El Estado como arquitecto del desarrollo aeroespacial
Por José Javier Díaz
El sector aeroespacial
Desde sus comienzos, la industria aeronáutica y -décadas más tarde- la espacial, estuvieron ligadas a los avances científicos, tecnológicos y productivos.
Nuestro país fue pionero en el sector aeroespacial de Iberoamérica al crear en 1927 la Fábrica Militar de Aviones (FMA) y, en 1961, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), ambas instituciones estuvieron bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
Con planificación estratégica, apoyo presupuestario y visión interagencial para abordar la Defensa sinérgicamente con el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Industria de alto valor agregado[1], la Argentina se convirtió en el tercer país del mundo en lanzar cohetes desde la Antártida, el cuarto en experimentar con seres vivos en el espacio y el octavo en fabricar aviones a reacción con el mítico “Pulqui”, entre otros logros.
El avance aeronáutico y espacial argentino generó un efecto multiplicador en otros sectores productivos del país que también requerían mano de obra calificada, cumplimiento de procesos y altos estándares de calidad y confiabilidad, como la industria automotriz, la metal-mecánica, etc.
Entre las décadas de 1940 y 1950, la “época de oro” de la entonces FMA, esta fábrica llegó a contar con más de diez mil empleados directos y su producción abarcaba aviones y motores aeronáuticos, motos, autos, los utilitarios rastrojeros (precursor de las actuales pick up), tractores, etc.
Asimismo, la pujante actividad productiva de la FMA derivó en la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) privadas, principalmente en los alrededores de la Ciudad de Córdoba, que le proveían insumos, materiales, componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.
Los vaivenes políticos
La falta de continuidad en el apoyo gubernamental al Sector Aeroespacial afectó negativamente las oportunidades de exportar nuestros excelentes productos, derivando en la pérdida de recursos humanos calificados, el cierre de PYMEs y el estancamiento de las capacidades técnicas logradas.
El desinterés político, las crisis económicas y la presión de potencias extranjeras que no aprobaban el desarrollo local de capacidades duales (civiles y militares) acabaron en una retracción progresiva del entramado científico-tecnológico y productivo -tanto público como privado- de la Argentina.
Prueba de ello es que, a fines de la década de 1970, nuestro país producía vectores sonda capaces de alcanzar 550 Km de altura para realizar investigaciones científicas y comenzaba el desarrollo del Proyecto misilístico “Cóndor”[2] y hoy, casi cinco décadas después, carecemos de esas capacidades estratégicas para la Defensa y la proyección geopolítica del país a nivel regional y global.
En lo que hace al sector privado, varias empresas aeronáuticas como Chincul en San Juan (fabricaba aeronaves Piper); Aero Boero en Córdoba (producía avionetas y aeroaplicadores) y Raca en Buenos Aires (construía helicópteros Hughes), cesaron su producción y debieron cerrar por los innumerables cambios de reglas[3] de los sucesivos gobiernos.
Mientras tanto, en otros países latinoamericanos -que empezaron varias décadas después que la Argentina a incursionar en el sector aeroespacial- como Brasil y México, la visión de sus clases dirigentes y los consensos alcanzados por sus respectivos poderes legislativos, permitieron que ambas naciones desarrollaran y consolidaran exitosamente sus industrias aeronáuticas, destacándose el caso del gigante sudamericano, donde la Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) se convirtió en el tercer fabricante de aeronaves civiles del mundo.
Una luz al final del túnel
A partir del año 2004 el Estado volvió a plantearse la conveniencia estratégica de ejercer un mayor rol en la planificación a largo plazo del Sector Aeroespacial. El Decreto N° 1.407/04 creó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) fomentando el desarrollo de radares argentinos; en 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; se impulsó el Plan Espacial Argentino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT); se promulgó la Ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital y aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035; se reestatizó la FMA (que pasó a llamarse Fábrica Argentina de Aviones – FAdeA); se lanzaron diversos cohetes de la CONAE, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y de la FAA; se pusieron en órbita satélites de observación (SAC-D) y telecomunicaciones (ARSAT-1 y 2).
