domingo, 4 de febrero de 2024

¿Por qué TANDANOR no debe ser privatizada?
La ley ómnibus propone la privatización de empresas públicas. Entre ellas, TANDANOR, que se autofinancia y no recibe subsidios del Estado, entre otras razones por las cuales no debe ser privatizada (una vez más).




En el marco del debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación, creemos oportuno aportar las razones por las cuales TANDANOR SACIyN no debe ser privatizada. Con 144 años de existencia TANDANOR es una empresa estratégica en el marco de la industria para la defensa. Es líder de la industria naval y defensora, junto a otros actores, de nuestra soberanía nacional.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley “ómnibus” que en uno de sus artículos propone la privatización de 41 empresas públicas entre las que se encuentra TANDANOR. El argumento que guía ese propósito es que esas empresas son generadoras del déficit fiscal que, según el presidente Javier Milei, es el origen de todos los males que aquejan a la República Argentina.

Ese argumento no abarca a TANDANOR, dado que los balances contables de los años 2020/2021/2022 y 2023, auditados por la AGN (Auditoría General de la Nación), fueron positivos. La empresa es superavitaria y no recibe subsidios del Estado, se autofinancia, los salarios de los trabajadores se pagan con el resultado de la producción. Los datos duros del año 2023 arrojan valores positivos: resultado económico: 4016 millones – Ventas construcciones: 8753 millones / Ventas reparaciones: 12.887 millones.

TANDANOR no debe ser privatizada porque cuenta con una infraestructura única en Latinoamérica. En sus 34 hectáreas se encuentra instalado un ascensor de buques (SYNCROLIFT) con una capacidad de elevación de hasta 15.000 toneladas, posee una capacidad de transferencia de 11.700 toneladas, 4 gradas de trabajo y 1.400 metros de muelles.

Además, la Armada Argentina le cedió el uso de las instalaciones del Astillero Almirante Storni, cuyas instalaciones y su capacidad productiva son similares a las de los astilleros más modernos del mundo, todos estatales: el SIMA de la República hermana del Perú es una sociedad anónima de capital estatal mayoritario; la NAVANTIA de España es un astillero estatal; en el NAVAL GROUP de Francia, el Estado Francés posee el 64% de las acciones. ¿Por qué son todos estatales? Porque los Estados Nacionales se reservan el poder de defender su soberanía y de construir las herramientas para el logro de ese objetivo.

El carácter estratégico de TANDANOR en el marco de la Industria para la defensa es la tercera razón por la cual no debe ser privatizada. Es una empresa preparada para la construcción de buques de diversas características para la Armada Argentina, la Prefectura y empresas privadas.


TANDANOR

Debemos destacar la construcción de 12 remolcadores para la Armada Argentina, la construcción de lanchas de aluminio para la custodia de nuestros lagos y ríos y el combate del fuego, el Proyecto de construcción de un buque Polar junto a la empresa finlandesa AKER, proveedora de la ingeniería básica y líder mundial en el diseño de buques polares; la construcción del buque científico SWAT para el Servicio de Hidrografía Naval; la participación junto al Astillero Río Santiago en la construcción de las lanchas Lica para la Armada Argentina.

Pero además, como partícipe en la defensa de la Soberanía Nacional, TANDANOR está construyendo la nueva base Petrel, un edificio de última generación de 2400 m2 cuyo primer módulo se está instalando en estos momentos en la Antártida. Además, se construyeron los cimientos de la nueva base integrada de Ushuaia.


TANDANOR

Durante los años 2022/2023 junto al Ministerio de Defensa de la Nación y a las empresas Thyssen Group (Alemania) y Naval Group (Francia), se trabajó intensamente en la reformulación y puesta en valor del proyecto de construcción de tres submarinos, para que Argentina vuelva a contar con una fuerza que le permita ejercer su poder disuasivo frente a potenciales agresores estatales extranjeros. Ambas empresas destacaron las capacidades edilicias, humanas y de infraestructura de TANDANOR para la ejecución de este proyecto.

En TANDANOR también se desarrollaron importantes proyectos en la industria metalmecánica: puentes vehiculares para el ferrocarril Sarmiento que ofrecen una solución económica para suprimir los pasos a nivel, mobiliario urbano para barrios populares, tanques GOA para la Antártida, reparación de vagones para Ferrocarriles Argentinos. Durante 2023 se repararon 85 buques privados de las más variadas industrias, todos ellos de empresas nacionales y extranjeras que eligen la compañía por la calidad de sus trabajos, la capacitación y dedicación de sus trabajadores y la competitividad de sus presupuestos.


TANDANOR

Si a pesar de las razones expuestas, persiste el proyecto privatizador de TANDANOR, cobran fuerza las noticias sobre el interés privado en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en sus 34 atractivas hectáreas en la dársena sur del puerto de Buenos Aires.

Dada la cercanía con el proyecto que desarrollará IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, en la vieja ciudad deportiva de Boca Juniors, parece factible su interés en los terrenos del astillero. Ya en los 90, esta empresa se adjudicó la privatización de TANDANOR, declarada fraudulenta por la Justicia Argentina, de nulidad absoluta e insanable por el Decreto 315/07 del presidente Néstor Kirchner, y en 2018 declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella oportunidad el objetivo era hacer una ciudad de oficinas en el predio denominado Planta I, cercano a Puerto Madero.

Que la conciencia nacional ilumine a nuestros legisladores para que TANDANOR no sea privatizada una vez más.

Por Dr. Alberto M. Schprejer, exvicepresidente de TANDANOR SACIyN, período 2022-2023.-



Fuente: ambito.com

sábado, 3 de febrero de 2024

La Fuerza Aérea Argentina se alista para recibir su primera aeronave Embraer ERJ-140LR



En el marco del fortalecimiento de sus capacidades de transporte, la Fuerza Aérea Argentina se alista para recibir próximamente al primero de sus nuevos aviones Embraer ERJ-140LR. La novedad marca los avances registrados en el proceso de compra enmarcado la licitación realizada durante el año pasado.

Tal y como fuera informado durante el pasado mes de octubre de 2023, en el marco de la preadjudicación a la oferta presentada por la Regional One Inc., la Fuerza Aérea Argentina se encuentra ultimando los preparativos para la incorporación del primero de los Embraer ERJ-140LR ofertados por la empresa estadounidense.

Como fuera indicado, como parte del Dictamen de Evaluación de Ofertas del mes de octubre pasado, este el cual determinó la factibilidad de adquirir dos Embraer ERJ-140LR a la compañía norteamericana Regional One Inc. por el monto de USD 6.856.200 de dólares.

En cuanto a los antecedentes de la firma norteamericana, es un “…comprador, arrendador y vendedor de aeronaves, piezas de aeronaves, motores y piezas de motores, que ofrece asistencia en todo el mundo a operadores de aeronaves regionales y comerciales. Nuestro equipo de profesionales expertos en aviación opera desde nuestras oficinas corporativas e instalaciones de almacén estratégicamente situadas en el sur de Florida…”. Entre sus clientes figuran la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Iberia, Nordica, SkyWest Airlines, Air Europa, entre otras.


Por su parte, en lo referido a los dos Embraer ERJ-140 a ser adquiridos por la Fuerza Aérea Argentinoa, se trata de las aeronaves identificadas con los Número de Serie de Fabricante (MSN) 145754 y 145747, las cuales fueron fabricadas por la empresa brasileña en el año 2003.

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre cual de las aeronaves será recibida próximamente, fuentes consultadas por Zona Militar indicaron que se trataría de la aeronave MSN 145754, la cual fue operada en el pasado por las aerolíneas American Eagle Airlines y Envoy.

Por último, “la intención de la Fuerza Aérea Argentina por adquirir aeronaves de la categoría de los Embraer ERJ 140/145 data de por lo menos 2015, cuando el por entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi confirmaba durante la ceremonia del 103° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina la intención de incorporar dos unidades para LADE. Con el paso de los años el proyecto quedó en pausa, habiéndose retomado con el renovado interés en reforzar y ampliar las capacidades de Líneas Aéreas del Estado”; tal y como reportamos durante el pasado mes de octubre.



