El gobierno argentino proyecta la privatización encubierta de sus fabricaciones militares

El gobierno argentino proyecta la privatización encubierta de sus fabricaciones militares

Abarca cuatro plantas estratégicas: Río Tercero (química y metalmecánica pesada), Azul (explosivos y proyectiles), Fray Luis Beltrán (chalecos, armas ligeras y municiones) y Villa María (pólvora y altos explosivos).

Utiliza la figura de una Unión Transitoria entre la empresa pública, transformada en Sociedad Anónima mediante el DNU 70/2023; y un consorcio privado extranjero, a quien se le dará el control a través de una mayoría accionaria, como mínimo, del 51%.

A través de un pliego licitatorio estructurado para eludir la intervención del Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización y extranjerización de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), el complejo industrial fundado por el General Manuel Savio que desde hace más de ocho décadas abastece de municiones, explosivos, cañones y equipamiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La maniobra, revelada por El Destape, utiliza la figura legal de una Unión Transitoria (UT) entre la empresa pública (transformada unilateralmente en Sociedad Anónima mediante el DNU 70/2023) y un consorcio privado extranjero. El esquema garantiza al socio privado el control de, como mínimo, el 51% de las acciones, la presidencia y mayoría en el Comité Ejecutivo (3 miembros privados contra 2 estatales) y la designación del representante legal, dejando al Estado argentino como un "socio bobo" sin capacidad de veto ni decisión sobre el destino de su propia producción bélica por un período de hasta 35 años (hasta el año 2061).

Filtros de Washington y el veto al desarrollo tecnológico

El pliego de condiciones técnicas no solo impone barreras patrimoniales excluyentes para la industria nacional (exigiendo patrimonios netos de hasta 185 millones de dólares y 15 años de experiencia operativa que solo poseen las grandes corporaciones transnacionales de armamento), sino que institucionaliza un alineamiento geopolítico estricto dictado desde el exterior:

• Cláusula anti-China y filtro de la OFAC: Se prohíbe la participación de empresas estatales extranjeras y de cualquier entidad incluida en las listas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), adaptando la legislación nacional a las sanciones y directrices de seguridad de Washington.
• Auto-inhibición del Estado: El artículo 36 del contrato estipula que el Estado argentino no podrá fabricar, diseñar ni distribuir armamento o municiones que compitan directa o indirectamente con la UT en territorio nacional, cediendo el monopolio de la producción para la Defensa.
• Veto a la transferencia tecnológica: La licitación asigna apenas 5 puntos sobre 100 a la transferencia de conocimiento técnico hacia el Estado, al tiempo que otorga poder de veto al socio privado sobre cualquier decisión vinculada a tecnología sensible.

La privatización abarca las cuatro plantas estratégicas del complejo: Río Tercero (química y metalmecánica pesada), Azul (explosivos y proyectiles), Fray Luis Beltrán (chalecos, armas ligeras y municiones) y Villa María (pólvora y altos explosivos), quebrando la unidad doctrinaria y productiva de la defensa nacional.

El mapa del desguace: Una entrega multidimensional

La liquidación de Fabricaciones Militares no se da en el vacío; articula de manera quirúrgica con la entrega de todos los resortes de soberanía energética, fluvial, científica y territorial de la Argentina:

Indefensión planificada y subordinación externa

El desmantelamiento de Fabricaciones Militares encaja de lleno en el cuadro que Agenda Malvinas viene documentando:

1. Asfixia presupuestaria: El recorte de más de $59.000 millones de pesos sobre las Fuerzas Armadas y la pérdida del 80% del salario real del personal castrense (al que el Ministerio de Defensa autorizó a desempeñarse como choferes de Uber o vigiladores privados) destruye la moral y el sostenimiento de los cuadros operativos.

2. Disolución institucional: La intención del Ministerio de Desregulación de fusionar la Armada con la Prefectura busca degradar la defensa militar soberana a una simple policía costera de interdicción.

3. Subordinación hemisférica: El ingreso ilegal mediante DNU a la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) del Comando Sur y a la iniciativa "Doctrina Donroe" reduce al país a un eslabón logístico dependiente de las prioridades bélicas de Washington.

Al privatizar la fábrica que produce las municiones y los explosivos de la Nación, el Gobierno no aplica un programa de equilibrio fiscal: liquida la autonomía material indispensable para sostener cualquier reclamo de soberanía frente a la ocupación británica en las Islas Malvinas y la proyección hacia la Antártida.

Fuente: https://agendamalvinas.com.ar/