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| Satélite de observación (SAC-D) |
Este tímido resurgir de la industria aeroespacial tuvo ciertas falencias en materia de articulación interagencial, a saber: en el año 2009 Aerolíneas Argentinas/Austral compró una veintena de aviones EMBRAER E-190 sin exigir ningún tipo de offset para incluir a FAdeA como proveedor de aeropartes de este modelo; el desarrollo de vectores para satelización se lleva a cabo con mayores costos y plazos porque CONAE desarrolla el inyector satelital “Tronador” a base de combustible líquido, mientras que el MINDEF desarrolla cohetes de combustible sólido, entre los cuales se destacan el vector sonda “Centenario” de la FAA y los GRADICOM I y II[4] de CITEDEF, este último organismo también repotencia diversos modelos de misiles de las Fuerzas Armadas a través del rediseño y nacionalización de sus motores y demás elementos pirotécnicos vencidos de ingenios como el “Aspide”, “Magic”, “Exocet”, etc.
Como si fuera poco, además de las complicaciones en lo que hace al desarrollo de vectores, también se repite esta problemática con ciertos componentes sensitivos de uso dual, civil y militar, como los giróscopos de fibra óptica, los acelerómetros y los sistemas diferenciales de GPS, etc., que tampoco son compartidos entre las diversas reparticiones que dependen del Estado nacional.
Esto se debe, principalmente, a cierto resquemor de parte de algunos funcionarios de la Cancillería y de la agencia espacial CONAE (organización netamente civil que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación), quienes consideran que no es “políticamente correcto” que la CONAE coopere en forma sinérgica con las instituciones del Ministerio de Defensa, ya sean éstas civiles (como CITEDEF o FAdeA) o militares (como la FAA) en proyectos de alta tecnología.
Una propuesta pensando a futuro
La Argentina posee recursos humanos reconocidos en el mundo por su formación y creatividad, muchos de ellos ocupan puestos relevantes en organismo destacados como las agencias espaciales estadounidense (NASA) y europea (ESA).
Es vital que los políticos argentinos impulsen el desarrollo tecnológico y productivo del país, particularmente en nichos como el Aeroespacial, Nuclear y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en los cuales poseemos ventajas competitivas respecto a otras naciones.
Sin mencionar realidades muy alejadas como las de EE.UU., China o Europa, nuestros dirigentes podrían imitar a Brasil, país en el que su industria aeroespacial comenzó casi cuatro décadas más tarde que en la Argentina pero que logró mantener -incluso con gobiernos de distinta ideología- una Política de Estado para apoyar a EMBRAER y otras compañías privadas que surgieron alrededor de ésta, convirtiéndose en el tercer fabricante aeronáutico del mundo.
El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deben establecer las condiciones económicas, jurídicas y políticas que fomenten inversiones a largo plazo. En Argentina esto se podría lograr consolidando requerimientos entre instituciones nacionales y provinciales, creando sendas Agencias Logísticas en el MINDEF y en el Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG) para utilizar los fondos presupuestarios con mayor eficiencia; completando la radarización; aplicando las Leyes N° 27.437 de Compre Argentino y N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, utilizando el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF) para reactivar la Industria de Defensa, etc.
Las Fuerzas de Seguridad (FFSS) federales y las Policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA), Aerolíneas Argentinas, la Secretaría General de la Presidencia, FAdeA, ARSAT, INVAP, VENG y CONAE, los principales usuarios y proveedores estales de productos y servicios aeronáuticos y espaciales.
Si estos organismos tuvieran una instancia de coordinación y planificación para consolidar sus requerimientos podría definirse qué productos conviene producir en Argentina y cuáles adquirir en el extranjero, siempre fomentando la mayor participación nacional y la transferencia tecnológica.
La falta de coordinación interministerial -a nivel Nación y entre ésta y las Provincias- derivó en que la flota de aeronaves militares y policiales sea muy diversa en cuanto a marcas y modelos de aviones y helicópteros, ello pese a que sus cantidades en cada jurisdicción son, relativamente, exiguas.
