Tierras: el proyecto que mandó Cristina tendrá muchos cambios
La oposición aceptó debatirlo pero quiere modificaciones. La pelea es de qué manera debe regularse la venta a extranjeros.
jueves, 01 de septiembre de 2011
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| Solá fue uno de los diputados que solicitaron cambios. (Télam) |
Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
El kirchnerismo consiguió avanzar en el
tratamiento de la ley que envió el Ejecutivo para frenar el proceso de
extranjerización de la tierra. Ayer, en la comisión de Legislación
General de la Cámara baja el oficialismo logró el aval de gran parte de
la oposición para abordar el tema y sacar dictamen en las próximas
semanas, pero el proyecto que mandó la presidenta Cristina de Kirchner
recibió una avalancha de sugerencias y críticas por lo cual la titular
de la comisión, Vilma Ibarra (aliada K), aceptó hacerle cambios para
lograr el consenso más amplio.
La oposición -los bloques de la centroizquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo federal- tienen presentados 14 proyectos de ley para regular la venta de tierras a extranjeros, por eso ayer reclamó que el proyecto del Poder Ejecutivo, que Ibarra puso en consideración, sea modificado en algunos puntos centrales. Algunas cuestiones ya fueron aceptadas por Ibarra y otros diputados oficialistas, con el consentimiento del Ministerio de Agricultura, pero otras sugerencias deberán pasar por un fuerte debate.
El proyecto de Cristina Fernández establece que las parcelas rurales del país sólo podrán estar en manos de extranjeros hasta un 20% y que una persona física o jurídica foránea no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea la zona en que éstas estén. Además, postula que deberá hacerse un censo nacional de todas las parcelas rurales del país en un plazo de 180 días.
Pero la oposición, entre ellos la diputada Verónica Benas (Frente Amplio) y los diputados de la Federación Agraria (Pablo Orsolini y Ulises Forte) y el peronista disidente Felipe Solá, reclamaron cambios importantes. Uno de ellos es que se prohíba la venta de tierras a extranjeros donde hay recursos naturales estratégicos como ríos o bosques. Otro de los puntos es que no se impida la compra de tierras a los residentes que tienen más de 10 años viviendo en la Argentina, de manera de no colisionar con el artículo 20 de nuestra Constitución.
Pero no quedó definido si el oficialismo -que no tiene mayoría en la comisión- aceptará cambios clave como la sustitución del límite de 1.000 hectáreas que fija el proyecto del Ejecutivo. La oposición -el socialismo, el radicalismo, la centro-izquierda- pretenden que se usen las "unidades económicas" en lugar de hectáreas como medida, un concepto que varía según las regiones del país y el destino que se dará a las parcelas.
"Mil hectáreas es mucho para una tierra destinada al turismo; muchísimo si es para sembrar soja o trigo en la Pampa Húmeda y poco para criar ovejas en la Patagonia", admitió el kirchnerista Mario Pais.
El Gobierno sí podría aceptar que se sumen más filtros a la compra de tierras por parte de extranjeros. La misma Ibarra propuso que el techo del 20% que se fija a nivel país se aplique en cada provincia y en cada departamento. Además, podría establecerse también la prohibición de que otro país -otro Estado- pueda comprar hectáreas.
En general, la oposición solicitó precisiones. El socialista Lisandro Viale sostuvo "no es lo mismo 20% de las 278 mil millones de hectáreas de la superficie continental argentina, que 20% de las 177 mil millones de hectáreas cultivables o de las 134 mil millones de hectáreas más valiosas", explicó. "Esta ley es mejorable, no se puede votar a libro cerrado", dijo y reclamó un censo catastral para tener una foto clara.
Es que para la oposición el techo del 20% "es una abstracción" ya que no se sabe cuántas hectáreas están hoy en manos de extranjeros. De hecho, Benas y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro) quieren bajar el límite al 10%.
