La salud más allá del negocio

Referentes de la producción pública de medicamentos se encontraron en la UNSAM para brindar un estado de situación del sector. Hicieron hincapié en el recorte sufrido durante los últimos años y la necesidad de fortalecer el trabajo de los laboratorios públicos para garantizar el acceso a la salud de toda la población.

Por Nadia Luna 

“Para nosotros, la producción pública de medicamentos y vacunas significa soberanía sanitaria: garantizar el acceso a medicamentos, brindar información al Estado para tener un buen índice de precios de medicamentos, contribuir al equilibrio de la balanza comercial, generar puestos de trabajo calificado y una oportunidad para que la ciencia y la tecnología estén al servicio del pueblo”, dijo Noelia Burgardt, investigadora del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, durante la jornada “Producción pública de medicamentos y vacunas. Un eslabón inclaudicable para construir soberanía”, que se realizó este miércoles 28 de agosto en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El encuentro fue organizado por la Agrupación Rolando García y el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología (GGPECyT) “Martín Isturiz”. Además de Burgardt, participaron del panel Yanina Lamberti, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Patricio de Urraza, ex presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP); y Dora Corvalán, economista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ).

Los expositores coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo de los laboratorios públicos para garantizar el acceso a la salud de toda la población. De izq. a der.: Dora Corvalán, Patricio de Urraza, Noelia Burgardt y Yanina Lamberti.

La encargada de dar inicio al conversatorio fue Élida Hermida, investigadora de la UNSAM y miembro del GGPECyT, quien repasó los principales hitos conseguidos gracias al activismo de científicos, sindicatos y distintas organizaciones, entre ellos: la creación de la Red de Laboratorio Públicos (RELAP) en 2007; la sanción de la Ley 26.688 (2011) que declara de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos (PPM) reconociéndolos como “bien social”; y la sanción de la Ley 27.113 (2014), que creó la ANLAP y le asignó presupuesto. Durante la jornada, además, los expositores recordaron en reiteradas veces al farmacéutico y bioquímico Martín Isturiz, quien falleció en febrero de este año y fue uno de los principales impulsores de dichas leyes, además de motor del GGPECyT, que hoy lleva su nombre.

El camino hacia la PPM no fue sencillo y en los últimos años sufrió constantes recortes presupuestarios. Burgardt explicó: “Por un lado, está la fuerte presión de la industria farmacéutica, para la cual la salud no es un derecho sino un negocio. Y, por el otro, sucedió que el primer año de funcionamiento de la ANLAP coincidió con el cambio de gobierno, por lo que la agencia estuvo acéfala varios meses y el presupuesto otorgado fue cada año menor”. Sin embargo, la investigadora consideró que “con un cambio de políticas se puede reactivar todo el sector. El estado debe promover la compra a laboratorios públicos, mantener el stock para tener mejores posibilidades de negociar el precio, articular entre los programas de la Secretaría de Salud (que esperamos vuelva a ser Ministerio) para hacer compras en conjunto y aplicar políticas de control de precios de venta al público”.

Para entender la importancia de impulsar la PPM, la científica recurrió a varios ejemplos para destacar el ahorro que se obtiene apostando a la producción pública. En el año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación necesitaba comprar 150.000 comprimidos de albendazol para el tratamiento de la hidatidosis (enfermedad parasitaria). Pidieron cotización a un laboratorio privado y a uno público: el primero les pasó 22 pesos por comprimido, mientras que el público cotizó 50 centavos. Otro beneficio de la PPM está relacionado con los “medicamentos huérfanos”, aquellos que la industria privada no produce porque no son rentables, como los destinados a enfermedades poco frecuentes o específicas de ciertas regiones de nuestro país, como el Chagas.

La PPM también es fundamental para el acceso de la población a una buena salud sexual y reproductiva. En los últimos años, los anticonceptivos aumentaron un 350% y su uso disminuyó: de 2018 a 2019, se usaron un 8% menos. Uno de las unidades públicas que produce anticonceptivos es el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), de Santa Fe. Gracias al LIF, la provincia tuvo un ahorro del 40% respecto al gasto que tenía cuando le compraba a proveedores privados. Este laboratorio también está trabajando en la producción de misoprostol para la interrupción legal del embarazo. Actualmente, están haciendo las pruebas de estabilidad del primer lote y el costo de producción es un 10% del valor al que se vende comercialmente.

La investigadora Noelia Burgardt explicó que uno de los beneficios de impulsar la PPM está relacionado con los “medicamentos huérfanos”, aquellos que la industria privada no produce porque no son rentables, como los que se usan para tratar el Chagas.

Lamberti sumó datos sobre el retroceso que sufrió la PPM en los últimos años. “El Estado debe asumir un rol central pero no lo está haciendo. Al contrario, las empresas farmacéuticas están entre los pocos beneficiados con este modelo de gobierno. En cambio, los adultos mayores están entre los más perjudicados. Mientras que la jubilación mínima se redujo en términos del valor del dólar, el precio promedio de los medicamentos de uso masivo aumentó un 375% entre 2015 y 2019”, apuntó.

La investigadora del CONICET también se refirió al Laboratorio del Fin del Mundo, en Tierra del Fuego, que aprovechó la oportunidad de dejar de importar un medicamento y comenzar la producción propia a partir de un acuerdo con la compañía Bristol-Myers. Como a la farmacéutica se le estaba por vencer la patente del atazanavir, un antirretroviral, le ofrecieron trabajar en conjunto: de esta manera, la empresa conserva la patente (compartida) diez años más, mientras que el laboratorio nacional consiguió la transferencia tecnológica de un medicamento que no se producía en el país y, a su vez, generó capacidad para producir otros.

En el mismo sentido, Urraza agregó otra ventaja de la producción pública. “La industria farmacéutica privada no es federal, sino que el 80% está concentrada en la provincia de Buenos Aires. En cambio, la PPM se basa en una red federal de laboratorios, lo que se traduce en la posibilidad de generar empleo genuino en diferentes regiones del país”, sostuvo. Corvalán, quien habló sobre la provisión pública de vacunas, también se refirió a la necesidad de desplegar una estrategia integral, federal y articulada. “Soy una convencida de que estas temáticas deben abordarse de manera multidisciplinar y que estos problemas solo se resuelven a partir de una buena coordinación de los distintos saberes. Todos son necesarios y deben ser articulados a través de las políticas públicas”, finalizó.

Fuente: Agencia TSS