Se autoconvocó el directorio de la Agencia I+D+i, que está acéfala desde hace casi dos meses

Es el organismo que distribuye los fondos para el sistema científico tecnológico. Bajas entre personal especializado y virtual parálisis, financiación internacional en riesgo. Se reúne este miércoles.

Por Nora Bar

Creada en 1996, y convertida en un organismo descentralizado en la órbita del ex Ministerio de Ciencia en febrero de 2020, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) es la pieza crucial que alimenta con recursos nacionales e internacionales los distintos proyectos científicos y de transferencia tecnológica de la Argentina. Se ocupa de procurarlos y administrarlos, y los adjudica a investigadores e investigadoras, o a colaboraciones interinstitucionales a través de evaluaciones, concursos, licitaciones y otros mecanismos rigurosamente auditados. Emplea a personal especializado y en sus evaluaciones intervienen muchos de los científicos más reconocidos del país.

Sin embargo, desde que días antes de la asunción del nuevo gobierno presentó su renuncia el ex presidente, Fernando Peirano, la Agencia (como se la conoce en el mundillo de la ciencia) está acéfala. No tiene responsable designado. Es más, las nuevas autoridades del área, que por ahora está dentro de la jefatura de gabinete, hasta el momento en que se escriben estas líneas ni siquiera habían tomado contacto con su directorio (cuyos integrantes son ad honorem). Ya hubo 35 bajas entre el personal y temen que rechacen créditos internacionales, lo que acarrearía no sólo la desfinanciación de proyectos en marcha, sino además la pérdida de confiabilidad ante organismos multilaterales, y hasta sanciones y penalidades.

Según pudo saber El Destape, los vocales decidieron autoconvocarse para el miércoles a la mañana. Exigen tomar conocimiento sobre los resultados de la evaluación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) realizada en 2023 y finalizada en diciembre pasado, conocer con qué criterios se distribuirán los 24 mil millones de pesos (de los 100.000 millones con los que funciona normalmente) que el presupuesto prorrogado prevé para la Agencia y sus instrumentos, confirmar que los préstamos internacionales continuarán siendo destinados a proyectos de investigación y desarrollo, y saber cuál es la situación de los becarios que están formándose en el marco de los proyectos. Además, conocer los fundamentos de los despidos de personal que pueden afectar el funcionamiento de un organismo muy pequeño, unas 260 personas, y cuyo funcionamiento operativo insume apenas el 8% de su presupuesto.

La incertidumbre prevalece, porque los rumores hablan de abogados que están estudiando cambios en el carácter de los organismos descentralizados, despidos y bajas de contratos. La Agencia tiene autonomía plena, administrativa, financiera y jurídica, pero además está sujeta a múltiples mecanismos de contralor para que sus actos sean válidos.

Ahora, si bien en el organigrama de la ley de ministerios la Agencia quedó bajo la autoridad de Nicolás Posse, jefe de gabinete, después se creó una figura que habla del “mentoreo” de Alejandro Cosentino, designado secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Nadie sabe si esto es simple y llanamente una intervención sobre los sistemas de pagos, de presupuesto, de compras, de personal. La escena es muy irregular, ya que nadie informó si los vocales del directorio siguen en funciones, no hay responsable designado, y las decisiones se toman sin documentación y sin el control de la Auditoría General de la Nación.

La Agencia fue creada para diseñar e implementar instrumentos de promoción de la ciencia y la tecnología en el ámbito público y privado a través de tres fondos de financiamiento: el Foncyt (Fondo para la investigación Científica y Tecnológica), el Fontar (Fondo tecnológico Argentino) y el Fonarsec (Fondo Argentino Sectorial). Además, impulsa la creación de empresas de base tecnológica.

Obtiene recursos del Tesoro, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales. También, de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica y de la Ley de Promoción de la Industria del Software.

En su informe de gestión, que presentó al alejarse de su puesto, Peirano informó que la totalidad de las solicitudes de desembolso de los proyectos aprobados se habían pagado y no había deudas o solicitudes pendientes. Por el contrario, quedó un fondo de reserva de más de 5.000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por una suma total que supera los 225 millones de dólares para ser aplicados en los próximos años. Además, dijo que en febrero de este año se podrían adjudicar los nuevos proyectos con su monto actualizado.

Fuente: eldestapeweb.com