La nueva estrategia de defensa del Reino Unido: ¿lecciones para la Argentina?
Londres ubica en el centro de sus preocupaciones a la guerra entre Estados, aumenta el gasto militar al mayor nivel desde el fin de la Guerra Fría y prevé la construcción de 12 submarinos de ataque. En paralelo, la Argentina prepara a sus militares para la lucha contra el narcomenudeo en la frontera norte.
por Luciano Anzelini
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Cuando el gobierno británico presentó en Glasgow su Revisión Estratégica de Defensa 2025, el documento rector que fija los lineamientos para la defensa nacional, el primer ministro Keir Starmer sostuvo que “el mundo enfrenta la situación más peligrosa después del fin de la Guerra Fría” y que el primer cambio es “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras fuerzas armadas”. Según se aprecia, el líder del Partido Laborista tiene una mirada esclarecida respecto de la misión principal de las Fuerzas Armadas y no dedica tiempo en discusiones sobre procesos de policialización.
Una rápida lectura de la Strategic Defence Review 2025 arroja una información que debería ser leída con atención en Buenos Aires, en donde los devaneos por convertir a los militares en policías de frontera están a la orden del día: el texto, de 144 páginas, no hace una sola mención al narcotráfico ni en él figura la palabra “drogas”. Por el contrario, la familia léxica en torno al término “guerra” (war, warfare, warfighting, warfighter, wartime) destaca por su ubicuidad: aparece en 250 oportunidades a lo largo de la directiva estratégica.
¿Podríamos colegir de esto que el narcotráfico no es un problema para el Reino Unido? Nada más alejado de la realidad. Los últimos datos oficiales nos ayudan a poner el tema en perspectiva: i) el año fiscal que concluyó en marzo de 2024 exhibió un récord histórico de incautaciones en Gran Bretaña, con un incremento del 75% en la cocaína confiscada; ii) la aparición de opioides sintéticos ultra potentes –como los nitazenos– ha desatado una crisis de sobredosis sin precedentes; iii) el 9% de las personas de entre 16 y 59 años declararon haber consumido drogas durante el último año; iv) el Reino Unido tiene una de las tasas de muertes por consumo de drogas más altas de Europa, con un aumento del 60% en una década; y v) desde hace más de un decenio, cuentan con un instrumento moderno –desde el punto de vista operativo e investigativo– para hacer frente al crimen grave y organizado: la National Crime Agency (NCA), que empezó a operar en 2013 y tiene entre sus finalidades combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los delitos cibernéticos, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la lucha contra el lavado de activos.
Es importante señalar que la excelente formación de los agentes de la NCA no guarda relación alguna con los saberes que, en países como Argentina, adquieren los militares en las escuelas de guerra específicas o conjunta. Por el contrario, es la incorporación de destrezas en materia de inteligencia criminal y de asistencia al sistema judicial lo que contribuye a su eficacia, lo que nada tiene que ver con el empleo del máximo poder de fuego del Estado característico de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a pesar del éxito de la NCA –como la Operación Destabilise, que recorrió los portales policiales del mundo entero–, lo cierto es que en el Reino Unidos la política antidrogas está siendo puesta bajo el ojo escrutador de los expertos. Un reciente informe de RAND Europe, elaborado por encargo del Ministerio del Interior británico, afirma que, lejos de reducir la violencia, las intervenciones policiales –aun las de organismos modernos y profesionalizados como la NCA– estarían generando efectos contrarios a los deseados: más enfrentamientos y mayor empoderamiento de las mafias. La evidencia acumulada, ahora con la validación de organismos oficiales, plantea una disyuntiva para Londres: continuar por una ruta esencialmente represiva que exhibe sus limitaciones o dar paso a un modelo que incorpore más consistentemente la mirada centrada en la salud pública y la reducción de daños.
Como se deduce tanto de la Strategic Defence Review, como de los informes requeridos por los organismos de seguridad interior, nadie piensa hoy en el Reino Unido en la militarización de la política antinarcóticos. A contramano de esta tendencia, la Argentina parece haber descubierto con medio siglo de demora la estrategia de “guerra contra las drogas” lanzada por Richard Nixon en 1971, cuyos resultados no podrían haber sido peores: aumento de la discriminación racial, crecimiento desproporcionado de la población carcelaria (sobre todo entre las minorías) y fracaso estrepitoso en la reducción del consumo (Estados Unidos continúa siendo, seis décadas más tarde, el mayor consumidor mundial de cocaína según el último Informe Mundial de Drogas de la ONU).
El fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido reconocido por un universo que no se limita al progresismo o al reformismo, sino que se extiende a diferentes expresiones de la derecha política e intelectual: desde los ex presidentes que más se han comprometido con su implementación –Otto Pérez Molina, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto– hasta el fallecido escritor Mario Vargas Llosa.