La revista Nature destacó la eficacia de la vacuna argentina contra la Covid-19
ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada entre la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Cassará fue reconocida por un nuevo estudio.


Los resultados de Nature sobre la vacuna argentina antiCovid Arvac-Cecilia Grierson.


Un nuevo estudio sobre la eficacia de la vacuna bivalente ARVAC Cecilia Grierson destacó la eficacia de la vacuna contra la Covid-19 ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada entre la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el CONICET y el Laboratorio Cassará.

Se trata de un desarrollo que nació de una alianza científica público-privada y es una patente que generará regalías para el PBI de nuestro país

ARVAC es la primera vacuna contra enfermedades infecciosas en completar el camino que va desde la mesada de investigación de una universidad argentina hasta obtener la aprobación de la ANMAT.

Desde sus inicios, el desarrollo de la vacuna bivalente 100% argentina Arvac Cecilia Grierson contra el COVID-19 marcó un hito disruptivo y exitoso dentro de la ciencia nacional. Se trata de un inoculante contra el virus que paralizó al mundo hecho íntegramente en nuestro país gracias a la alianza de las mentes brillantes del sistema científico público y privado.

Ahora, el desarrollo recibió un nuevo reconocimiento internacional -nada más y nada menos que un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, un faro de validación para la comunidad científica global- que muestra la importancia de una vacuna made in Argentina que ya es una patente nacional.

Arvac Cecilia Grierson, una vacuna proteica bivalente diseñada para ser usada como refuerzo en mayores de 18 años, es un producto innovador de la ciencia argentina que se venderá al mundo y generará regalías para la economía de nuestro país.

Articulación público-privada

La investigación y el desarrollo del inoculante, aprobado por la ANMAT en octubre de 2023, es fruto del trabajo conjunto de científicos del CONICET, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Laboratorio Cassará, con apoyo de los entonces ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología a Innovación (MinCyT), junto a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), sumados al esfuerzo conjunto de más de 20 instituciones públicas y privadas.

A más de tres meses de su aprobación por la agencia reguladora nacional, aún falta que el Gobierno Nacional, a través de la ANMAT, apruebe el primer lote de dosis bivalentes producido por la planta del Laboratorio Cassará en la Ciudad de Buenos Aires. Confirmado ese paso, las dosis se podrán distribuir en farmacias y centros vacunatorios de todo el país.

ARVAC integra las llamadas vacunas de segunda generación o dosis de refuerzo destinadas a personas ya inmunizadas porque aparece en una etapa en la que la mayoría de las personas han recibido una o dos dosis contra el COVID-19.

El estudio publicado en Nature

La revista Nature, que ya había publicado los primeros ensayos de Fase I de ARVAC en humanos y que Infobae había anticipado, presentó ahora la etapa previa e inicial del desarrollo: el ensayo preclínico mediante el cual las investigadoras de la UNSAM y del CONICET eligieron el antígeno Gamma para inducir la respuesta inmune contra SARS-CoV-2.

El nuevo paper reveló las razones detrás de la elección de la variante Gamma del virus SARS-CoV-2 para el desarrollo de la vacuna y destacó la evidencia respaldada por el equipo liderado por Cassataro, investigadora del CONICET en la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la UNSAM.

Clave

La clave reside en la selección de la plataforma vacunal, es decir, la tecnología empleada, que en este caso se basa en la proteína recombinante. Sin embargo, más allá de la tecnología, el desafío radicó en la elección de la proteína que estimularía la respuesta del sistema inmunológico.

Para superar este obstáculo, el equipo de científicos argentinos llevó a cabo ensayos preclínicos in vitro e in vivo, lo que permitió identificar un primer prototipo de vacuna seguro y con capacidad para generar una respuesta inmunológica.

Los ensayos preclínicos publicados en Nature Communications contaron con la participación de estas instituciones: Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y del CONICET; Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN) de la UNSAM; Laboratorio Pablo Cassará; Fundación Pablo Cassará; Department of Entomology, College of Agriculture and Life Sciences, Fralin Life Science Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University; Centro de Medicina Comparada, ICiVet – Litoral, Universidad Nacional del Litoral – CONICET; Servicio Virosis Respiratorias, Laboratorio de Referencia de Influenza, SARS-CoV-2 y otros Virus Respiratorios, Centro Nacional de Influenza de OPS/OMS, Departamento de Virología, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”; Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, INBIRS – CONICET, Facultad de Medicina UBA; Center for Emerging, Zoonotic, and Arthropod-borne Pathogens, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Además hay que sumar a la Agencia I+D+i y al Ministerio de Ciencia de la Nación, que desde 2020 co-financiaron el desarrollo junto con el Laboratorio Cassará.



viernes, 2 de febrero de 2024

Proyecto de Ley Ómnibus: FAdeA y Fabricaciones Militares quedan exceptuadas de estar sujetas a privatización
Por Mariano Germán Videla Solá




En medio de las negociaciones llevadas a cabo durante el tratamiento de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como “Ley Ómnibus” desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza se propuso a los demás bloques de la Cámara de Diputados la eliminación de la lista de privatizaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A (FAdeA) y de Fabricaciones Militares S.E.

Las mismas, junto a Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR) y Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA) formaban parte de la lista de empresas estatales que quedarían sujetas a un proceso de privatización. Hasta este momento, el astillero ubicado en la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y la empresa de construcción de viviendas militares continúan formando parte de la nómina.



La situación económica general de la Argentina motivó a la nueva gestión del Presidente Javier Milei para declarar a empresas estatales sujetas a privatización. Si bien se trata de empresas con una trascendencia histórica fundamental para la industria argentina y el desarrollo de sus capacidades militares, la falta de proyectos de envergadura y su falta de presupuesto e impulso político contrasta con la capacidad instalada de sus instalaciones y la probada capacidad de su personal.

Desde la oposición, cuando el proyecto de Ley “Bases” era aún tratado en comisiones, el diputado por el Frente de Todos Eduardo Leandro Toniolli presento una iniciativa parlamentaria declarar a Fabricaciones Militares, TANDANOR y FAdeA como “activos estratégicos de la Nación”. En dicho documento, se señalaba que “por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional” no deben estar sujetas a privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación.

Sin ser exceptuada del proyecto, TANDANOR se encuentra llevando a cabo diversos proyectos para las Fuerzas Armadas. Con el objetivo de modernizar la flota de remolcadores de la Armada Argentina, TANDANOR tiene como objetivo la producción de 12 unidades, de las cuales siete (7) pertenecen a la serie 40 TBP, y los otros cinco (5) a la serie 10 TBP, de 40 y 10 toneladas respectivamente. Se trata del primer proyecto autónomo del astillero, el cual permitirá la recuperación de la capacidad de remolque, sin necesidad de depender de terceros para maniobrar a las distintas unidades en su salida a navegación.


Créditos: Tandanor

Cabe destacar que este proyecto se encuentra demorado en virtud de la falta de partidas correspondientes. Al momento, las unidades iniciadas se encuentran dentro de una de las naves del Astillero, sin que la empresa presente avances significativos de su construcción en el último tiempo.

Asimismo, se encuentra en etapa de diseño la construcción de un Buque Polar, basado en el diseño ARC 133 de la empresa finlandesa Aker, destinado a brindar apoyo logístico durante las campañas antárticas de verano. Contar con un buque de estar características, ausentes desde el naufragio del Buque Polar ARA “Bahía Paraíso” (B-1) permitirán incrementar la capacidad logística de las Campañas Antárticas de Verano, que actualmente recaen en el Rompehielos ARA “Almirante Irizar” (Q-5), el transporte ARA “Canal Beagle” (B-3) y alguno de los avisos clase “Netfegaz”.

Por otra, el astillero ubicado en la Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra trabajando sobre la corbeta ARA “Parker” (P-44), la cual será reconvertida en sus funciones a buque patrullero. Por sus instalaciones y capacidades únicas en el país, como ser el Syncrolift más grande de Latinoamérica, con capacidad para izar buques de 15.000 toneladas, 184 metros de eslora y 32,9 metros de manga, TANDANOR recibe anualmente a buques de la Armada Argentina para trabajos de mantenimiento, destacándose recientemente el ingreso del transporte ARA “Canal Beagle” (B-3) de cara a la CAV 2023/2024.

