sábado, 24 de noviembre de 2018

España rechazó la oferta británica sobre Gibraltar y aumenta la tensión
El gobierno español considera que la propuesta de Londres no proporciona las suficientes garantías de que el estatus de Gibraltar necesite siempre del acuerdo de España





España dice no. Mantiene su rechazo a la última oferta británica sobre Gibraltar y entiende que no proporciona las suficientes “garantías” de que el estatus del Peñón sea una materia que se aborde necesariamente entre España y Londres. El Gobierno ya anticipa que “no puede haber un Consejo Europeo a 26”, por lo que entiende que si no hay cambios en las pocas horas que faltan, España se reafirmaría en su veto y eso podría traer como consecuencia que la misma cumbre extraordinaria en Bruselas pudiera desconvocarse. La tensión ahora mismo es máxima, según informa el diario El Confidencial.

La réplica de España a la última propuesta de Londres se produjo desde La Habana, donde el presidente, Pedro Sánchez, se halla de viaje oficial. El Ejecutivo de Theresa May se comprometió a reconocer en el futuro que ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplicará en Gibraltar si no es con el visto bueno de España, según informó el secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, informa Europa Press.

“No podemos considerar que haya acuerdo. Tras la última reunión no tenemos las garantías que queremos. Y nos sigue pareciendo impensable que pueda haber un acuerdo sobre el Brexit en el que España no se sienta representada”, subrayaron con total contundencia fuentes del Gobierno español antes del arranque del foro empresarial hispano-cubano que tiene lugar este 23 de noviembre en el hotel Iberostar Grand Packard de La Habana. Foro que inauguró el propio presidente.

Según esgrimieron fuentes del equipo de Sanchez, “no está garantizado que el encaje de Gibraltar necesite del acuerdo de España”.

Además, el Ejecutivo socialista, y por primera vez en estos últimos días, culpó a la Administración anterior, la de Mariano Rajoy, de las dificultades que está encontrando ahora mismo para hacer valer su posición. “El Gobierno anterior no fue lo suficientemente ambicioso. No llevó la ambición en este tema hasta donde nosotros entendemos que ha de estar. Lo que exigimos es que todo lo que ocurra respecto al Peñón siempre tenga el acuerdo de España”. En La Moncloa explican que lo que ahora está en juego son “cosas muy serias”, ya que se trata de la relación futura de España y de la UE con el Reino Unido y Gibraltar. “Mientras no estén todas las garantías no daremos un sí al acuerdo”.
Las claves

La situación de Gibraltar, el peñón situado en el sur de la península Ibérica, es uno de los últimos escollos por superar para aprobar el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, avisó de que su país vetará la aprobación del acuerdo en la cumbre de la UE de este domingo en caso de que no se modifique la situación de Gibraltar en el texto, algo que, dos días antes de la cita, no ocurrió aún.

En concreto, el mandatario socialista quiere que los acuerdos que firmen Reino Unido y la UE sobre el "Brexit" no se apliquen a Gibraltar, salvo que España dé su visto bueno. Por el contrario, la premier británica, Theresa May, quiere incluir al peñón en la negociación.

"Como país, no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación entre el Reino Unido con la UE", explicó Sánchez esta semana. "Tendrá que ser algo que definamos, negociemos y acordemos el Reino Unido y España".

El peñón, de apenas 6,7 kilómetros cuadrados situado en el sur de la península Ibérica, está bajo soberanía británica desde 1713, pero España lo reclama como propio. Madrid teme que el acuerdo sobre el "Brexit" termine fijando el estatus de Gibraltar según la visión británica y sin intervención española.

España introdujo por eso el año pasado una suerte de poder de veto en la UE para cualquier decisión que afecte a Gibraltar, pero considera que un artículo del acuerdo sobre el "Brexit" no deja suficientemente claro que el tema del peñón debe ser negociado de forma bilateral entre Madrid y Londres.