Gran Bretaña se prepara para la guerra
La Revisión Estratégica de Defensa 2025 es indubitable respecto de la centralidad que adquiere la preparación del Reino Unido para la guerra. En el documento se fijan tres grandes metas: i) la adopción de la doctrina “OTAN primero”, que refuerza la integración dentro de esa alianza atlántica; ii) el fortalecimiento de la capacidad operativa del instrumento militar con fuerzas de reserva plenamente entrenadas; y iii) el aceleramiento del desarrollo de tecnología militar “a ritmo de tiempos de guerra”.
La planificación británica contempla un aumento progresivo del gasto militar que llegará al 2,5% del PBI en 2027; y al 5% en 2035, según el compromiso asumido en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Estas cifras representan el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde 1991. En este marco, y de particular importancia para el despliegue en el Atlántico Sur, se prevé la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear –provistos de armamento convencional– que reemplazarán, desde fines de la década de 2030, a la actual flota de la clase Astute. Asimismo, debe recordarse que el Reino Unido cuenta con otros cuatro submarinos Vanguard, propulsados con energía nuclear y portadores de armas atómicas con el sistema de misiles Trident. En relación a ello, el primer ministro Starmer anunció que destinará 15.000 millones de libras (unos 20.300 millones de dólares) al programa británico de armas nucleares, lo que incluye el desarrollo de nuevas ojivas para los sistemas de ataque de los Vanguard.
Malvinas
Sobre Malvinas, el documento inglés afirma: “Las bases del Reino Unido en el extranjero siguen siendo un elemento fundamental. Muchas de estas bases están ubicadas en territorios británicos de ultramar. La soberanía sobre los territorios debe protegerse contra cualquier desafío para que quienes viven en ellos como ciudadanos británicos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Esto incluye mantener una postura militar defensiva en las islas Malvinas (Falkland en el documento original), Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en otros intereses británicos, incluyendo la defensa del sistema del Tratado Antártico”.
No sabemos formalmente cuál es la apreciación estratégica global en materia defensivo-militar del gobierno de Javier Milei y cuál es su postura respecto de Malvinas, aunque ello es fácilmente deducible. Basta con contrastar la asertiva mirada británica en la Strategic Defence Review 2025 con la última Directiva de Defensa (DPDN) que emitió una fuerza política de derecha en la Argentina. Ello sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y sus responsables trabajan hoy para Milei.
La única mención a Malvinas en toda la DPDN 2018 es de una condescendencia que asombra frente al firme tono de los documentos militares británicos: “La República Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. La reciente mejora en la relación con el Reino Unido (…) contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral”.
Las FFAA argentinas como policía de frontera
Al día siguiente de la difusión de la Strategic Defence Review 2025, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, acudió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a defender su proyecto de conversión de los militares en policías de frontera.
Sobre este último asunto, Petri firmó el 11 de abril la Resolución MD Nº 347/2025 que autoriza a los efectivos militares a “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”. Petri confirmó que los militares podrán “detener personas” en flagrancia porque “está previsto en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”. Dichas detenciones, según el ministro, se guiarán por “los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad (…) que se usan para las fuerzas policiales”.
La policialización de los militares que Petri fue a defender a la Comisión de Defensa contrasta con la inobservancia de las cuestiones estratégicas en general, y de la cuestión Malvinas en particular. En relación a esto último, es notable –entendiendo como Freud a las palabras como vehículo para acceder al inconsciente– la ausencia total del término “Malvinas” en la alocución del ministro. La desgrabación de la reunión exhibe que Petri no mencionó ni una vez a Malvinas como enclave estratégico del Atlántico Sur y su relevancia en materia de recursos y proyección antártica.
En este contexto, urge que la Argentina vuelva a tener una política exterior y de defensa enfocada en lo importante: i) contar con un diagnóstico adecuado sobre las implicancias del Brexit para la cuestión Malvinas; ii) estudiar los reveses jurídicos del Reino Unido ante las cortes internacionales en favor de Mauricio y su soberanía en el archipiélago de Chagos, que condujeron a que Londres firmara el pasado 22 de mayo el acuerdo de transferencia de soberanía después de más de medio siglo; iii) reactivar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) compuesta por 24 países africanos y sudamericanos, que tiene, entre sus metas, la desnuclearización del Atlántico Sur y la oposición a la presencia de bases militares extranjeras en la región; iv) ponderar que el Reino Unido dejó la Unión Europea pero no abandonó la OTAN, por lo que es clave para la Argentina que la base militar británica en Malvinas no se convierta en un emplazamiento de esa alianza atlántica; y v) disponer de submarinos operativos, lo que resulta fundamental tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017 durante el gobierno de Macri.
Puesto muy sencillamente, se trata más de observar –y eventualmente replicar— lo que los británicos hacen y menos de hacer lo que los británicos pretenden que hagamos. Tal vez así tendremos una verdadera política de defensa nacional y no una que aspire a hacer de los militares policías de frontera.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
Fuente: perfil.com
