Fuerte rechazo local al canon digital
El Senado de la Nación intentó aprobar un proyecto que creaba un gravamen a productos digitales para frenar la piratería. Fuerte reacción en contra en las redes sociales. Dicen que es inconstitucional.
jueves, 30 de junio de 2011
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Ignacio de la Rosa - idelarosa@losandes.com.ar
Los precios de las grabadoras de discos (ya sea CD, DVD, Blu-Ray) aumentarían 10%, mientras que los mismos discos vírgenes costarían casi el doble, ya que su valor aumentaría 75%.
Pero los incrementos irían más allá, por ejemplo, las memorias USB, pendrives y tarjetas de memoria costarían 5% más caro, los discos rígidos subirían 10%, al igual que los reproductores de video o música. Hasta los celulares capaces de reproducir formatos de audio sufrirían un aumento mínimo: 1%.
Este es el escenario que se avecina en el país en caso de aprobarse la denominada Ley de canon digital, ya que entre sus artículos se destacan y fundamentan esas subas para intentar compensar a los artistas dueños de los derechos de autor frente a las descargas ilegales de sus obras en el universo web.
Sin embargo, la polémica ya se instaló: músicos y abogados arremetieron con fuertes críticas contra la iniciativa, destacando que no es una forma eficaz de contrarrestar la piratería.
Incluso, la avalancha de críticas hizo que el proyecto más reciente volviera a comisiones antes de ser debatido por toda la Cámara de Senadores de la Nación.
Capricho
Para la abogada especializada en legislación y asuntos tecnológicos, "el proyecto se quedó en un estadío muy simple, ya que no va contra el verdadero ojo de la tormenta".
"Hay dos críticas fuertes que yo le hago a la iniciativa. Una por el lado de lo tecnológico y otro desde lo constitucional. Teniendo en cuenta que la ley de Propiedad intelectual que dice defender entre sus argumentos es de 1930, es algo arcaico y hoy la tecnología rompió con esa mentalidad", destacó la abogada.
Para Fava, con el proyecto presentado por los senadores nacionales Miguel Ángel Pichetto y Rubén Giustiniani "se juntó la cúpula política de las asociaciones de músicos y autores que cobran cada vez que se reproduce una pista, pero a la vez se perjudica a aquellos artistas a quienes no les importa el copyright y quieren compartir sus trabajos, subirlos a internet para que la gente los descargue y los escuche. La mentalidad del proyecto y de la ley del '30 es un poco arcaica, para un artista de 70 años, pero no es la misma mentalidad la de los artistas de hoy", destacó la joven.
Del mismo modo, Fava se mostró disconforme con el artículo ocho, en el que se establece "de forma arbitraria" cómo se distribuiría la recaudación de ese impuesto en caso de ser aprobada la ley entre las entidades (Sadaic, AADI, Capif, Argentores, Dac, Sava y Sagai).
"En ningún lado se especifica qué criterio responde. Además, qué pasaría con los autores que no son parte de la cúpula y quiere compartir su obra sin importarles el derecho de autor. Evidentemente no representa a todos los autores", continuó la especialista.
Teniendo en cuenta el punto de vista constitucional, Fava también cuestionó el hecho de que se aplique ese impuesto a todos esos formatos, aún cuando se desconoce el fin que se les va a dar. "¿Y si yo soy fotógrafa y compro un CD, un DVD o un pendrive para bajar mis trabajos?. Desde el principio están atribuyendo una conducta criminal en la gente", continuó Fava, y agregó: "el autor merece ser retribuido, estoy en contra de la piratería pero esta no es la forma combatirla".
Debate en las redes sociales
La reacción de rechazo en las redes sociales no se hizo esperar tampoco. "No al Canon" es uno de los temas más populares del momento (trending topic) entre los usuarios de Twitter.
En Facebook, en tanto, el rechazo al canon digital está canalizado en dos grandes grupos: "No al canon digital" (casi 6 mil seguidores) y "No al canon digital en Argentina", con otro millar de adherentes. Así lograron que el Senado no lo tratar y lo enviara a Comisión para ser revisado.
La idea de este impuesto surgió en España en 2002 y fue el foco de una batalla legal y política hasta que fue anulado.
En Argentina, en tanto, tiene un antecedente ya que en el 2008 la iniciativa fue presentada por el entonces diputado Claudio Morgado, pero nunca prosperó esta iniciativa.
Pero los incrementos irían más allá, por ejemplo, las memorias USB, pendrives y tarjetas de memoria costarían 5% más caro, los discos rígidos subirían 10%, al igual que los reproductores de video o música. Hasta los celulares capaces de reproducir formatos de audio sufrirían un aumento mínimo: 1%.
Este es el escenario que se avecina en el país en caso de aprobarse la denominada Ley de canon digital, ya que entre sus artículos se destacan y fundamentan esas subas para intentar compensar a los artistas dueños de los derechos de autor frente a las descargas ilegales de sus obras en el universo web.
Sin embargo, la polémica ya se instaló: músicos y abogados arremetieron con fuertes críticas contra la iniciativa, destacando que no es una forma eficaz de contrarrestar la piratería.