No obstante, además de construcciones navales, TANDANOR lleva a cabo trabajos de obra civil, como ser durante 2023 la modernización de instalaciones eléctricas del Arsenal Naval Puerto Belgrano (ANPB), y la construcción de la nueva Base Antártica Conjunta “Petrel”, que actualmente se encuentra en proceso de instalación.



CONICET: Entregan a Salamone un petitorio con 12.000 firmas en “defensa del sistema científico”
Es una iniciativa de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología. Piden la efectivización de concursos de becas y el cumplimiento de ingresos, entre otros reclamos.




La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) entregó hoy al directorio del Conicet un petitorio firmado por 12.000 integrantes del sistema científico reclamando la efectivización de los concursos de becas y la reincorporación del personal cesanteado en defensa del “sistema científico tecnológico nacional”.

Más de un centenar de personas se congregó esta mañana en el Polo Científico de la Ciudad de Buenos Aires, en Godoy Cruz 2270, para acompañar la entrega del texto titulado “En defensa del Conicet, del sistema científico tecnológico nacional y de un país con futuro”.

La convocatoria fue organizada por la Raicyt, creada a mediados de enero luego de una reunión que se realizó en el edificio Cero+Infinito, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que congregó en forma presencial y virtual a más de 300 directivos de instituciones científicas de todo el país.

“Pudimos presentar un petitorio que ya acumula 12.000 firmas de miembros de la comunidad científica, desde directores a becarios y personal administrativo”, confirmó a Télam la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Valeria Levi.

“Hay un gran temor en la comunidad por la continuidad del Conicet”, afirmó Levi, también investigadora principal de la institución.

12 mil firmas

Andrea Gamarnik, Ana Belén Elgoyhen y Jorge Geffner fueron los tres reconocidos científicos que ingresaron al edificio para entregar el petitorio al presidente del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Daniel Salamone.

“Le hicieron llegar los reclamos, a los cuales por ahora no dio ninguna respuesta”, explicó a Télam Levi y explicó que, en realidad, “ni siquiera son reclamos, es pedir que se continúe con el funcionamiento normal del Conicet”.

En el texto reclaman por la efectivización de los concursos de becas y continuidad en los llamados a concursos, luego de que el Conicet anunció el 16 de enero que postergará las convocatorias hasta contar con nuevo presupuesto.

Ingresos

También exigen el cumplimiento “de ingresos y promociones de las Carreras del Investigador/a Científico/a y personal de Apoyo”, junto con la acreditación efectiva de los subsidios vigentes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

“Es un reclamo unánime que unifica a toda la comunidad científica independientemente de lo que cada uno puede haber votado. Tiene que ver con la persistencia de un sistema tecnológico en la Argentina que trasciende la barreras partidarias”, señaló Levi.

En este sentido, la investigadora expresó que puede parecer “un tema lejano frente a lo problemas cotidianos, pero realmente es una decisión de presente y de futuro”, agregó, y marcó que la discusión es entre “un país con ciencia o un país sin ciencia”.

Actualización salarial

Otros de los reclamos consisten en pedir la ejecución de los nuevos proyectos y en pedir “la actualización salarial en todos los estamentos del Conicet para paliar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios”.

A su vez, demandan la “reincorporación del personal cesanteado del sistema de ciencia y tecnología y el compromiso de estabilidad laboral de los 1.200 trabajadores contratados”.

La actividad también contó con el apoyo en forma remota de los trabajadores de distintas sedes del Conicet distribuidas a lo largo y ancho del país.

En la explanada del Centro Científico Tecnológico (CCT) del Conicet en Mendoza, los investigadores se congregaron en una reunión con carteles con consignas como “El conocimiento no es una mercancía” y “Ciencia pública es soberanía”.

El director del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (Imbecu), Walter Manucha, dijo a Télam que uno de los reclamos principales tiene que ver con “la reincorporación del personal cesanteado indebidamente”.

También apuntó que incluso antes de que se entregue el petitorio, consiguieron que ayer el directorio de la Agencia I+D+i apruebe la adjudicación de 1.584 nuevos proyectos que ya habían sido evaluados por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), algo que estaba entre los reclamos.

“Otro dato importante que me gustaría poner de relieve es que no estamos solamente reclamando por estos derechos y necesidades, sino que también por todos los integrantes de esta red que crece y crece cada día y nos ponemos a disposición para colaborar desde nuestro lugar con el propio doctor Salamone, con toda la gestión de gobierno del Conicet e inclusive con estamentos superiores”, destacó el investigador.

Y apuntó que desde la red quieren colaborar con el objetivo de “encontrar el camino más productivo para la ciencia, la tecnología, la innovación y todo lo que tiene que ver con la soberanía del conocimiento nacional, que es muy importante no perderlo”, concluyó. 



miércoles, 31 de enero de 2024

Pacientes con cáncer denuncian que Nación no entrega medicación: “Somos muchos en la misma”
“En esta gestión no tenemos a nadie que nos responda”, alertan las organizaciones sociales que acompañan a personas con enfermedades oncológicas. Convocan a manifestarse el domingo frente al Congreso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. “Esta es una enfermedad que no espera, hay pacientes con mucha angustia”.
Por Luciana Rosende


Foto: Télam

“Se supone que nosotros tenemos que estar tranquilos y enfocados en nuestra salud, no en luchar para recibir el tratamiento o llegar al hospital y enterarnos que no hay con qué. No puedo explicar lo mal que se pasa, la angustia y la preocupación. Y somos muchos en la misma”, lamenta Romina Gallo. Vive en Córdoba, tiene 53 años, es adiestradora canina y lucha contra un carcinoma ductal invasor Her2 triple positivo, localmente avanzado. Un cáncer de mama “bastante agresivo”. Sus sesiones de quimioterapia arrancaron en octubre. Las demoras comenzaron en diciembre. Aún no sabe si la medicación estará disponible para sus próximos ciclos.

Pacientes como Romina, familiares y referentes de organizaciones sociales que acompañan a personas con cáncer se concentrarán este domingo frente al Congreso, para exigir respuestas ante las demoras en la entrega de medicación, sobre todo por parte de Nación. Lo harán en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, cada 4 de febrero. Las dificultades no son nuevas. Pero se agudizaron tras la asunción de Javier Milei. Ante patologías que no esperan.

“Lamentablemente hay mucha demora con el Ministerio de Salud de Nación. Los pacientes no están teniendo respuesta, no les están entregando el tratamiento y nosotros no tenemos ningún tipo de contacto. Con Salud de Provincia (de Buenos Aires) sí dialogamos todos los días, más que nada para poder agilizar los trámites. Pero en Nación desde el cambio de gobierno perdimos todo tipo de contacto y no están teniendo respuesta ni los pacientes ni nosotros. Entonces la idea es juntarnos para ver si tenemos alguna respuesta, porque esta es una enfermedad que no espera. Y los pacientes están muy angustiados”, dice Débora Bosco, de Fundación Solidaridad Cáncer Argentina (FUSOCA). La convocatoria es para el domingo 4, a las 15.

“Esta es una enfermedad que no solamente afecta físicamente, sino emocionalmente. Hemos tenido varias familias que nos han escrito con distintos episodios que son lamentables. Es la angustia que las lleva a tener ciertos pensamientos. Por eso decidimos salir y que se sepa qué es lo que está pasando y podamos tener una solución rápida”, exige Bosco.

“No atiende nadie”

Desde la cartera sanitaria nacional, conducida por Mario Russo, dijeron a este medio estar al tanto de los reclamos: “Se está trabajando el tema”. Sin embargo, desde las organizaciones sociales que suelen asistir a pacientes oncológicos que reciben medicación a través del Estado denuncian que no hay vía de contacto con el Ministerio de Salud.

“Hay medicamentos que están fuera del vademécum de Provincia que los provee el Ministerio de Salud de la Nación. El Pembrolizumab, por ejemplo, solamente lo entrega Nación. Tenemos más de diez familias a la espera de ese tratamiento. Un cáncer de pulmón no puede esperar tres meses hasta que se solucione esto. Porque sigue avanzando la enfermedad”, alerta Bosco.