Fuentes diplomáticas en Bruselas aseguraron que los servicios jurídicos tanto del Consejo Europeo como de la Comisión consideran injustificados los temores de España. Todas las partes trabajaban hoy a contrarreloj para acercar posiciones y solventar uno de los últimos obstáculos a la aprobación del acuerdo el domingo.


Las claves de la nueva "guerra" de España con Reino Unido por Gibraltar
España puso el grito en el cielo por la letra chica del acuerdo de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, detectó una cláusula que involucra al Peñón de Gibraltar, la pequeña isla española en poder británico y protestó y condicionó la firma del acuerdo del Brexit. Los detalles los contó con precisión Laura Riestra, periodista de El Huffington Post de España, que aquí detallamos.





No hay tiempo y el panorama cada vez pinta peor. Faltan dos días para la cumbre europea en la que se debería refrendar el acuerdo del Brexit y España ya ha dicho por activa y por pasiva que vetará el pacto si no tiene más garantías sobre Gibraltar.

¿Por qué se ha llegado a una situación tan extrema? Por el penúltimo artículo de los 185 que componen el Tratado de Retirada de Reino Unido de la UE. El 184 es, en palabras de Ejecutivo español, "un gol" que les ha colado en el último momento la primera ministra británica, Theresa May. Por eso la postura de Pedro Sánchez no acepta medias tintas: o se retira o vetará el acuerdo. Y si quiere una salida pacífica, lo políticamente correcto sería que Reino Unido contara con el voto a favor de todos los estados miembro.



¿Qué dice el artículo 184? (Y qué no dice)

Es el que se refiere a las "negociaciones sobre la relación futura" entre Bruselas y Londres y es el que se ha introducido en opinión de España "con nocturnidad y alevosía" por el Gobierno de May, sin que el equipo negociador europeo viera motivos de alarma para España y le advirtiera.

Por poner algo más de contexto, el enfado de España también está vinculado al hecho de que en abril de 2017, cuando los 27 pactaron las directrices que debían regir la negociación de la salida de Reino Unido, se dejó claro que una vez fuera, cualquier acuerdo futuro sobre el Gibraltar tendría que contar con el visto bueno de España.

Sin embargo, cuando se anuncia el acuerdo de 585 páginas, aparece el artículo en cuestión. En una primera lectura, este artículo parece totalmente inofensivo, pero la Abogacía del Estado ha captado que puede dar paso a una ambigüedad que, en el futuro, les perjudique.

"La Unión y Reino Unido pondrán su mejor empeño, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, para tomar las medidas necesarias con el fin de negociar sin demora los acuerdos que deben regir su relación futura mencionada en la declaración política del (DD/MM/2018) y llevar a cabo los procedimientos de ratificación o conclusión de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final de la transición.




Efectivamente, en una primera lectura este punto sólo define la voluntad que tienen ambas partes de negociar un tratado comercial que entre en vigor tras el periodo de transición, algo que no tiene mucho que ver con Gibraltar. Por lo tanto, el problema está más bien en lo que este artículo no dice. Al vincular esa "futura relación" con la "declaración política" que es el pacto de divorcio (en el que se incluye el protocolo sobre Gibraltar), a una negociación entre la UE y el Gobierno británico, se da a entender que el estatus del Peñón será negociado como parte integral de Reino Unido.

O dicho de otro modo, el artículo no especifica que cualquier acuerdo futuro entre la UE y Reino Unido no se aplicará a Gibraltar a menos que España haya dado previamente su consentimiento.

Es ahí donde esta la clave, porque hay un cambio muy relevante respecto a lo que queda pactado en los papeles de separación, que determina las condiciones de salida en marzo de 2019. En ese proceso inmediato no ha habido ningún problema porque han sido los gobiernos español y británico los que han negociado de manera bilateral el mantenimiento de la libre circulación de personas entre Gibraltar y sus zonas colindantes durante el periodo transitorio, además de otras cuestiones como la coordinación para vigilar la evasión fiscal y el contrabando.

