Tierra, gira el país, gira el satélite, todo a la misma velocidad y no se mueven uno respecto del otro.

¿Por qué querríamos algo así? Si cuando vamos por la ruta solemos “perder señal” porque nos alejamos de las antenas que están en las grandes ciudades, podrán imaginarse que en lugares realmente remotos del país, como las escuelas rurales, el acceso a Internet corre el riesgo de ser simplemente inexistente. Con un satélite geoestacionario eso no pasa: tenerlo permanentemente sobre nuestras cabezas es como contar con una antena gigantesca que ofrece servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos y televisión digital, y conecta entre sí y con el resto del mundo a los pueblos más alejados de la Argentina.

Hasta el año 2004, la empresa encargada de operar un satélite geoestacionario de comunicaciones para el país, el satélite Nahuel 1A —de construcción europea— fue la privada Nahuelsat. En aquel año, sin embargo, la empresa, que ya arrastraba dificultades para competir con sus contrapartes estadounidenses en el mercado de servicios satelitales a partir del “convenio de reciprocidad” firmado por el gobierno de Menem, se declaró en quiebra. Esto fue muy preocupante porque las posiciones orbitales para la colocación de satélites artificiales no son infinitas, su distribución está regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el colapso de la empresa ponía al país en riesgo de perder una de las posiciones que tiene asignadas. Afortunadamente, el Estado presente logró, gracias a diversas negociaciones, mantener la posición orbital 81° de Longitud Oeste hasta poder ocuparla con nuestro propio satélite.

ARSAT-1 fue lanzado en octubre de 2014 con el cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa. Puede parecernos curioso el lugar elegido, pero esto no es un capricho. Enviar un cohete al espacio requiere de mucha potencia porque es necesario “vencer” la fuerza de gravedad que lo atrae hacia la Tierra. Y resulta ser que la fuerza de gravedad no es igualmente intensa en todos los puntos de la Tierra: es mayor en los polos que en el Ecuador. Aunque para los seres humanos está diferencia sea imperceptible, para un cohete no lo es y, por eso, las plataformas de lanzamiento suelen estar ubicadas lo más cerca posible de la línea imaginaria que divide al hemisferio norte del sur. Uno de estos lugares es la Guayana Francesa.

Ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la soberanía argentina en ciencia y tecnología, motivo de orgullo para nuestro sistema educativo público y nuestras universidades nacionales.

Pero ARSAT-1 es solo uno de los logros de INVAP.

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Esta empresa fue creada en 1976 a partir de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de la provincia de Río Negro. La localización no es casual: Río Negro es la provincia donde se encuentra el Instituto Balseiro, otra joya del sistema universitario público. Fueron sus egresados quienes elaboraron el proyecto que daría lugar a la empresa, inicialmente llamada Investigaciones Aplicadas.

Mucho antes de su rol en el desarrollo del satélite geoestacionario, la empresa ganó prestigio a nivel internacional por la construcción de reactores nucleares, de crucial importancia, dicho sea de paso, para la transición energética a fines de mitigar el calentamiento global. Entre sus logros más destacados se encuentra la construcción de un reactor en Sidney, Australia, que comenzó a operar en 2007, y, más recientemente, de uno en Arabia Saudita y otro en los Países Bajos (ex Holanda). INVAP también es responsable del desarrollo de la Central Argentina de Elementos Modulares o CAREM, un proyecto de reactor nuclear, de vanguardia a nivel mundial, susceptible de ser fabricado en pequeñas instalaciones y de contribuir a la generación de energía para zonas aisladas y el abastecimiento de parques industriales.

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La defensa de los desarrollos científicos y tecnológicos estatales no puede limitarse a hablar únicamente de números. En una columna anterior ya hemos defendido el rol de la investigación con fondos estatales en enfermedades “de pobres”, aquellas en las que “el mercado” no se interesa. Pero, justo en este caso, INVAP y ARSAT no solo muestran que la ciencia y la tecnología argentinas son de vanguardia. Además son rentables. Y mucho.

Con su historial de desarrollos de excelencia y licitaciones ganadas son una piedra en el zapato para el “relato” de los cultores del libre mercado que celebran la inversión privada como clave del desarrollo, añoran un país agroexportador sin desarrollo industrial ni científico y con brutales niveles de desigualdad, y desacreditan el rol de las empresas públicas.

Sus logros son un orgullo y conocerlos es crucial a la hora de pensar colectivamente qué desarrollo futuro queremos para sociedades como la nuestra; es reconocer la importancia de tener una comunicación integral en todo nuestro territorio, sin depender de decisiones empresariales extranjeras o privadas; es dimensionar el enorme talento humano del que disponemos capaz de alcanzar proezas tecnológicas como estas, y que son exclusivas de muy pocas naciones en el mundo, y es respaldar el progreso en ciencia y tecnología que permite el crecimiento de los países y la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Foto: INVAP

Fuente: tiempoar.com.ar