Luego de los desencuentros, Ibarra consiguió ayer el compromiso de la duhaldista Graciela Camaño, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, de sesionar la semana entrante conjuntamente para acelerar el proceso. Falta el sí del diputado radical Juan Casañas, titular de Agricultura, ya que las 3 comisiones deben emitir dictamen en plenario.
Si esto se da, el oficialismo pretende votar antes del 23 de octubre, aunque la oposición no quiere que el Gobierno saque rédito de un tema que "durmió" durante seis años en la misma Cámara de Diputados.
La oposición -los bloques de la centroizquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo federal- tienen presentados 14 proyectos de ley para regular la venta de tierras a extranjeros, por eso ayer reclamó que el proyecto del Poder Ejecutivo, que Ibarra puso en consideración, sea modificado en algunos puntos centrales. Algunas cuestiones ya fueron aceptadas por Ibarra y otros diputados oficialistas, con el consentimiento del Ministerio de Agricultura, pero otras sugerencias deberán pasar por un fuerte debate.
El proyecto de Cristina Fernández establece que las parcelas rurales del país sólo podrán estar en manos de extranjeros hasta un 20% y que una persona física o jurídica foránea no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas, cualquiera sea la zona en que éstas estén. Además, postula que deberá hacerse un censo nacional de todas las parcelas rurales del país en un plazo de 180 días.
Pero la oposición, entre ellos la diputada Verónica Benas (Frente Amplio) y los diputados de la Federación Agraria (Pablo Orsolini y Ulises Forte) y el peronista disidente Felipe Solá, reclamaron cambios importantes. Uno de ellos es que se prohíba la venta de tierras a extranjeros donde hay recursos naturales estratégicos como ríos o bosques. Otro de los puntos es que no se impida la compra de tierras a los residentes que tienen más de 10 años viviendo en la Argentina, de manera de no colisionar con el artículo 20 de nuestra Constitución.
Pero no quedó definido si el oficialismo -que no tiene mayoría en la comisión- aceptará cambios clave como la sustitución del límite de 1.000 hectáreas que fija el proyecto del Ejecutivo. La oposición -el socialismo, el radicalismo, la centro-izquierda- pretenden que se usen las "unidades económicas" en lugar de hectáreas como medida, un concepto que varía según las regiones del país y el destino que se dará a las parcelas.
"Mil hectáreas es mucho para una tierra destinada al turismo; muchísimo si es para sembrar soja o trigo en la Pampa Húmeda y poco para criar ovejas en la Patagonia", admitió el kirchnerista Mario Pais.
El Gobierno sí podría aceptar que se sumen más filtros a la compra de tierras por parte de extranjeros. La misma Ibarra propuso que el techo del 20% que se fija a nivel país se aplique en cada provincia y en cada departamento. Además, podría establecerse también la prohibición de que otro país -otro Estado- pueda comprar hectáreas.
En general, la oposición solicitó precisiones. El socialista Lisandro Viale sostuvo "no es lo mismo 20% de las 278 mil millones de hectáreas de la superficie continental argentina, que 20% de las 177 mil millones de hectáreas cultivables o de las 134 mil millones de hectáreas más valiosas", explicó. "Esta ley es mejorable, no se puede votar a libro cerrado", dijo y reclamó un censo catastral para tener una foto clara.
Es que para la oposición el techo del 20% "es una abstracción" ya que no se sabe cuántas hectáreas están hoy en manos de extranjeros. De hecho, Benas y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro) quieren bajar el límite al 10%.
Luego de los desencuentros, Ibarra consiguió ayer el compromiso de la duhaldista Graciela Camaño, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, de sesionar la semana entrante conjuntamente para acelerar el proceso. Falta el sí del diputado radical Juan Casañas, titular de Agricultura, ya que las 3 comisiones deben emitir dictamen en plenario.
Si esto se da, el oficialismo pretende votar antes del 23 de octubre, aunque la oposición no quiere que el Gobierno saque rédito de un tema que "durmió" durante seis años en la misma Cámara de Diputados.
Fuente: Los Andes Online
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