Incluso, la avalancha de críticas hizo que el proyecto más reciente volviera a comisiones antes de ser debatido por toda la Cámara de Senadores de la Nación.
Capricho
Para la abogada especializada en legislación y asuntos tecnológicos, "el proyecto se quedó en un estadío muy simple, ya que no va contra el verdadero ojo de la tormenta".
"Hay dos críticas fuertes que yo le hago a la iniciativa. Una por el lado de lo tecnológico y otro desde lo constitucional. Teniendo en cuenta que la ley de Propiedad intelectual que dice defender entre sus argumentos es de 1930, es algo arcaico y hoy la tecnología rompió con esa mentalidad", destacó la abogada.
Para Fava, con el proyecto presentado por los senadores nacionales Miguel Ángel Pichetto y Rubén Giustiniani "se juntó la cúpula política de las asociaciones de músicos y autores que cobran cada vez que se reproduce una pista, pero a la vez se perjudica a aquellos artistas a quienes no les importa el copyright y quieren compartir sus trabajos, subirlos a internet para que la gente los descargue y los escuche. La mentalidad del proyecto y de la ley del '30 es un poco arcaica, para un artista de 70 años, pero no es la misma mentalidad la de los artistas de hoy", destacó la joven.
Del mismo modo, Fava se mostró disconforme con el artículo ocho, en el que se establece "de forma arbitraria" cómo se distribuiría la recaudación de ese impuesto en caso de ser aprobada la ley entre las entidades (Sadaic, AADI, Capif, Argentores, Dac, Sava y Sagai).
"En ningún lado se especifica qué criterio responde. Además, qué pasaría con los autores que no son parte de la cúpula y quiere compartir su obra sin importarles el derecho de autor. Evidentemente no representa a todos los autores", continuó la especialista.
Teniendo en cuenta el punto de vista constitucional, Fava también cuestionó el hecho de que se aplique ese impuesto a todos esos formatos, aún cuando se desconoce el fin que se les va a dar. "¿Y si yo soy fotógrafa y compro un CD, un DVD o un pendrive para bajar mis trabajos?. Desde el principio están atribuyendo una conducta criminal en la gente", continuó Fava, y agregó: "el autor merece ser retribuido, estoy en contra de la piratería pero esta no es la forma combatirla".
Debate en las redes sociales
La reacción de rechazo en las redes sociales no se hizo esperar tampoco. "No al Canon" es uno de los temas más populares del momento (trending topic) entre los usuarios de Twitter.
En Facebook, en tanto, el rechazo al canon digital está canalizado en dos grandes grupos: "No al canon digital" (casi 6 mil seguidores) y "No al canon digital en Argentina", con otro millar de adherentes. Así lograron que el Senado no lo tratar y lo enviara a Comisión para ser revisado.
La idea de este impuesto surgió en España en 2002 y fue el foco de una batalla legal y política hasta que fue anulado.
En Argentina, en tanto, tiene un antecedente ya que en el 2008 la iniciativa fue presentada por el entonces diputado Claudio Morgado, pero nunca prosperó esta iniciativa.
Dudas sobre reparto del dinero
"Si se implementa como se ha implementado en muchos países de la Comunidad Europea, es una buena medida, siempre y cuando lleguen los fondos y se distribuyan entre los artistas. Debería haber una equidad de beneficios para autores y discográficas.
Pero también hay que tener en cuenta a las bandas a las que no les importa tanto el rédito de vender, sino que buscan subir sus trabajos en internet para tener llegada y difusión entre la gente", dijo Darío Manfredi, codirector de la revista mendocina de rock Zero y músico.
El músico Goy Ogalde se opone al gravamen y dice:"Es un impuesto para mantener la industria, pero estas siempre se van a mantener. Esos fondos nunca llegan a los artistas, porque a cada sociedad y asociación sólo le interesa tener su porcentaje. Yo estoy de acuerdo en que la música se baje gratis de internet".
Pero también hay que tener en cuenta a las bandas a las que no les importa tanto el rédito de vender, sino que buscan subir sus trabajos en internet para tener llegada y difusión entre la gente", dijo Darío Manfredi, codirector de la revista mendocina de rock Zero y músico.
El músico Goy Ogalde se opone al gravamen y dice:"Es un impuesto para mantener la industria, pero estas siempre se van a mantener. Esos fondos nunca llegan a los artistas, porque a cada sociedad y asociación sólo le interesa tener su porcentaje. Yo estoy de acuerdo en que la música se baje gratis de internet".
Otra ley absurda
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El senado de la Nación se aprestaba anteanoche a dar media sanción a una ley que impone un impuesto, con la forma de tasa, a los soportes tecnológicos que puedan servir para piratear obras de arte, especialmente música y películas. El impuesto consiste en tasas que van del 5% en algunos casos hasta el 70% en el caso de los discos gravables.
El absurdo parte de creer que por gravar los soportes se acabará la piratería. Es una forma grosera de no afrontar el problema y solucionarlo haciéndole pagar la pérdida a los usuarios de dichos soportes que no tiene nada que ver con la reproducción ilegal de obras artísticas y que son una mayoría absoluta.
