Republicanos van contra los ilegales
El partido conservador tomó el control de la Cámara de Representantes y anunció desde deportaciones hasta negación de la documentación a los hijos de inmigrantes.
jueves, 06 de enero de 2011
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| El republicano John Boehner fue elegido presidente de la Cámara de Representantes y es el tercero en la línea sucesoria de Obama. (AFP) |
Los adversarios republicanos del presidente estadounidense, Barack Obama, victoriosos en las elecciones legislativas del 2 de noviembre, tomaron ayer oficialmente el control de la Cámara de Representantes, con el objetivo de recuperar la Casa Blanca en 2012. Y para ello han desembarcado con una serie de propuestas para endurecer la política migratoria e intentar capturar al máximo número de indocumentados.
Desde un mayor despliegue de fuerzas policiales en la frontera a la anulación del derecho a la ciudadanía por haber nacido en suelo estadounidense, los republicanos quieren acentuar la política represiva, aunque sus posibilidades de éxito son escasas a causa de la división del Congreso.
El presidente Barack Obama "ha logrado algo de progreso, pero podría haber hecho más", declaró el legislador republicano Peter King (Nueva York) a la cadena televisiva Fox, jefe de la comisión de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes.
El gobierno Obama persiguió una reforma migratoria integral integral durante dos años, pero también logró números récord de aprehensión y deportación de ilegales: más de 392.000 en el año fiscal 2010 (octubre 2009 a setiembre 2010), 195.000 de los cuales con antecedentes penales (con un aumento del 20%).
Unos once millones de indocumentados viven en Estados Unidos, la mayoría de ellos de latinoamericanos, donde la última vez que se produjo una reforma migratoria fue en 1986, bajo la presidencia del republicano Ronald Reagan.
King quiere que el gobierno siga desplegando a la Guardia Nacional en la frontera con México, que se vuelva a investigar métodos de vigilancia electrónica y que se ejecuten redadas masivas en empresas en todo el país.
El gobierno Obama desplegó en agosto de 2010 un total 1.200 efectivos de la Guardia Nacional en cuatro estados de la frontera sur, entre ellos Arizona, donde se producen la mayor parte de cruces ilegales desde México. Ese despliegue formó parte de un paquete de medidas suplementarias por un monto de 600 millones de dólares.
Todo un sistema de vigilancia electrónica, con radares y sensores especiales, probado durante tres años a un costo de más de 1.000 millones de dólares, fue suspendido el año pasado tras comprobarse numerosos errores.
"¿Qué han hecho para sustituirlo? Nada, nada", se lamentó King. "Creo que para la supervivencia de nuestro país tenemos que garantizar el control de nuestras fronteras", advirtió con tono solemne.
En tanto, legisladores de cinco estados defendieron una iniciativa conjunta para modificar una histórica enmienda constitucional que concede la ciudadanía a los nacidos en el país.
"De acuerdo a la 14ª Enmienda, los principales requisitos para la ciudadanía estadounidense dependen de la fidelidad absoluta a Estados Unidos, no la geografía", explicó en rueda de prensa Daryl Metcalfe, representante de Pensilvania.
La 14ª Enmienda, promulgada en 1868 por el Congreso, establece que la ciudadanía es concedida por ley a "todas aquellas personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción".
Posteriores sentencias de la Corte Suprema detallaron que las únicas personas que no están incluidas son los ciudadanos de un país enemigo o con rango diplomático.
Sin embargo, para los republicanos que se oponen a esa jurisprudencia, la 14ª enmienda no se aplica a los indocumentados presentes en Estados Unidos, puesto que no tienen residencia legal, y por lo tanto sus hijos nacidos en el país también son ilegales.
Esa enmienda ha sido criticada en años anteriores por los miembros más conservadores del Partido Republicano por considerar que autoriza abusos por parte de indocumentados, que tienen sus hijos en Estados Unidos para intentar no ser deportados.