Desde diciembre “los casos que nos consultan se triplicaron. Porque hoy PAMI no está entregando, hay obras sociales que tampoco, ni desde los laboratorios. Hay gente que ha tratado de vender su casa, su auto, para tratar de comprar el tratamiento para tratar de salvar a su hijo. Pero hay tratamientos que ni aunque vendas tu casa los conseguís, porque están en falta”.

Rubén Reyna, de Cero Blastos, coincide con el panorama desde el cambio de gestión: “No tenemos ni un teléfono de los que siempre asistíamos cada vez que teníamos alguna medicación de alto costo, que no las compra una obra social sino el Ministerio de Salud o Desarrollo Social, con una serie de trámites. Todos esos teléfonos no los atiende nadie. En esta gestión no tenemos a nadie que nos responda, no conseguimos a nadie todavía”, enfatiza.

Y acota que las demoras también se dan en territorio bonaerense: “Lo que tramitamos por Provincia está atrasado por falta de financiamiento. Ya sea en PAMI, o en IOMA a pesar de seguir gobernando los mismos, todos le echan la culpa a que no hay plata. La Blinatumomab, que es para la leucemia, vale muchísima plata y se compra por Desarrollo Social, con un expediente que se inicia desde Salud. Eso no está existiendo”.

Un problema acentuado

Desde el ministerio provincial, comandado por Nicolás Kreplak, admitieron que “hay algo de demora”, pero es “transitoria”. Hasta ahora, se venían manejando con medicamentos en stock, pero las reservas se achicaron. “Nación está atrasada, nosotros compramos y tenemos un stock que vamos renovando. No tenemos problemas, quizá alguna demora pero transitoria. El problema es que los laboratorios por momentos dejan de vender porque no pueden producir”, argumentaron.

“Las demoras ya venían desde antes, con el Banco de Drogas se acentuó en el último tiempo. Más casos de IOMA ahora también. (El programa) Incluir Salud autoriza y queda trabado en Compras, ya que no cotizan”, detalla Haydee González, presidenta de la Asociación Civil Linfomas Argentina.

Por su parte Fernando Piotrowski, director ejecutivo Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), señala que “hay demoras en el acceso en algunos organismos puntuales. Incluir Salud es uno de ellos: la demora -según estuvimos averiguando- se debe a que cuando llaman a licitación no hay quien se presente a cubrir la demanda. IOMA tiene demoras/rechazos en tratamientos puntuales, sin embargo esto se debe a la falta de actualización de su vademécum, y ante la solicitud de terapias innovadoras IOMA ofrece alternativas, lo cual no corresponde ya que está interfiriendo en la prescripción del médico tratante”.

El referente de ALMA agrega que “independiente del color del gobierno de turno, el acceso a los tratamientos de los pacientes con cáncer de la sangre suele ser complicado”.

De cara al Día Mundial contra el Cáncer, la Alianza Cáncer de Sangre Argentina (ACLA) -que reúne a las tres organizaciones de pacientes referentes en enfermedades oncohematológicas en Argentina-, difundió los resultados de una encuesta a 810 pacientes sobre su recorrido con su patología desde el diagnóstico. La información fue relevada durante 2023, antes del cambio de gobierno. En materia de acceso al primer tratamiento, “solo el 20% manifestó haber experimentado dificultades para acceder”.

De este grupo, “el 55% mencionó demoras en la entrega; un 34% refirió demoras en la autorización; un 6%, falta de cobertura y un 5%, desabastecimiento. En este grupo, el 23% debió gestionar su medicación con algún tipo de acción legal y/o administrativa, mientras que un 76% espero a que la dificultad se resolviera. 3 de cada 10 (31%) debieron interrumpir en algún momento su tratamiento, sobre todo por falta de provisión”. Ante este panorama, la “regulación de tiempos de entrega que no superen los 15 días” es una de las recomendaciones planteadas en el informe sobre cómo mejorar la situación de pacientes con patologías onco-hematológicas.

“No es la manera”

A Romina Gallo, en Córdoba, le indicaron tres ciclos de medicación cada 21 días para combatir su cáncer de mama. Empezó en octubre. “Yo iba, me sentaba en el sillón de las quimios y recibía mi tratamiento. En diciembre empezaron los problemas, cuando cambió mi esquema por otras drogas: Docetaxel y Trastuzumab, que por vademécum me tiene que dar la provincia de Córdoba, y Pertuzumab, que me la da Nación. En octubre se pidió el Pertuzumab al Banco de Drogas de Nación y ellos en noviembre avisaron que no había. Entonces inicié un trámite en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación el 4 de diciembre: aún no tengo novedades”, relata a Tiempo.

A principios de enero, cuando le tocaba el primer ciclo con el nuevo esquema de drogas, “no estaba ninguna de las tres. Pude recibir el tratamiento porque me las prestaron de otros pacientes. Cuando fui al segundo ciclo, de nuevo: no estaban mis drogas y ya no había para prestarme. Sólo recibí el Docetaxel que consiguieron de donación. A muchos de los pacientes les avisaron que ya no había medicación, y les dieron el número de teléfono de la droguería para que hagan el reclamo. Yo ya había hecho dos reclamos y me respondían con monosílabos. ‘No está, está pendiente, no lo vio el auditor médico aún’. Al tercer reclamo no me respondieron ni a mí ni a los demás pacientes. Todavía no llegó mi medicación, al menos no que yo sepa”.

“Quiero recalcar –añade- que por más que yo consiguiera mi medicación por esto que estoy haciendo, o por donación o por préstamo, ¡no es la manera!”



Para los expertos, el astillero es estratégico y superavitario: "No existen razones para privatizar Tandanor"
Por el convenio con Astilleros Río Santiago produce embarcaciones para la Armada y podría exportar pronto. La mira sobre Patricia Bullrich y los intereses israelíes.
Por Gastón Garriga


Tandanor ya había sido privatizada por Carlos Menem en la década de 1990. Imagen: Adrián Pérez

Tandanor no fue retirada del listado de empresas a privatizar y crece la polémica por una de las empresas superavitarias y estratégicas que el oficialismo insiste con vender, pese a las advertencias de una parte de la oposición y los especialistas en la materia que asistieron al debate de la comisión que analizó el megaproyecto libertario en la Cámara de Diputados. Uno de los datos más polémicos del debate pone en la mira a la gestión macrista, cuando Israel proveyó a Argentina lanchas similares a las que Tandanor y su par bonaerense, Astillero Río Santiago (ARS), producen conjuntamente.

Distintas fuentes vinculadas a la actividad naval confirman que no hay ninguna razón para privatizar Tandanor, que a través de su convenio con el astillero Río Santiago (ARS), dependiente de la administración bonaerense, fabrica lanchas que compiten con las que Patricia Bullrich le compró a Israel en 2017. Esa compra de Bullrich fue oportunamente denunciada por irregularidades y sobreprecios.

Ya antes de la asunción de Milei, a fines de noviembre, anticipándose a lo que ocurriría, el titular de la CTA bonaerense, Oscar De Isasi, sostuvo que “no es necesario cerrar o privatizar una empresa que es rentable, y que tiene rentabilidad no solo en la industria naval sino también en la metalmecánica, salvo una cuestión ideológica, de desprecio al Estado, no hay una razón ni económica ni social para cerrarla o privatizarla”.

Tandanor fue privatizada por Menem en la década de 1990 y el resultado fue catastrófico. Fue vendida en 1991 a un consorcio con participación de capitales extranjeros y luego de algunos oscuros traspasos terminó en manos de la empresa Indarsa, que pagó sólo siete de los 59 millones de dólares en los que el mismo gobierno había tasado al astillero.

Indarsa abandonó en 1999 la explotación e ingresó a un proceso de quiebra después de la venta fraudulenta de ocho hectáreas que Tandanor tenía en Retiro, en un colosal negociado inmobiliario por el que se embolsó 18 millones de dólares. Es decir, se aprovechó la privatización para hacer un negocio inmobiliario, predatorio, y se abandonó la actividad principal.