El soporte tecnológico es solamente un medio que puede ser bien o mal utilizado, pero generalizar con un impuesto implica tratar a todos los usuarios de dichos soportes como delincuentes, y que esto se haga por ley es muy grave porque sienta un antecedente peligroso que vulnera la presunción de inocencia que la Constitución Nacional consagra para todos los ciudadanos de este país.
Al parecer la iniciativa fue impulsada por las asociaciones que nuclean a los artistas como una forma de compensar los que pierden por la reproducción ilegal y como están dispuestos a conseguirlo a cualquier precio, no tiene ningún prurito en pretender cobrarles a los honestos, a los que utilizan esos soportes para producir obras propias.
“El canon digital nada tiene que ver con la piratería, y perjudica de forma directa a los profesionales y empresas que trabajan de forma diaria con la tecnología”, han dicho quienes se oponen a esta medida claramente arbitraria e inconstitucional. Suponer que cualquier producción privada puede ser ilegal sin necesidad de demostrarlo invierte la carga la prueba y viola garantías constitucionales básicas.
Pero el colmo de la grosería de este proyecto es que prevé que las empresas que importan o fabrican este tipo de soportes deben depositar el canon en las cuentas de las asociaciones que agrupan a autores, compositores, músicos y artistas. No puede ser que el Congreso sancione un impuesto para beneficiar a las arcas privadas sin exigirles una mínima rendición de cuentas. Los impuestos del Estado deben ir a las arcas del Estado y luego éste distribuirla exigiendo rendición acerca de los destinos que se les dio.
Decimos estos porque también es habitual escuchar las quejas de muchos artistas y productores que reclaman por la forma en que se distribuye la recaudación en los organismos de autores y compositores y los mecanismos que consiguieron imponer quienes tienen mayor cantidad de obras registradas.
El impuesto o canon que se intenta imponer es un despropósito que no soluciona el problema de fondo (la piratería) sino que le da una solución financiera a un sector generándole un impuesto que le ingresa en forma directa, sin aportar ninguna solución de fondo al problema.
Han vuelto a recorrer el camino corporativo. Que todos paguen para solucionarle el problema a un grupo de presión que defiende intereses muy fuertes sin buscar caminos para desterrar el verdadero problema. Es decir, recurren a un atajo que termina demostrando su ineptitud para encontrar una forma eficiente de terminar con un delito grave.
El absurdo parte de creer que por gravar los soportes se acabará la piratería. Es una forma grosera de no afrontar el problema y solucionarlo haciéndole pagar la pérdida a los usuarios de dichos soportes que no tiene nada que ver con la reproducción ilegal de obras artísticas y que son una mayoría absoluta.
El soporte tecnológico es solamente un medio que puede ser bien o mal utilizado, pero generalizar con un impuesto implica tratar a todos los usuarios de dichos soportes como delincuentes, y que esto se haga por ley es muy grave porque sienta un antecedente peligroso que vulnera la presunción de inocencia que la Constitución Nacional consagra para todos los ciudadanos de este país.
Al parecer la iniciativa fue impulsada por las asociaciones que nuclean a los artistas como una forma de compensar los que pierden por la reproducción ilegal y como están dispuestos a conseguirlo a cualquier precio, no tiene ningún prurito en pretender cobrarles a los honestos, a los que utilizan esos soportes para producir obras propias.
“El canon digital nada tiene que ver con la piratería, y perjudica de forma directa a los profesionales y empresas que trabajan de forma diaria con la tecnología”, han dicho quienes se oponen a esta medida claramente arbitraria e inconstitucional. Suponer que cualquier producción privada puede ser ilegal sin necesidad de demostrarlo invierte la carga la prueba y viola garantías constitucionales básicas.
Pero el colmo de la grosería de este proyecto es que prevé que las empresas que importan o fabrican este tipo de soportes deben depositar el canon en las cuentas de las asociaciones que agrupan a autores, compositores, músicos y artistas. No puede ser que el Congreso sancione un impuesto para beneficiar a las arcas privadas sin exigirles una mínima rendición de cuentas. Los impuestos del Estado deben ir a las arcas del Estado y luego éste distribuirla exigiendo rendición acerca de los destinos que se les dio.
Decimos estos porque también es habitual escuchar las quejas de muchos artistas y productores que reclaman por la forma en que se distribuye la recaudación en los organismos de autores y compositores y los mecanismos que consiguieron imponer quienes tienen mayor cantidad de obras registradas.
El impuesto o canon que se intenta imponer es un despropósito que no soluciona el problema de fondo (la piratería) sino que le da una solución financiera a un sector generándole un impuesto que le ingresa en forma directa, sin aportar ninguna solución de fondo al problema.
Han vuelto a recorrer el camino corporativo. Que todos paguen para solucionarle el problema a un grupo de presión que defiende intereses muy fuertes sin buscar caminos para desterrar el verdadero problema. Es decir, recurren a un atajo que termina demostrando su ineptitud para encontrar una forma eficiente de terminar con un delito grave.
Fuente: Los Andes Online
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