Para hacer un uso más eficiente y estratégico de los recursos públicos se podría crear una Subsecretaría de Coordinación de “Proyectos Estratégicos Tractores” (PETs), dependiente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia, que aúne la logística del MINDEF, del Sistema de Seguridad Interior, organismos y empresas estatales.
Asimismo, debe preverse mecanismos que promuevan exportaciones, un régimen impositivo competitivo con reglas claras y estables a 20 ó 30 años para afrontar los riesgos de invertir en bienes de capital costosos y recursos humanos calificados.
El Estado podría implementar diversos PETs que apalanquen el ecosistema público y privado con la producción de drones, radares, misiles, helicópteros, el avión “Pampa”, la renovación de aeronaves de aeroclubes y aeroaplicadores, lanzadores y satélites de observación y telecomunicaciones, etc.
La Ley de Desarrollo de la Industria Satelital constituye un positivo antecedente para sancionar una eventual “Ley de Fomento del Sector Aeronáutico y Espacial”, que amplíe los alcances y beneficios previstos para las empresas públicas y privadas de nuestro país.
Conclusiones
La Argentina puede convertirse en un actor destacado del Sector Aeroespacial, no tanto por su escala sino por su liderazgo tecnológico. Para lograrlo deben aprovecharse todas las oportunidades para sumarnos a las cadenas logísticas de los grandes fabricantes aeroespaciales del mundo.
Las asociaciones estratégicas entre FAdeA y EMBRAER; de CONAE con las agencias espaciales de EE.UU., Italia y Europa; y de lNVAP con Turkish Aerospace, constituyen excelentes ejemplos que deben ser seguidos por más proyectos de cooperación internacional para fomentar exportaciones.
La urgente necesidad de actualizar la mayor parte de la flota de aviones de combate, transporte y helicópteros de las FFAA podría servir para establecer acuerdos de cooperación industrial y tecnológica entre proveedores extranjeros y nacionales, generando nuevos puestos de trabajo calificados y mayor autonomía en el desarrollo y producción de sistemas estratégicos para el país.
La reciente jerarquización del Sistema Científico-Tecnológico al recrearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el aumento salarial otorgado a los científicos; el incremento de becas y cargos para investigadores del CONICET; la reactivación de la industria satelital con la construcción del tercer satélite de telecomunicaciones SG-1 para ARSAT; la reciente sanción de la Ley que creó el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), el cual asignará el 0,5% de los ingresos corrientes de la Administración Pública Nacional durante el año 2021, el 0,65% en 2022 y el 0,8% desde el 2023 en adelante, para reequipar a las FFAA priorizando la industria nacional; constituyen señales en el rumbo correcto para que la Argentina recupere y consolide sus capacidades científicas, tecnológicas y productivas en sectores clave de la geopolítica mundial, como lo es el Aeroespacio y la Defensa.
[1] En orden de magnitudes, la tonelada de soja (principal exportación argentina) cuesta U$S 350 aproximadamente, la tonelada de un auto intermedio U$S 15.000, la tonelada de un avión de combate representa U$S 10 millones y la tonelada de un satélite implica unos U$S 100 millones.
[2] El Proyecto Cóndor II preveía la construcción de una planta especialmente diseñada y erigida en Falda del Cañete, Provincia de Córdoba, para diseñar y fabricar un vector de uso dual, capaz de inyectar satélites livianos en órbitas polares y de transportar cargas útiles militares de 500 Kg hasta 1.500 Km de distancia.
[3] La falta de incentivos fiscales para las empresas; la reducción de los presupuestos destinados a Defensa, Ciencia y Tecnología; la indefinición de proyectos prioritarios y estratégicos que debían sostenerse en el tiempo; la falta de visión de la clase política y la claudicación ante presiones de potencias extranjeras; etc.; son, entre otras, las principales variables que atentaron contra el desarrollo y consolidación del sector aeroespacial argentino en particular, y del potencial de la Nación Argentina en general.
[4] En 2009 y 2011 se lanzaron los GRADICOM I y II, que alcanzaron alturas de 40 y 100 Km, respectivamente.
El autor se desempeñó como Oficial del Cuerpo Comando de la Armada Argentina y Asesor de los Ministros de Defensa y de Seguridad de la Nación.
