Reforma neoliberal vs Defensa Nacional

Por Julio César Urien*

El gobierno aprovechó la tragedia del ARA San Juan para contrabandear su proyecto de reforma del Sistema de Defensa. Expresarán que se trata de una “modernización”. Lo cierto es que quieren encajar a las Fuerzas Armadas al servicio de intereses inconfesables.

El campo popular debe discutir la naturaleza de la reforma anunciada, así como los actores e intereses que se mueven detrás de escena.

La comisión puesta a elaborar la propuesta oficial es una ficción para la opinión pública. El proyecto ya existe. Es la decantación de iniciativas impulsadas por políticos radicales y por algunos sectores de la Armada Argentina, fundamentalmente.

Las modificaciones del sistema (rengo) actual responden a dos grandes presiones: una externa y la otra interna.

La primera representa los anhelos de agencias gubernamentales norteamericanas. El Comando Sur y la DEA, particularmente, que gozan de gran receptividad en alguna elite política y militar local. De acuerdo con esta visión el rol que nos cabe es subsidiario de la potencia militar global. La mejor manera de servir al interés propio sería, pues, asistir al mecanismo militar del Pentágono.

La defensa del territorio y la Constitución Nacional, te las debo.

Esta tremenda corriente de influencia llevaría al instrumento militar argentino a Siria, Afganistán, Irak, Cuerno de África, Yemen y, porqué no, Corea, Irán y Venezuela, si las circunstancias lo reclaman. Por eso ya se preparan bases estadounidenses en el país, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció una “alianza estratégica” con Israel y la gobernadora María Eugenia Vidal envió al grupo Halcón de la policía bonaerense a entrenarse a aquel país en guerra.

Sin embargo incluso para ellos existe un obstáculo. Esa piedra en el zapato es Malvinas. Tener parte del territorio ocupado por una potencia que aumenta su poderío militar en el Atlántico sur cada día es un problema. El gobierno apuesta a saltarse este escollo de la manera que mejores resultados le da: invisibilizándolo.

Los expertos en desinformación, siembra de rumores y aturdimiento, buscarán desalentar todo pensamiento estratégico-militar centrado en la defensa del Atlántico Sur y la Antártida. Sus voceros ya insinuaron la inconveniencia del reclamo de soberanía en Malvinas. Cuentan para ello hasta con una cronista pro británica en el principal periódico del país. Es decir, ya conquistaron la cabecera de playa.

La segunda corriente de presiones que juega desde las sombras en la reforma gubernamental está conducida por políticos domésticos. Radicales del ala de Horacio Jaunarena a través del imperecedero Ángel Tello y del actual ministro “milico” Oscar Aguad. Este núcleo sueña con integrar las llamadas “nuevas amenazas”, terrorismo y narcotráfico en las misiones de nuestros militares, aunque se trate de fenómenos que, por ahora, deben ser atendidos por las fuerzas de seguridad.

Con la trasformación informada, los uniformados recuperarían sustentabilidad económica, autonomía e influencia social. Pasarían a ser el componente central de la coerción física del Estado. Recibirían graciosas ayudas de cooperación militar. Y así se desplazaría el eje del sistema punitivo y de disciplinamiento social del nivel táctico-policial al estratégico-militar, completando la ingeniería del law-fare (guerra jurídica) doméstico con el war-fare liso y llano.

El gobierno espera ganar el apoyo de la corporación militar ofreciéndoles las instituciones policiales militarizadas. La Prefectura Naval (PNA) se reintegraría a la Armada y la Gendarmería al Ejército.

La PNA viene con una importante “caja” bajo el brazo: la recaudación de tasas, habilitación de personal embarcado y de buques, control de la hidrovía, seguridad de objetivos estratégicos (incluido Puerto Madero y toda la actividad legal y gris que ocurre dentro ahí dentro).

Así esperan comprar el silencio de los marinos de guerra ante el desmontaje de dos siglos de presencia argentina en la Antártida y también acerca de la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes.

El Ejército, que conoció un repunte de capacidad de influir durante el gobierno anterior, se deberá conformar con los contratos que obtenga para garantizar el orden interno.

