La ciudad de Los Angeles se está incendiando en las protestas más grandes desde los disturbios de 1992. ¿Por qué?
por Gonzalo Fiore Viani
Los disturbios que han sacudido Los Ángeles en los últimos días no surgieron de la nada. Las protestas masivas, que escalaron hasta llegar al despliegue de la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump, tienen su origen en una serie de operaciones migratorias federales que provocaron indignación, miedo y resistencia en comunidades locales.
Todo comenzó el viernes 6 de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron redadas en varios puntos del condado de Los Ángeles, incluyendo un almacén textil en el Fashion District. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estas operaciones se justificaron tras una investigación que reveló el uso de documentos falsos por parte de algunos trabajadores. Sin embargo, para muchos en la comunidad, esto fue visto como el inicio de una nueva ofensiva contra inmigrantes, en una ciudad que históricamente se ha declarado santuario.
Las protestas, que ya llevan tres días, se concentraron en el centro de la ciudad, especialmente cerca del Centro de Detención Metropolitano. Los manifestantes coreaban consignas como “vergüenza” y “váyanse a casa” mientras miembros de la Guardia Nacional, armados y con escudos, formaban una línea defensiva. En respuesta a acercamientos de los manifestantes, las fuerzas del orden lanzaron botes de humo y proyectiles de control de multitudes.
El gobernador demócrata Gavin Newsom calificó el despliegue como “una grave violación de la soberanía estatal” y exigió el retiro inmediato de las tropas federales. La alcaldesa Karen Bass también criticó duramente la medida, asegurando que la administración de Trump está provocando un conflicto innecesario: “Esto no se trata de seguridad pública, se trata de una agenda política”, declaró.
La Casa Blanca, por su parte, justificó la acción asegurando que la situación en Los Ángeles era crítica y que se actuó en consecuencia. Trump, al ser consultado antes de abordar el Air Force One en Nueva Jersey, dijo: “Hay personas violentas en Los Ángeles y no se van a salir con la suya”.
Las protestas se expandieron el sábado a Paramount y Compton, donde los residentes —mayoritariamente latinos— denunciaron la presencia de agentes federales cerca de tiendas como Home Depot y Dale’s Donuts, sospechando nuevas redadas. En Compton, un vehículo fue incendiado y se produjeron enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas del orden. Agentes federales respondieron con gases lacrimógenos y proyectiles no letales.
El presidente Trump firmó ese mismo sábado un memorando para desplegar a más de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles, usando la autoridad del Título 10, una medida excepcional que permite federalizar tropas estatales sin consentimiento del gobernador. Se trata de la primera vez en décadas que una acción de este tipo se ejecuta sin una solicitud oficial del estado afectado.
Los operativos de ICE han dejado hasta ahora 118 inmigrantes arrestados, entre ellos personas con antecedentes penales, pero también individuos sin historial criminal. Entre los detenidos durante las protestas figura David Huerta, presidente regional del sindicato SEIU, quien enfrenta cargos por obstrucción.
La congresista Maxine Waters, la exvicepresidenta Kamala Harris y otras figuras políticas han condenado el uso de fuerza militar y la criminalización de las protestas, argumentando que se trata de una estrategia para sembrar miedo y distraer a la opinión pública.
Mientras tanto, se espera que las redadas continúen en los próximos 30 días, lo que podría prolongar la tensión en una ciudad que se encuentra, una vez más, en el epicentro del debate nacional sobre inmigración, derechos civiles y uso del poder federal.
La causa principal de las protestas es la decisión de Trump de intensificar las redadas migratorias y ordenar deportaciones masivas en la región. Estas acciones, llevadas a cabo en una ciudad históricamente considerada un santuario para inmigrantes, generaron un profundo rechazo entre residentes, activistas y líderes comunitarios, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de personas sin antecedentes penales, y la falta de transparencia en los procedimientos.
Para la comunidad, estas medidas no solo representan un ataque directo a los inmigrantes, sino también una amenaza a los derechos civiles y a la autonomía local. Las protestas son, en esencia, una respuesta a una política migratoria percibida como inhumana, injusta y políticamente motivada.
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