Recursos en juego: Extranjeros toman el control de tierras claves para la producción de alimentos

28/08/11 

Los chinos se aseguraron cereales de dos valles de Río Negro por 20 años. Y los árabes empezarán a cultivar en El Impenetrable. El Congreso se apresta a debatir frenos a la extranjerización del suelo.

Por Pablo Calvo

Los últimos valles de clima templado del Cono Sur aún sin explotar, rociados por el agua pura del Río Negro, perderán su virginidad: ahora los pondrán a parir toneladas de cereales, que no serán para alimentar a los argentinos con necesidades básicas insatisfechas, sino que partirán hacia China durante los próximos 20 años. Es lo que acaban de pactar, bajo polémicas condiciones y sin aval legislativo, el gobierno de Río Negro y una gigantesca empresa estatal china: la concesión de 330.000 hectáreas a cambio de 1.500 millones en inversiones.

Es apenas un caso de miles que se producen en estos momentos en un mundo que busca asegurarse los alimentos para los próximos 50 años, luego de una década en que vio mermar drásticamente la disponibilidad de las superficies cultivables, la pesca marítima, los bosques y el agua potable.

Expertos en geografía humana de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, definen este proceso como una “fiebre por la tierra”, que tiene componentes productivos y también especulativos, dos factores que se verifican en la Argentina. Es por eso que el Congreso planea discutir, desde el próximo miércoles, los proyectos que intentan frenar el proceso de extranjerización de la tierra y proteger el agua y las riquezas del suelo argentino.

“En el caso de Río Negro, comprometimos el uso de superficies privadas, no fiscales, con la idea de aprovechar para el riego el agua que hoy estamos tirando, unos 900 metros cuadrados por segundo”, fue la justificación que dio el gobernador Miguel Saiz, un radical K que apeló a una frase insólita: “Yo no tengo un bidón y un embudo gigante para juntar esa agua, que termina en el mar”.
 

Hay una canción de León Gieco que se llama El embudo y es una crítica a la extracción sin freno de los recursos naturales y el petróleo del país. Tiene un verso elocuente, que dice: “Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún ‘sudoructo’”.

Es que la soberanía, en el contexto mundial de codicia por suelos fértiles, no es hoy una cuestión de hitos de hormigón armado o estacas de madera colocadas en los 9.376 kilómetros de frontera, sino una cuestión geopolítica interior.

Las tierras de América fueron las que menos se degradaron por actividades como el desmonte, el desvío de los ríos y la sobreexplotación. Un 11% de deterioro entre los años 1945 y 2000, contra el 23% de Europa y África y el 21% de Asia, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO, por la sigla en inglés). Es el organismo que prevé, para los próximos 15 años, un aumento de casi el 40% de la demanda mundial de cereales, en paralelo a un descenso del 30% de las cosechas en los países en desarrollo.

Es por eso que el suelo argentino es demandado desde distintos países, como Arabia Saudita, que acaba de asegurarse la explotación de 30.000 hectáreas en el Chaco, con posibilidad de extenderse a 200.000 en total en la zona de El Impenetrable, una región de monte nativo en la llanura provincial. A cambio, el grupo árabe Al Khoraref pondrá 400 millones de dólares y se quedará con la producción, para un plan de seguridad alimentaria en su país. “Queremos darle valor agregado a tierras improductivas”, se atajó el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich.

El potencial es enorme. En la última campaña de siembra en la Argentina, se utilizaron 30 millones de hectáreas, que se podrían estirar a 35 millones de hectáreas en el futuro cercano.

Pero ya hay siete millones de hectáreas en manos de extranjeros o sociedades de otra nacionalidad, “aunque la cifra podría llegar a 17 millones”, indicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez,
 

El panorama es más amplio y diverso. Firmas chinas explotan latifundios en Santa Fe y construyen un puerto en Rosario para llevarse su soja. Empresarios malayos compraron tierras aptas en la bellísima Malargüe, con fósiles y volcanes incluidos. La Cordillera de los Andes, útero de los ríos más transparentes, fue desafectada de la protección especial que tienen las zonas de frontera y la minería internacional encontró el atajo justo para avanzar. Hasta el lago Escondido, rico en truchas patagónicas, fue cercado por el magnate inglés Joe Lewis, junto a un cartel que decía “Propiedad Privada”.