Fuentes cercanas a Río Santiago afirman que la privatización era el deseo de Vidal cuando gobernó la provincia, y que no lo hizo por la evidente resistencia sindical. De lo contrario, hubiera corrido la misma suerte.

Puja de negocios

Al análisis de De Isasi hay que agregarle un argumento: el convenio firmado en 2020 entre los dos principales astilleros del país, Tandanor y Río Santiago, interfiere con los intereses y objetivos comerciales de Israel, que ya le proveyó lanchas a la prefectura durante la gestión de Mauricio Macri que tenía, casualmente, a la misma ministra de Seguridad que la actual: Patricia Bullrich.

En 2022, la Oficina Anticorrupción, entonces en cabeza de Félix Crous, detectó que en el primer año de gobierno de Cambiemos, el Ministerio de Seguridad pagó 50 millones de dólares a un astillero israelí para comprar cuatro lanchas para patrullar vías navegables.

Del estudio de ese expediente administrativo y las declaraciones de prefectos que intervinieron en la operación surgió que la todavía presidenta del PRO burló todos los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor previamente seleccionado, al que además le pagó un sobreprecio del 138%: 29 millones de dólares por encima del valor de las embarcaciones.

Como contrapartida, en las próximas semanas, Astillero Río Santiago, entregará a la armada dos embarcaciones denominadas LICA (Lancha para Instrucción de Cadetes de la Armada), de 36 metros de eslora, con motores Scania procedentes de Tucumán y electrónica Redimec, de Tandil, con una integración altísima de componentes nacionales. Las embarcaciones son resultado del mencionado convenio entre ARS y Tandanor.

Pedro Wasiejko, titular de ARS, afirma en diálogo con Buenos Aires/12: “Hemos encontrado una dinámica de complementación positiva entre ambos astilleros, que es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Primero, es histórico porque hace 37 años que la armada no recibe embarcaciones nuevas. Segundo, es absolutamente exportable porque hay interés en comprarla desde otros países de la región”.

Ese mismo convenio ARS-Tandanor permitió que se fabricase la compuerta de 700 toneladas para el dique de Puerto Belgrano, que está terminada y lista para ser transportada y emplazada en Bahía Blanca.

El concejal por UxP en Vicente López y ex candidato a intendente de ese mismo distrito, Lucas Boyanosky, trabajó durante años en Tandanor. “Evidentemente hay cuestiones que no tienen nada que ver con las necesidades del país, de la industria ni la defensa nacional, sino exclusivamente con regalar un bien a algún empresario amigo del Presidente”, comenta.

“Tandanor es quizás uno de los ejemplos más representativos de nuestro país y sus avatares y volantazos permanentes. ¿Cuál es la necesidad de perder la capacidad operativa existente efectiva y eficiente al servicio del Ministerio de Defensa? ¿Cuál es la necesidad de desprenderse de una empresa que no da pérdida, que es ejemplo en su industria y motorizadora de las ramas subsidiarias de la industria naval?”, agrega.

“Estamos nuevamente ante una pérdida de soberanía y de oportunidades productivas", agrega el actual concejal y suma preguntas: "¿Quién va a ofrecer servicios a la flota para la explotación off shore, quién a los buques gaseros que transporten lo que exporte Vaca Muerta, quién pondrá en valor los guardacostas de la Prefectura Naval argentina y quién modernizará la flota de la Armada? ¿Por qué ese valor, ese resorte estratégico no es facultad del Ministerio de Defensa? ¿Por qué se abandona ese lugar?”.

Empresa modelo

Talleres Navales Dársena Norte, Tandanor, incorporada por el gobierno nacional al anexo I de empresas estatales a privatizar, es una de las empresas más antiguas del país. Fue creada en 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, para mantener y reparar los buques de la Armada.

Tanto los balances como los resultados técnicos de Tandanor desmienten toda la vulgata sobre ineficiencia estatal y burocracia. La empresa genera divisas, porque repara buques privados nacionales y extranjeros, genera soberanía al participar de una actividad industrial de alta complejidad integrada al complejo de defensa.

Tandanor es una pieza clave de cada campaña antártica, al hacerse cargo de las reparaciones del rompehielos Almirante Irizar. Durante la gestión que concluyó el 10 de diciembre, Tandanor comenzó a construir puentes modulares vehiculares en acero, que cruzan la traza de los principales ferrocarriles del conurbano, haciendo más fluido el tránsito, gracias a un convenio con la firma Trenes Argentinos.

Además, es fuente de empleo calificado y de valor agregado. De sus mil cien trabajadores, fuentes internas estiman que al menos el 80 por ciento procede del conurbano. Están afiliados al Sindicato de Trabajadores de Tandanor, SITTAN, que conduce Jonathan Pucheta.



Despidieron a 10 trabajadores y desmontaron la gerencia de una empresa estatal clave que Milei quiere privatizar
Tandanor emplea a 507 personas y fue incluida por el gobierno nacional al anexo de empresas estatales pasibles de una privatización. Denuncian el desguace de la gestión de control de la compañía.
Por Rodrigo Nuñez




El Gobierno despidió a 10 trabajadores de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), entre ellos al auditor interno y la gerenta de Control de Gestión. De esta manera, desguazaron el aparato de gerencia de una compañía incluida dentro del listado de empresas sujetas a una posible privatización, algo previsto en un artículo del proyecto de Ley Ómnibus.

Según consignaron fuentes gremiales a El Destape, a los empleados "les llegó telegrama de despido cuando estaban todos en planta". Esta misma fuente agregó: "La verdad que no se que van a hacer, lo que se ve es un descabezamiento de un área importante para todo lo que es la planificación de la gestión del astillero".

Tandanor emplea a 507 personas y fue incluida por el gobierno nacional al anexo de empresas estatales pasibles de una privatización. La firma fue creada en 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, para mantener y reparar los buques de la Armada.

El Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) fue creado el 17 de mayo de 2010, el día de la Armada, cuando la entonces ministra de Defensa Nilda Garré tomó la decisión estratégica de unir los talleres de Tandanor con el astillero Almirante Storni, comenzando a funcionar como una sola unidad dedicada a la reparación, conversión y construcción naval, y más recientemente, a la industria metalmecánica.

Unos años atrás, durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, el 30 de marzo del 2007, Tandanor fue reestatizado por decreto, declarando la nulidad absoluta la privatización realizada en la década anterior, durante el menemismo. En reconocimiento por sus esfuerzos para mantener en actividad la empresa, los trabajadores del astillero recibieron el 10% de sus acciones.

La importancia de Tandanor y la mentira de la ineficiencia estatal

Informes técnicos de Tandanor contradicen los preceptos sobre la ineficiencia del Estado que pregonan desde el Gobierno. La compañía genera dólares porque refacciona los buques privados nacionales y extranjeros. Además, cumple una función política fundamental, ya que colabora con la soberanía por el hecho de incidir sobre una actividad industrial de alta complejidad anexada al sistema de defensa.

Tandanor también es protagonista de las campañas antárticas, al encabezar los arreglos del rompehielos Almirante Irizar. Previo al cambio de gestión y el arribo de Javier Milei, Tandanor construyó puentes modulares vehiculares en acero, que atraviesan la traza de los principales ferrocarriles del conurbano, gracias a un entendimiento firmado con la empresa Trenes Argentinos.

La compañía cuenta con una ubicación estratégica en la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires. En el Canal Sur, sobre el Estuario del Río de la Plata, único acceso a la Hidrovía formada por los ríos Paraguay, Paraná y De La Plata, sobre los cuales se encuentran los puertos aptos para operaciones con buques oceánicos. Es uno de los astilleros más importantes de Sudamérica, junto con el de Río Santiago. Son los dos astilleros estatales de Argentina y son caracterizados en el sector como los tractores de la industria naval y metalmecánica.

Los despidos en un área clave eleva las especulaciones sobre el futuro de la empresa. Tandanor no fue retirada del listado de empresas a privatizar, a pesar de ser superavitaria y estratégica. Curiosamente, durante el plenario de comisiones de la semana pasada, la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci había presentado una modificación de la Ley Ómnibus para agregar tres empresas estatales que considera claves para la Defensa Nacional al listado de sociedades que no se van a privatizar.

