El Gobierno Británico ganó un juicio que contradice su posición sobre Malvinas
Gran Bretaña ganó un juicio que contradice su posición
sobre las Islas Malvinas. El fallo atenta contra el derecho de
autodeterminación de los chagosianos, un pueblo expulsado de su hogar
por el gobierno británico, y contradice el argumento que utiliza ese
país en Malvinas.
En la década del 60 el Reino Unido expulsó a través de la fuerza a
los 2.000 habitantes de la isla Diego García, en el Océano Índico, y se
la alquiló a Estados Unidos para que arme allí una base militar con
rápido acceso a Asia y África.
Ante presiones judiciales y políticas por ese acto de violencia, en
2010 el gobierno británico estableció que la zona se convierta en una
reserva marina protegida.
El Grupo de Refugiados de Chagos (CRG), que nuclea a los
sobrevivientes de la población original expulsada y sus descendientes,
denunció ante la justicia que esa decisión fue otra maniobra para
impedirles regresar a su hogar ya que son una comunidad esencialmente
pesquera.
Luego de un proceso judicial, trabado por grandes demoras, un
tribunal de Londres decidió hoy desestimar esa acusación y falló que la
creación del área de protección marina "es compatible con las leyes de
la Unión Europea (UE)".
"Es decepcionante para los chagosianos, algunos de los cuales no
podrán ser capaces de sobrevivir si se nos saca nuestro derecho a la
pesca, el único vínculo que nos queda con nuestra patria desde que el
Reino Unido nos expulsó ilegalmente", señaló el CRG en un comunicado.
La agrupación expresó que está "a favor de la conservación de ese
paraíso natural" pero que más peligroso para el medioambiente es la base
militar estadounidense que "causó enormes daños en los corales,
destruyó vegetación y produjo derrames de petróleo en reservorios de
agua dulce".
El fallo atenta contra el derecho de autodeterminación que tienen los
chagosianos que, a diferencia de los habitantes de Malvinas, fue
reconocido mundialmente y hasta por la propia justicia británica en
sentencias anteriores.
Londres se resguarda en ese principio para no negociar el
archipiélago en disputa de soberanía con Argentina, pero se lo niega a
los chagosianos que sí son una población nativa diferente a la metrópoli
conquistadora.
El canciller argentino Héctor Timerman mencionó este caso en junio de
2011, en un discurso ante el Comité de Descolonización de Naciones
Unidas, al afirmar que "el Reino Unido se escuda en el principio de
libre determinación como una excusa para no negociar la Cuestión
Malvinas".
El vínculo entre ambos territorios tiene nombre: Colin Roberts,
máximo responsable del autodenominado Territorio Británico del Océano
Índico cuando se creó el área de protección que les negó sus derechos a
los chagosianos, y designado por la cancillería británica como próximo
gobernador de Malvinas.
El funcionario fue uno de los testigos clave durante el reciente
juicio ya que en el cable "09LONDON1156" de Wikileaks reconoció que "el
establecimiento de una reserva marina podría ser la forma más eficaz a
largo plazo para evitar un reasentamiento".
"El lobby ambiental británico es más poderoso que los abogados de los
chagosianos", opinó Roberts, de acuerdo a la información que el
Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó como confidencial.
El peso de las evidencias que aportó Wikileaks es tan fuerte, que por
primera vez en el Reino Unido uno de sus cables iba a ser utilizado
como prueba judicial.
Sin embargo, los magistrados luego lo desestimaron por presiones del
gobierno británico que argumentó que esa información fue obtenida de
forma ilegal y que viola los derechos diplomáticos de la Convención de
Viena.
Fuente: Télam y elsolonline.com
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