La Fuerza Aérea recibirá algunas aeronaves de entrenamiento. Un puñado de aviadores gozará del privilegio de operar aviones norteamericanos para bombardear poblaciones del Oriente Medio. El resto se integrará a las low-cost privadas merced a su formación profesional pagada del presupuesto nacional.

Y todos contentos (aunque sectores minoritarios de las Fuerzas de Armadas sigan añorando un pensamiento estratégico centrado en la defensa de la soberanía territorial con eje en la cuestión Malvinas).

El otro actor que se deleita con esta potencial reforma son los proveedores de tecnología militar y de seguridad. Empresarios locales que tejieron relaciones promiscuas con militares, policías, periodistas y políticos-títeres de las embajadas de Estados Unidos e Israel.

Un lobby arcano que con el cash de la evasión fiscal financia las carreras de quienes deben tomar decisiones y también a los que forman la agenda de la opinión pública. Promueven vivamente el imaginario de un terrorismo delirantemente mapuche, islamista y kurdo.

La gramática de esta reestructuración lleva la marca de la cada vez más frecuente reivindicación de la dictadura genocida y, fundamentalmente, de la indiferencia, que es la principal aliada del gobierno de las corporaciones.

La oposición debería poder advertir el riesgo de lo que se viene si el Poder Ejecutivo ejecutara lo que tiene planeado. Por eso las fuerzas populares debemos auspiciar debates realistas en torno a la Defensa. Esto significa también desligarnos de dogmas anacrónicos sobre la naturaleza “siniestra” de los Estados Unidos. La potencia mundial está atravesada por la misma contradicción que enfrenta a la democracia representativa con las corporaciones.

Finalmente, es probable que este intento de volcar a las Fuerzas Armadas nuevamente sobre el “enemigo interno” quede sólo en proclamas. Cambiemos invierte en Defensa cada año un poco menos. Pero la iniciativa oficial no se trata solamente de un capricho de CEOs urgidos por hacer economía.

Habrá que hacer valer nuestra voz disidente en condiciones desfavorables y con un sentido común mayoritario adverso a los postulados nacional-populares. Ese es el reto de encarar una política de Defensa al servicio de un programa de desarrollo humano, justicia social y soberanía política en plena reconfiguración del Estado y desintegración de los partidos políticos.

El desafío es grande, pero elegimos no rendirnos.

*Presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua

Opinión

Sobre unidades, destrucción y soberanía

Por Mempo Giardinelli

Imagen: Télam

Para muchos ésta fue una semana políticamente auspiciosa, dado el encuentro de varios líderes sectoriales del peronismo en elogiable afán de iniciar un camino de unidad opositora. Lo mismo que se ha querido ver respecto de la movilización sindical anunciada para la última semana de este febrero caliente que, hasta ahora, ha desatado más ardores que ilusiones. 

En primer lugar, las desconfianzas serán inevitables mientras sigan en el umbral sujetos de confianza imposible, como los Sres. Pichetto y Bossio. Y en el mundo sindical también, con “gordos” de largas trayectorias traidoras al frente de organizaciones numerosas. Todo bien con la unidad, se diría, pero no con todos los unibles.

A riesgo de parecer aguafiestas, además, hay que decir que esos sueños de unidad enfrentan reparos serios que, a juicio de esta columna, no son menores y están llamados a modificar profundamente las conductas políticas de este país. Y básicamente son dos, que más allá de buenas voluntades las dirigencias parecen no advertir: la demasiado llamativa ausencia de mujeres y de jóvenes. 

Las fotos en todos los medios son elocuentes, y un agudo texto de la ex diputada nacional (FpV) María del Carmen Bianchi –titulado “Sin mujeres no hay democracia”, que se puede encontrar en su FB y circula en las redes– lo expuso de manera ejemplar. Y podría decirse lo mismo de las nuevas generaciones, verdaderas víctimas del brutal atentado mediático-político que ejercen en este país en destrucción el presidente Macri y sus mandantes.