La Cámara de Representantes pasó a manos de los republicanos, pero el Senado sigue siendo demócrata por una corta mayoría y cualquier intento de llevar adelante reformas radicales se toparían en principio con su oposición.
Pero al menos siete estados se disponen a promulgar leyes como la polémica SB 1070 de Arizona, que proclama la inmigración ilegal un delito estatal y obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los indocumentados. Agencia AFP
Desde un mayor despliegue de fuerzas policiales en la frontera a la anulación del derecho a la ciudadanía por haber nacido en suelo estadounidense, los republicanos quieren acentuar la política represiva, aunque sus posibilidades de éxito son escasas a causa de la división del Congreso.
El presidente Barack Obama "ha logrado algo de progreso, pero podría haber hecho más", declaró el legislador republicano Peter King (Nueva York) a la cadena televisiva Fox, jefe de la comisión de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes.
El gobierno Obama persiguió una reforma migratoria integral integral durante dos años, pero también logró números récord de aprehensión y deportación de ilegales: más de 392.000 en el año fiscal 2010 (octubre 2009 a setiembre 2010), 195.000 de los cuales con antecedentes penales (con un aumento del 20%).
Unos once millones de indocumentados viven en Estados Unidos, la mayoría de ellos de latinoamericanos, donde la última vez que se produjo una reforma migratoria fue en 1986, bajo la presidencia del republicano Ronald Reagan.
King quiere que el gobierno siga desplegando a la Guardia Nacional en la frontera con México, que se vuelva a investigar métodos de vigilancia electrónica y que se ejecuten redadas masivas en empresas en todo el país.
El gobierno Obama desplegó en agosto de 2010 un total 1.200 efectivos de la Guardia Nacional en cuatro estados de la frontera sur, entre ellos Arizona, donde se producen la mayor parte de cruces ilegales desde México. Ese despliegue formó parte de un paquete de medidas suplementarias por un monto de 600 millones de dólares.
Todo un sistema de vigilancia electrónica, con radares y sensores especiales, probado durante tres años a un costo de más de 1.000 millones de dólares, fue suspendido el año pasado tras comprobarse numerosos errores.
"¿Qué han hecho para sustituirlo? Nada, nada", se lamentó King. "Creo que para la supervivencia de nuestro país tenemos que garantizar el control de nuestras fronteras", advirtió con tono solemne.
En tanto, legisladores de cinco estados defendieron una iniciativa conjunta para modificar una histórica enmienda constitucional que concede la ciudadanía a los nacidos en el país.
"De acuerdo a la 14ª Enmienda, los principales requisitos para la ciudadanía estadounidense dependen de la fidelidad absoluta a Estados Unidos, no la geografía", explicó en rueda de prensa Daryl Metcalfe, representante de Pensilvania.
La 14ª Enmienda, promulgada en 1868 por el Congreso, establece que la ciudadanía es concedida por ley a "todas aquellas personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción".
Posteriores sentencias de la Corte Suprema detallaron que las únicas personas que no están incluidas son los ciudadanos de un país enemigo o con rango diplomático.
Sin embargo, para los republicanos que se oponen a esa jurisprudencia, la 14ª enmienda no se aplica a los indocumentados presentes en Estados Unidos, puesto que no tienen residencia legal, y por lo tanto sus hijos nacidos en el país también son ilegales.
Esa enmienda ha sido criticada en años anteriores por los miembros más conservadores del Partido Republicano por considerar que autoriza abusos por parte de indocumentados, que tienen sus hijos en Estados Unidos para intentar no ser deportados.
La Cámara de Representantes pasó a manos de los republicanos, pero el Senado sigue siendo demócrata por una corta mayoría y cualquier intento de llevar adelante reformas radicales se toparían en principio con su oposición.
Pero al menos siete estados se disponen a promulgar leyes como la polémica SB 1070 de Arizona, que proclama la inmigración ilegal un delito estatal y obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los indocumentados. Agencia AFP
Fuente: Los Andes Online
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