En la negociación con la oposición "dialoguista" para destrabar el ahora disminuido proyecto, el gobierno había cedido en remover a YPF del listado de empresas a privatizar mientras que en el caso de ARSAT, Banco Nación y Nucleoeléctrica solamente se podría realizar una privatización parcial, debiendo el Estado mantener el control. Bonacci pretendía que esa nómina se amplíe con Vehículo Espacial Nueva Generación VENG S.A.; Talleres Navales Dársena Norte y Fabricaciones Militares, porque consideraba que el impacto en las cuentas públicas es ínfimo o nulo y son claves para la Defensa Nacional. Pero el oficialismo no la acompañó, dejando en claro su ambición de desprendimiento de la firma.



Denuncian que el gobierno quiere privatizar Tandanor para darle un negocio inmobiliario a Elsztain
El gobierno desarticuló la gerencia de Control de Gestión que maneja toda la información de la empresa y despidieron a 10 a trabajadores. Fuentes de Tandanor denuncian que están preparando el terreno para privatizar y "darle negocios a los amigos".
Por Augusto Taglioni


Télam

En Tandanor sospechan que el gobierno quiere privatizar la empresa para darle un negocio multimillonario a Eduardo Elsztain.

Tandanor es una de las empresas que continúan en el listado de las privatizaciones de la ley ómnibus que se pondrá en discusión en el Congreso. En la previa, se efectivizaron 10 despidos entre trabajadores y gerentes de un área clave: la gerencia de Control de Gestión.

Fuentes de la empresas explicaron a LPO que "dejamos una empresa con trabajo, recursos para bancar sueldo. Una empresa en un funcionamiento y con un balance positivo".

La gerencia de Control de Gestión, explica la fuente, es importante porque concentra toda la información referida al avance físico de los proyectos, los presupuestos y el estado de la situación financiera. "Es lo que le permite al directorio evaluar la evolución mes a mes de los parámetros para medir el funcionamiento y el desarrollo de la empresa", insisten.

En ese sentido, apuntan que "lo primero para privatizar la empresas es desarticular esa gerencia porque ahí esta todo, es como sacarle el disco rígido, te quedas sin información o sin la gente que manejo la información por 4 años".

En el Congreso, quienes más se han expresado en defensa de Tandanor fueron el presidente de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez y el santafecino Eduardo Tonioli.

Pero también, como anticipó LPO, la diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó una modificación de la Ley Ómnibus para agregar tres empresas estatales que considera claves para la Defensa Nacional al listado de sociedades que no se van a privatizar y entre las que se incluyen Vehículo Espacial Nueva Generación VENG S.A.; Talleres Navales Dársena Norte, Tandanor y Fabricaciones Militares porque considera que el impacto en las cuentas públicas es ínfimo o nulo y son claves para la Defensa Nacional.

Tandanor, la diputada santafesina recordó los "funestos resultados" que sufrió por su privatización en la década del 90' y que luego de su reorganización como Sociedad del Estado en 2007 retomó un proceso de "franco crecimiento".

Para Bonaccci, los Talleres Navales son indispensables para el desarrollo autónomo de la industria militar argentina, puesto que tiene características únicas entre los astilleros hispanoamericanos con condiciones para la fabricación de buques portaaviones.

Tandanor tiene ingresos totales por $ 14.156.516.497 de los cuales $13.671.210.730 resultan de ventas y solo 37.350.000 de aportes de la administración pública cuando los gastos suman $12.878.143.573 arrojando un superávit de ejercicio 2023 fue de $1.278.372.924 en 2023.


Télam

Por último, en la empresa alertan sobre un dato clave detrás del intento de privatización hay un interés inmobiliario. Tandanor se encuentra en jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires en la dársena que surge del Puerto de Buenos Aires.

En frente tiene a IRSA, del empresario Eduardo Elsztain, donde está la ciudad deportiva de Boca. La Legislatura porteña permitió modificar el estatus inmobiliario de esa zona para construir una ciudad financiera con edificios y oficinas.

"No sería extras que el destino de Tandanor, y sus 34 hectáreas, termine siendo una continuidad de ese proyecto", advierte la fuente.

Esta fuente sostiene que Tandanor "es una empresa de carácter estratégico porque no hay ningún astillero de este tamaño, con un ascensor para buques de 15 mil toneladas. Esa infraestructura no la tiene nadie, los buques de la Armada y la Prefectura van a Tandanor, lo mismo que muchísimos clientes privados".

"Es una empresa superavitaria, por eso el discurso libertario no cuaja porque no recibe dinero del Tesoro Nacional ni para pagar sueldos ni aportes de capital. La privatización es política para favorecer a amigos del gobierno que tengan negocios inmobilarios", culmina.

Elsztain es el gran socio de Milei, sostén de toda su estadía en el Hotel Libertador y beneficiario de buena parte de los alcances del DNU y le Ley Omnibus.



martes, 30 de enero de 2024

Científicos del Conicet piden votar en contra de la reforma de la ley de Glaciares
Diecisiete especialistas mandaron una comunicación a la Cámara de Diputados advirtiendo: “El nuevo proyecto contiene modificaciones que van en contra de la protección y cuidado de las reservas estratégicas de agua en estado sólido en Argentina”.


Los científicos abogan por la protección de las reservas estratégicas de agua. /Foto: prensa.

Científicos del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que vienen estudiando los glaciares y el ambiente periglacial de los Andes enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su “preocupación” y “rechazo” a los cambios propuestos en la denominada Ley de Glaciares que supone el proyecto “Bases”.

“El nuevo proyecto contiene modificaciones que van en contra de la protección y cuidado de las reservas estratégicas de agua en estado sólido en Argentina”, advierten el texto que firman 17 especialistas.

La misiva recuerda que la Ley N° 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” fue producto de un debate social, que contó con asesoramiento científico experto en la materia.

Sancionada en 2010, “su carácter constitucional fue además ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, puntualizaron.

Ahora, las reformas contenidas en el proyecto de ley Bases “sólo proponen proteger a uno de sus elementos característicos, los glaciares de escombros 'activos', dejando afuera al resto de los cuerpos de hielo que conforman este ambiente”.

“Entendemos que las modificaciones propuestas no sólo vulneran acuerdos sociales previamente alcanzados, sino también que los cambios propuestos no guardan relación con el marco de necesidad y urgencia que motiva el paquete de reformas del proyecto de Ley”, advierten en la carta.

Y todo en un contexto de aceleramiento del cambio climático y el calentamiento global a nivel mundial.

“El cambio climático está afectando todas las regiones del planeta. En la Cordillera de los Andes, el aumento de temperatura y la disminución de las precipitaciones sólidas han generado una disminución en los caudales de los ríos, una reducción en el tamaño de los glaciares y una degradación del permafrost de montaña”, dijeron.

Por eso, piden a los legisladores, “que arbitren los medios para no hacer lugar a las modificaciones propuestas en la Ley N° 26.639, ofreciendo nuestra colaboración para brindar más información”, concluyeron.



Fuente: telam.com.ar
Excombatientes denunciaron "vuelos ilegales" a Malvinas: "Está en riesgo la soberanía"
Entre otros vuelos, el CECIM de La Plata quiere que se informe sobre uno realizado "por la aeronave Bombardier Learjet Matrícula LV-GQR de la empresa Pacific Ocean S.A. que partió este jueves 25 de enero desde el Aeropuerto de San Fernando con destino Monte Agradable, Islas Malvinas".


Las Islas Malvinas, siempre presentes en el corazón de los excombatientes.


El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata denunció este lunes que la última semana se efectuaron "vuelos de dudosa procedencia" hacia las Islas Malvinas y advirtió sobre una supuesta connivencia política del Gobierno argentino, al tiempo que rechazó el supuesto incumplimiento de tratados internacionales que, dijo, ponen "en riesgo la soberanía nacional".

"Mientras se desarrollan ejercicios militares en Malvinas el Gobierno nacional no ha emitido comunicado alguno por las escandalosas operaciones logísticas desde y hacia Malvinas de las fuerzas ocupantes violando resoluciones de la ONU, particularmente la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur, (ZPCAS) que fue establecida en 1986 a través de la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", expresaron los excombatientes.

