Empeora el clima político entre Madrid y Cataluña
El gobierno de Mariano Rajoy advirtió que en caso de que el Ejecutivo catalán convoque a comicios constituyentes o llame a un plebiscito, la convocatoria será anulada.
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| El primer ministro español, Mariano Rajoy, durante la reunión con el presidente regional de Cataluña. (AFP) |
La próxima semana el Parlamento catalán
debatirá la gigantesca oleada independentista que, casi por sorpresa, ha
cambiado el paisaje político de Cataluña y España. Ya se conocen las
alternativas que contempla la Generalitat de Catalunya para cumplir con
su compromiso de que "Cataluña ha tomado un camino sin retorno hacia un
Estado propio".
Según el vocero del ejecutivo catalán, Francesc Homs, se podría proclamar un nuevo estado por una solemne declaración del Parlamento después de que se realicen elecciones anticipadas. La convocatoria a comicios anticipados para el 25 de noviembre o en los primeros días de diciembre.
Independentistas
Los nacionalistas moderados, de Convergencia y Unión, que gobiernan la comunidad, descuentan que habrá una mayoría favorable al independentismo. Estos legisladores proclamarían el Estado soberano que aspira a integrar la Unión Europea y el euro. El histórico irredentismo catalán se ha instalado como un tsunami y la sorpresa ha sido mayúscula.
Otra variante es que después de las elecciones anticipadas se convoque a un referéndum para que los catalanes se expresen sobre la independencia. Todo esto se produce en plazos de vértigo después de la gigantesca manifestación del 11 de setiembre pasado, cuando un millón y medio de personas desbordaron Barcelona a favor de un estado catalán soberano.
El clima político ha empeorado más después de las durísimas jornadas de la crisis financiera. Muchos ciudadanos y políticos han quedado atrapados entre la ola independentista y el reclamo "light" de reformas en los vínculos con España, que ahora tiene gusto a demasiado poco.
Advertencia
El gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, precisó ayer que en caso de que el Ejecutivo catalán convoque a unos comicios constituyentes o llame a un plebiscito, los comicios serían inmediatamente anulados. Esos recorridos legales no están contemplados en la Constitución de 1977.
Así lo enunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aclaró que cualquier declaración independentista debería ser sometida a referéndum de todos los españoles, además de ser aprobada por las Cortes Generales.
"En un plebiscito sobre la independencia catalana deberán expresarse todos los españoles, no solo los catalanes", afirmó.
O sea que Rajoy no cederá un palmo ante la ofensiva por la soberanía. "Les invito a que miren por dónde va el mundo", dijo la vicepresidenta, y subrayó que "la inestabilidad política añade crisis a la crisis". El gobierno sí se comprometió a reformar el actual modelo de financiación de las regiones del país, que el gobierno catalán considera desfavorable.
"Son bastantes las comunidades que consideran que el modelo de financiación no es el mejor. Este gobierno está dispuesto a evaluarlo y a reformarlo", indicó la vice. Al gobierno catalán una reforma del sistema de financiación le parecería insuficiente pues aspira a una agencia tributaria propia, como la que se concedió al País Vasco y a Navarra.
Rajoy rechazó la demanda catalana por "no tener cabida en la Constitución". La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, indicó que "(el presidente Artur) Mas ha perdido el realismo y se ha dejado llevar por la euforia".
"Para Mariano Rajoy por encima de todo están los catalanes. Por encima de los errores de la declaración de independencia y del Estado propio de Mas, Rajoy seguirá trabajando como presidente de todos los españoles, garantizando la financiación y el cumplimiento de los objetivos de déficit de Catalunya", añadió Camacho.
Según el vocero del ejecutivo catalán, Francesc Homs, se podría proclamar un nuevo estado por una solemne declaración del Parlamento después de que se realicen elecciones anticipadas. La convocatoria a comicios anticipados para el 25 de noviembre o en los primeros días de diciembre.
Independentistas
Los nacionalistas moderados, de Convergencia y Unión, que gobiernan la comunidad, descuentan que habrá una mayoría favorable al independentismo. Estos legisladores proclamarían el Estado soberano que aspira a integrar la Unión Europea y el euro. El histórico irredentismo catalán se ha instalado como un tsunami y la sorpresa ha sido mayúscula.
Otra variante es que después de las elecciones anticipadas se convoque a un referéndum para que los catalanes se expresen sobre la independencia. Todo esto se produce en plazos de vértigo después de la gigantesca manifestación del 11 de setiembre pasado, cuando un millón y medio de personas desbordaron Barcelona a favor de un estado catalán soberano.
El clima político ha empeorado más después de las durísimas jornadas de la crisis financiera. Muchos ciudadanos y políticos han quedado atrapados entre la ola independentista y el reclamo "light" de reformas en los vínculos con España, que ahora tiene gusto a demasiado poco.
Advertencia
El gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, precisó ayer que en caso de que el Ejecutivo catalán convoque a unos comicios constituyentes o llame a un plebiscito, los comicios serían inmediatamente anulados. Esos recorridos legales no están contemplados en la Constitución de 1977.
Así lo enunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aclaró que cualquier declaración independentista debería ser sometida a referéndum de todos los españoles, además de ser aprobada por las Cortes Generales.
"En un plebiscito sobre la independencia catalana deberán expresarse todos los españoles, no solo los catalanes", afirmó.