¿Qué quiere España?

Básicamente quiere tener la última palabra sobre Gibraltar.

Para el Gobierno español la redacción actual del artículo 184 del Tratado de Retirada "pone en cuestión la capacidad española de negociar con Reino Unido el futuro de Gibraltar" y esto "no es aceptable para España", en palabras del propio Sánchez.

Los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo no ven en la actualidad el riesgo que sí percibe España, pero el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, ha recordado que su responsable dejará el cargo en un año y cabe la posibilidad de que quien le sustituya haga una interpretación jurídica distinta con respecto a este artículo.

En una larga conversación telefónica mantenida el miércoles entre May y Sánchez, éste le ha exigido que retirara el controvertido artículo, pero la premier se ha negado. De ahí que recién llegado a la Habana, Sánchez reiterara su postura: "Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit."

El Gobierno, según ha explicado el secretario de Estado, quiere garantías de que España mantiene lo que hasta el momento había conseguido en la negociación, esto es, que para que cualquier aspecto de la relación futura entre la UE y Reino Unido se aplique a Gibraltar deberá haber un acuerdo previo entre Madrid y Londres. Y esa negociación debe estar separada de la que la UE mantenga con Reino Unido con carácter general.

Este jueves, según lo expresado por Marco Aguiriano, España podría contentarse con que los servicios jurídicos europeos dejaran por escrito, en un instrumento legalmente vinculante, que ese artículo no se aplica para el Peñón.

Si España no logra una nueva cláusula en el articulo 184 donde quede claro su papel en el futuro de Gibraltar, el futuro del Peñón tras el periodo transitorio dependerá solo de la negociación general entre Reino Unido y la UE.

¿Qué pasará el domingo?

Pues todo parece depender única y exclusivamente de lo que pase con Gibraltar. El gobierno británico y el español se mantienen firmes en sus respectivas posturas, por lo que parece que se llegará a un límite peligroso. Nadie entendería que este domingo el acuerdo siguiera adelante sin el visto bueno de un Estado miembro.

El Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y Gobierno este domingo, debe avalar políticamente el acuerdo, y este órgano toma todas sus decisiones por consenso. Solo posteriormente el Tratado de salida será aprobado formalmente. Entonces el acuerdo tiene que ser aprobado por una mayoría cualificada, lo que implica el apoyo de al menos 20 países que representen al menos al 65% de la población de la Unión Europea, por lo que no se necesita unanimidad.

Por lo tanto, ciñéndonos estrictamente a las normas, el texto del divorcio puede ser aceptado sin el apoyo de España, pero políticamente parece inviable que no haya consenso.

Más datos sobre lo que dice la base legal:

El acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no precisa el visto bueno de todos los Estados miembros sino que se puede aprobar por mayoría cualificada en el Consejo de ministros de la UE.

Así lo precisa el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que detalla cómo todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

El acuerdo negociado por Bruselas y Londres para un 'brexit' ordenado, sobre el que se posicionarán los líderes de la UE en una cumbre extraordinaria el próximo domingo, se convertirá en texto legal cuando lo celebre el Consejo por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

La mayoría cualificada en este caso se alcanza si al menos el 72 % de los miembros del Consejo vota a favor y éstos representan al menos el 65 % de la población de la UE.

El acuerdo negociado con Londres establece la forma de retirada teniendo en cuenta el marco de las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido.

Las bases para esa relación están contenidas en la declaración política que ha sido negociada por ambas partes.

Los dos textos, tanto el del acuerdo de retirada como el de la declaración que orienta sobre cómo serán las relaciones después del periodo de transición (el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prolongarse otros dos años), son estudiados actualmente por los países.

Al margen de que se apruebe o no el acuerdo de retirada, el Reino Unido dejará de ser un Estado de la Unión el próximo 30 de marzo, al cumplirse dos años de haber invocado el artículo 50 del TUE para salir del club comunitario.



Fuente: MDZ Online

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