En esa línea, el CECIM denunció que "al parecer el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri creó un 'Triángulo de las Malvinas' donde desaparecen aviones, especialmente británicos, y otros de dudosa procedencia de los controladores que tiene nuestro país".

Y se ejemplificó que "en este breve período que abarca desde al lunes 22 de enero hasta el viernes 26 registramos con elementales buscadores vuelos que ameritan un análisis pormenorizado, entendiendo necesaria la intervención urgente de las agencias estatales correspondientes".

"Un detalle que nos llama mucho la atención fue el vuelo realizado por la aeronave Bombardier Learjet Matrícula LV-GQR de la empresa Pacific Ocean S.A. que partió este jueves 25 de enero desde el Aeropuerto de San Fernando con destino Monte Agradable, Islas Malvinas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue autorizado por la Cancillería? La ANAC debería estar dando información de la autorización o no autorización, y si fue autorizado quiénes viajaron en ese vuelo", advirtió la entidad.

A la vez, los excombatientes de La Plata se preguntaron: "¿Serán empresarios petroleros? ¿Socios de Navitas? Lo más llamativo, es que una hora después de su aterrizaje en Monte Agradable Malvinas, partió rumbo a Comodoro Rivadavia y desapareció del mapa", razón por la cual hablan de "del misterio del Triángulo de Malvinas", en alusión al mítico Triángulo de las Bermudas, donde desaparecían aviones.

En ese sentido, sostuvieron que "el silencio de la canciller Diana Mondino es obsceno y complaciente con el Gobierno de Uruguay que permite desde Montevideo completar el puente aéreo desde la Base Militar Brize Norton en Oxfordshire, ubicada al noroeste de la Ciudad de Londres hasta Malvinas".

"Queremos advertir que estamos ante una situación de gravedad institucional inaudita, que está en riesgo la Soberanía Nacional ante un plan de entrega que se advierte por los propios dichos del Presidente (Javier) Milei, de la Canciller Mondino y de la Vicepresidenta Villarruel", añadieron.

Finalmente, repudiaron que "el alineamiento geopolítico que expresa la gestión de Gobierno nacional, se expresa en gran parte en el DNU 70/2023, derogando la Ley de Tierras permitiendo la extranjerización, el artículo 27 bis de la Ley de Pesca 26386 que viola la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, nuevamente se entrega la iniciativa en el Atlántico Sur a los británicos y sus socios que proyectan para fin de año comenzar la explotación petrolera en Malvinas con las empresas Rockhopper y Navitas".



Fuente: telam.com.ar
La Universidad Nacional de La Plata pone a punto su planta de producción de medicamentos
Se especializará en la fabricación de medicamentos no estériles bajo las formas de comprimidos, cápsulas rígidas, suspensiones extemporáneas, entre otros.




El vicepresidente del Área Académica de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la casa de estudios superiores, Mauricio Erben, para conversar especialmente sobre dos obras de enorme trascendencia para para la comunidad científica platense: La Planta Productora de Medicamentos y la remodelación y puesta en valor del histórico edificio del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).

Ambos funcionarios analizaron los detalles del proyecto para la construcción de una Planta de Producción de Medicamentos destinada a la fabricación de medicamentos no estériles bajo las formas farmacéuticas sólidas (FFS), es decir, comprimidos, cápsulas rígidas, suspensiones extemporáneas, entre otros.

La nueva planta estará vinculada a la actual Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, cuya actividad principal es el desarrollo de medicamentos en FFS para su posterior transferencia a escala productiva industrial. Además, la Planta concentrará el apoyo técnico de centros e institutos dependientes de la UNLP que investigan o tienen experiencia en áreas de conocimiento relacionadas con los medicamentos.

Nuevo modelo de gestión

El vicepresidente Tauber destacó que “se trata de un proyecto íntimamente ligado a nuestro modelo de gestión de la Universidad, que encuentra en la producción con perfil social uno de sus ejes fundamentales. Contar con una Planta Productora nos permitirá poner al alcance de cientos de miles de familias aquellos medicamentos de uso común que hoy les están quedando fuera del alcance de su bolsillo”.

“Una vez en funcionamiento, la planta tendrá capacidad para producir 2 millones de comprimidos por mes para Diabetes tratable Tipo 2; entre 4 a 5 millones de comprimidos mensuales para hipertensión arterial tratable; 2 millones de analgésicos y antitérmicos mensuales, entre otras formulaciones. En total se podrían elaborar en el orden de 12 millones de comprimidos al mes, distribuidos en 7 a 10 medicamentos diferentes”, detalló Tauber.



Desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP explicaron que ya trabajan en forma conjunta con la ANMAT con el objetivo de garantizar que la Planta se ajuste a los más estrictos estándares de calidad en las etapas de producción, control y de logística. Esto incluye además los aspectos constructivos generales.

En relación a las características del edificio, los responsables del proyecto adelantaron que “se construirá una nave única integradora de diferentes estructuras, las cuales presentan una “cascada” de presiones atomosféricas relativas que permitirá garantizar la debida esterilidad de los ámbitos productivos. Esta gran nave contará con una superficie de 1.500 m2 totales.

Área general

Áreas productivas

Sistemas de tratamiento de aire en áreas productivas

Este esquema constructivo prevé áreas productivas específicas, pasillos de circulación del personal en sus diferentes estratos, como así también de materias primas, productos semielaborados y productos elaborados listos para despacho. Por otro lado, vestuarios generales del personal; laboratorio de control de calidad de productos; servicios de apoyo y almacenamiento (incluyendo una planta de producción de agua farmacéutica, lavadero y pañol de herramientas y depósitos de materias primas, graneles y de producto terminado. También se incluirá una Central de Pesada de productos y un área de mantenimiento.

Por fuera de esta nave “controlada” y biocontenida, se construirán oficinas administrativas y aulas para la formación en el área productiva de medicamentos de estudiantes y graduados de la UNLP.

Planta general

Planta funcional

Según explicaron los profesionales de la UNLP, “la Planta producirá comprimidos a través de los procedimientos de Compresión Directa y Granulación Seca. De esta forma se simplifica no solo la tecnología (menos equipamiento y menos servicios técnicos), se acortan los tiempos de proceso, y además se reduce el gasto de energía y se requiere menor asistencia de mantenimiento, sin afectar significativamente la diversidad de medicamentos a producir”.



Se autoconvocó el directorio de la Agencia I+D+i, que está acéfala desde hace casi dos meses
Es el organismo que distribuye los fondos para el sistema científico tecnológico. Bajas entre personal especializado y virtual parálisis, financiación internacional en riesgo. Se reúne este miércoles.
Por Nora Bar


Creada en 1996, y convertida en un organismo descentralizado en la órbita del ex Ministerio de Ciencia en febrero de 2020, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) es la pieza crucial que alimenta con recursos nacionales e internacionales los distintos proyectos científicos y de transferencia tecnológica de la Argentina. Se ocupa de procurarlos y administrarlos, y los adjudica a investigadores e investigadoras, o a colaboraciones interinstitucionales a través de evaluaciones, concursos, licitaciones y otros mecanismos rigurosamente auditados. Emplea a personal especializado y en sus evaluaciones intervienen muchos de los científicos más reconocidos del país.

Sin embargo, desde que días antes de la asunción del nuevo gobierno presentó su renuncia el ex presidente, Fernando Peirano, la Agencia (como se la conoce en el mundillo de la ciencia) está acéfala. No tiene responsable designado. Es más, las nuevas autoridades del área, que por ahora está dentro de la jefatura de gabinete, hasta el momento en que se escriben estas líneas ni siquiera habían tomado contacto con su directorio (cuyos integrantes son ad honorem). Ya hubo 35 bajas entre el personal y temen que rechacen créditos internacionales, lo que acarrearía no sólo la desfinanciación de proyectos en marcha, sino además la pérdida de confiabilidad ante organismos multilaterales, y hasta sanciones y penalidades.




