Detienen a jefes militares por narcos
Cuatro generales, un teniente coronel y un mayor del ejército mexicano fueron acusados de delitos relacionados con los cárteles de la droga desde el año 2000. Uno fue subsecretario de Defensa de Felipe Calderón, el presidente que militarizó la lucha antidrogas.
Agencia AFP
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| Sergio Enrique Villarreal, uno de los capos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuando fue detenido. (AFP) |
Cuatro generales, un teniente coronel y un
mayor mexicanos, uno de ellos subsecretario de la Defensa Nacional hasta
2008, fueron encarcelados, acusados por delitos relacionados con el
narcotráfico, en el primer proceso que vincula a generales con cárteles
de la droga desde 2000.
Un juez federal libró ayer orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud contra tres generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare -subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008- capturados desde mayo por vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La Procuraduría informó además que otro general de brigada, Rubén Pérez Ramírez, fue acusado de colaboración con el narcotráfico, sin precisar con qué organización, y también fue detenido.
Se trata de la detención más numerosa de militares de alto rango en México. En 2000 el general Jesús Quiros Hermosillo, que murió en 2005, fue sentenciado por colaborar con el también fallecido narcotraficante Amado Carrillo.
La defensa del general en retiro Ángeles, de 69 años de edad y que fue colaborador del ministro de Defensa, Guillermo Galván, ha dicho que las acusaciones no tienen sustento y que el caso tiene tintes políticos, recordando que el oficial cuestionó la estrategia antidrogas durante la campaña para los comicios presidenciales del 1 de julio.
Los otros militares a los que se libró orden de detención son el general retirado Ricardo Escorcia; el general brigadier Roberto Dawe González; el teniente coronel retirado Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Los generales Angeles, Escorcia y Dawe, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. Mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz ya estaba en una cárcel acusado de fraude.
La acusación contra estos militares se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que señalan que los uniformados recibieron millonarias cantidades de estos narcotraficantes para su protección.
Ricardo Sánchez Reyes, abogado del general Ángeles, dijo a MVS Radio que el general "está muy confiado de llegar al ámbito de la justicia federal" y consideró que no había suficiente mérito para dictar la orden de encarcelamiento.
Las pruebas contra los generales deben ser consistentes, sobre todo porque "el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular ha sido la política insignia de la administración del presidente Felipe Calderón", dijo Javier Oliva académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Colegio de Defensa Nacional.
Calderón, tras llegar al poder en diciembre de 2006 militarizó la lucha antidrogas, involucrando al Ejército y la Marina Armada en la persecución de los cárteles.
"Es indudable que el proceso judicial tiene problemas de origen", sin "pruebas consistentes" con declaraciones de un testigo protegido "de dudosa reputación", añadió Oliva.
Un juez federal libró ayer orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud contra tres generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare -subsecretario de Defensa Nacional entre 2006 y 2008- capturados desde mayo por vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La Procuraduría informó además que otro general de brigada, Rubén Pérez Ramírez, fue acusado de colaboración con el narcotráfico, sin precisar con qué organización, y también fue detenido.
Se trata de la detención más numerosa de militares de alto rango en México. En 2000 el general Jesús Quiros Hermosillo, que murió en 2005, fue sentenciado por colaborar con el también fallecido narcotraficante Amado Carrillo.
La defensa del general en retiro Ángeles, de 69 años de edad y que fue colaborador del ministro de Defensa, Guillermo Galván, ha dicho que las acusaciones no tienen sustento y que el caso tiene tintes políticos, recordando que el oficial cuestionó la estrategia antidrogas durante la campaña para los comicios presidenciales del 1 de julio.
Los otros militares a los que se libró orden de detención son el general retirado Ricardo Escorcia; el general brigadier Roberto Dawe González; el teniente coronel retirado Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Los generales Angeles, Escorcia y Dawe, fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. Mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz ya estaba en una cárcel acusado de fraude.
La acusación contra estos militares se basa en las declaraciones de dos testigos protegidos vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que señalan que los uniformados recibieron millonarias cantidades de estos narcotraficantes para su protección.
Ricardo Sánchez Reyes, abogado del general Ángeles, dijo a MVS Radio que el general "está muy confiado de llegar al ámbito de la justicia federal" y consideró que no había suficiente mérito para dictar la orden de encarcelamiento.
Las pruebas contra los generales deben ser consistentes, sobre todo porque "el combate al crimen organizado y al narcotráfico en particular ha sido la política insignia de la administración del presidente Felipe Calderón", dijo Javier Oliva académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del Colegio de Defensa Nacional.
Calderón, tras llegar al poder en diciembre de 2006 militarizó la lucha antidrogas, involucrando al Ejército y la Marina Armada en la persecución de los cárteles.
"Es indudable que el proceso judicial tiene problemas de origen", sin "pruebas consistentes" con declaraciones de un testigo protegido "de dudosa reputación", añadió Oliva.
Fuente: Los Andes Online
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