Y está claro que son vocablos fuertes, pero qué otros aplicar al accionar ultraconservador de quienes casi por azar llegaron al poder y ahora se sostienen mediante la mentira y la violencia, arrasando con el sistema productivo industrial y los empleos, la salud y la educación públicas, y la previsión social que en todos los años anteriores –y es claro que aun con gruesos errores y corruptelas– sostuvieron a una sociedad que durante años progresó en paz como casi nunca antes y bajando la pobreza del 54 por ciento al 30 por ciento, mejorando todas las tasas de salubridad, eliminando el analfabetismo con fortalecimiento de la educación pública, y garantizando nuevos derechos a la ciudadanía.

Acaso por esa destrucción contumaz y sistemática, letal y silenciosa como fiebre amarilla, la sociedad parece no haber advertido esta semana el más grande agravio que una nación puede padecer: la República Argentina sufrió entre jueves y viernes (silenciosamente, al modo que impone el neuroperiodismo oficialista) el atropello mayor de una nacionalidad: la pérdida de soberanía territorial.

Obviamente no faltarán los que digan, soberbios y profesorales, que este texto exagera o que “no es para tanto”, pero desde El Manifiesto Argentino emitimos ayer domingo un documento condenando el anuncio (de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) de que los Estados Unidos instalarán una “task force” (fuerza de intervención) en el Nordeste Argentino y en particular en la Provincia de Misiones, con el supuesto objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”. Semejante desatino sólo encubre una nueva forma de ocupación que, como todas las formas de extranjerización territorial son repudiables, constitucionalmente inadmisibles, y condenables política y moralmente. 

Así como se han denunciado y rechazado extranjerizaciones en la Patagonia y otras regiones, por parte de personas o empresas, ahora corresponde rechazar absolutamente esta inadmisible ocupación militar-policial de hecho.

Jamás en más de dos siglos de vida independiente nuestro país ha asistido a genuflexiones semejantes. Jamás gobierno alguno tomó tantas y tan violentas decisiones inconstitucionales y antidemocráticas. Jamás la vocación cipaya, antinacional y neocolonialista de la oligarquía y el empresariado transnacional impusieron sus miserables propósitos como ahora con aval del Poder Ejecutivo.

El Manifiesto Argentino denuncia, por eso, que estas claudicaciones encubren el verdadero objetivo de quienes se creen dueños del mundo y sus sirvientes locales: son nuestros recursos naturales lo que los desvela. 

En todo el planeta es sabido que, so pretexto de “combatir el terrorismo y el narcotráfico”, se instalan bases militares o task forces en países a los que después someten para saquear sus recursos, incluso generando conflictos que provocan destrucción y muerte de ciudadanos.

La República Argentina es una tierra de PAZ, y no existe ninguna razón que justifique la presencia de las llamadas “task force”. No es cierto que en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay operen organizaciones terroristas. Y tampoco es cierto que el narcotráfico tenga en la región un desarrollo que requiera de la intervención de ningún país del planeta, por poderoso que sea.

El Manifiesto Argentino no admite ninguna forma de entrega de soberanía sobre el territorio nacional. No acepta el mentiroso discurso del oficialismo macrista-radical que pretende que somos una nación de narcos y terroristas que por eso necesita “ayuda” de fuerzas militares o policiales extranjeras. Y no renunciamos al estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, que más allá de falencias y errores protegen el derecho del Pueblo Argentino a vivir en paz. Por eso exigimos al presidente Mauricio Macri un cambio de 180 grados en esta alocada decisión, a la vez que convocamos a las fuerzas políticas y sociales, y a las representaciones populares, a que expresamente rechacen estas decisiones.

Bien harían las fuerzas políticas y sindicales en unirse para reafirmar el derecho popular a la protesta pacífica, rechazar todas las formas de destrucción social y violencia estatal, y las disparatadas políticas “de seguridad” del Gobierno, que sólo procuran control social e impunidad represiva, ahora con la consentido accionar de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. El Manifiesto Argentino califica estas decisiones del gobierno actual como hechos flagrantes de traición a la Patria, que serán juzgados oportunamente cuando el pueblo recupere todos sus derechos y cuando –como decimos desde nuestro nacimiento político– todo lo destruido por decreto será restaurado por decreto.

Fuente: pagina12.com.ar