Es que las medidas para detener la extranjerización y el uso concentrado de la tierra, luego de la década menemista, el caos de la Alianza y ocho años de administración kirchnerista, dejan que desear.

El proyecto de ley que auspicia la Casa Rosada para atender parte del problema sucede a otros nueve que nunca tuvieron apoyo legislativo desde agosto de 2002, cuando la Federación Agraria Argentina (FAA) planteó por primera vez el tema en el Congreso (ver Cuestionan el proyecto oficial...)

Un documento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca advierte que “se registra en nuestro país, y en otros países con tierras aptas para la producción, un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros transnacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de los precios de los productos primarios en el mercado internacional”.

“Nuestro país -admite el informe- no es ajeno a este proceso de adquisición o de interés por adquirir grandes superficies de tierras rurales. Prueba de ello es que, a partir de la década del 90, habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 de nuestras provincias”.

Desde el regreso de la democracia, en 1983, nadie se preocupó por hacer un relevamiento exacto de cuántas tierras fueron vendidas a personas o empresas de otro país y qué recursos naturales quedaron en peligro. Clarín advirtió esta falencia en enero de 2010, en una nota titulada “El Gobierno no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros”, pero poco se hizo desde entonces.

Ahora son las superficies potencialmente fértiles las que preocupan y el proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, el primero que pidió aprobar la presidenta Cristina Kirchner luego del respaldo que obtuvo en las urnas el 14 de agosto, propone hacer el primer Registro Nacional de Tierras Rurales. Con suerte, estará recién para el año que viene, si las provincias comparten la información catastral.

La iniciativa oficial establece que el dominio u ocupación extranjera sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, definidas como “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino”, no debe superar el 20 % del total. Habrá debate, porque no están claras las superficies que se toman como referencia y las estimaciones oficiales son difusas.

“Los topes del 20 por ciento de posesión extranjera y de 1000 hectáreas para cada comprador de otro país son demasiado altos. Yo creo que ningún extranjero debería poseer tierras argentinas, como sucede en algunos estados de EE.UU, países de Europa y Japón”, opina la historiadora Elsa Bruzzone, autora del libro “Las guerras del agua”.

El Gobierno, que dice haber hecho un cotejo con las legislaciones de Brasil, España, Francia, Italia, Canadá y también de Estados Unidos, asegura que, si se sanciona su proyecto quedarán protegidas “más de 200 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos y servicios ambientales”. La superficie del país, sin contar la Antártida, supera los 278 millones de hectáreas. Sólo a modo de dato gráfico, el 20 por ciento de esa superficie es equivalente a 45 veces las islas Malvinas.

El proyecto de Cristina

Establece en el 20 % el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas o firmas extranjeras.

Un mismo titular extranjero no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación.

Una cláusula interpretativa advierte que “no se entenderá por inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso estratégico escaso, natural y no renovable”.

Cuestionan el proyecto oficial que pone topes a las compras

Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.

Por Gonzalo Sánchez

 

GUANACOS. REPOSAN EN UN “REFUGIO” DE 12 MIL HECTAREAS QUE COMPRO EL BRITANICO JOE LEWIS EN LA PATAGONIA.

Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.

“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.

Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura. También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción, es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.

 

Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.

El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.

Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.

Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo. Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.

La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.

Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras.

El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.

De Menem a Cristina

Por Daniel Santoro

 

Hasta el gobierno de Carlos Menem, las tierras de frontera no podían ser compradas por extranjeros, según la vieja concepción militar de la defensa nacional. De la mano de la fiebre privatizadora, Menem derogó esos impedimentos legales y permitió la venta de esas zonas a empresas foráneas. Y se hicieron ventas sin ningún control. El ex secretario de Seguridad de este gobierno, Norberto Quantín, detectó que 11 de esas grandes extensiones de tierra en la frontera con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil habían sido adquiridas por “empresas off shore” que ni siquiera habían declarado quiénes eran sus dueños. Quantín hizo la denuncia a la Unidad de Información Financiera, sospechando que podría merodear el narcotráfico, pero los casos nunca se investigaron. Su denuncia duerme ahora en algún cajón de la cartera de Nilda Garré. En esta costumbre nacional de pasar de un extremo a otro, el Estado perdió una herramienta clave: la información sobre quiénes fueron los compradores, sean argentinos o extranjeros.

Fuente: Clarin.com