martes, 31 de diciembre de 2019

El Gobierno de facto de Bolivia expulsa a la embajadora de México y varios diplomáticos de España
El Gobierno de facto de Bolivia expulsó a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y a otros diplomáticos españoles, en agravamiento del conflicto desatado por el refugio de miembros de la administración del expresidente Evo Morales en la sede diplomática mexicana.


© REUTERS / David Mercado


"El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia (...) solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas", anunció a la prensa la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Añadió que la decisión alcanzaba también "al grupo de los presuntamente diplomáticos [españoles] encapuchados y armados", que protagonizaron el 27 de diciembre un incidente con la policía local cuando pretendían ingresar a la Embajada mexicana.

A su vez, el Gobierno de México instruyó a su embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado, que regrese al país con el fin de "resguardar su seguridad e integridad".

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento", indicó la administración de Andrés Manuel López Obrador en un comunicado publicado en su página web.

Las expulsiones fueron anunciadas mientras se cumplían casi 50 días de la permanencia de varios altos miembros del Gobierno de Morales en la residencia mexicana a la espera de salvoconductos que el Gobierno de facto ha afirmado que no les otorgará.

La tensión diplomática entre el Gobierno de facto de Áñez y la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvo a punto de devenir en violencia el viernes 27, cuando cuatro supuestos miembros de la representación diplomática española fueron interceptados por el fuerte contingente policial que cerca la sede de la Embajada mexicana.

El Gobierno de facto denunció un supuesto plan internacional para facilitar la fuga, desde esa Embajada, de exministros y otras exautoridades bolivianas que pretenden salir al exilio tras el golpe de Estado de noviembre pasado.

"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia", dijo la senadora Áñez, autoproclamada presidenta el 12 de noviembre.

Aseguró que su Gobierno respetaba a los pueblos de México y España, pero no podía "tolerar" lo que describió como "el abuso y la prepotencia de sus gobernantes que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo".

Entre los miembros del pasado Gobierno de Morales refugiados en las Embajada mexicana destacaban los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Justicia, Héctor Arce, y de Culturas, Wilma Alanoca.

Morales estuvo asilado tres semanas en México y desde el 11 de diciembre está en Argentina, donde tramita su estatus de refugiado político mientras permanece activo como jefe de su partido, el Movimiento al Socialismo, y según dijo, como presidente constitucional de Bolivia hasta concluir su mandato el próximo 22 de enero.


España responde al Gobierno de facto de Bolivia con la expulsión de 3 diplomáticos bolivianos
España expulsará del país a tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid como respuesta a la decisión del Gobierno de facto de Bolivia, que expulsó a varios diplomáticos españoles tras el conflicto desatado por el refugio de miembros de la administración del expresidente Evo Morales en la Embajada de México en La Paz.




"En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia de declarar como persona non grata a dos diplomáticos españoles, España ha decidido, a su vez, declarar a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país", comunicó la Cancillería española a través de un comunicado. 

La autoproclamada presidenta del Gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Añez, anunció este 30 de diciembre la expulsión de la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y del cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, por el incidente que se produjo el 27 de diciembre en la Embajada de México en La Paz.

En la delegación diplomática se encuentran refugiados varios miembros del pasado Gobierno de Morales, entre los que destacan el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el de Justicia, Héctor Arce; y la otrora titular de Culturas, Wilma Alanoca.

El 27 de diciembre se desplazaron a la sede diplomática los citados diplomáticos españoles, que acudieron al lugar escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Nacional.

Cuando los policías españoles se disponían a recoger a los diplomáticos desplazados a la Embajada, agentes de la Policía boliviana les interceptaron impidiéndoles seguir el paso, lo que provocó una reacción por parte de un grupo de civiles opositores a Morales, agolpados frente a la sede diplomática, que increparon a los funcionarios españoles y zarandearon vehículos con matrícula diplomática.

En opinión de Añez, los diplomáticos españoles desplegaron una "conducta hostil" e intentaron de forma "clandestina" ingresar en la Embajada mexicana "desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos".

En concreto, el Gobierno de facto de Bolivia denuncia un supuesto plan internacional para facilitar la fuga de las autoridades bolivianas que se exiliaron en la Embajada tras el golpe de Estado de noviembre pasado.

Según la versión española, la presencia de sus funcionarios en la sede se debe simplemente a una visita "de cortesía" entre miembros de las distintas misiones diplomáticas.

En consecuencia, España rechazó de forma tajante las insinuaciones sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia.

"Para España cualquier afirmación en este sentido, constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias", reza el comunicado emitido en la tarde de este 30 de diciembre por la Cancillería española.

Madrid manifestó su deseo de mantener unas relaciones de "estrecha amistad" con Bolivia y, en ese sentido, exigió al actual Gobierno de facto que "reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones". 

Los funcionarios bolivianos que serán expulsados de España son Luis Quispe Condori, Encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado Militar; y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado policial.

Los tres disponen de un plazo de 72 horas para abandonar el país. 



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