Según pudo saber El Destape, los vocales decidieron autoconvocarse para el miércoles a la mañana. Exigen tomar conocimiento sobre los resultados de la evaluación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) realizada en 2023 y finalizada en diciembre pasado, conocer con qué criterios se distribuirán los 24 mil millones de pesos (de los 100.000 millones con los que funciona normalmente) que el presupuesto prorrogado prevé para la Agencia y sus instrumentos, confirmar que los préstamos internacionales continuarán siendo destinados a proyectos de investigación y desarrollo, y saber cuál es la situación de los becarios que están formándose en el marco de los proyectos. Además, conocer los fundamentos de los despidos de personal que pueden afectar el funcionamiento de un organismo muy pequeño, unas 260 personas, y cuyo funcionamiento operativo insume apenas el 8% de su presupuesto.

La incertidumbre prevalece, porque los rumores hablan de abogados que están estudiando cambios en el carácter de los organismos descentralizados, despidos y bajas de contratos. La Agencia tiene autonomía plena, administrativa, financiera y jurídica, pero además está sujeta a múltiples mecanismos de contralor para que sus actos sean válidos.

Ahora, si bien en el organigrama de la ley de ministerios la Agencia quedó bajo la autoridad de Nicolás Posse, jefe de gabinete, después se creó una figura que habla del “mentoreo” de Alejandro Cosentino, designado secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Nadie sabe si esto es simple y llanamente una intervención sobre los sistemas de pagos, de presupuesto, de compras, de personal. La escena es muy irregular, ya que nadie informó si los vocales del directorio siguen en funciones, no hay responsable designado, y las decisiones se toman sin documentación y sin el control de la Auditoría General de la Nación.



La Agencia fue creada para diseñar e implementar instrumentos de promoción de la ciencia y la tecnología en el ámbito público y privado a través de tres fondos de financiamiento: el Foncyt (Fondo para la investigación Científica y Tecnológica), el Fontar (Fondo tecnológico Argentino) y el Fonarsec (Fondo Argentino Sectorial). Además, impulsa la creación de empresas de base tecnológica.

Obtiene recursos del Tesoro, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales. También, de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica y de la Ley de Promoción de la Industria del Software.

En su informe de gestión, que presentó al alejarse de su puesto, Peirano informó que la totalidad de las solicitudes de desembolso de los proyectos aprobados se habían pagado y no había deudas o solicitudes pendientes. Por el contrario, quedó un fondo de reserva de más de 5.000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por una suma total que supera los 225 millones de dólares para ser aplicados en los próximos años. Además, dijo que en febrero de este año se podrían adjudicar los nuevos proyectos con su monto actualizado.



El Gobierno cortó el adelanto de fondos para el pago de sueldos en universidades nacionales
En medio de la disputa con las provincias por el tratamiento de la Ley Ómnibus, Nación frenó la transferencia desde el Banco Central al Banco Nación. Hay miles de trabajadores afectados.


Caputo frenó los fondos para el adelanto de haberes a las universidades nacionales y otros organismos públicos.

Como un anticipo del ajuste de fondos a las provincias tras la caída del paquete fiscal de la Ley ómnibus, el Gobierno nacional suspendió el adelanto de transferencias desde el Banco Central de la República (BCRA) al Banco Nación (BN) para el pago de haberes en diferentes entes públicos, como universidades y hospitales, lo que impactará directamente en el pago de sueldos de miles de trabajadores de todo el país.

La medida implica que, a partir del 1 de febrero, las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos públicos (generalmente el BN) para pagar salarios o cubrir déficit. “A partir de una circular del BCRA dispuestas por las autoridades nacionales, el BN informó a nuestra universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria”, informó ayer la Universidad Nacional de Rosario a sus docentes y no docentes, en un comunicado donde indicó que “el pago de haberes (…) se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la transferencia”.

La Universidad de San Juan también notificó que pospuso el pago de sueldos por la suspensión del adelanto que otorgaba el BN y lo mismo hizo la Universidad de Río IV y San Luis, aunque la medida afectará a todas las universidades públicas -pero algunas cuentan con fondos propios para pagar los sueldos en tiempo-.

El primero en reaccionar fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien confirmó que el Banco Nación suspendió los convenios que permitían que los trabajadores universitarios cobraran el primero de cada mes. Ahora, docentes y no docentes tendrán que esperar a que el Tesoro deposite en el Nación para recibir sus haberes.

Organismos afectados

Algo similar informó el Hospital Posadas, que ayer indicó a sus trabajadores que “debido a una nueva disposición del BN que excede al área administrativa del hospital, los sueldos del mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1° al 5° de febrero de 2024”.

La decisión de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero -una norma del BCRA creada en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri-, no responde a un problema de caja ni a los objetivos de llegar al déficit cero, ya que las partes esperan que el Tesoro deposite los fondos. Lo único que permitía era que los trabajadores públicos nacionales cobrasen el último día hábil del mes o a más tardar el primero. “El BCRA nos informa que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizaban muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes”, se limitó a explicar el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar más razones.

Otras fuentes indicaron que la medida “no solo afecta a universidades, sino a ministerios y otros organismos”. En efecto, la situación afecta a todos los trabajadores públicos en general que tienen cuentas en el BN, como también a los entes autárquicos que tienen convenios similares. Por eso, la noticia cayó como una bomba en las provincias que dependen de esos adelantos para cubrir un rubro sensible como es el pago de haberes, en medio de una fuerte escalada inflacionaria.

Gremios en estado de alerta

Ante la noticia del retraso de los pagos de salarios en la docencia universitaria, el Frente de Asociaciones de Base que integra la Conadu se declaró en “estado de alerta y movilización” a la espera de que se garanticen el pago de sueldos.



La inanición del CONICET
El DNU 70/23 amenaza la supervivencia de la institución.
por Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales


Movilización de investigadores frente al Polo Tecnológico, en agosto pasado. Foto: Télam.

Hace unos meses esta Academia había alertado a la comunidad científica y a la ciudadanía en general sobre los dichos de un candidato presidencial en los que proponía cerrar o privatizar el CONICET. Numerosas voces se alzaron para defender a ese candidato argumentando que no era su intención de manera alguna cerrar el CONICET. Ese candidato es ahora Presidente de la República y a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que está vigente, ha tomado los primeros pasos en esa dirección que amenaza seriamente la supervivencia del CONICET. Ante los hechos que son de dominio público, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales considera que las siguientes medidas son gravemente lesivas al funcionamiento de la Institución.Que hayan empezado los despidos de personal administrativo, 50 empleados en los últimos días, en un plantel que estaba diezmado en su personal por los magros sueldos impactando negativamente en las capacidades operativas del CONICET.

Que se haya decidido suspender el pago de horas extras afectando a los empleados del CONICET cuyos salarios tenían una porción significativa por ese rubro para compensar la dedicación que tenían hacia la institución.

Que muchos empleados de los institutos de investigación y de sede central que cumplen tareas administrativas y revisten desde hace años como “Artículo 9” con contratos extendidos hasta el 31 de marzo, creando una fuerte incertidumbre en el personal.

Que a esas medidas se agrega que el Directorio del CONICET ha notificado el 16 de enero que no se publicarán los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones de la Carrera de Investigador hasta tanto se configure el presupuesto definitivo para el 2024.

Es una situación que ha generado no sólo una gran inquietud en los becarios y jóvenes investigadores, sino que también afecta seriamente la investigación que realiza el CONICET en los diferentes institutos donde no se han pagado los subsidios de los diversos programas y su financiamiento, lo que conduce a una paralización de la actividad.

Desfinanciando el CONICET, reduciendo su ya magro personal, y quitándole capacidad operativa, llevará a una de las instituciones de investigación más prestigiosas de Latinoamérica que tanto ha hecho por el país y por su gente, a un estado de inanición, que no hará falta cerrarlo. Ante esta situación la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha aprobado este comunicado para requerir a las autoridades del CONICET y al Jefe de Gabinete urgentes medidas que reviertan esta situación.

* Firman el comunicado Víctor Ramos, Gloria Dubner y Miguel Laborde, presidente, vicepresidenta y secretario general respectivamente.