Malvinas y Sea Lion: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Milei?

Malvinas y Sea Lion: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Milei?

Los cruces corporativos entre el petróleo ilegal en Malvinas y los negocios en la Argentina desnudan las fisuras del anuncio presidencial: las sancionadas son inalcanzables, mientras las empresas con contratos vigentes en el país quedaron fuera de la lista.

Por Nicolás Lantos

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están avanzando en la construcción de las instalaciones en tierra en Puerto Argentino en las Islas Malvinas.

La red de proveedores e inversores vinculados con Sea Lion, el proyecto petrolero ilegal en el Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, está estrechamente entrelazada con operaciones económicas instaladas en la Argentina. El gobierno prometió castigar estas relaciones; hacerlo requerirá tocar intereses muy concretos.

Los vínculos van desde empresas que tienen contratos vigentes en proyectos locales a grupos financieros con títulos de compañías que operan en el país. Los cruces se refrendan en documentos corporativos, informes técnicos y presentaciones bursátiles, a los que tuvo acceso El Destape.

Los cruces entre el petróleo ilegal de Malvinas y las inversiones en Argentina

Bluewater Energy Services es la empresa holandesa que es dueña del Aoka Mizu, el buque de producción y almacenamiento flotante de petróleo que encabezará las primeras etapas de extracción de hidrocarburos en el territorio ocupado. También brinda servicios para Vaca Muerta Oleoducto Sur, un proyecto encabezado por YPF.

Bracewell, un estudio jurídico que asesora a Navitas en Sea Lion, negoció hace pocas semanas el ingreso a Vaca Muerta de uno de sus clientes. Harbour Energy, sancionada desde el año 2013 por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la cuenca de Malvinas, fue beneficiada por el RIGI en un proyecto conjunto con la petrolera estatal.

Esos son casos concretos, que el gobierno deberá sancionar si quiere mantener su palabra. Otros no implican necesariamente una incompatibilidad legal, pero dan cuenta del entramado promiscuo de negocios y política. Los inversores detrás del proyecto tienen en sus carteras una tajada importante de activos argentinos.

Medidas y cadena nacional: el giro del Gobierno de Milei ante el avance de Sea Lion

La SIDE se adjudica méritos en haber detectado el peligro que significa Sea Lion para la soberanía, pero la decisión final de inversión se había adoptado oficialmente el 10 de diciembre de 2025, hace casi diez meses. La noticia recibió amplia cobertura en algunos medios cuando las Malvinas todavía eran mala palabra en Casa Rosada.

Recién el 3 de septiembre de 2026, en cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció medidas para reforzar la aplicación de sanciones contra actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en los espacios marítimos de las islas. También anticipó una propuesta de reforma legislativa para endurecer el régimen.

El canciller Pablo Quirno dijo al día siguiente que las compañías deberán elegir entre participar en esas actividades o desarrollar negocios en la Argentina. Entre los blancos de las sanciones habló de “proveedoras de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera”. Una decisión en el camino correcto, de cuya aplicación aún caben dudas.

La cuenta de X llamada Oficina del Presidente comunicó el viernes que Cancillería había dispuesto el inicio de procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas por haber incurrido en conductas prohibidas por la ley 26.659, sancionada en 2011. El decreto 868 incorporó declaraciones juradas sobre el cumplimiento de la ley al trámite de adhesión al RIGI y a la obtención de permisos y concesiones.

Entre esas 45 empresas no figuran algunos casos flagrantes de incompatibilidad. El más notorio, quizás, es el de Bluewater. La empresa proveerá dos sistemas de boyas de amarre y carga para el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un megaproyecto de infraestructura que tiene entre sus socios a YPF.

Bluewater es titular del Aoka Mizu, una unidad flotante de producción y almacenamiento de petróleo que va a ser protagonista de Sea Lion. De acuerdo a una respuesta publicada en Infobae, el consorcio VMOS asegura que la contratación de esa empresa cumplió los procedimientos de control y la normativa nacional vigente.

Según la versión del consorcio, al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater “no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”. Sin embargo, ya desde enero del año pasado se sabía que el Aoka Mizu estaba siendo sometido a un proceso de adaptación para operar en el Atlántico Sur.

Hay otros casos. Hatch, una firma global de ingeniería y gestión de proyectos, elaboró un estudio de impacto social de Sea Lion para Navitas en junio de 2025. Un año más tarde, en junio de 2026, la minera NOA Lithium anunció un acuerdo de servicios con esa empresa para su proyecto en Río Grande, Salta.

El estudio jurídico Bracewell asesoró a la empresa israelí en materia de comercialización y acuerdos de compra destinados a fondear Sea Lion. Simultáneamente, a comienzos de julio de este año, representó a la italiana Eni ante YPF en un acuerdo para adquirir participación en tres bloques de Vaca Muerta.

Cambio de nombre y beneficio del RIGI: las contradicciones alrededor de Harbour Energy

Las contradicciones del gobierno de Milei respecto a Malvinas saltan a la luz con el caso de Premier Oil y Harbour Energy. Premier había recibido en 2013 una inhabilitación por quince años para desarrollar actividades en la Argentina, cuando se le detectaron actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur.

El 31 de marzo de 2021 Premier Oil cambió su nombre a Harbour Energy. Ambas son la misma empresa y comparten el mismo número (SC234781) en el registro británico de empresas. El nombre era otro, pero la empresa era la misma y las sanciones deben aplicarse de la misma forma. No sucedió.

Harbour Energy ahora tiene una participación del 15 por ciento en Southern Energy, el proyecto de GNL en el que YPF posee un 25 por ciento de las acciones. La resolución 559/2025, firmada por Luis Caputo y publicada el 5 de mayo de 2025, aprobó el ingreso de ese proyecto en el generoso Régimen de Incentivo a Grandes Inversores.

Fondos de inversión e intereses económicos detrás del proyecto petrolero en Malvinas

La lista de 45 tiene una lógica que conviene leer con cuidado. Incluye a Harel, Migdal, Phoenix y Meitav, por administrar unidades de Navitas con ahorros de jubilados israelíes, e incluye a fondos como Vanguard, Dimensional y First Eagle por ser accionistas de Noble Corporation, la contratista de la plataforma de perforación.

Una curiosidad: Vanguard Portfolio Management LLC tiene 302 millones de dólares en Noble y 140 millones en MercadoLibre; el grupo Vanguard en conjunto supera los 400 millones en la empresa de Galperin. La promiscuidad hace difícil trazar una línea y no existe ninguna chance de que Argentina sancione a Vanguard.

Ahí está el problema. La lista apunta ahí donde el Estado no tiene con qué castigar: gestoras de pensiones en Tel Aviv, fondos pasivos en Pensilvania, corredores minoristas en Londres. Y deja afuera a los que sí tienen algo que perder en la Argentina: Bluewater, Bracewell, Hatch, Harbour Energy.

Las leyes heredadas de gobiernos peronistas le brindan al gobierno las herramientas necesarias para sancionar duramente a estas empresas. Lo que falta saber es si Milei está dispuesto a usarla contra intereses concretos o si el todo va a terminar donde empezó: en una cadena nacional.

Fuente: www.eldestapeweb.com/