O sea que Rajoy no cederá un palmo ante la ofensiva por la soberanía. "Les invito a que miren por dónde va el mundo", dijo la vicepresidenta, y subrayó que "la inestabilidad política añade crisis a la crisis". El gobierno sí se comprometió a reformar el actual modelo de financiación de las regiones del país, que el gobierno catalán considera desfavorable.
"Son bastantes las comunidades que consideran que el modelo de financiación no es el mejor. Este gobierno está dispuesto a evaluarlo y a reformarlo", indicó la vice. Al gobierno catalán una reforma del sistema de financiación le parecería insuficiente pues aspira a una agencia tributaria propia, como la que se concedió al País Vasco y a Navarra.
Rajoy rechazó la demanda catalana por "no tener cabida en la Constitución". La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, indicó que "(el presidente Artur) Mas ha perdido el realismo y se ha dejado llevar por la euforia".
"Para Mariano Rajoy por encima de todo están los catalanes. Por encima de los errores de la declaración de independencia y del Estado propio de Mas, Rajoy seguirá trabajando como presidente de todos los españoles, garantizando la financiación y el cumplimiento de los objetivos de déficit de Catalunya", añadió Camacho.
El desafío de un camino complicado
Por Juan Carlos Algañaraz - Especial para Los Andes
Los independentistas catalanes se están
encontrando con una serie de “búnkers” legales que bloquean cualquier
intento de proclamaciones unilaterales de estado soberano por el
Parlamento, o por un plebiscito.
Por ejemplo, el vocero de la Generalitat expresó ayer su confianza en que una Cataluña independiente podría ingresar en la Unión Europea y el euro. De inmediato altos funcionarios de la comunidad aclararon que no existe ninguna legislación que posibilite la secesión dentro de un estado miembro.
Una declaración independentista dejaría a Cataluña fuera de la comunidad. El estado soberano catalán debería organizarse de acuerdo a unos preceptos rigurosos del derecho internacional.
Después tendría que presentar su pedido de ingreso a la Unión Europea, que debe ser aceptado por unanimidad. Uno de los países que debe votar es España.
En cuanto a la legislación española, el gobierno declararía ilegal cualquier proclamación de soberanía porque el artículo segundo de la Constitución establece que el gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para intervenir si una autonomía incumple la Carta Magna o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España".
Otro artículo señala que entre las obligaciones de las Fuerzas Armadas está la de defender la integridad nacional, lo que de hecho permite que el gobierno central pueda movilizar a los militares para impedir la ruptura total.
Los independentistas dan por sentado que en caso de plebiscito quienes votarían en la consulta serían los catalanes. Pero el gobierno aclara que esta consulta es ilegal y que cualquier referéndum por la soberanía sería sometido a todos los españoles.
Jordi Pujol, el gran jefe de filas de los nacionalistas catalanes y varias veces presidente de la Generalitat, es consciente de esta situación que no tiene salida.
"La independencia de Cataluña es casi imposible", puntualizó con valentía Pujol. Pero, reconoció que le es imposible no unirse a la enorme multitud que salió a la calle el 11 de setiembre pasado.
“Tenemos que juntarnos con esta gente, porque mientras luchas, vives”. “¿Para ganar?”, se ha preguntado. “Para vivir, para respirar”, ha sido su respuesta. “Con el ahogo que España nos impone, Cataluña no es viable”.
Por ejemplo, el vocero de la Generalitat expresó ayer su confianza en que una Cataluña independiente podría ingresar en la Unión Europea y el euro. De inmediato altos funcionarios de la comunidad aclararon que no existe ninguna legislación que posibilite la secesión dentro de un estado miembro.
Una declaración independentista dejaría a Cataluña fuera de la comunidad. El estado soberano catalán debería organizarse de acuerdo a unos preceptos rigurosos del derecho internacional.
Después tendría que presentar su pedido de ingreso a la Unión Europea, que debe ser aceptado por unanimidad. Uno de los países que debe votar es España.
En cuanto a la legislación española, el gobierno declararía ilegal cualquier proclamación de soberanía porque el artículo segundo de la Constitución establece que el gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para intervenir si una autonomía incumple la Carta Magna o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España".
Otro artículo señala que entre las obligaciones de las Fuerzas Armadas está la de defender la integridad nacional, lo que de hecho permite que el gobierno central pueda movilizar a los militares para impedir la ruptura total.
Los independentistas dan por sentado que en caso de plebiscito quienes votarían en la consulta serían los catalanes. Pero el gobierno aclara que esta consulta es ilegal y que cualquier referéndum por la soberanía sería sometido a todos los españoles.
Jordi Pujol, el gran jefe de filas de los nacionalistas catalanes y varias veces presidente de la Generalitat, es consciente de esta situación que no tiene salida.
"La independencia de Cataluña es casi imposible", puntualizó con valentía Pujol. Pero, reconoció que le es imposible no unirse a la enorme multitud que salió a la calle el 11 de setiembre pasado.
“Tenemos que juntarnos con esta gente, porque mientras luchas, vives”. “¿Para ganar?”, se ha preguntado. “Para vivir, para respirar”, ha sido su respuesta. “Con el ahogo que España nos impone, Cataluña no es viable”.
Fuente: Los Andes Online
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